Un llamativo vínculo saltó ayer tras la renuncia de Guillermo Sanabria. Su hermana Patricia Sanabria pertenece a la firma Berkemeyer, el mismo bufete donde también trabajan los abogados de Mario Abdo Benítez.

El fiscal Guillermo Sana­bria presentó su renun­cia al cargo ayer ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), alegando de manera sutil “motivos personales y familiares”. Esta llamativa renuncia se dio un día antes de que el Ministerio Público debía presentar acusación con­tra excolaboradores del expre­sidente Mario Abdo Benítez en el caso conocido como filtra­ciones de la Seprelad (Secre­taría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes).

Inmediatamente de conocerse la renuncia del fiscal, una legión de medios que responden al abdismo y el batallón de abo­gados que defiende los inte­reses del expresidente, tanto de los exministros Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Car­men Pereira, Carlos Arregui y otros funcionarios de la Sepre­lad, cabalgando casi al unísono sobre un argumento ya mon­tado, acusaron al oficialismo de ejercer presión sobre la causa, buscando enturbiar y emba­rrar la causa.

En un trabajo periodístico pre­sentado por el periodista Jorge Torres, durante el programa “Tarde de perros”, que se emite por Universo 970AM/Nación Media, reveló vínculos llama­tivos entre algunos de los abo­gados que defienden principal­mente al expresidente Mario Abdo Benítez y lo representan en la causa y el buffet de aboga­dos al que pertenecen.

En ese sentido, señaló que los abogados Carlos César Tra­pani, Federico Huttemann y Alfredo Enrique Kronawe­tter, que de acuerdo a la carta poder firmada por Abdo Bení­tez el 12 de marzo de 2024, fueron designados para que lo representen en el proceso penal del caso Seprelad. Todos ellos pertenecen al buffet de abogados Beker Meyer, sobre todo Huttemann y Kronawe­tter que están a cargo de los procesos penales, según se puede leer la información pública que contiene la página web www.berke.com.py.

Indagando más en la página sobre los otros profesionales del derecho que forman parte del staff de esta firma, aparece la abogada Patricia Sanabria, que está a cargo de los litigios que pudieran darse en varios ámbitos. Llamativa coinci­dencia es que esta profesional resulta ser la hermana del fis­cal Guillermo Sanabria, que en la fecha presentó su renuncia al caso Seprelad, alegando “motivos personales y familiares”.

“Viendo esto voy compren­diendo cuáles fueron esos motivos particulares y fami­liares que alegó el fiscal Gui­llermo Sanabria, ya que su hermana la abogada Patricia Sanabria forma parte del staff de abogados donde está Enri­que Kronawertter y Federico Huttemann, ambos aboga­dos de Mario Abdo Benítez y otros imputados en esta causa de filtraciones de la Seprelad”, explicó Torres.

Señaló además que la renun­cia del fiscal Sanabria se da justamente un día antes de que la Fiscalía tiene que presentar el requerimiento conclusivo, donde tiene dos opciones, o acusar o desesti­mar la causa.

Señaló, además, que en medio de todo esto, nueva­mente los medios de comu­nicación afines al abdismo están en una fuerte campaña para enturbiar el proceso, señalan a Sanabria como el único fiscal de la causa, cuando no lo es ya que existe un equipo de fiscales confor­mado junto con los agentes César Sosa, Elva Cáceres y Osmar Segovia.

• PEDRO OVELAR - Abogado de Horacio Cartes

El representante de Horacio Cartes, el abogado Pedro Ovelar, denuncia que detrás de la renuncia del fiscal del caso Seprelad hay un “plan bien orquestado” por parte de abogados y medios afi­nes al abdismo. El abogado sostiene que estas acciones están coordinadas y bus­can minar la credibilidad del caso mediante campañas de desprestigio; señala que los medios vinculados al expre­sidente publicaron informes distorsionados al solo efecto de desprestigiar la causa, que inició hace un año. “En este caso, no solo se ve la fil­tración de información, sino que se ve un plan orques­tado para lograr la sanción de los Estados Unidos”.

