Por Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa

Vamos a hacer una comparación asquerosa, hablemos del famoso “pique” o pulga de pie. Cuando tenés un pique, normalmente en los pies, lo primero que sentís es una molestia y lo único que ves al comienzo es un pequeñito punto negro. Si sos citadino o extranjero, lo primero que podés pensar es una espina, o una picadura de algún bicho, pero si sos paraguayo, inmediatamente sabrás que ese puntito negro significa que debajo de la piel hay más de 200 huevos de pique y pus.

Hoy quiero comparar el pique con la cantidad de denuncias recepcionadas por violencia contra las mujeres. Porque el puntito negro solo es la punta del problema, al igual que las denuncias son solo la punta del problema muchísimo mayor de violencia que enfrentan las mujeres en el interior.

En Itapúa, desde enero hasta octubre del 2024, el Ministerio Público recepcionó 1.308 denuncias por violencia familiar, entre ellas maltrato verbal, golpes, abuso sexual, manipulación y amenazas.

En el Palacio de Justicia de Encarnación, desde enero a octubre del 2024, se registraron 4 casos de feminicidio y 244 casos de violencia familiar que llegaron a instancias judiciales a través de los juzgados de garantías del n.º 1 al 5 en Encarnación, el juzgado de garantías de María Auxiliadora, el juzgado de garantías de San Pedro del Paraná y el juzgado penal de la adolescencia.

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Respecto a condenas en este año, no podemos dejar pasar dos ejemplares condenas por feminicidio y una condena por tentativa de feminicidio. La primera fue de 30 años al expolicía, suboficial Ramiro Rodas, quien asesinó a su pareja Alicia Fernández de 37 años en el distrito de San Juan del Paraná. El feminicida la violó, mordió y estranguló, y fue el hijo que tenían en común quien encontró a su mamá sin vida a la mañana siguiente.

La segunda condena sentenció a 23 años a Lelio Lugo, un hombre que golpeó a su pareja Lourdes Ramona Mareco de 49 años en la cabeza y la arrojó al empedrado desde su vehículo en movimiento en Pirapey km 40. Y la última condena por feminicidio en grado de tentativa fue a Javier Maqueda Garay, sentenciado a 17 años de prisión por atacar con un cuchillo a su expareja Laura Garcete, a quien hirió en el rostro y cuello, sobrevivió porque los hermanos la auxiliaron. Ocurrió en Cambyretá.

Todos estos casos son un puntito negro de la violencia que existe en el interior del país, dicho en otras palabras, la punta del iceberg.

Una de las magistradas del tribunal de sentencia que estuvo detrás de varias condenas ejemplares este y otros años es la jueza Liz Sanabria de Gneiting, quien expresa la preocupación desde el ámbito judicial por la falta de denuncias a raíz del desconocimiento de las leyes, el temor por la falta de protección y la falta de tribunales y juzgados especializados en violencia contra la mujer.

“Nos damos cuenta del aumento significativo de violencia contra las mujeres y por ende contra niños, por la cantidad de casos de juicios que manejamos por día. Son prácticamente 5 juicios por día y de ellos 3 son abusos sexuales en niños y 2 de violencia. Luego se divide en los demás hechos punibles comunes, hurto, homicidio, estafa, pero el mayor índice en primer lugar es el abuso sexual en niños, la prestación alimentaria y la violencia familiar donde generalmente la principal víctima son las esposas, y las víctimas colaterales, los hijos”, expresa la magistrada.

Desde el estrado, los jueces escuchan todo tipo de historias, pero las que más consternan son sobre mujeres que no se animan a denunciar, e incluso que si denuncian, no tienen respuesta efectiva del Estado ni acceso a la justicia. Su principal inquietud es que las mujeres tengan un acceso efectivo a la justicia, con respuestas prontas por parte de la Fiscalía y emisiones de medidas cautelares inmediatas por parte de los juzgados de paz. Cada denuncia con respuesta efectiva de los órganos de justicia significa que se puede salvar una vida.

Sin embargo, los jueces preocupados en Itapúa por esta realidad no solo luchan contra la violencia desde sus despachos y salas de juicio, sino que viajan al interior del séptimo departamento para capacitar sobre las leyes que amparan a las mujeres víctimas de violencia, enseñando tanto en escuelas como en barrios las vías legales para proceder apenas sufren amenazas o golpes.

Hace algunas semanas implementaron como capacitación el proyecto “el juez que yo quiero” de la Corte Suprema de Justicia y capacitaron en los distritos de Tomás Romero Pereira, Cambyretá, Carmen del Paraná y comunidades indígenas de Trinidad y otros puntos, rotando los jueces que participaron según disponibilidad de tiempo.

