“No se puede mejorar el servicio si uno no tiene recursos”, sostuvo el presidente de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay, Augusto Salas, tras la decisión de los diputados de aceptar el rechazo del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, al requerimiento de ampliación presupuestaria solicitada por el Ministerio Público.
“En realidad el más vulnerable es quien sufre esta situación porque el que tiene capacidad económica contratará a abogados, técnicos o peritos, pero existe un porcentaje elevado de personas vulnerables que serán los afectados y no los funcionarios del ministerio, mucho menos los políticos”, mencionó en comunicación con la radio 1020 AM.
El representante del gremio agregó que con el tratamiento del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2023, la situación será similar.
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“Esto es un perjuicio tremendo para la Fiscalía, teníamos la esperanza de que los parlamentarios se reafirmaran a favor de la ley de ampliación presupuestaria, la situación de la institución es muy grave, estamos con muchas dificultades estructurales, ya que necesitamos de más funcionarios. Esta situación vamos a cargarla probablemente también en el próximo año. Ellos terminaron por perjudicar a todo un sistema y a la ciudadanía”, lamentó.
Lo que establecía el proyecto
De haberse dado la ampliación de 64.707 millones de guaraníes, los recursos iban a ser utilizados para la creación de 49 nuevas unidades fiscales para el fortalecimiento de unidades especializadas en delitos económicos, delitos contra la corrupción, contra el narcotráfico, de lucha contra el abuso sexual en niños y niñas.
Además, proyectaba la habilitación de unidades penales en ciudades como Mayor Otaño, Encarnación, San Pedro del Ycuamandyyú, San Lorenzo, Capiatá, Luque, entre otras. Los recursos también iban a ser destinados en gastos de funcionamiento, contratación de médicos forenses, psicólogos, trabajadores sociales, peritos y choferes.
El documento también establecía la adquisición de detectores de metales, escáneres, equipos de laboratorio para ADN, microscopio comparador, discos duros para pericia forense, unidades móviles con su respectivo combustible, pago de servicio de energía eléctrica y pago de alquileres en ciudades de todo el país.
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Juego sucio de Abdo: blindó a su financista y persiguió a sus rivales
Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez se consolidó un sistema perverso que ofrecía blindaje a sus aliados mientras perseguía a sus enemigos políticos con métodos cuestionables y delictivos. El caso de Lalo Gomes es ejemplificador.
Por un lado, el Ejecutivo tuvo en sus manos al menos 7 informes de inteligencia y 13 Registros de Operaciones Sospechosas (ROS) que señalaban los vínculos turbios de su jefe de campaña en Amambay con organizaciones criminales (con Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca). Sin embargo, en lugar de actuar, el gobierno abdista no solo lo mantuvo como financista y operador político, sino que también lo llevó al Congreso como diputado, cajoneando su expediente durante cuatro años.
Mientras protegía a Gomes, el Gobierno desplegó un operativo de garrote político contra sus adversarios, especialmente contra Horacio Cartes y Santiago Peña. Este esquema, que involucró a instituciones como la Seprelad, consistió en la creación de una oficina paralela dentro del organismo, donde funcionarios sin atribuciones legales elaboraron informes fraguados y filtraron información confidencial a medios afines.
Además del exmandatario Abdo, están implicados en este esquema los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui, René Fernández, los exfuncionarios Carmen Pereira, Daniel Farías Kronawetter, Francisco Pereira Cohene, además de Mauricio Espínola.
MONTAJE Y FILTRACIÓN
El operativo de montaje y filtración de información confidencial se inició con el montaje de una dependencia paralela dentro de la Seprelad con funcionarios ajenos a la institución y sin atribución legal para investigar exclusivamente a Horacio Cartes y su entorno.
Carlos Arregui, ministro de la Seprelad; Carmen Pereira, en calidad de directora de Análisis Financiero y Estratégico, y luego como Secretaría Adjunta de la Seprelad, ordenaron y acomodaron la improvisada “oficina paralela”.
Con el propósito de debilitar a los políticos contrarios en el ámbito político, económico y electoral, fue elegido para hacer el trabajo Daniel Farías Kronawetter, asesor de inteligencia financiera del Ministerio del Interior (hasta junio de 2022). Otro que tuvo especial participación fue René Fernández, entonces ministro de la Secretaría Anticorrupción, quien fue el editor del documento hecho por el funcionario.
Farías y Fernández, sin ser funcionarios de la Seprelad, fueron los responsables de elaborar un primer documento secreto en formato Word. En el texto se incluían datos de salarios de Santiago Peña y Óscar Boidanich.