En el acta de imputación figuran 42 elementos de sospecha, entre los que figuran notas remitidas por la Seprelad, correos internos de funcionarios y documentos oficiales.

El Ministerio Público cuenta con 42 elementos probato­rios para acusar a los exmi­nistros del gobierno de Mario Abdo Benítez, vinculados a la filtración y producción de información falsa desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad). La investigación del Minis­terio Público incluye notas de prensa, correos internos y documentos oficiales. Entre los implicados están Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui, René Fernández y otros, acusados de siete hechos punibles.

Las pruebas incluyen publi­caciones periodísticas que revelaron información con­fidencial, como solicitudes de la Fiscalía de Panamá a través de la Red de Recuperación de Activos del Gafilat (RRAG). También se analizaron redes sociales y sitios web que fil­traron datos de inteligencia financiera relacionados con Horacio Cartes. Declaracio­nes testimoniales, como la del excomandante de la Policía Nacional Luis Ignacio Arias vinculan a Abdo Benítez y a Arregui con la filtración de documentos.

Además, se incluyeron infor­mes técnicos, memorándums y correos electrónicos que evidencian la participación de funcionarios en la divulga­ción de información confiden­cial. La Fiscalía también reco­piló decretos de designación de los implicados y denuncias presentadas por Horacio Car­tes y otros actores políticos. El proceso penal, respaldado por pruebas recolectadas con aval judicial, avanza hacia un requerimiento conclusivo.

Además de la denuncia pre­sentada por Horacio Cartes bajo patrocinio del abogado Pedro Ovelar el 31 de julio de 2023 y a este se le sumó la ampliación de la denuncia formulada el 30 de agosto de 2023. También se incluye­ron la denuncia hecha por Unicanal el 5 de julio de 2022 y la denuncia de San­tiago Peña del 30 de mayo de 2022.

Ante la manipula­ción de la informa­ción propalada por los medios abdistas, generado por una supuesta acefalía en la investigación del caso de filtración y falseamiento de informes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), el Ministerio Público aclaró que el proceso no quedó acé­falo, es decir, sin responsa­bles a cargo. Según informa­ron, nuevos fiscales ya habían sido designados para conti­nuar con la investigación, garantizando así la conti­nuidad y el rigor del proceso.

Esta designación busca evi­tar vacíos en la tramitación del caso y asegurar que se mantenga el impulso nece­sario para llegar a una reso­lución justa y transparente. Las autoridades reiteraron su compromiso con la lucha contra el lavado de activos y la importancia de contar con un equipo especializado para abordar estos delitos de alta complejidad.

Los fiscales César Alberto Sosa y Elva Cáceres Samu­dio, de la Unidad Especiali­zada contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, fueron designados a través de una nota firmada el 4 de marzo pasado. Los mismos remitie­ron una nota al Juzgado Penal de Garantías, a fin de hacer un pedido sobre la causa caratu­lada “Carlos Arregui y otros sobre revelación de secretos de servicios y otros”.

Al respecto, ambos solicitan las vinculaciones para inter­venir y proseguir con las dili­gencias en la citada causa, la cual quedó sin su titular Gui­llermo Sanabria, quien pre­sentó renuncia como agente del Ministerio Público.

Mario Abdo Benítez, Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Gui­llermo Preda, Francisco Pereira y Mauricio Espínola están imputados por revela­ción de secretos de servicio, revelación de secretos priva­dos por funcionarios o perso­nas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de fun­ciones públicas y asociación criminal.

La denuncia fue presentada el 31 de julio de 2023 por Horacio Cartes, a través de su abogado Pedro Ovelar, quien amplió la denuncia en dos oportuni­dades: el 30 de agosto y el 30 de octubre de ese mismo año agregando otras filtraciones.

La resolución y la solicitud de vinculación al expediente electrónico indican que se está avanzando en la formali­zación y seguimiento del caso, lo que podría llevar a un juicio más estructurado y transpa­rente. Se espera que los fisca­les Cáceres y Sosa presenten hoy el requerimiento conclu­sorio, o por la acusación for­mal o por el sobreseimiento provisorio.

