El presidente de la Comisión Antilavado, el senador Dionisio Amarilla, manifestó que el bloque planteará al Congreso Nacional la remisión de su informe final al Gobierno de los Estados Unidos. La medida surge teniendo en cuenta que los millonarios fondos proveídos por el país norteamericano para proyectos con impacto social fueron utilizados para costear campañas políticas y salarios de personas ligadas a los organismos no gubernamentales (ONG).

“El planteamiento es remitir a los órganos observados pertinentes y también al gobierno norteamericano. Enviaremos unas 7.000 páginas, más el informe final y los 9 tomos a la administración de Donald Trump, ya que Estados Unidos proveyó USD 52 millones que fueron administrados por Marc Ostfield“, sostuvo en una entrevista con los medios de comunicación.

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Amarilla siguió sosteniendo que “parte de esos fondos fueron usados para pagar a gente que estaba en la política. Se utilizó el 71 % para autoremuneración y no para generar impactos en el sector donde Estados Unidos estaba queriendo colaborar".

El parlamentario había señalado que, entre los aspectos principales de la labor legislativa, se encontró con la poca voluntad de los directivos de las ONG para transparentar sus finanzas, así como su bajo impacto social pese a acceder a fondos importantes, y que las instituciones públicas deben ampliar sus controles.

Durante el proceso de las indagaciones algunas de las organizaciones sin fines de lucro se negaron a contestar a la comisión sobre el uso que le dieron al dinero público. De un total de 12.000 organizaciones sin fines de lucro, apenas 6.000 tienen sus documentos en regla, según se reveló.

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La Comisión Transitoria para Investigación de Lavado de Activos y Delitos Contra el Patrimonio, presidida por el senador liberal Dionisio Amarilla, entregó este lunes a la Presidencia de la Cámara Alta su informe final.

“Hemos cumplido con la misión. Nosotros habíamos trazado los ejes de investigación, el primero guardaba relación con el financiamiento político, la Justicia Electoral había accedido a datos sobre fondos que fueron a los partidos y candidatos políticos desde las oenegés. La otra guardaba relación con el lavado de activos a través del tráfico de armas y el sistema financiero. Con esto confirmamos que el Congreso tiene un rol relevante en efectuar la tarea de control“, comentó Amarilla en una entrevista con los medios de comunicación.

Agregó que el informe final también emite una serie de recomendaciones para diversas instituciones como la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Contraloría General de la República (CGR), la Fiscalía entre otros. “Son recomendaciones de mejoras de gestión, no está en nuestro ánimo interferir en los trabajos que hacen estas instituciones que tienen su carta orgánica, autoridades, lógica y dinámica de acción, pero hay cuestiones que se pueden mejorar”, dijo.

Entre los puntos más resaltantes discutidos fue la necesidad de establecer un control riguroso sobre los fondos manejados por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), tanto los recibidos del interior como del exterior, teniendo en cuenta las sospechas de que los recursos terminaron siendo utilizados para costear campañas políticas.

Durante el proceso de las indagaciones algunas de las organizaciones sin fines de lucro se negaron a contestar a la comisión sobre el uso que le dieron al dinero público. De un total de 12.000 organizaciones sin fines de lucro, apenas 6.000 tienen sus documentos en regla, según se reveló.

Durante su vigencia, la comisión también se interiorizó sobre el contrato de fideicomiso firmado entre la previsional y el Banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo por valor de G. 828.000 millones, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. La millonaria suma debió ser utilizada exclusivamente para obras: la terminación de Hos­pital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hema­to-Oncológico, sin embargo, las mismas no están y el dinero se esfumó.

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Mediante una consultoría externa impulsada por la actual administración del IPS se detectaron desvíos en la utilización de los fondos para obras no previstas dentro del contrato, incumplimiento de cláusulas contractuales, descalce financiero debido a obras no contempladas inicialmente y la firma de certificados de obras por funcionarios no autorizados.

Entre los grandes temas que fueron indagados por la comisión se encuentran las denuncias impulsadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que pudieran afectar a bancos y financieras por posibles hechos punibles de lavado de activos. Respecto a este caso, también estuvo en la mira la citada entidad bancaria.

Esto teniendo en cuenta la existencia de causas judiciales abiertas por presunto lavado de dinero que involucra al banco Atlas y al fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.

El Banco Atlas acordó con Leoz la constitución de millonarios fideicomisos cuando ya existía sobre el dirigente una orden de captura internacional con fines de extradición, emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por lavado de activos entre otros delitos. Desde la Conmebol refieren que la entidad bancaria no activó las debidas diligencias establecidas por las normas vigentes para el combate al lavado de dinero.

También el bloque bicameral se interiorizó sobre el intento de despojo de la estancia Cielo Azul, por parte del Grupo Zuccolillo. La propiedad perteneciente al narco brasileño Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, se encuentra localizada en el distrito de Paso Barreto, departamento de Concepción, cuenta con 5.945 hectáreas y está valuada en USD 18 millones.

