Con el objetivo de mejorar la atención que brindan a los cientos de pacientes que llegan hasta el Hospital de Clínicas, desde la institución realizaron el pedido formal ante el Congreso Nacional para un aumento del presupuesto, que será destinado específicamente al área de pediatría que actualmente se encuentra con varias necesidades.

El doctor Jimmy Jiménez, jefe de cátedra de la Clínica Pediátrica del Hospital de Clínicas, explicó que la solicitud es por el valor de 8.000 millones de guaraníes para la compra de nuevos equipos, reacondicionar las áreas de internación y observación y además reparar toda la estructura edilicia del ala de Pediatría, que sufre de varios problemas, como goteras y rajaduras.

“Nos hemos quedado cortos para la atención de nuestros pacientes, que en clínicas y particularmente en pediatría se reciben pacientes de todo el país y en general son graves. Nuestra infraestructura y nuestros equipos se han vuelto obsoletos”, remarcó el profesional de blanco en conversación con la 1020 AM.

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Destacó además que si bien, existe una cantidad importante de médicos y residentes que trabajan en el lugar, es innegable la necesidad de mejorar las condiciones en que el paciente, en este caso los niños son atendidos, puesto que en muchas ocasiones ya no tienen los instrumentos necesarios para que sean asistidos de manera eficaz.

El profesional aclaró que el pedido inicial es de 8.000 millones de guaraníes, ya que es el presupuesto que se estima necesario para la cobertura total de las necesidades del área, pero hasta el momento la Cámara de Diputados aprobó solo la mitad, por lo que se encuentran insistiendo para una ampliación nuevamente de este presupuesto ya recortado.

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Los funcionarios del Hospital del Trauma reclaman el aumento de bonos, en específico por insalubridad, debido a que a pesar de sus múltiples pedidos desde la pandemia, el aumento en este ítem no se concretó.

Los mismos iniciaron una protesta pacífica el pasado viernes, reclamando a las autoridades el tratamiento en el Congreso Nacional del aumento presupuestario para la cobertura de este gasto en específico, ya que debe ser analizado por el comité presupuestario tanto del Parlamento como del Ministerio de Hacienda.

“En este momento nosotros estamos percibiendo 600.000 guaraníes y estamos solicitando un aumento de 400.000 guaraníes para todo el personal del hospital, que son 2.650 funcionarios contratados y nombrados, así también la desprecarización laboral de los compañeros”, comentó Mirna López, representante del sindicato de funcionarios del Hospital del Trauma, en conversación con la 1020 AM.

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La funcionaria explicó que en total se necesitan 3.800 millones de guaraníes para cubrir el presupuesto salarial, ya con el reajuste requerido por los trabajadores. Remarcó que en ningún momento la intensión del sindicato es que las atenciones sean interrumpidas o mucho menos retrasadas a raíz de las manifestaciones, pero no obstante indicó que si es necesario tomar de vuelta medidas similares de protesta en los próximos días lo harían.

En los próximos días deben poner en marcha el operativo Caacupé 2024, momento en que se da mayor caudal de trabajo, por lo que no les gustaría continuar teniendo este tema como uno pendiente dentro de la agenda del sindicato y postergarlo nuevamente hasta el próximo año.

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Desde el inicio de su instalación el pasado 26 de agosto, desde la Comisión Antilavado indicaron que algunas organizaciones sin fines de lucro (ONG), se resistieron a informar sobre el uso que le dieron al dinero proveniente de los fondos públicos o privados nacionales.

Ante esta situación, el senador Gustavo Leite manifestó que aguardan la reglamentación de la ley por parte del Poder Ejecutivo con el objetivo de recurrir al auxilio de la Justicia para intimar a las mismas que remitan las documentaciones requeridas desde el ámbito legislativo.

“Muchas organizaciones se negaron a darnos datos. Ahora hay un marco legal y estimo que vamos a tener que recurrir lastimosamente a la Justicia. Las comisiones bicamerales de investigación de todos los congresos del mundo tienen poderes constitucionales que les permite requerir informes hasta a particulares, vamos a seguir insistiendo”, sostuvo a la 1020 AM.

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Asimismo el parlamentario acotó que no se quiere entrar y secuestrar los documentos. “Esto se hace por las buenas, aquí la ciudadanía tiene que saber en qué se gasta la plata, no es para perseguir a nadie. Yo no creo que los allanamientos sean necesarios porque la Justicia puede denegar o puede ordenar que las organizaciones traigan sus documentos”, aseguró.

Leite detalló que la comisión bicameral de investigación encontró hechos llamativos en las ONGs que recibieron financiamiento de cooperación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Unión Europea (UE).

“El que trabaja con el Estado paraguayo tiene que estar en condiciones de rendir cuentas. Nunca estuvo en nuestro espíritu ni allanar, garrotear ni perseguir. Hay personas, medios de comunicación, periodistas que no desean que sus nombres se revelen y se resistieron hasta ahora, pero vamos a seguir insistiendo por las buenas”, mencionó.

