El psiquiatra Agustín Barúa Caffarena hizo durante años la experiencia de conversar con pacientes en las plazas de Asunción. Volcó sus aprendizajes en “Clínica Placera, ¿nos sentamos acá?” que se presentó días atrás en la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría.

• Por Jorge Zárate
• Jorge.zarate@nacionmedia.com.py

“A mí me parece que la clínica placera aporta un permiso de explorar otras formas de trabajar en salud mental en el contexto asun­ceno”, entiende el autor. “En Asunción, que solemos ser tan reprimidos emocionalmente, usamos los bancos para llorar, para gritarnos y desgritarnos, para besarnos, para saber estar solos. Entonces, ahí apareció la posibilidad de usar el banco de plaza como un dispositivo de acompañamiento de salud mental”, cuenta de la génesis del inusual procedimiento.

El libro, que tuvo presentacio­nes en Argentina, Cuba y Para­guay, permite según la mirada del psiquiatra Agustín Barúa Caffarena “que se pueda pro­bar nuevas cosas y se pueda dialogar con las necesidades contemporáneas. A veces creo que nos quedamos muy tiesos en el mundo profesional espe­rando que la gente se amolde a nosotros y no dialogando con las necesidades de nuestra sociedad. Me parece que es el gran aporte”, apunta.

Aquí su diálogo con Nacion Media:

–Son sensaciones complejas. Por un lado, es gratificante porque el libro a mí me satis­face como producto estético, pero también como producto reflexivo y de memoria his­tórica. Me parece que tam­bién la tarea de estos 7 años de plaza fue bastante específica y tenía su soledad también dentro de su espacio público y colectivo.

También me da un poco de tristeza y eso lo dije cuando lo presenté en Camsat, que es una organización territorial del bañado Tacumbú, me dio tristeza y enojo.

–Porque me recordó que yo no quería trabajar con las capas medias asuncenas inicial­mente, yo quería trabajar con los sectores populares, en este caso bañadenses, ¿no? Pero el golpe de estado al gobierno de Fernando Lugo interrumpió ese proceso y al presentar el libro en el Bañado me recordó esa pérdida.

–Y fue ese junio de 2012, cuando sucede el golpe, yo trabajaba desde la Universi­dad Nacional de Asunción y desde el Ministerio de Salud en los territorios bañadenses acompañando 15 equipos de Atención Primaria en Salud. Era mi jornada laboral plena de lunes a viernes, iba a los baña­dos todos los días y cuando sucedió el golpe, lo viví como un manotazo, un arrebato gigante, me impactó emocio­nalmente.

Me pasó que coincidió con una relación de pareja en Montevi­deo, donde fui y estuve 3 años haciendo diferentes cosas en un contexto de políticas públicas muy creativas: ahí sí se hicieron, por ejemplo, las leyes progresistas de identidad de género, de regularización de la marihuana y de despenaliza­ción del aborto. Y en ese con­texto volví en 2015 y me dije: quiero seguir trabajando las cosas que creo…

–Y cuando volví, no pude entrar a mis nichos laborales habitua­les, habían cambiado muchas cosas así que subalquilé un con­sultorio. Era la primera vez que iba a hacer psiquiatría clínica privada y me morí de la angus­tia. Viví con mucha extrañeza las baldosas, la pared sin hume­dad, ese tapizado de sofá combi­nado con la cortina, el split. Yo venía de trabajar en los patios de las villas con chanchos, bebés, ropa secándose, goteando, en algo que llamamos Clinitaria hasta el 2012.

Me dije: “A mí me gusta con­versar con la gente”, así que me vinieron a la mente los bancos de plaza que tienen una cues­tión maravillosa que son espa­cios de intimidad pública.

–El manicomio no es necesa­riamente un lugar, un “aden­tro”. Puede recrearse en los “afueras”, por una concepción manicomiana de la salud men­tal, tener una posición autori­taria, llenar de psicofármacos a la gente; ordenar internacio­nes compulsivas en el hospi­tal psiquiátrico, querer impo­nerse a las otras profesiones, no dar como válido el saber de la gente.

