En medio de una caldeada sesión en la Cámara de Diputados, nuevamente la legisladora Celeste Amarilla brindó fuertes declaraciones en su alocución en la que reclamó su derecho de tomar la palabra, inclusive el presidente de la Cámara Baja intentó que la misma aguarde un momento para tomar la palabra, pero Amarilla no se allanó al pedido.
En un momento dado, dentro de sus declaraciones, la diputada Amarilla manifestó: “Y quemé el Congreso con, ¿cómo se llama el gordo imbécil? (haciendo alusión aparentemente al líder juvenil liberal Stiben Patrón), ese, quemé el Congreso con el gordito ok… échenme”, dijo.
Cabe recordar que Stiben Patrón fue imputado y soporta proceso en la actualidad por la fabricación de bombas molotov para atracar y quemar el Congreso Nacional el pasado 31 de marzo del 2017, y actualmente es uno de los principales impulsores, especialmente en redes sociales, de la campaña de la dupla aspirante a la Presidencia y Vicepresidencia de la República Efraín Alegre y Soledad Núñez, respectivamente.
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Otra declaración peligrosa emitida por Celeste Amarilla ante el pleno de la Cámara de Diputados fue: “Y compré mi banca por 180.000 dólares y ahora voy a comprar por 300.000 dólares”, ratificando así anteriores declaraciones similares, además de agregar que en esta oportunidad la misma ganará su candidatura con el doble de votos.
Estas declaraciones, más allá de ser o no verdades, generaron una indignación colectiva en redes sociales, ya que no es la primera vez que asume responsabilidad en hechos de corrupción como parte de sus discursos en los cuales sostiene que es blanco de una persecución por parte de sus colegas.
De esta manera, Celeste Amarilla una vez más protagonizó uno de los momentos más acalorados en la sesión, especialmente porque no escatimó en insultos y adjetivos calificativos negativos hacia sus colegas, asumiendo una vez más una postura no muy acorde al lugar y el cargo que ostenta.
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Diputados definirá sobre protección de datos personales y prohibición de celulares en las cárceles
La Cámara de Diputados tiene prevista llevar adelante su sesión ordinaria este martes 1 de abril, para ello, la mesa directiva estableció un orden del día que incluye un total de 19 puntos a ser tratados desde las 09:00. Entre ellos se destaca el proyecto de ley “De protección de datos personales en Paraguay”. Asimismo, tienen previsto analizar una propuesta que prohíbe el ingreso de equipos celulares en los centros penitenciarios y educativos del país.
De acuerdo al orden del día, el plenario dará continuidad al estudio sobre la propuesta de “Protección de datos personales en Paraguay”, que se encuentra en su primer trámite constitucional y cuenta con aprobación en general y deberán avanzar en su estudio en particular.
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Al respecto, la exposición de motivos señala que el proyecto tiene por objeto la protección integral de los datos personales de las personas físicas, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de sus titulares, y la libre circulación de tales datos, de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de los cuales Paraguay es parte.
Recuerdan que esta propuesta cuenta con 88 artículos distribuidos en 11 capítulos, que abarcan temas como limitaciones al derecho de protección; exactitud de datos; principios de lealtad, transparencia, responsabilidad, confidencialidad; plazo límite de conservación de datos; consentimiento de adultos, niños, niñas y adolescentes; interés legítimo; tratamiento de datos sensibles; tratamiento de datos crediticios; datos de video-vigilancia; datos de la administración pública, entre otros.
Dicha normativa es producto de un extenso trabajo encaminado por la “Coalición de Datos Personales”, que reunió a varios representantes, tanto del sector público como del sector privado, y expertos internacionales, para trabajar y consensuar un documento que se constituya en herramienta jurídica para proteger los datos personales en nuestro país.
Celulares en cárceles
Por otra parte, el plenario tiene en agenda la consideración del proyecto de ley “Que prohíbe la introducción no autorizada de teléfonos celulares, satelitales, equipos informáticos y cualquier medio de comunicación, ya sea electrónico o no, en los centros penitenciarios y educativos del país”. El documento subraya la necesidad de fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario nacional y reducir la influencia del crimen organizado.
Según la exposición de motivos, la introducción de dispositivos electrónicos en las cárceles facilita actividades delictivas como extorsiones, tráfico de drogas, estafas, homicidios y hasta riesgo de planificación de fugas. El proyecto de ley que se encuentra en su primer trámite constitucional propone penas privativas de libertad que oscilan entre 2 y 7 años para quienes introduzcan estos dispositivos, dependiendo de las circunstancias y el rol del infractor.
Los castigos más severos se aplicarán a funcionarios públicos o proveedores autorizados en los centros penitenciarios que violen las normas, con penas de hasta 7 años de prisión. Además, se contempla la penalización de la tentativa.
El documento también resalta que, pese a los esfuerzos de las autoridades por controlar el ingreso de estos dispositivos, la problemática persiste debido a vulnerabilidades tecnológicas y la falta de sanciones contundentes.
