El interventor de la municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, comentó que se vio obligado a recurrir ante el Ministerio Público con la finalidad de acceder a documentaciones sobre la administración del intendente Miguel Prieto. El economista había denunciado, el martes pasado, que su labor de fiscalización se ve obstaculizada por la falta de cooperación de los directivos de las dependencias municipales.

“Estamos iniciando el día 25 de los 60 que disponemos para el proceso de intervención. Estamos trabajando con las documentaciones a las que pudimos acceder, mientras que algunas estamos gestionando con el Ministerio Público. Nosotros hemos solicitado formalmente el apoyo de la Fiscalía y nos dicen que se pueden disponibilizar las documentaciones remitidas por la Municipalidad de Ciudad del Este", dijo este jueves en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Aclaró que las documentaciones que accederán no guardan relación con aquellas vinculadas a causas judiciales en curso contra Miguel Prieto. “Aquí nos encontramos con la particularidad de que muchas de las documentaciones fueron remitidas al Ministerio Público de manera original y extrañamente no obran copias en los archivos de la institución. Vamos a acceder a las documentaciones que no están vinculadas a los procesos abiertos”, comentó el economista que asumió la administración del municipio el 23 de junio pasado.

Las afirmaciones de Ramírez surgen tras darse a conocer que Miguel Prieto incurrió en la presunta malversación y daño patrimonial por G. 42.000 millones. La administración de este intendente contaba con una partida presupuestaria equivalente a G. 83.000 millones que debía ser destinada para gastos de capital, es decir, en obras e infraestructura. Sin embargo, un total de G. 42.000 millones fueron a parar a gastos corrientes.

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A través de un comunicado, el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) anunció la habilitación de tres nuevas oficinas regionales, donde se dará atención permanente de lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas.

El objetivo con la habilitación de estos nuevos puntos de atención es lograr la descentralización y de esta manera acercar los servicios a las diferentes comunidades de manera más eficiente.

En total, son tres los nuevos puntos de atención; en la región oriental, las oficinas se encontrarán en el barrio 8 de diciembre, en la ciudad de Yhú, departamento de Caaguazú.

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Para dar cobertura en el departamento Central y la región occidental, las oficinas estarán situadas en la Municipalidad de la ciudad de Benjamín Aceval en el departamento Presidente Hayes.

En cuanto a la región occidental, área del Gran Chaco, a partir del lunes 21 de julio se habilitará una oficina en la municipalidad de la localidad de Teniente 1ro. Manuel Irala Fernández en el departamento de Presidente Hayes.

Respecto a la oficina del Indi ubicada sobre la avenida Artigas, confirmaron que cesará la atención al público en general desde esta semana.

“Esta reestructuración responde al compromiso del gobierno del Paraguay de garantizar una atención más eficiente, inclusiva y territorialmente equitativa, priorizando la cercanía con las comunidades indígenas que residen mayormente en el interior del país”, reza el comunicado oficial.

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La administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, contaba con una partida presupuestaria equivalente a G. 83.000 millones que debía ser destinada para gastos de capital, es decir, en obras e infraestructura. Sin embargo, un total de G. 42.000 millones fueron a parar a gastos corrientes.

Al respecto el economista Ramón Ramírez, encargado de la intervención de la comuna esteña, afirmó que esta situación expone la existencia de malversación y daño patrimonial.

“Esos G. 83.000 millones destinados a gastos de capital ya son cifras reconocidas por la municipalidad en su informe de descargo ante la Contraloría General de la República. La municipalidad en su respuesta ya segrega que G. 41.000 millones gastó en gastos de capital y G. 42.000 millones en gastos corrientes. Esto ya es un reconocimiento de que la municipalidad malversó G. 42.000 millones”, dijo a la 800 AM.

Manifestó que: “La utilización malversada de fondos que están destinados también ya configura un daño patrimonial. Estamos ahondando y viendo si efectivamente existen documentos para ver cómo se gastaron estos recursos".

