El senador Fernando Silva Facetti manifestó que las instituciones del Estado se encuentran siendo utilizadas políticamente sin sustento jurídico y técnico contra los adversarios políticos en el marco de las campañas electorales. Foto: Archivo.
El gobierno de Abdo busca cercenar a la industria nacional, dice senador liberal
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El senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Fernando Silva Facetti afirmó que el Congreso Nacional debe mantenerse alerta ante las persecuciones políticas que se desatan desde el gobierno del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en el marco de las campañas políticas con miras a las elecciones internas partidarias previstas para el 18 de diciembre.
Al respecto, el parlamentario mencionó que la administración del también candidato a la titularidad de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) busca cercenar el funcionamiento de las industrias nacionales, principalmente al rubro del tabaco.
“Dentro del objeto de la creación del Banco Nacional de Fomento, cuya carta orgánica fue aprobada en el periodo pasado con sus modificaciones y ampliaciones, está claramente el fomento de la industria nacional, sus actuaciones tienen que estar fundamentadas y ellos no deberían poder cerrar (cuentas bancarias) o perseguir, las instituciones no deben ser utilizadas para golpear a un adversario político en cuestiones tan delicadas como son las finanzas”, mencionó.
El legislador se refirió a la decisión adoptada días atrás por el Banco Nacional de Fomento (BNF) de cerrar las cuentas bancarias de Tabacalera del Este SA (Tabesa) sin contar con sustento jurídico o pruebas fehacientes de las denuncias que involucran a la empresa con hechos ilícitos como el lavado de dinero.
Sin sustento jurídico y técnico
El legislador agregó que el rubro tabacalero ofrece empleo actualmente a más de 6.000 personas de forma directa, mientras que de manera indirecta son beneficiadas más de 10.000 personas, quienes terminarán siendo perjudicadas mediante las persecuciones “sin argumentos jurídicos”.
“Acá no existe ningún informe de la Seprelad, no existe ninguna prueba porque hasta donde nosotros entendemos, todas las empresas tabacaleras vienen cumpliendo todas las regulaciones; entonces, para hacer lo que hacen (cerrar cuentas bancarias) deben ser con actos fundados. Ellos están cercenando a la industria nacional a través del corte del financiamiento y operaciones financieras”, sentenció.
Finalmente, el liberal manifestó que claramente el Gobierno se encuentra utilizando las instituciones del Estado como un “martillo y castigo político. Evidentemente que fue una decisión de fundamentación política, no fue técnica ni jurídica; entonces, es un llamado de atención porque si se va a usar al Estado para perseguir a los oponentes, evidentemente es algo que no corresponde”.
La plata de Abdo: millones en duda y nuevas pistas en paraísos fiscales
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El expresidente está bajo sospecha por las serias irregularidades financieras detectadas en su patrimonio: USD 45 millones en reservas operativas sin respaldo, un crecimiento desmedido de inversiones y millonarias discrepancias en cuentas por cobrar con proveedores. Ahora se suman las cuentas offshore en Seychelles, que podrían anexarse a la causa por la Fiscalía
LA CAJA NEGRA
El Ministerio Público sigue adelante con la investigación penal abierta en setiembre de 2024, tras las inconsistencias detectadas en las ganancias generadas por las empresas distribuidoras de asfalto Aldia SA y Createc SA, vinculadas al expresidente Mario Abdo Benítez.
La pesquisa, que permanece en curso actualmente, apunta a determinar posibles delitos tras detectarse multimillonarias ganancias por venta de asfalto a contratistas del Estado.
Un crecimiento exponencial de 70 veces más en la venta de asfalto desde que asumió el poder, las inconsistencias en los estados financieros y el misterioso destino de las utilidades registradas (USD 45 millones) en las empresas ligadas al exmandatario son los aspectos claves del lucrativo negocio.