El congresista agregó: “Jamás vamos a pedir que se secuestre o se allanen a las ONGs, esto solo es para los delincuentes, no creemos que las ONGs estén metidos en temas delictivos, pero sí creemos que esconden información”.

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El senador colorado Gustavo Leite puso sobre la mesa un tema que promete generar polémica y abrir una nueva línea de investigación sobre el manejo de recursos públicos: el destino de los millonarios fondos invertidos por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI). En entrevista televisiva, tras la promulgación de una ley que obliga a transparentar los fondos recibidos por las oenegés que operan en Paraguay, el legislador anticipó un siguiente paso, que será revisar qué pasó con los 775 millones de dólares destinados a la educación, sin que se haya visto una mejora tangible en los últimos diez años.

• Unidad de Investigación Nación Media

“Hoy se abre un camino hacia la transpa­rencia”, manifestó Leite, al tiempo de señalar que la situación educativa del país sigue siendo alarmante a pesar de las multimillona­rias inversiones. “Este es un curro de USD 800 millo­nes al año, según la DNIT. El próximo gran curro es a dónde se fueron a parar los USD 775 millones que el Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investiga­ción invirtió en nuestra edu­cación, que no mejora en los últimos 10 años”, expresó. Además, el senador no des­cartó la posibilidad de que varias instituciones y actores hayan intervenido en la dis­tribución de esos recursos.

El Fondo para la Excelencia en la Educación y la Inves­tigación (FEEI) fue creado en 2012 con el propósito de financiar proyectos de gran impacto en la educación y la investigación científica en Paraguay. Los recursos provienen del Fondo Nacio­nal de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que a su vez se nutre de los ingresos generados por la explotación de la represa hidroeléctrica binacional Itaipú. Desde su creación, el FEEI ha aprobado pro­yectos relacionados con la mejora de la infraestruc­tura educativa, la forma­ción docente, el acceso a tecnología y el desarrollo de programas para garan­tizar la inclusión educativa.

Sin embargo, el uso de estos recursos ha estado rodeado de críticas. Según informes recientes, Paraguay sigue enfrentando serios proble­mas educativos. Más del 65 % de los estudiantes no alcanza el nivel básico de comprensión lectora, y en matemáticas, los resulta­dos son aún más alarman­tes: solo el 13 % supera los niveles mínimos estable­cidos por las evaluacio­nes internacionales como PISA. Además, los docen­tes enfrentan graves difi­cultades en su formación y actualización, mientras que la infraestructura escolar, especialmente en zonas rurales, está en con­diciones deplorables.

A pesar de los millonarios desembolsos, la situa­ción de la educación en Paraguay es paupérrima. Según datos del Ministe­rio de Educación y Cien­cias (MEC), más del 30 % de las escuelas públicas tie­nen infraestructura pre­caria, y un 20 % no cuenta con acceso a agua potable o baños en condiciones ade­cuadas. Además, el aban­dono escolar sigue siendo un desafío: alrededor del 10 % de los estudiantes no culminan la educación pri­maria, y la cifra aumenta significativamente en el nivel secundario.

Otro punto crítico es la falta de formación y capa­citación docente. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que solo un porcentaje limi­tado de los maestros cuenta con habilidades para aplicar métodos pedagógicos inno­vadores, lo que repercute directamente en la calidad del aprendizaje de los estu­diantes.

El anuncio de Gustavo Leite llega en un momento clave, en el que la ciudadanía exige mayor transparencia en el manejo de los recur­sos públicos. La reciente promulgación de la ley que obliga a las oenegés a rendir cuentas sobre los fondos que reciben sienta un precedente para extender estas medidas a otras áreas, como el manejo del Fonacide y el FEEI.

El FEEI ha financiado pro­yectos como el programa de primera infancia Abrazo, que busca apoyar a niños en situación de vulnerabili­dad, y la dotación de tecno­logía para el aprendizaje en las escuelas. Sin embargo, los resultados no han sido consistentes con la magni­tud de las inversiones. Una auditoría más exhaustiva de estos recursos podría arrojar luz sobre las posi­bles irregularidades en la ejecución de los proyectos.

La transparencia en la gestión de los recursos del FEEI es, sin lugar a dudas, un tema de interés nacio­nal. Como señaló Leite, el hecho de que la educación no haya mejorado signi­ficativamente a pesar de las cuantiosas inversiones obliga a las autoridades a cuestionarse sobre la efi­cacia y la correcta ejecución de estos recursos.

El desafío no solo radica en determinar si hubo irre­gularidades en el uso de los fondos, sino también en repensar cómo deben estructurarse los progra­mas de inversión educativa para que realmente bene­ficien a los estudiantes y mejoren las alarmantes cifras actuales. Por ahora, el camino hacia la trans­parencia parece abrirse con fuerza, y el escruti­nio público será clave para garantizar que los recursos destinados a la educación sean utilizados en benefi­cio del futuro de Paraguay.