La Fiscalía sospecha que el archivo secreto elaborado por Farías y Fernández habría tenido un doble propósito, por un lado, servir de base para la filtración de datos confidenciales de Peña y Boidanich a través de los medios de prensa (como lo hicieron Abdo y su secretario privado Mauricio Espínola), y por el otro, que estos mismos datos fueran utilizados para la emisión del posterior informe de inteligencia 10/2022.
Silencio de Marito confirmaría financiamiento de Lalo
El senador Leite señaló que el expresidente Abdo Benítez debería despojarse de sus fueros y someterse a la Justicia.
El senador Gustavo Leite dijo que el expresidente Mario Abdo Benítez debería presentarse ante la Justicia y aclarar todos los hechos revelados en los chats del teléfono del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, acusado de haber tenido vínculos con el narcotráfico, y que lo salpican. Afirmó que este caso es una prueba de fuego para la Fiscalía.
“Si Mario Abdo Benítez se precia de ser paraguayo, debería despojarse de sus fueros y presentarse a la Fiscalía lo antes posible, sino tendremos la prueba de que su campaña fue fondeada ilegalmente sin necesidad siquiera de otras actuaciones”, aseveró el parlamentario en contacto con La Nación/Nación Media.
Los últimos chats develados entre Gomes y Abdo revelan que ambos tuvieron fluidas conversaciones entre el 2019 y 2021. El entonces ganadero y dirigente político de Amambay, con vínculos con el narcotráfico, incluso realizaba pedidos y recomendaciones al presidente respecto a quienes deberían liderar instituciones sensibles como la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).
Para Leite lo que corresponde ante la gravedad de los chats revelados y la donación de USD 1 millón de Gomes a la campaña de Abdo, amerita que este renuncie a sus fueros como senador vitalicio y se someta a la justicia. “Por otro lado, la Fiscalía debe actuar de oficio e iniciar una investigación. El financiamiento político es muy sensible y si plata del narco entró a la campaña de alguien, ese alguien debe correr con todo el peso de la ley sobre sus espaldas”, sentenció.
Esta caso, que deja al desnudo el movimiento millonario que tuvo Gomes y que no fue motivo de intervención por parte de instituciones que tenían conocimiento sobre esto, como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) es una “prueba de fuego” para la Fiscalía la que debe actuar inmediatamente sin dilatar en exceso sus procesos “que nunca llegan a nada”, lamentó.
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Lalo ordenó e hizo nombrar a leal como subcomandante de la Policía
En 2021, Lalo Gomes hizo un pedido al entonces vicepresidente Hugo Velázquez para un ascenso clave del comisario Baldomero Jorgge. En febrero de 2022, el hombre leal al financista del abdismo fue nombrado como el número 2 de la Policía Nacional.
Chats y audios intercambiados entre el exvicepresidente de la República Hugo Velázquez y el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes exponen la sumisión del abdismo ante su principal financista de Amambay. El dirigente político demostraba su poderío en el gobierno de Mario Abdo Benítez requiriendo nombramientos dentro de la alta cúpula policial.
Las charlas develadas este jueves en el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, exponen no solo una gran confianza, sino una rotunda obediencia de Velázquez a Lalo Gomes, quien se desempeñaba como jefe de campaña del movimiento Fuerza Republicana liderado por el exmandatario, tras un presunto aporte de más de un millón de dólares, pese a los informes estatales que lo vinculaban con el narcotráfico.
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
El 9 de agosto de 2021, vía WhatsApp, Gomes pidió a Velázquez la designación del comisario Baldomero Jorgge Benítez para el cargo de director general de Investigación Criminal. Según las conversaciones, este pedido fue tramitado personalmente por el entonces segundo del Ejecutivo ante el excomandante Luis Arias. Casi un mes después, la solicitud fue concretada el 7 de setiembre de 2021 por el Ministerio del Interior, que entonces encabezaba Arnaldo Giuzzio.
En su requerimiento, Lalo Gomes escribió al exvicepresidente de la República: “Te quería explicar lo siguiente... si podés pedir al comandante de la Policía, Arias, para el nombramiento como director general de Investigación Criminal para ascenso a 3 estrellas al comisario Baldomero Jorgge. Él es nuestro amigo”.
La solicitud fue respondida por Velázquez mediante un audio: “Cuando esté con el comandante le voy a hablar. Esto se habla mano a mano, Lalo, saludos”.
A un mes de la conversación, el recomendado Baldomero Jorgge ascendió de director de Investigación de Hechos Punibles a director general de Inteligencia Policial, sustituyendo a Gilberto Fleitas, quien pasó a ser subcomandante de la Policía Nacional. Aunque pasarían solo 5 meses para que Baldomero Jorgge desplazara a Gilberto Fleitas en el alto cargo de la cúpula policial, por decreto de Abdo del 15 de febrero de 2022, debido a que Fleitas pasó a ser el comandante.