El equipo de fiscales asignado a la investigación solicitó una serie de informes a la Contraloría, a la Dirección de Ingresos Tributarios, a la Seprelad y a las empresas que realizaron transacciones comerciales con las empresas Aldia y Createc SA. Así también se remitieron pedidos de informes específicos a estas últimas para que informen sobre las inconsistencias detectadas en sus estados financieros. La investigación apunta a los directivos de ambas empresas y al principal accionista de ambas, el expresidente Mario Abdo Benítez. La causa penal fue asignada por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, a un equipo de fiscales especializados en Delitos Económicos y Anticorrupción: Jorge Arce, María Verónica Valdez y la fiscal adjunta María Soledad Machuca. La causa fue iniciada luego de que la Contraloría General de la República (CGR), respaldada por un informe de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), presentara evidencias de anomalías en las operaciones financieras de ambas empresas, que experimentaron un crecimiento desproporcionado, superior a la media del mercado, en sus ingresos con la provisión de asfalto.
Extractos del informe de CGR señalan dos aspectos trascendentales sobre las ganancias de las empresas
de asfalto de Abdo
POSIBLES DELITOS
El expediente, identificado como causa n.º 82/2024, tiene como principal objetivo esclarecer los posibles delitos económicos derivados de las operaciones de Aldia SA y Createc SA, que experimentaron un crecimiento financiero sin precedentes durante el gobierno de Abdo Benítez. Las indagaciones se centran en analizar los movimientos financieros y la declaración patrimonial del expresidente, así como el destino de los USD 45 millones (G. 329.000 millones) que ambas empresas habrían acumulado en reservas operativas sin justificar su uso.
Entre las principales inconsistencias detectadas figuran: discrepancias contables, cuando la DNIT identificó diferencias en las cuentas de deudores por venta, que ascienden a G. 155.500 millones en proveedores locales. Incrementos abruptos en inversiones: Aldia SA pasó de tener G. 1.397 millones en inversiones en 2022 a G. 40.515 millones en 2023. Utilidades no declaradas claramente: la Contraloría informó sobre ingresos desproporcionados que habrían sido derivados a fondos operativos, sin evidencia de un uso claro y transparente.
El permanente aumento del volumen destinado a esas reservas de ambas empresas, sin evidencia de las disminuciones que corresponden según la legislación tributaria, sugiere la evidencia de que no fueron aplicadas para los fines previstos, sino más bien para otros.
La falta de un registro documental que exponga el destino final del dinero enviado a la cuenta de “reservas” eleva las sospechas de que el mecanismo era utilizado aparentemente para la evasión de impuestos y el eventual lavado de dinero.
CUENTA OFFSHORE
Tras la denuncia realizada por el periodista argentino Luis Gasulla, de Periodismo y Punto, una nueva sospecha salpica al expresidente que ahondan las dudas sobre su patrimonio y el origen de su fortuna. Se refiere a cuentas bancarias en islas Seychelles de empresas que tendrían como beneficiarios finales a Abdo Benítez y a su esposa, Silvana López Moreira. Se trata inicialmente de unos 21 millones de dólares, que habrían sido producto de depósitos al momento de la habilitación y de remesas desde empresas aparentemente fantasmas desde zonas como Hong Kong o Dubái.
Abdo y la Ruta del Dinero K: un mismo patrón de ocultamiento
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De confirmarse que es beneficiario final, el expresidente paraguayo Mario Abdo Benítez repite el esquema de cuentas offshore que ya fue investigado y condenado en la Argentina con la expresidenta Cristina Fernández.
El escándalo denunciado por el periodista argentino Luis Gasulla, de Periodismo y Punto, sobre la supuesta fortuna no declarada del expresidente Mario Abdo Benítez en cuentas en paraísos fiscales remite a un antecedente cercano que también tuvo ribetes de estrépito. El caso coincide en las islas Seychelles como destino del dinero oculto, pero en el caso argentino ya tuvo esclarecimiento con la condena por parte de la Justicia. Pero las similitudes no se remiten solamente a un destino.
Tanto en el caso conocido como “La ruta del dinero K”, en referencia a la fortuna de Cristina Fernández y Néstor Kirchner, como en el que involucra al expresidente paraguayo Mario Abdo Benítez, se repite un patrón frecuente: el uso de empresas offshore registradas en paraísos fiscales, específicamente en las islas Seychelles, para ocultar la trazabilidad del dinero.