Me parece importante dis­cutir ese dentro y fuera, hay mucha manicomialidad fuera del hospital psiquiátrico. Creo que estamos muy retrasados con políticas públicas. La Ley de Salud Mental permitió avances todavía muy incipientes, creo que la mirada manicomial sigue siendo la dominante en el territorio, la salud mental se disocia de la salud y esta más aún de los derechos. Entonces si no tenemos esa politización de la salud mental, somos parte del problema, reducimos el pro­blema a diagnósticos, psicofármacos, sin contexto, sin histo­ria, sin derecho, sin cultura, sin territorio, sin diálogo, ¿no?

–Si bien creo que hay mucha gente en el Estado que quiere hacer bien las cosas, hay una crisis institucional, los desfi­nanciamientos, los preben­darismos, los autoritarismos, los conservadurismos, las pre­carizaciones, los abandonos siguen siendo la tónica domi­nante en muchos campos de derechos constitucionales que no se concretan.

No hay salud mental sin salud, no hay salud sin dere­cho, y tenemos una crisis de derechos gigantesca en Para­guay. Nos entretenemos con los efectos, no con las causas, entonces vemos una reacción de una persona que mata a sus abuelos; el uso complicado de cocaína fumable de crack lla­mada chespi y su presencia en las calles; las conductas suici­das, etc. Si no tratamos las cau­sas los efectos van a seguir.

Cuesta mucho avanzar en pre­guntas honestas, sobre todo en un país tan desigual y tan aterrorizador porque cuando uno comienza a preguntarse estas cosas necesariamente necesita valor. No podemos construir ese argumentar sin un cierto coraje para conver­sar las cosas que estamos evi­tando como sociedad.

Agustín Barúa Caffarena (1971) es médico por la Uni­versidad Nacional de Asun­ción (UNA). Psiquiatra de Atención Primaria de Salud por el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana y tiene una maestría en Antropología Social por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción.

Terapeuta. Psicodramatista por GRUPA (Grupo Psicodrama Asunción). Certificado en Prác­ticas Colaborativas y Dialógicas por el Houston Galveston Insti­tute y The Taos Institute.

Investigador en Salud Mental Comunitaria por la Universi­dad Nacional de Pilar.

Autor de los libros “Clinita­ria: andando, de a chiquito, con la gente. Acompañamien­tos clínicos en salud mental desde sensibilidades comu­nitarias” (2011), “Ejedesen­cuadrá: del encierro hacia el vy’a. Transgresiones para una salud mental sin manicomios” (2020) y “¿Nos sentamos acá? Clínica placera” (2025)

Dentro del orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, marcada para el martes, figura el proyecto de ley “Que amplía las disposiciones del Código Electoral, regula la figura de las concertaciones de carácter nacional, departamental y municipal”. La iniciativa fue aprobada con modificaciones por el Senado por lo que retorna para su análisis a la Cámara Baja.

De acuerdo con lo que se menciona en la exposición de motivos de esta propuesta legislativa, se busca “fortalecer el sistema democrático” mediante la regulación de mecanismos de colaboración política, promoviendo mayor transparencia y responsabilidad en los procesos electorales.

El proyecto establece tres niveles de concertaciones: nacional, departamental y municipal, y al mismo tiempo propone la regulación de las mismas, entendidas como alianzas o acuerdos temporales entre partidos y movimientos políticos para fines específicos.

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Según lo expresado previamente por el senador Derlis Maidana, quien está a favor de esta iniciativa, uno de los fines de este proyecto es “evitar la perversión del derecho al voto” y apunta a que cada partido pueda contar con su propio padrón, uno de los motivos que despierta el rechazo de la concertación.