EL SILENCIO CÓMPLICE DE LOS MEDIOS ABDISTAS
Durante 17 días, los medios afines al expresidente Mario Abdo Benítez publicaron todos los detalles de los chats y audios del fallecido diputado y financista del abdismo, Eulalio “Lalo” Gomes. Sin embargo, cuando Nación Media empezó a divulgar aquellos mensajes que comprometían nada menos que al expresidente y a su vicepresidente, revelando cómo el exdiputado movía los hilos del gobierno anterior, algo curioso sucedió: los medios tradicionalmente afines al oficialismo, como Abc Color y Última Hora y sus portavoces, optaron por un silencio ensordecedor.
Lo que en otro contexto hubiera sido un escándalo de portada, quedó relegado a un segundo plano, casi como si nunca hubiera ocurrido. Estos medios, que suelen actuar como altavoces del Gobierno, prefirieron no profundizar en cómo Lalo, desde su rol de jefe de campaña del Amambay, logró imponer a su aliado incondicional como subjefe de la Policía.
El mutismo de estos medios no es casual. Los chats no solo exponen las maniobras de Lalo, sino que también salpican al propio gobierno de Abdo, a ese expresidente que buscan blindar, revelando una red de influencias y decisiones cuestionables. En lugar de informar con transparencia, optaron por proteger al aliado, ya que los chats revelan no solamente.
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Con nexo narco sabido, Lalo financió al abdismo con más de USD 1 millón
Al menos 7 informes de inteligencia de Seprelad y 13 operaciones sospechosas (ROS) daban cuenta de dudosas operaciones del financista del abdismo y de sus vínculos con capos como Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca.
El gobierno de Mario Abdo Benítez contaba con informes de inteligencia que ligaban a Eulalio “Lalo” Gomes con el narcotraficante Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca; sin embargo, el entonces presidente chateaba casi a diario con el pedrojuanino colorado e incluso recibió más de 1 millón de dólares para su campaña política.
Los vínculos del abdismo con el narcotráfico quedan cada vez más en evidencia, al exponerse nuevas conversaciones obtenidas del celular del fallecido Eulalio “Lalo” Gomes. En nuevos chats difundidos se ve el trato muy cercano y amigable con el expresidente Mario Abdo Benítez.
Extractos de los chats a los que accedió el programa “Arriba hoy”, del canal GEN, revelan pedidos de nombramientos, en muestra de abierta confianza y proximidad en el trato, y compromiso de apoyo en las internas coloradas de 2022. El 10 de mayo de 2020, Lalo Gomes se comunicó por WhatsApp con Abdo Benítez, a quien le pidió que intervenga para evitar un cambio en la Fuerza de Tarea Conjunta.
Lo llamativo del caso es que, desde el 2019, el entonces gobierno abdista manejaba informes de inteligencia que revelaban los nexos de Lalo con Cabeza Branca. Sin embargo, estos datos no se informaron a la Fiscalía hasta el 2021.
NO UNA, NI DOS, SINO 13 OPERACIONES SOSPECHOSAS
El 16 de noviembre de 2021, la Seprelad remite un informe autónomo al Ministerio Público, donde hace mención a 13 reportes de operaciones sospechas con respecto a Eulalio Gomes, pero estos ROS no se habían remitido anteriormente a la Fiscalía (cinco reportes del año 2017, uno del año 2018, otro del año 2019, cuatro del año 2020 y dos del año 2021). Recién en el informe del 2021 se hace mención a la vinculación de Eulalio Gomes con Cabeza Branca, de acuerdo a un ROS remitido el 3 de diciembre de 2019 por un sujeto obligado del sector seguros.
Atendiendo a la vinculación de Eulalio Gomes con Cabeza Branca, según ROS del sujeto obligado del sector seguros, la Seprelad incluye en el informe mencionado que en el marco de la causa Cabeza Branca fueron respondidos diversos requerimientos de los agentes fiscales intervinientes en la misma:
El 29 de junio de 2020 se remitió un informe al fiscal Carlos Alcaraz, y el 10 de setiembre de 2020, otro a la fiscala Lorena Ledesma. El 16 de enero de 2019 se había enviado un informe al legislador Antonio Buzarquis (Congreso Nacional) y a Mónica Sefart (de la Presidencia de la República). El 15 de noviembre de 2019 se había remitido un informe a la fiscala Elva Cáceres, otro el 16 de enero de 2018 a la fiscala Lorena Ledesma y otro más el 30 de agosto de 2018 a la fiscala Elva Cáceres.