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Por otra parte, Ramírez ratificó que su labor como fiscalizador está siendo obstaculizada mediante el ocultamiento de documentos. “El proceso de auditoría tiene un lapso de maduración, estamos trabajando de acuerdo a un cronograma que establecimos para revisar los 12 puntos que están en el requerimiento de intervención, pero que refieren a 114 observaciones formuladas por la Contraloría”, indicó.

“Estamos avanzando en ese frente dentro de las limitaciones, restricciones y maniobras de ocultamiento de documentos y acceso. La no existencia de documentos también es un hallazgo porque significa que no está respaldado un gasto”, sostuvo el interventor.

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La intervención en proceso en la Municipalidad de Ciudad del Este, está revelando cada vez con más claridad cómo funcionaba el esquema que organizó el intendente Miguel Prieto para concretar su maquiavélica gran estafa, con el objetivo de embolsillarse millonarias sumas pertenecientes a las arcas públicas. Le contamos cómo era el proceso para la tragada sistemática de dinero de los contribuyentes.

Mientras continúa la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del economista Ramón Ramírez, va saltando al tapete cada vez con más claridad cómo operaba Miguel Prieto para llevar a cabo la maquiavélica estafa, que prácticamente vació las arcas de la municipalidad esteña.

Prieto y sus cómplices creían tener el esquema muy bien planeado, pero se les escaparon algunos detalles importantes que finalmente sirvieron a la Fiscalía de Delitos Económicos como elementos para señalarlos por las figuras penales de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente “opositor”, Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación “de urgencia” a la firma Tía Chela S.R.L. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo, y Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo, es decir, dos días antes.

Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, mismo día que la Municipalidad firmaba contrato con Tía Chela S.R.L, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos.

El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que en realidad no fueron proveídos por Tía Chela S.R.L.

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A la “escenografía”, que montó Prieto se suma otro hecho curioso. En el anverso del cheque que cobró el propietario de Tía Chela, Fermín Ávalos, estaba escrita a mano la frase “para comisión de Francisco Arrúa”. Arrúa es nada menos que el director administrativo de la Municipalidad de Ciudad del Este. Es decir, antes de concretarse la entrega de los víveres, ya estaba planificada la repartija de tajadas a los involucrados en la licitación que favoreció a Tía Chela.

Un dato no menor es que, al momento de convocar a los oferentes, se invitó a Tía Chela S.R.L de Fermín Ávalos, a Danielito S.R.L de Felipe Ávalos (padre de Fermín) y a Yrupē, de Sady Lorena Martínez, quien ya contaba con millonario contrato de alimentos.

Esta convocatoria a miembros de una familia y cercanos, hace sospechar a la Fiscalía de que el proceso de licitación fue solamente un maquillaje para direccionar la adjudicación hacia Tía Chela S.R.L.

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El departamento de Crimen Organizado realizó verificaciones aleatorias de datos de los supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figuran en las planillas, y resultó que varios de ellos residen o en el extranjero, o en otros departamentos del país alejados de Ciudad del Este.

Por si fuera poco, en las planillas datos que debieron ser consignadas por los beneficiarios, se observa claramente que la caligrafía pertenece a una misma persona, que llenó todo el documento para simular la entrega de los kits.

Un nuevo hilo del ovillo fue publicado este martes en el diario La Nación. Este nos lleva a la detección de un esquema dedicado a desviar fondos utilizando como pantalla el consumo de combustible para la municipalidad.

En el “teatro” que armaron, no tuvieron en cuenta que es físicamente imposible que en un solo día un automóvil utilice casi 100 litros de combustible. Según el documento que presentaron, un solo vehículo cargó G. 800.000 de carburante en un día,

Todos los datos detectados fortalecen cada vez más la sospecha de que en la administración municipal esteña instauró un esquema corrupto que aprovechaba su posición de privilegio para sustraer sistemáticamente dinero público.

No se descarta que en el transcurso de los días salgan a luz nuevas denuncias relacionadas a acciones irregulares bajo el consentimiento cómplice del intendente Miguel Prieto.