“Lo que se busca con esta propuesta es que cada partido político tenga su propio padrón electoral, que cada agrupación tenga la autonomía de decidir quiénes son sus candidatos en las elecciones internas, conforme a lo que establece el Código Electoral Paraguayo”, explicó Maidana en una entrevista a Nación Media.

Asimismo, descartó que este proyecto sea “anticoncertación” e indicó que lo se busca es otorgar a las concertaciones un marco legal efectivo de modo que establezcan condiciones, requisitos, períodos de tiempo para la inscripción, entre otros tipos de disposiciones. Si Diputados aprueba la versión del Senado, la iniciativa quedará sancionada.

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“Lo que nosotros queremos siempre es fomentar la participación ciudadana, pero naturalmente ellos hablan de cercenamientos y otras falacias”, comentó. Según el proyecto, para constituir una concertación nacional, los partidos y movimientos políticos deberán obtener la aprobación de sus respectivas asambleas o convenciones, y formalizar el acuerdo mediante escritura pública.

El presidente de la Mesa Directiva de Diputados, Raúl Latorre, encabezó una reunión con el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, para conocer los planes de acción ante la crítica situación que padece la ciudadanía con la problemática del servicio del transporte público y el anuncio de un nuevo paro general del Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam).

En conferencia de prensa, el legislador remarcó la postura de muchos de los colegas que consideran fundamental que la ciudadanía cuente con el servicio del transporte. Además indicó la urgente necesidad del cambio del sistema transporte público del Paraguay.

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“No es digno lo que viven los paraguayos día a día, no es digno que esperen horas o pierdan horas de sus vidas con un mal servicio de transporte público. Son horas que ya podían haber pasado con sus familias, o en el mismo trabajo, o de descanso. Por ello, es fundamental que sea enviado al Congreso de la nación el proyecto de Reforma de Transporte Público”, enfatizó.

Latorre remarcó que el Ejecutivo ya anunció que en breve estará enviando para su estudio, y que incluso este jueves, el presidente de la República, Santiago Peña, señaló que se podría dar la próxima semana.

“Esperamos que envíe el presidente de la República, que nosotros acá lo vamos a estudiar con toda la seriedad, porque endentemos que es un tema fundamental que debe ser abordado”, remarcó.

Latorre confirmó, además, que sus colegas de las diferentes bancadas expresaron que el Viceministerio del Transporte contará con el total respaldo del cuerpo legislativo a la hora de plantarse y ponerse duro para proteger los intereses de la ciudadanía.

Indicó que existen determinadas herramientas que estarán disponibles y serán fundamentales a la hora del estudio y la implementación de la Reforma del Transporte Público.

“Por ejemplo, el uso del GPS, permitirá claridad en cuanto al monitoreo del funcionamiento del sistema y el recorrido de los buses. También se habló de otros temas, pero quedó claro que la Reforma del Transporte Público es una urgencia y que si bien ya debió darse hace décadas, este es el momento oportuno para su estudio”, remarcó.

Indicó que lo que ahora se está viendo es un remanente de un sistema obsoleto y que va en contra de los intereses de la calidad de vida de los paraguayos.

“Estoy convencido de que la reforma del sistema de transporte público va a ser uno de los desafíos más grandes que va a atravesar el gobierno de Santiago Peña. Estoy convencido de que lo vamos a lograr y que va ser parte fundamental de su legado, así como hoy es el programa de Hambre Cero”, remarcó.

Por otra parte, el diputado Latorre, indicó que la prioridad de la reunión fue garantizar que la ciudadanía no se vea afectada con la medida de fuerza anunciada por Cetrapam.

“Vamos a ser muy claro en estos, vamos a defender y a precautelar con todas nuestras fuerzas los intereses de la ciudadanía y sus derechos fundamentales que es el transporte digno”, enfatizó.

Igualmente, señaló que el ministro Fernández confirmó que están previendo una medida de contingencia disponiendo de una flota de buses que estarán a disposición del Estado y servirá para mitigar el impacto de la huelga.