“Se debe hacer lo que corresponde”
- DERLIS MAIDANA - Senador
“La Justicia no debe ser selectiva. Si el caso amerita, más tratándose de un presidente de la República, se debe hacer lo que corresponde, investigar y llegar a resultados concretos, que es lo que la ciudadanía espera para devolver la confianza y credibilidad a las instituciones”, aseveró el parlamentario.
“Yo mantengo mi posición de siempre, el Ministerio Público debe investigar todos los casos en los que hay indicios de hechos punibles, la vara debe ser la misma para todos, sin excepción, si la Fiscalía considera que debe pedir desafueros, debe proceder como corresponde y proseguir de la manera más rápida posible con las investigaciones”, añadió Maidana.
“Si Abdo no comparece, confirma financiamiento ilegal”
- GUSTAVO LEITE - Senador
“Si Mario Abdo Benítez se precia de ser paraguayo, debería despojarse de sus fueros y presentarse a la Fiscalía lo antes posible, sino tendremos la prueba de que su campaña fue fondeada ilegalmente sin necesidad siquiera de otras actuaciones”, aseveró el parlamentario Gustavo Leite.
“Por otro lado, la Fiscalía debe actuar de oficio e iniciar una investigación. El financiamiento político es muy sensible y si plata del narco entró a la campaña de alguien, ese alguien debe correr con todo el peso de la ley sobre sus espaldas”, expresó.
SELECTIVIDAD PARA LA PERSECUCIÓN POLÍTICA
En un ejercicio de selectiva asimetría gubernamental, el gobierno de Mario Abdo demostró una habilidad asombrosa para “cajonear” los abundantes datos que vinculaban a Lalo Gomes con organizaciones delictivas. A pesar de los informes de inteligencia financiera y las múltiples alertas, decidieron que lo mejor era mirar para otro lado, como si los documentos se hubieran perdido en un agujero negro burocrático.
Recién en 2021, cuando ya no quedaba más remedio, se animaron a presentar una denuncia ante la Fiscalía. La investigación avanzó a paso de tortuga, hasta que en agosto del año pasado terminó en un operativo fallido que dejó más preguntas que respuestas, y a Lalo muerto. Pero no todo fue inacción: para perseguir a sus enemigos políticos, como Horacio Cartes y Santiago Peña, sí hubo eficiencia.
Filtraciones, informes fraguados y datos falseados fueron el pan de cada día. Vaya paradoja: mientras los nexos narco se archivaban, la maquinaria de persecución política funcionaba a todo vapor.
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El presidente de la Corte, César Diesel, rechazó vinculación con conversaciones filtradas
Durante la sesión plenaria, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, aclaró que no puede asumir responsabilidad por conversaciones en las que no ha participado. La aclaración tiene que ver con relación a los chats filtrados del fallecido diputado Eulalio Gomes.
Por su parte, la ministra Carolina Llanes explicó el rol del ministro superintendente de las diferentes zonas del país, y el ministro Gustavo Santander señaló la necesidad de diferenciar las competencias dentro del sistema de Justicia y mejorar los filtros en la selección de jueces y fiscales.
El titular de la máxima instancia judicial, César Diesel, se refirió a las menciones a su nombre en dichas publicaciones y aclaró que no tiene vinculación con las conversaciones filtradas. “Quiero aclarar que no puedo ni voy a hacerme cargo de dichos de terceros ni de conversaciones en las que no he tenido participación. Esta aclaración la hago por respeto a mis colegas ministros, magistrados, jueces, funcionarios y toda la ciudadanía”, expresó el presidente de la Corte.
Por su parte, la ministra Carolina Llanes, vicepresidenta primera de la Corte Suprema de Justicia y presidenta de la Sala Penal, explicó las funciones del ministro superintendente dentro del sistema judicial, sosteniendo que su labor es administrativa y de supervisión general, sin injerencia en la asignación de causas ni en la resolución de expedientes judiciales dentro de la circunscripción asignada.
Subrayó, además, que el ministro superintendente es el canalizador de inquietudes y solicitudes dirigidas al Pleno de la Corte Suprema, garantizando la correcta comunicación entre magistrados, funcionarios, representantes de diversos sectores y el máximo tribunal, sin que ello implique intervención en decisiones jurisdiccionales.
En otro punto de la sesión, el ministro Gustavo Santander abordó las críticas al sistema de Justicia y enfatizó la importancia de diferenciar las competencias de los órganos que lo integran. Señaló que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) es un órgano extrapoder, cuyas decisiones impactan directamente en la percepción ciudadana sobre el Poder Judicial.