También fue objeto de estudio el caso del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista. El dirigente político de Amambay, sindicado de mantener vínculos con el narcotráfico había asegurado que aportó USD 1 millón para costear la campaña política del movimiento Fuerza Repu­blicana, del exmandatario Mario Abdo Benítez.

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El senador Dionisio Amarilla instó a sus correligionarios a abandonar la “mezquindad” política y abrir un diálogo con el Gobierno y el Partido Colorado, con la finalidad de construir consensos en base a una agenda país. El requerimiento surge en la víspera de los 138 años de fundación del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que se celebrará mañana jueves 10 de julio.

“El PLRA debe instalar el diálogo con el partido que está en función de gobierno de manera coyuntural, construir consensos, mirando hacia el futuro y enarbolando en primer lugar la bandera paraguaya, después los intereses mezquinos que llevaron a nuestro partido a la banca rota”, dijo.

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El legislador acotó: “El tiempo se ocupará de aquellos que han tenido actitudes miserables, que removieron de espacios simbólicos a las personas que dieron mucho por el partido por el solo hecho de pedir transparencia al interior del partido. Si revisamos bien las finanzas del PLRA encontraremos que siguen las demandas”.

Las afirmaciones de Amarilla surgieron tras ratificar su intención de pujar por la presidencia de la nucleación política. “Voy a buscar reorganizar al partido, bajar las líneas de acción”, manifestó durante su intervención en la sesión ordinaria de la Cámara Alta.

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El senador Basilio Núñez, titular del Congreso Nacional, realizó un análisis del informe de gestión de Santiago Peña y también se refirió al anuncio que realizó el jefe de Estado, que al proyecto de ley de Reforma del Transporte Público se le dará la celeridad necesaria con al menos un mes de estudio.

Explicó que una vez que se ingrese se girará a las comisiones para su correspondiente estudio, se llevarán adelante audiencias públicas para escuchar a los diferentes sectores ya sea empresarios, a la ciudadanía organizada, en las correspondientes comisiones asesoras.

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“Acá el espíritu es aprobar una nueva ley de reforma del sistema nacional de transporte público. Si bien, desconozco aun el contenido, no quiero adelantarme, pero no creo que se llegue a eliminar completamente el subsidio. El transporte público en el mundo es subsidiado y Paraguay no puede ser la excepción”, comentó.

Habló además del proyecto de ley que declara feriado nacional el 20 de junio, Día de la Jura de la Constitución Nacional. La propuesta de ley ya tuvo entrada en la Cámara de Senadores.

Al respecto, aseguró que no cree que nadie salte en contra, ya que es una fecha memorable. “Todos los paraguayos vamos a recordar siempre y celebrar la democracia que estamos viviendo y se estará evaluando al igual que todos los demás proyectos de ley”, indicó.

Señaló que el proyecto será girado a comisiones, donde los legisladores estarán analizando las distintas propuestas que contiene el documento, así como incluir otras, como las que ya se plantearon, por ejemplo, que el 12 de junio sea también una fecha inamovible, más aún teniendo en cuenta que se aproxima los 90 años de la Paz del Chaco.

Por otra parte, señaló que como médico de profesión, abogó que se haga un análisis y se audite si es necesario, gestión por gestión y se compare lo que el Gobierno actual logró con la compra de ambulancias, cuáles son los hospitales que habían quedado sin financiamiento y ahora se están terminando con equipamiento de última tecnología.

Indicó que se debe observar la cantidad de personal de blanco capacitado que se contrató en esta administración. “Este sistema de Salud Pública que se está trabajando con el gobierno de Santiago Peña, en cooperación con el gobierno de Taiwán, cuánto se tenía y cuánto se tiene ahora. Son todos datos auditables”, indicó.

Respecto al reclamo que hace el personal de blanco, indicó que está en su derecho de reclamar mejoras; e indicó que lo afirma, siendo incluso proyectistas de la Ley de Dignificación Salarial, que logró la reducción a 12 horas de trabajo de los médicos, por vínculos.

Núñez también se refirió a la designación del Ejecutivo de su colega Gustavo Leite, propuesto como embajador ante el gobierno de los Estados Unidos, resaltando que es un integrante del movimiento Honor Colorado, está dentro del equipo político, donde están permitidas las opiniones disidentes.

En ese sentido, recordó que incluso el senador Silvio Ovelar, que también es del mismo equipo político, emitía fuertes críticas hacia los ministros del Ejecutivo.

“Si no podemos emitir críticas ¿dónde estamos parados?. Si no podemos hacer autocríticas, entonces, no es el camino correcto. Lo que veo es que solo están buscando descomponer la unidad que estamos construyendo dentro del Partido Colorado”, acotó.

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