Desde tempranas horas, medios afines al abdismo promovie­ron un “show mediático” en torno a la causa de la Seprelad. Estos medios (como los diarios Abc Color y Última Hora) habrían coor­dinado una campaña para generar narrativas favorables a sus intereses, cuestionando la continuidad del proceso judicial y sugi­riendo que la causa había quedado acéfala. El diario Abc Color traía en su portada que detrás del caso había fuerte presión para que el fiscal Guillermo Sanabria acusara a los imputados. Inme­diatamente luego, tras la renuncia del agente fiscal a la causa, fue este medio el que raudamente se hizo eco de la información de la dimisión.

Y en la campaña desfilaron en el micrófono y en las declaraciones –de manera casi sincronizada– los cercanos del expresidente Mario Abdo Benítez, así como los abogados de sus excolaboradores imputados. Así, aparecieron Cecilia Pérez, Roberto González, entre otros, para “cuestionar” la renuncia y las suspicacias que generan. Es una táctica bien orquestada para influir en la opinión pública, afirmó un experto. Las autoridades insisten en que el proceso sigue su curso con normalidad, rechazando las especulaciones y lla­mando a centrarse en los hechos probatorios. Este episodio refleja la polarización mediática y su impacto en el debate público.

Las diligencias, actuaciones y el acta de imputación del caso Seprelad tuvieron el aval del Código de Procedimientos Penales, que garantizó rectitud de los actos realizados.

La investigación del Minis­terio Público sobre la escan­dalosa filtración de Sepre­lad, donde están procesados penalmente por 7 delitos el expresidente de la Repú­blica Mario Abdo Benítez y sus asociados, está correc­tamente avalada por lo que establece en el artículo 282 del Código Procesal Penal (CPP) que refiere sobre el control judicial en las actua­ciones de investigación del Ministerio Público. La Poli­cía Nacional y la Policía Judi­cial lo realizarán siempre bajo control judicial.

Esta normativa a la que se puede acceder sin problema buscando en el CPP pasaron por alto o no quisieron ver los diarios Abc Color y Última Hora, quienes pretenden instalar de forma maliciosa y tendenciosa que la extrac­ción de datos que se realizó en el presente caso haya estado fuera de las normas legales.

La autorización judicial que pidió la Fiscalía en enero del año pasado que hizo posible la extracción de datos de la Seprelad se llevó a cabo bajo estricto control jurisdiccio­nal y respetando las normas establecidas.

No solo cuestionaron la extracción de los datos, sino también los vínculos del fis­cal que inició la causa, Aldo Cantero, con el abogado del denunciante, en este caso Horacio Cartes, sin siquiera hacer alusión a la contunden­cia de las pruebas recabadas por los fiscales Cantero y Gio­vanni Grissetti, que hicieron una investigación sin som­bras y respetando lo señalado en el Código Penal. Busca­ron embarrar el caso con los supuestos chats –que una de las partes niega que sea real– entre uno de los fiscales y el abogado Pedro Ovelar.

El abogado Pedro Ovelar aseguró que no hay coincidencias en las publicaciones de los medios de prensa afines al abdismo, sino más bien como un plan bien orquestado y preparado, sobre todo cuando aparecen casi al unísono los diferentes abogados de los imputados en esta causa coincidiendo siempre en el mismo discurso.

En comunicación con el programa “Tarde de Perros” que se emite por Universo 970Am/Nación Media, el abogado se refirió al caso de la renuncia del fiscal Guillermo Sanabria, señalando que ahora se entiende cuáles eran esos motivos “personales y familiares”, ante la presunción de presiones ejercidas sobre Patricia Sanabria, hermana del fiscal renunciante que trabaja en el mismo buffet de los abogados Enrique Kronawetter y Federico Huttemann, abogados defensores de Mario Abdo Benítez y otros en la causa filtraciones de Seprelad.

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Ovelar manifestó que a esta situación se suman las llamativas publicaciones de los medios afines al abdismo, que una vez más buscan embarrar el proceso.