Las islas Seychelles, un paraíso fiscal enclavado en pleno océano Índico, cerca de las costas de Madagascar, aparecen como uno de los destinos finales del dinero lavado por numerosos empresarios y políticos a nivel mundial. Estas islas ofrecían hasta hace pocos años opacidad bancaria total, sin requerimientos sobre beneficiarios finales; sociedades offshore que se constituían en menos de 48 horas sin control efectivo y la ausencia de cooperación judicial internacional eficaz (hasta que en 2021 mejoró sus normas y salió de la lista negra del GAFI).
En ambos esquemas montados (bajo sospecha en el caso del expresidente paraguayo), las cuentas no están a nombre de los políticos implicados, sino de sociedades que actúan como intermediarias, lo que torna más difícil la detección del vínculo directo con los fondos.
No obstante, en los dos casos, las filtraciones señalan a los beneficiarios finales que en el caso de los K se refiere al empresario Lázaro Báez y su familia, Abdo y su esposa en el segundo. En el caso de las cuentas vinculadas al expresidente, estas reciben remesas desde otras zonas de empresas establecidas en Hong Kong o Dubái, lo cual dificulta aún más hacer un seguimiento al origen de los fondos.
NEGACIÓN Y COARTADA
Otra coincidencia es el intento de ambos protagonistas por desmarcarse de las acusaciones. En el caso K, se recurrió a la negación y a discursos políticos que intentaban desacreditar las denuncias. En relación a Abdo, fue el propio exmandatario que recurrió a un comunicado en redes sociales negando la existencia de estas supuestas cuentas y aleccionando a sus aliados (políticos y en los medios) que lo defiendan de la “campaña política” montada en su contra.
Pero claramente la intención al apelar a esa estrategia es la preventiva. Es por ello que Mario Abdo y su equipo de abogados envió un pedido oficial al Gobierno de Seychelles pidiendo confirmación sobre la titularidad e inexistencia de cuentas a su nombre, sabiendo que estas no están registradas directamente a él, sino a través de terceras firmas. En ambos casos, se intenta cerrar el escándalo desde el aspecto formal, sin desmontar el circuito del dinero.
La clave en los dos procesos está en la capacidad del Ministerio Público en investigar más allá de los titulares de las cuentas. La ruta del dinero, es decir, el camino que recorren los fondos desde su origen hasta su destino final, permite detectar irregularidades, incluso cuando los nombres no figuran en los papeles visibles. En el caso argentino, la Justicia logró probar lavado de dinero y condenar a los responsables. En el caso paraguayo, aún resta determinar si la Fiscalía tomará un rumbo autónomo o cederá ante presiones políticas.
CONDENA EN ARGENTINA
El sonado caso de “La Ruta del Dinero K”, que fuera iniciada a través de una denuncia que la hiciera hace 10 años el periodista Jorge Lanata (Periodismo para Todos) involucra a Báez y otros acusados por lavado de dinero proveniente de la obra pública. Báez fue condenado a 12 años de prisión en 2021 por lavado de dinero y a 6 años en 2022 por asociación ilícita con Cristina Fernández de Kirchner. Además, se le inhibieron los bienes y se le prohibió salir del país.
La Justicia determinó que se lavaron más de USD 55 millones, aunque se sospecha que el monto real fue mucho mayor.
¿CUÁL ERA EL ESQUEMA DEL DINERO K?
El esquema que siguió la ruta del dinero K era bastante común para operaciones que pretendían convertirse en lavado de activos. Así se hacía primeramente la extracción de dinero en efectivo: millones de dólares en efectivo salían en valijas desde Santa Cruz hacia Buenos Aires (documentado en cámaras de seguridad). Luego el traslado al exterior: el dinero era llevado en vuelos privados a Uruguay, luego transferido a bancos en Suiza, Panamá y otros.
Un paso clave era la creación de sociedades offshore: a través de firmas como SGI (conocida como La Rosadita) se constituían empresas pantalla en paraísos fiscales como Panamá, Belice, Hong Kong y Seychelles. Otra instancia eran las cuentas bancarias en los paraísos fiscales: estas sociedades abrían cuentas en bancos de paraísos fiscales. En Seychelles, por ejemplo, se documentaron empresas vinculadas a Báez con fondos millonarios sin una justificación clara. El lavado a través de inversiones y retornos: una vez blanqueado, parte del dinero retornaba a la Argentina mediante compras de propiedades, campos, autos de lujo y financiamiento de medios y empresas.
