El fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán dijo que lo manifestado por la senadora Desirée Masi parece ser una información errada o una desinformación del tema. Esto surge luego de que la parlamentaria hablara sobre el supuesto pedido de un juez de Estados Unidos de entregar información de la causa de Kassem Mohamad Hijazi, un ciudadano brasileño de origen libanés que fue extraditado de nuestro país a los EEUU.
“Lo que dijo la senadora no sé si es una información errada o una desinformación por parte de ella, pero esa orden judicial de la que habló fue una orden librada por el distrito de los Estados Unidos para Nueva York en donde a las autoridades locales americanas dan un plazo, que está basado en la ley de protección del debido proceso de los Estados Unidos, en donde tienen que revelar la prueba para la defensa, eso es algo lógico, natural, existe en todos lados”, manifestó Doldán en la radio 780 AM.
“Eso que supuestamente a Paraguay un juez norteamericano le tuvo que intimar o pedir información complementaria con respecto a pruebas puedo decir que es una información totalmente desacertada, no tiene nada que ver, ningún juez americano libró ninguna orden a ningún miembro de la Justicia paraguaya. Esto es algo interno de los Estados Unidos”, sentenció el agente fiscal.
Lea más: Denuncian “arreamiento” en el Indert para participar en actos políticos
Doldán explicó que en este caso se trata de una ley del debido proceso de los Estados Unidos. La misma se aplica en todos los casos que tienen un periodo de sigilo con respecto a la evidencia o prueba en contra de una persona y eso tiene una orden de revelación en un determinado momento.
“Lo que la Corte del distrito de Nueva York le dice al fiscal es que se dispone de ‘tanto tiempo’ para revelar la evidencia que el Estado norteamericano tenga en contra de Hijazi para que él pueda ejercer su defensa material, eso es algo lógico, es poner a conocimiento del procesado las pruebas que se tienen en su contra; en Estados Unidos, no en Paraguay”, explicó.
El pasado mes de julio, Kassem Mohamad Hijazi fue extraditado a los Estados Unidos luego de un requerimiento de la Corte de Nueva York con base en supuestos hechos vinculados al lavado de dinero. El responsable de ese procedimiento fue el fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán.
Le puede interesar: Alianza Encuentro Nacional presentará segunda tanda de candidatos al Senado
Dejanos tu comentario
Abdo offshore: Fiscalía apunta a lavado y a enriquecimiento
El pasado viernes el Ministerio Público de nuestro país difundió el petitorio hecho a su par de las islas Seychelles en relación al presunto dinero oculto del expresidente Mario Abdo Benítez y su esposa, Silvana López Moreira, en este paraíso fiscal.
Más allá de la petición –hasta si se quiere de trámite ordinario por parte de la Justicia paraguaya– lo llamativo fueron los hechos punibles sospechados. Hay que recordar que cuando el Ministerio Público paraguayo abrió una investigación el 24 de julio pasado la misma era innominada y los cargos –es decir, los hechos punibles del caso– estaban por determinarse.
Con el petitorio que remite el fiscal Doldán a sus pares del país africano, la Fiscalía de nuestro país apunta a la posible comisión de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito sobre la conducta del expresidente de la República, al ocultar la presunta existencia de USD 21 millones en un paraíso fiscal, dinero que no figura en su declaración de bienes. Ante el citado escenario el fiscal adjunto Manuel Doldán Breuer, de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, Extradición y Asistencia Jurídica Externa, remitió a la oficina del fiscal general de la República de Seychelles una solicitud de cooperación en el marco de la convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El pedido que insta a la cooperación internacional fue requerido y presentado por la agente fiscal Natalia Cacavelos Conigliaro, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, quien tiene a su cargo investigar a Abdo Benítez en el marco de la causa penal caratulada “Investigación Fiscal sobre supuesto hecho de Lavado de Dinero y enriquecimiento ilícito”, abierta a nuestro país y que busca determinar la existencia de estos fondos.
PEDIDO A SEPRELAD
El periodista argentino Luis Gasulla, fundador del sitio de investigación Periodismo y Punto, divulgó el 20 de julio pasado una información que constituye todo un escándalo: la existencia de dinero oculto por parte del presidente paraguayo en cuentas en el extranjero de 21 millones de dólares. Según la información, Abdo Benítez y su esposa serían los beneficiarios finales de dos cuentas abiertas que recibía transferencias de empresas de dudoso origen establecidas en Hong Kong o en Dubái.
Tras la publicación en el extranjero, el Ministerio Público paraguaya abrió la investigación y una de las primeras diligencias de la fiscala Cacavelos Conigliaro fue solicitar información a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) a fin de que informe sobre la vinculación o no del exmandatario y su pareja con estas cuentas en Seychelles. Hace unas semanas, el expresidente había divulgado un documento proveniente del Gobierno de la nación insular africana que señalaba que no existía cuentas a su nombre. Sin embargo, la publicación periodística nunca apuntó a la pareja presidencial como titulares de cuenta, sino como beneficiarios, lo cual hace suponer que el exhorto enviado por el Ministerio Público paraguayo será mucho más específico y detallado, obviando el aspecto de la titularidad de la cuenta e insistiendo sobre las empresas que realizaron las millonarias remesas que totalizarían unos 21 millones de dólares; es decir, haciendo un seguimiento a la ruta del dinero.