Confirmó además que se declarará indispensable el servicio de transporte público, que obligará a todas las empresas que se sumen al paro disponer un número de vehículos que salgan a prestar servicio esos días.

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“En Paraguay, el uso descontrolado de pagarés —sin trazabilidad, sin control y muchas veces sin respaldo real— ha generado un circuito tóxico de endeudamiento, judicialización y abuso, afectando tanto a personas como a empresas, especialmente en los sectores más vulnerables de la economía”, afirmó el diputado José Rodríguez durante una entrevista en el programa Tribuna de Paraguay TV.

Rodríguez presentó los principales lineamientos del proyecto de ley que propone la creación del Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito (RNPyTC), una iniciativa que busca transformar el sistema de control de documentos crediticios en el país.

El legislador explicó que el objetivo central del proyecto es combatir la llamada “mafia de los pagarés”, una práctica que ha generado múltiples denuncias por fraudes, cobros duplicados y abusos por parte de usureros. “Queremos dar garantías a los ciudadanos y proteger especialmente a los más humildes, que muchas veces son víctimas de estos esquemas”, subrayó.

El parlamentario destacó que hoy existe una oportunidad histórica para construir un nuevo marco jurídico que combine seguridad financiera, protección judicial y tecnología, a través de un texto legal único y consensuado que unifica tres iniciativas clave: Poder Judicial, ejecución justa y controlada; Poder Ejecutivo y MIC, digitalización y trazabilidad; Poder Legislativo, creación del Registro Nacional de Pagarés.

La Corte Suprema de Justicia impulsa un proyecto que ya cuenta con media sanción legislativa. Este regula el proceso ejecutivo sobre pagarés, estableciendo criterios más estrictos para su ejecución judicial. El objetivo es evitar ejecuciones automáticas de títulos vencidos, sin respaldo o manipulados, garantizando el debido proceso y la buena fe contractual.

Desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) se implementa la Ley N.º 6822/2021, que reconoce la validez legal de los títulos de crédito en formato electrónico, incluyendo pagarés y letras de cambio. Esta normativa permite su digitalización con firma electrónica avanzada y trazabilidad, creando las condiciones técnicas y jurídicas para dejar atrás el papel y avanzar hacia un sistema moderno, confiable y transparente. Además, convierte al MIC en autoridad técnica y reguladora de los prestadores de servicios de confianza digital.

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Desde el Congreso Nacional, se impulsa la creación del Registro Nacional de Pagarés, una plataforma pública, digital y auditable donde se inscriban todos los pagarés emitidos en el país. Basado en la Ley 6822/21, este registro permitirá conocer si un pagaré ya fue ejecutado, venció, fue pagado o está en disputa, previniendo duplicidades, estafas y abusos judiciales. También facilitará a los jueces una evaluación rápida de la legitimidad del documento y protegerá a los firmantes.

“Por primera vez en mucho tiempo, los tres poderes del Estado y el Ministerio de Industria y Comercio estamos construyendo un solo texto de ley, trabajado en conjunto desde lo técnico, lo judicial, lo legislativo y lo económico”, destacó Rodríguez. “Este proyecto no se trata solo de pagarés: se trata de confianza. Confianza en el sistema. Confianza en el crédito. Confianza en las reglas”, agregó.

El diputado advirtió que quienes se benefician del sistema actual y de los vacíos legales probablemente se opondrán. “Pero nosotros trabajamos por la gente, por los emprendedores, por los comerciantes, por quienes piden un crédito con buena fe y terminan atrapados en un infierno judicial”, remarcó.

Finalmente, Rodríguez hizo un llamado a los sectores productivos, cooperativas, banca, justicia y ciudadanía a respaldar esta iniciativa: “Esta ley consensuada será el punto de partida para un Paraguay más formal, más justo y más moderno. Cuando el Estado trabaja unido, los beneficios llegan a todos”.

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