“El sistema de inhibición de señales de comunicación celulares actualmente posee puntos vulnerables, los cuales pueden ser aprovechados para anular el bloqueo y así utilizar los dispositivos celulares por un tiempo o bien de manera indefinida”, dice una parte del texto.
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Diputados analizarán exoneración de pagos de peajes para habitantes de distritos afectados
La Cámara de Diputados tiene previsto analizar como primeros puntos del orden del día en su próxima sesión ordinaria, dos proyectos de ley que plantean la exoneración de pagos de las tasas de peajes en todo el país, por un lado y por otro, la exoneración de la misma tasa en los peajes del departamento de Itapúa.
Durante la última reunión de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, establecieron el orden del día para la plenaria ordinaria del próximo martes 1 de abril. Como primer punto incluyeron el proyecto de ley “Que establece el procedimiento jurídico marco para la exoneración del pago de la tasa de peajes en todo el país”.
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Esta propuesta busca que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), tenga una herramienta legal a la hora de exonerar el pago de la tasa de peaje a los ciudadanos. El documento expone que la iniciativa surge en respuesta a las constantes manifestaciones de pobladores de diversos distritos, que se oponen al pago de la tasa de peaje y solicitan su exoneración en los puestos habilitados dentro de sus municipios.
El proyecto establece, además la exoneración total del pago del peaje a los habitantes de los distritos donde se encuentran los puestos de cobro. “Este beneficio aplicaría para un máximo de dos veces al día (ida y vuelta) y solo en los peajes ubicados dentro del municipio de residencia del beneficiario. Además, se propone una reducción del 50% en la tarifa para los residentes de distritos aledaños dentro del mismo departamento”, explica el documento.
Asimismo, la iniciativa que se encuentra en su primer trámite constitucional contempla la exoneración total del pago de peajes para ambulancias, unidades de emergencia médica, vehículos oficiales de las Fuerzas Públicas y cuerpos de bomberos, con el fin de garantizar la operatividad de estos servicios esenciales sin costos adicionales.
Peajes en Itapúa
Por otra parte, se incluyó además una segunda propuesta similar, pero en este caso, se solicita la exoneración del pago de peaje dentro del Departamento de Itapúa. Plantea la exoneración de las tasas al tránsito automotor en la estación ‘Portal de Itapúa’, ubicada en el kilómetro 281 de la Ruta PY01, distrito de General Delgado del Departamento de Itapúa, a los vehículos de ciudadanos de la comunidad de San Ramón del distrito de Santiago (Misiones) y Gral. Delgado (Itapúa)”.
Según la exposición de motivos, la iniciativa tiene como objetivo aliviar la carga económica de los habitantes de la región, los que deben desplazarse diariamente por dicho tramo para cumplir con sus obligaciones laborales, comerciales, educativas y de salud.
Añade que la iniciativa surge en respuesta al Decreto Nº 3.420, emitido el 28 de febrero de 2025 por el Poder Ejecutivo, que ordenó el traslado del peaje del distrito de Coronel Bogado al distrito de General Delgado.
“Esta reubicación, que entró en vigencia el 4 de marzo del presente año, ha generado un fuerte rechazo por parte de los ciudadanos afectados, los que han manifestado su descontento y exigen alternativas que mitiguen el impacto económico de la medida”, expresa parte del documento de fundamentación del proyecto.
El proyecto de ley, que también se encuentra en su primer trámite constitucional, establece la exoneración del 100% del pago de peaje para los ciudadanos de San Ramón y General Delgado, siempre que presenten documentos que acrediten su residencia en dichas localidades.
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Diputados manda al archivo pedido de interpelación a la ministra de Salud
Por mayoría, el plenario de la Cámara de Diputados rechazó y mandó al archivo el proyecto de Resolución por el cual cita e interpela a la ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, presentado por varios legisladores de la oposición; luego de que se dieran la muerte de neonatales en hospitales públicos.
El resultado de la votación fue de 34 votos por el no y 7 votos por el sí, con lo que la iniciativa quedó archivada. Al respecto, la líder de la bancada oficialista, Rocío Abed, explicó si bien la herramienta constitucional de la interpelación es útil para que autoridades del Estado brinden información sobre su gestión, solicitó poner en dudas la buena intención de sus colegas, ya que previamente habían solicitado la destitución de la ministra.
Sin embargo, pese a esto, la parlamentaria sostuvo que ya en su momento Barán explicó punto por punto sobre la lamentable situación que se dio con la muerte de los neonatales. Asimismo, resaltó lo comprometida que está la ministra con la gestión en la cartera sanitaria.
“En el ministerio de Salud hay un problema sistémico, donde creo que todos tenemos una cuota de responsabilidad, por supuesto que no es momento que saquen la nalga de la jeringa, Esperanza Martínez, Lugo, Mazzoleni y todos los que han pasado, también nosotros los parlamentarios. Sería bueno también que seamos más creativos en propuestas de solución, más allá de la interpelación, que en puridad no debería causar agravio, pero es evidente la mala intención de fondo de la pseudo oposición y supuesta disidencia”, cuestionó.