“Tratamos de llegar a la gente para que sepa que no está sola, y para que conozcan cuáles son los lugares y los números a los que pueden recurrir. Llevamos hace poco el móvil mujer al distrito de Carmen del Paraná y recibimos muchas consultas sobre cómo denunciar en casos de violencia y eso es porque las políticas públicas de prevención no están funcionando tan bien y no están llegando a los sector más alejado de las redes sociales y de la televisión, donde se suelen ver los números de fonoayuda por ejemplo. Se debe llegar a la mujer rural, y no solo a las mujeres de la ciudad”, dice con desazón Sanabria.

En el interior se vive una realidad bastante distinta que en la ciudad, y con las experiencias de capacitar sobre leyes, pudieron observar los marcados horarios, permisos y trabajo que tienen las mujeres. Cuando las actividades rondaban las 17 horas, la mayoría de las mujeres se retiraron porque alegaban que debían meter las vacas a las casas, pero luego confesaban que sus maridos no las dejaban estar fuera del hogar una vez que oscurece.

“La mujer rural trabaja muchísimo y a la par del hombre, y donde está el reconocimiento de los derechos que ella tiene. Es una muestra clara que existe el machismo muy arraigado en nuestra sociedad. Lo vemos en todos los ámbitos. El hombre aún no tiene ese respeto de igualdad que debe tener a las mujeres”, apunta la magistrada.

Si bien, la cantidad de juicios por abuso y violencia indican que la gente se está enterando que puede denunciar, la realidad demuestra el miedo que sufren las víctimas. La mayoría de las denuncias llegan por vecinos o personas que conocen sobre los episodios de violencia en las casas. También sucede que una vez que llegan los casos al Palacio de Justicia, las mujeres se quieren desdecir, negar la denuncia y salvar a su pareja o marido, ya sea por dependencia emocional o dependencia económica.

La jueza Sanabria forma parte del proyecto de la creación de los tribunales especializados en violencia contra la mujer, que no fue contemplado en la Ley 5.777. Ella, junto a sus colegas y todos los funcionarios de los órganos de justicia, aguardan la oportuna aprobación e implementación de este proyecto para tratar cada caso de violencia contra las mujeres como corresponde desde el sur del país.

Es hora de sacarnos el pique y el pus que hay detrás, denunciemos los casos de violencia en la comisaría más cercana, los juzgados de paz, la Fiscalía, las oficinas del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría Pública, o directamente llamando al 137. Si necesitas orientación legal o psicológica podés llamar al (021)452051/2.

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Los fiscales Néstor Coronel y Luz Guerrero apelaron la leve condena de solo 4 años de cárcel de Patricia Ferreira y Nidia Godoy, representantes de la firma Imedic S.A.

Estas personas fueron juzgadas y encontradas culpables por los delitos de producción de documentos no auténticos y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma. Esta empresa había permitido el ingreso de medicamentos de dudosa procedencia a nuestro país. Igualmente, se apeló la absolución del delito de asociación criminal.

Los representantes del Ministerio Público piden anular el fallo dictado por un tribunal de sentencia y a su vez que se realice un nuevo juicio oral atendiendo a la gravedad del presente caso y a la participación de las condenadas en el suceso. Del mismo modo, la fiscalía apeló la absolución de culpa y pena del despachante de aduanas Néstor Ramírez, quien también estuvo sentado en el banquillo de los acusados.

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Los fiscales sostienen que se violó abiertamente los principios de razonamiento adecuado debido a que el tribunal de sentencia resolvió absolver a los tres procesados en el marco del hecho acusado de asociación criminal. Igualmente, señalaron que existe falta de fundamentación en cuanto a la pena de 4 años de cárcel para Ferreira y Godoy.

Durante la exposición de sus alegatos finales, el Ministerio Público solicitó para Patricia Ferreira la pena de 7 años de cárcel; para Nidia Godoy, 6 años de pena privativa de libertad y para el despachante Néstor Ramírez, la pena de 3 años de cárcel.

Los fiscales mencionaron que los acusados jugaron con la salud de la ciudadanía. Igualmente, los representantes del Ministerio Público sostienen que se comprobó que los acusados falsificaron facturas para que puedan ingresar medicamentos a nuestro país sin los controles correspondientes.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

Se realizó hoy en Ciudad del Este la IV Muestra Departamental de Atención Primaria a la Salud, donde se destacó el impacto positivo del programa en la comunidad, según las autoridades sanitarias. Además del personal de salud, también participaron profesionales de otras áreas de salud pública y estudiantes universitarios.