SE SOSPECHA DE DOS CUENTAS
Periodismo y Punto reveló cuáles serían las supuestas cuentas de las cuales Abdo Benítez y esposa serían beneficiarios. Con el número 3128614805, la primera cuenta a nombre de la firma Star Capital Financial Services Limited se halla en el banco MCB International y presenta la suma de USD 12.316.108,44. Fue abierta en noviembre del 2022, año que Marito era aún presidente de la República. Mientras que la segunda cuenta tiene el número 29478391, y fue abierta en setiembre de 2023 a nombre de Exchange Contracts International Finance Limited, un mes después de finalizar su periodo como jefe de Estado.
Según el informe confidencial que accedió el medio argentino, en junio de 2025, la cuenta presentaba un balance de USD 8.716.581,02, también como beneficiarios a López Moreira y Abdo Benítez.
Entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, la firma Star Capital recibió cuatro transferencias —desde Capital Holdings Ltd., Logistic Accounting & Consultancy Ltd., Sports Marketing Plus Ltd. y Winward Brokerage LLC— por montos que van de USD 850.000 a USD 1,7 millones. En tanto, Exchange Contracts recibió también cinco transferencias de empresas similares, cuyos montos van desde USD 600.000 hasta USD 950.000.
Dejanos tu comentario
Sucesivas chicanas de Miguel Prieto en caso Tía Chela señalan “una mala fe procesal”
El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.
“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.
“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.
Te puede interesar: González Vaesken confirma su precandidatura para pujar por la intendencia de CDE
“Montón de incidencias”
El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.
“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.
Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.
Lea también: Recuperación de Copaco no es posible solo con ingresos por servicios, dice Stark
Dejanos tu comentario
Chicanas de Prieto impiden el avance de sus causas judiciales, afirma fiscal Corbeta
El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, afirmó que las causas judiciales por corrupción que pesan sobre el destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, no pueden avanzar debido a las reiteradas chicanas que impulsa el líder del movimiento Yo Creo, con 50 denuncias y dos imputaciones.
“El Ministerio Público se tropieza con muchas dificultades, hacemos lo que podemos para llegar a resultados concretos. Nosotros entendemos que existe una suerte de preocupación (por la lentitud), pero hacemos nuestra labor con la mayor objetividad”, dijo Corbeta, este miércoles, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Prieto se encuentra imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El dirigente opositor está sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que ascendería a la suma de G. 306.188.500 por el pago concretado por mercaderías inexistentes.
En la causa se menciona que el dirigente político, entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos, con supuestos fines sociales, ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
Lea también: Senador repudia respaldo opositor a Prieto pese a hechos de corrupción constatados
Kits de alimentos
De acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales, todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto. En un caso previo, el Ministerio Público lo imputó por presunta compra amañada de 25.000 kits de alimentos, causando un perjuicio patrimonial de G. 1.769 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este, también durante la pandemia del covid.
“Las investigaciones avanzan en la medida de lo posible, pero estamos ante reiteradas chicanas que nos dejan temporalmente fuera de las causas. En el caso Costanera, por ejemplo, fuimos recusados dos veces en cuestión de días, incluso por personas que ni siquiera guardan relación directa con el proceso”, refirió el agente fiscal.
Asimismo, siguió sosteniendo que “hay causas en etapa de acusación, como el caso Tía Chela y el de Tajy, pero seguimos dependiendo de pericias técnicas contables y de obras para avanzar. Sin esos informes, resulta imposible llegar a imputaciones sólidas”.
El agente fiscal comentó que fueron establecidos dos equipos de la Unidad de Delitos Económicos para investigar los hechos punibles atribuidos a Prieto. Por una parte se encuentra Corbeta junto con sus colegas Jaime Adle y Verónica Valdez; y, por otra, figuran Néstor Coronel, Marlene González y Luz Guerrero. Entre ambos equipos llevan 33 investigaciones. Las restantes están a cargo de fiscales de Ciudad del Este por tratarse de delitos ordinarios.
Te puede interesar: Prieto “debe estar sentenciado por la Justicia”, dice la Contraloría Ciudadana
Dejanos tu comentario
La hospitalidad y seguridad de visitantes, ejes centrales del Rally del Paraguay
El director general adjunto del Rally del Paraguay, Ricardo Deggeller, mantuvo este martes en Encarnación una reunión con la vicecónsul de los Estados Unidos, Melissa Flores, con el objetivo de coordinar acciones vinculadas a la atención de los ciudadanos y marcas estadounidenses que estarán presentes en la próxima edición del campeonato.
Durante el encuentro se destacó la importancia de garantizar una experiencia segura y de calidad a los visitantes internacionales que llegarán al país para participar y disfrutar de la competencia automovilística más importante del calendario nacional.
Te puede interesar: Para este miércoles invitan una charla con la ilustradora Regina Rivas
Como parte de la agenda, las autoridades realizaron una visita al Aeropuerto Internacional, donde fueron recibidos por Fernando Gallardo, coordinador, para evaluar la logística y reforzar la experiencia de bienvenida a los miles de turistas que arribarán a Paraguay durante los días del evento.
“El Rally del Paraguay es mucho más que deporte: es turismo, hospitalidad y una oportunidad para mostrar al mundo lo mejor de nuestro país”, dijo Deggeller, por lo que celebró el interés de la cónsul norteamericana en esta vista.
“La atención a los extranjeros que llegan al Rally del Paraguay es clave para el éxito de este gran evento”, concluyó Deggeller.