Caso Seprelad: Corte estudia chicana y debe destrabar caso
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El ministro de la Corte Manuel Ramírez Candia es el preopinante para destrabar una vez más el proceso penal que enfrentan los exministros de Mario Abdo Benítez, acusados por asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio en el marco del proceso penal conocido como filtración de información de Seprelad (Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes). Igualmente integran la sala penal de la máxima instancia judicial César Diesel y Gustavo Santander.
El expediente está en el gabinete del ministro Ramírez Candia desde el 17 de julio y una vez que el alto magistrado termine su voto deberán igualmente votar los dos ministros restantes para poder destrabar el presente proceso penal.
Los exministros de Abdo recurrieron a la Corte buscando dejar sin efecto la resolución del Tribunal de Apelación que confirmó la determinación adoptada por la jueza Cynthia Lovera, quien decidió estudiar los doce incidentes iniciales del presente caso pero a raíz de las chicanas no se pudo analizar aún.
En el presente caso están acusados y con pedido de juicio oral y público debido a que tiene más de 206 elementos probatorios René Fernández, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui, Daniel Farías, Carmen Pereira, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene.
En el mes de junio los camaristas María Belén Agüero, Bibiana Benítez y Arnaldo Fleitas han rechazado una chicana más presentada por la defensa de los acusados, pero la defensa de los mismos volvieron a recurrir el caso a la sala penal de la Corte que hoy ya tiene suficientes motivos para poder aplicar una sanción disciplinaria a los abogados y acusados que presentan escritos dilatorios.
CHICANAS, PENDIENTE DE ESTUDIO
Desde abril de 2024 sigue pendiente de estudio y resolución doce chicanas presentadas por la defensa de cada uno de los hoy acusados exministros de Mario Abdo Benítez. Las chicanas deben ser analizadas por la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera.
El Ministerio Público presentó en su escrito de acusación un total de 206 elementos de pruebas, entre ellos, testimonios, documentos y pericias que sustentan la responsabilidad de los acusados.
El presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, aseguró que la iniciativa será ampliamente consensuada mediante la realización de audiencias públicas. Foto: Gentileza
Transporte público: Senado dará tratamiento de código al proyecto de reforma
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El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, manifestó que la Cámara de Senadores dará tratamiento de código al proyecto ejecutivo que plantea la reforma del transporte público metropolitano. Asimismo aseguró que la iniciativa será ampliamente consensuada mediante la realización de audiencias públicas.
“Esto es una prioridad del Congreso Nacional, el miércoles nosotros vamos a proponer que esto tenga tratamiento de código para que en 30 días tengamos una media sanción, estamos convencidos que la ciudadanía ya no puede esperar más", indicó a los medios de comunicación.
El tratamiento de código implica que las modificaciones deberán plantearse por escrito antes de su tratamiento en plenaria. El artículo 6 del reglamento interno de la Cámara Alta refiere que para su implementación se necesita de la aprobación de la mayoría.
El proyecto deberá ser distribuido inmediatamente de ser recibido en el Senado y los parlamentarios podrán presentar enmiendas por escrito dentro del plazo que el presidente del Senado determine en cada caso. Las comisiones a las cuales sean remitidas el proyecto tomarán cuenta de las enmiendas en sus fundamentos y acompañaran las mismas con sus dictámenes.
En el estudio en particular por el plenario del Senado se votarán sin discusión los artículos no objetados y solo podrán ser discutidos los artículos para lo que se haya observado el procedimiento indicado precedentemente y aquellos aconsejados por la comisión dictaminante.
“Tuvimos una reunión bastante productiva con la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, y el viceministro del Transporte, Emiliano Fernández, en donde el compromiso de los líderes y vicelíderes del Senado fue hacer una audiencia pública con los diferentes sectores, la sociedad civil organizada, empresarios, legisladores, los equipos técnicos de ambas instituciones”, dijo Núñez.