Fueron destacados trabajos en investigación, casos clínicos y actividad de prevención en exposición fotográfica. “Atención Primaria de la Salud, transformando vidas, fortaleciendo comunidades”, es el lema que expuso la gestión de las 111 Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná.

Las presentaciones reflejaron el compromiso profesional con la prevención de enfermedades y la promoción de una vida más saludable, al estar cerca de cada comunidad, según expusieron el doctor Arturo Ramos, director de APS Alto Paraná y la directora regional de Salud, doctora Noelia Torres.

“Visibilizar el trabajo de la atención primaria en los territorios sociales y hacer conocer las investigaciones y el tipo de atención que brindan los profesionales en cada rama, fue el objetivo de la muestra”, según dijo a La Nación/Nación Media, el doctor Arturo Ramos.

“Como su nombre lo dice, la atención primaria es la primera atención de salud pública a la persona y, es importante hacer conocer los avances, que es lo que se compartió hoy, siendo reconocidos los buenos resultados durante la muestra”, agregó el médico.

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La muestra regional tiene una actividad previa donde las USF ya van presentando los trabajos con los cuales compiten en las categorías citadas. Un jurado analiza y selecciona tres trabajos por cada una de las tres categorías. Los clasificados participaron de la muestra departamental y entre ellos fueron reconocidos los más sobresalientes.

Una de ellas es la USF de Península, Presidente Franco, que fue valorada por la estrategia de trabajo con la comunidad nativa a la que atiende, teniendo en cuenta las dificultades interculturales de abordaje, según el director de la APS.

La USF de Acaraymi quedó en primer lugar en casos clínicos, al exponer sobre el cumplimiento de protocolo, con la atención, tratamiento, derivación al segundo nivel y el seguimiento posterior cuando ya el paciente volvió al territorio de la unidad.

La USF de Santa Fe del Paraná fue destacada por su trabajo de seguimiento, tanto en visita domiciliaria como en consulta a domicilio.

“La visita del promotor de salud para recabar todos los datos, el agendamiento de una consulta médica domiciliaria y la consulta misma en la casa, como algo primordial en la prevención, fue expuesto en fotografías en la muestra”, explicó el doctor Ramos. Remarcó que la prevención es la esencia de la atención primaria.

Los reconocimientos fueron entregados por la directora de la Décima Región Sanitaria, doctora Noelia Torres; el asesor de Responsabilidad Social de la Itaipú, Rogelio Salaberry; el director de APS del Ministerio de Salud, doctor Miqueias Abreu y el doctor Arturo Ramos.

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La Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM), integrada por entidades de productores de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y Paraguay, expresa su total desacuerdo y repudio a la decisión anunciada por el director general de la cadena multinacional de distribución de origen francés, Carrefour, Alexandre Bompard, de suspender la compra de carne del Mercosur.

“Esta actitud arbitraria, proteccionista y equivocada perjudica al bloque e ignora los estándares de sostenibilidad, calidad y cumplimiento que caracterizan la producción agrícola en sus países miembros”, expresa el documento. El gremio remarca que la carne en la región se produce bajo estrictos estándares socioambientales y sanitarios, en línea con los más exigentes estándares internacionales, demostrando ser líder mundial en prácticas de sostenibilidad en el sector agrícola.

Señalan que la decisión de Carrefour ataca injustamente la reputación de miles de productores rurales comprometidos con la seguridad alimentaria y la preservación del medioambiente, y, si bien las decisiones comerciales son competencia interna de las empresas, la postura pública del director general de Carrefour, va más allá de los límites aceptables.

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“Esta no es una decisión aislada, sino un ataque directo a la credibilidad y la contribución del sector agrícola del Mercosur a la seguridad alimentaria mundial”, sostiene la FARM de forma tajante. Solo en 2023, los países del Mercosur produjeron 38 millones de toneladas de carne vacuno, porcino y aves, de las cuales exportaron 11 millones.

Lo dicho evidencia que la región es el principal proveedor de proteína animal del mundo, y que la producción de alta calidad llega a más de 160 países, por lo que los productores rurales de la FARM y sus entidades representadas no aceptarán ataques injustificados. Se reservan el derecho de reaccionar con firmeza, ya sea por medios económicos o institucionales, para proteger la imagen y los intereses del sector agrícola en sus países.

Reafirman de esta manera el compromiso con la sostenibilidad y la producción responsable, pilares del agronegocio en la región, y esperan que la citada cadena mundial de supermercados revise su anuncio y adopte una postura coherente con los principios de diálogo y respeto, que deben guiar las relaciones comerciales globales.

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