“Esto siempre forma parte de un esquema bien preparado, y nunca es fortuito, que nos quieran vender que sus declaraciones son objetivas y algo imparcial en esos medios de prensa, absolutamente no es así. Pero más allá de esto, es muy llamativa la vinculación del fiscal Sanabria y su hermana con el staff de abogados defensores”, expresó.

No obstante, remarcó que, por el lado del denunciante, el expresidente Horacio Cartes, que es su cliente, en ningún momento ha ejercido ningún tipo de coacción o presión hacia ninguna persona para que haga lo que no quiere.

“Siempre hemos sido respetuoso, acompañando el procedimiento. Mi cliente como víctima tiene derecho a participar de los actos de procedimiento, y estamos expectantes a lo que haga el Ministerio Público, pero de ninguna manera ejerciendo alguna acción desleal o fuera de lugar”, acotó.

El abogado Ovelar señaló que, en este caso, se hace muy difícil poner sobre la mesa la discusión, con una contraparte que lo único que busca es embarrar el proceso.

“Si hoy se le llama a Cecilia Pérez, Enrique Kronawetter, Rolón Luna, u otro abogado de la defensa, jamás van a discutir sobre los 42 elementos de pruebas contundentes que contempla todo el expediente fiscal. Porque ellos se van a montar sobre algo que no existe en el mundo real, solamente creado en la imaginación de estos abogados, como son los chats de Pedro Ovelar, y jamás van a discutir sobre las pruebas porque no les conviene”, explicó.

El abogado señaló desde que comenzó esta causa se registró la presentación de una treintena de incidentes de nulidades, apelaciones, recusaciones, a lo largo de este proceso.

“Acá hay que centrarse en qué hicieron estos imputados, para que estén imputados y a mi criterio deben esclarecer en un juicio oral y público, porque hay mérito suficiente para hacerlo, con excepción de Mario Abdo y el diputado Mauricio Espínola que no fueron desaforados. El resto, tiene que responder ante la justicia lo que ellos hicieron contra Horacio Cartes, su familia y sus bienes”, enfatizó.

Remarcó que con las maniobras fraudulentas casi fundieron la vida de una persona, cuando filtran información a los medios de prensa amigos, a partir de un informe de Seprelad, el cual estaba plagado de inconsistencias, en algunos casos de mentiras y de tergiversaciones. “En este caso, no solo se ve la filtración de información, sino que se ve un plan orquestado para lograr la sanción de los Estados Unidos”, acotó.

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Un incendio de importantes proporciones afectó la sucursal del Banco Nacional de Fomento, ubicada sobre la avenida Agustín Fernando de Pinedo, en el barrio Pa’i Gómez de Paraguarí. Las llamas habrían iniciado a raíz de un cortocircuito.

El siniestro se habría originado alrededor de la medianoche; los bomberos voluntarios debieron forzar la estructura metálica que se encontraba protegiendo la entrada y luego romper las puertas de blindex para acceder al sitio.

Según el reporte del capitán Cristhian Argüello, la presencia de muchos materiales inflamables, como sillas acolchonadas, mesas de plástico y documentos varios ayudaron a que el fuego se propagara mucho más rápido, viéndose afectado prácticamente el 90 % de la infraestructura del banco.

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“El edificio en sí es antiguo, pero fue remodelado recientemente. Se tornó un poco complicado llegar hasta el foco principal del fuego, que estaba a metros de lo que sería la oficina principal donde está la gerencia; ahí se notaba el lugar donde se dio la explosión. Simplemente, fue un problema de cortocircuito”, comentó el capitán en conversación con el canal de noticias C9N.

Especificó además que las zonas de la bóveda y de archivos fueron las únicas que no se vieron afectadas, pero igualmente se realizaron todas las tareas para asegurar el área y evidenciar que el ingreso al lugar ya era seguro para los funcionarios y encargados del banco, quienes se apersonaron casi de manera inmediata en el sitio para corroborar el alcance del siniestro e informar a los superiores de la entidad bancaria.

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