La parlamentaria señaló que, si bien hay mucho por ajustar en la cartera sanitaria, la ministra está demostrando con gestión y lo mucho que se está invirtiendo para mejorar el sistema. También señaló que es muy probable que todavía se siga lamentando los muchos errores, así como existen errores en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, por ello, instó a seguir imprimiendo más compromiso en el Ministerio de Salud, para que cada vez sean menos las muertes que podrían ser prevenibles.
“Insto a los compañeros a que piensen en proyectos creativos, construyamos juntos, presentemos proyectos creativos que permitan una reforma integral. Por tanto, considero impertinente, improcedente en este caso la interpelación. Yo dudo de la buena intención de fondo, pero sí creo que hay puntos por esclarecer y yo me ofrezco a llevar una reunión con la ministra para aclarar esos puntos”, concluyó.
Ministra brindó respuestas
A su turno, el diputado Hugo Meza, de la bancada B del Partido Colorado, dijo que Barán ya dio una respuesta sobre los casos, con acciones. “Creemos que la ministra Barán ha hablado y ha tomado acciones inmediatas con la destitución de su viceministro de Salud, y la remoción de una cantidad importante de directores generales que consideró que tuvieron responsabilidad en la cadena de decisiones que lastimosamente arrojó la muerte de la criatura”, destacó.
Asimismo, agregó que lastimosamente el sistema de salud está agotado y necesita una gran reforma, y ahí pasa por la responsabilidad de todo el cuerpo legislativo.
“Quiero recordarles que primero se solicitó la destitución de la ministra y como eso fracasó ahora estamos hablando de la interpelación, pero nuestro problema no pasa con cambios de nombres. Necesitamos una reforma general que necesita el sistema de salud. Pero no podemos dejar de reconocer que en Salud Pública se viene dando una política de Estado que inició con el Gobierno anterior, con reformas importantes y que ahora este Gobierno lo está llevando a término a más de proyectar otros nuevos proyectos”, remarcó.
Preguntas básicas
A su turno, el diputado Miguel Del Puerto cuestionó que el pedido de interpelación se base en preguntas básicas que incluso se podrían debatir en el plenario, sin la necesidad de la presencia de la ministra de Salud.
“Son preguntas básicas. Las USF se están habilitando en los diferentes departamentos con recursos humanos calificados, especializados en medicina familiar. Lamento que un colega haya dicho que se están contratando sanguijuelas, si contratar cirujanos infantiles, oncólogos, neurocirujanos, especialistas en los diferentes niveles. Espero siga teniendo la voluntad y fuerza la ministra de seguir contratando este tipo de sanguijuelas para el sistema de salud a nivel nacional. Hagamos críticas responsables y reconozcamos lo que se está haciendo”, enfatizó.
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Diputado e intendentes de Itapúa analizan soluciones para la Caja Municipal
El diputado Germán Solinger recibió a una comitiva de intendentes de Itapúa, encabezada por la jefa municipal de La Paz, Blanca Chávez y en esta reunión abordaron sobre la situación crítica de la Caja De Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal y plantearon varias alternativas de modo a recuperar su estabilidad.
“Requiere de un trabajo profundo y ver cómo se inició todo esto, qué pasó y en qué momento, además qué salida se le puede dar porque es bastante preocupante, año tras año va empeorando, pero también los responsables deben asumir la responsabilidad, sino es muy sencillo todo y termina en la nada, se tiene que tomar en serio”, afirmó el legislador.
Solinger indicó que la situación de la caja preocupa a todos los funcionarios municipales, puesto que actualmente está en riesgo su capacidad para hacer frente al pago de los jubilados y esta problemática se extendería a generaciones futuras, por lo que urge poder determinar una solución que permita nuevamente su sostenibilidad.
“Estuve hablando con la doctora Blanca porque ellos trajeron planteamientos muy interesantes y convenientes para todos los funcionarios municipales. Es un problema que ya data desde hace varios años, yo fui intendente en dos periodos y conozco muy bien la situación y cada vez se está complicando más”, manifestó ante varios medios de prensa.
El diputado indicó que considera oportuna la reacción de los intendentes, puesto que aún hay tiempo para encontrar una salida. Además adelantó que considera que los jefes municipales de otros departamentos también se adherirían a los planteamientos de la comitiva itapuense, ya que sin una solución, cientas de personas saldrán perjudicadas.
“Vamos a reunirnos con el presidente de la Cámara de Diputados haciéndole llegar estas inquietudes. La doctora Blanca también estuvo hablando con el presidente del Senado de esta situación y él le pidió 15 días de tiempo para poder analizar esto y determinar qué camino seguir, entiendo que la misma postura estaría asumiendo el presidente de la Cámara”, refirió.