La abogada Diva Riquelme expuso a través de su cuenta de Twitter un posible esquema de monopolio entre dos Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que operan detrás de las causas indígenas y que recibieron un promedio de 250.000 euros por parte de organismos internacionales. Detrás de este negociado estarían involucradas una funcionaria pública y Óscar Ayala, presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) durante la administración de Fernando Lugo.

“Me preocupa el monopolio que han creado con la causa indígena, en donde los fondos nacionales e internacionales son totalmente canalizados por ONGs y si bien parece que benefician mucho a los indígenas, benefician más a los intermediarios”, escribió Riquelme en sus redes sociales haciendo referencia directa a una publicación del senador Miguel Fulgencio “Kencho” Rodríguez en la que se jacta de haber conseguido la restitución de 16.000 hectáreas en favor de comunidades indígenas del Chaco.

Junto a esta publicación, el legislador Rodríguez compartió una foto en compañía de Lea Schvartzman, funcionaria de la Cámara de Senadores, vinculada hace años al Grupo Sunu y también se ve a Óscar Ayala Amarilla, quien guarda relación con Tierraviva y que fue designado como titular del Indi por Lugo en el 2011.

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Tanto Tierraviva como el Grupo Sunu son organizaciones no gubernamentales que trabajan en la promoción de los derechos de los pueblos indígenas. De acuerdo a la abogada Riquelme, ambas instituciones formaron un consorcio y reciben fondos y donaciones internacionales. “Juntos recibieron entre noviembre del 2019 y mayo del 2021 más de 250.000 euros de la Unión Europea”, apuntó.

Según la abogada, ambas ONGs incumplen el decreto Nº 8545/06 el que está vigente y establece la obligatoriedad de inscripción y presentación de informes inicial y semestrales, entre otros. Lo más llamativo del caso es que la organización a la cual pertenece Ayala, denunció al Estado paraguayo en tres ocasiones, en el 2005, 2006 y 2010.

Posterior a estas demandas, Lugo designó a Ayala como titular del Indi, “pasando a ser demandante y demandado a la vez”, señala Riquelme en su tuit y añadió que además de esto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó compensaciones a Tierraviva por los gastos en que incurrió para las demandas y por la representación.

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A la fecha, la misma ONG de Ayala forma parte del Comité de Implementación del Fondo formalizado mediante resolución N° 211/19 del Indi, según Riquelme, quien afirma que hay una estrecha relación entre el consorcio integrado por ambas organizaciones y el senador Kencho Rodríguez. “Estas organizaciones hace un tiempo que desempeñan un papel preponderante en las reuniones importantes de la Comisión de Asuntos Indígenas”, aseguró la abogada.

Riquelme indicó que Ayala también está vinculado a la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) donde incluso presentó un “amicus curiae” para defender a la jueza Eresmilda Román, quien falló supuestamente “en detrimento de una comunidad”. “Amicus curiae” es expresión latina que hace referencia a una persona física o jurídica que sin estar legitimada como parte o como tercero en un litigio interviene voluntariamente ante un tribunal para colaborar con este aportando información objetiva.

“Ellos alegan que Eresmilda Román de Paiva falló a favor de los Indígenas, pero en realidad fue lo contrario, pues en el mismo expediente los líderes de la comunidad expresan que la soja que la jueza mandó cosechar de su comunidad desapareció y nunca vieron el dinero”, concluye Riquelme en su hilo de Twitter.

Días atrás, los indígenas detenidos que se encontraban involucrados en el incidente registrado en Itakyry afirmaron que fueron financiados por el senador Fulgencio “Kencho” Rodríguez, esto fue cuestionado duramente por la senadora Georgia “Nani” Arrúa, quien apuntó contra su colega legislador y afirmó que estas actuaciones revelan una clara intención electoralista.

“Utiliza un discurso populista, en el intento de instalarse como el defensor de los pueblos originarios cuando en realidad utiliza a este sector tan vulnerable como una herramienta política y con el fin de desestabilizar y crear problemas”, manifestó la parlamentaria en una entrevista brindada a La Nación/Nación Media.