La gestión de Daniel Benítez se encuentra en el “ojo de la tormenta” luego de haber omitido información que recibió con relación al supuesto paradero de los restos del exvicepresidente de la República Óscar Denis, secuestrado por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Foto: Jorge Romero
Pese a escándalos, ministro de Justicia asegura que no renunciará
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El actual ministro de Justicia, Daniel Benítez, aseguró que no renunciará a su cargo como titular de esa cartera estatal. Dijo que sería “irresponsable” de su parte porque considera que tiene un compromiso con el presidente de la República y sostendrá el sistema penitenciario hasta que se pase “al nuevo sistema”.
“Yo no pienso dejar el cargo en el sentido de que tengo un compromiso con el presidente de la República, que confió en mi persona en este momento de la historia tan sensible y más dentro de una crisis penitenciaria que está desde hace tres años con la ley de emergencia penitenciaria”, señaló en la 1020 AM. “Sería irresponsable dejar el cargo y no aceptar este desafío que he asumido, estamos poniendo el mayor empeño para poder llevar adelante y sostener lo que es el sistema penitenciario actual hasta pasar al nuevo sistema”, puntualizó.
La gestión de Daniel Benítez, quien en su momento se desempeñó como viceministro de política criminal, se encuentra en el “ojo de la tormenta” luego de haber omitido una información brindada por Ana Dina Coronel, excoordinadora de Establecimientos Penitenciarios de Mujeres, que tuvo que ver con el paradero del exvicepresidente de la República Óscar Denis, secuestrado por el grupo criminal EPP, y del ganadero Félix Urbieta, secuestrado por el Ejército del Mariscal López.
El escándalo que involucró a las autoridades del Ministerio de Justicia no solo despertó el repudio ciudadano, sino también de varios referentes de la clase política, quienes vienen sosteniendo que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, debe destituir a Edgar Olmedo del Consejo de la Magistratura y a Daniel Benítez de la titularidad del Ministerio de Justicia.
El pedido del Poder Ejecutivo para intervenir las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, en proceso en la Cámara de Diputados, generó gran revuelo político y ambos intendentes, y sus respectivos aliados, han salido a defender su gestión, pero, cuáles son los motivos por los cuales se puede solicitar la intervención.
En conversación entre La Nación/Nación Media y el abogado Ricardo Preda, explicó que la existencia de un hecho punible o un indicio del mismo no es el único causal para una intervención; la sospecha de malos manejos administrativos, que no constituyan un delito, también pueden requerir la medida constitucional de la intervención.
“Por ejemplo, si yo utilizo un rubro en otro, es decir, dinero que está para construcciones para pagar salarios de los funcionarios, eso propiamente no es un delito porque no hay un perjuicio patrimonial, pero es una mala administración porque estoy usando incorrectamente los rubros”, detalló.
Hay un extenso listado de cuestiones que no corresponden a un delito como tal, pero sí habla de una mala gestión del administrador de gastos. Por citar algunos: falta de rendición de cuentas, desorganización en los registros contables y administrativos, inadecuado manejo de bienes patrimoniales, falta de respuesta a requerimientos de órganos de control, entre otros.
“Los defensores de uno de los intendentes, decía que ‘acá no hay perjuicio patrimonial’, yo desconozco porque no profundicé ninguno de los dos casos y no sé si es el caso, pero si una municipalidad paga todo con cheques al portador, eso es una mala administración, no necesariamente es un perjuicio patrimonial porque de por ahí se pagaron deudas que eran reales, pero no está bien que se pague de esa manera porque eso es poco transparente”, sostuvo.
El abogado Ricardo Preda explicó sobre el proceso de las intervenciones municipales. Foto: Archivo
La intervención
La intervención es una herramienta que está presente en el artículo n.° 165 de la Constitución y que está regulada por la ley n.° 317/1994. En estas normativas, se menciona la atribución de la Contraloría para cursar la solicitud de las intervenciones, mediante el Ministerio del Interior (Poder Ejecutivo), así como de las Juntas Municipales.
La Cámara de Diputados conformó dos comisiones especiales para investigar los motivos del pedido de intervención y que deberán emitir un dictamen en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su instalación. Posteriormente, el pleno deberá tratar este punto y definir si presta el acuerdo al Poder Ejecutivo para intervenir la municipalidad.
En caso de aprobarse la intervención, el Ejecutivo deberá designar a un interventor que tiene un plazo de 90 días, con posibilidad de prórroga, y deberá realizar una auditoría administrativa, financiera y legal de la gestión del intendente suspendido. Finalizado este trabajo, deberá remitir un informe recomendando la restitución o destitución del intendente
¿Pero, si el intendente renuncia, sigue en pie la intervención? No, si la renuncia presentada por el jefe comunal es aceptada por la Junta Municipal, la intervención queda sin efecto, no obstante, si existen presunciones de hechos punibles, el Ministerio Público tiene atribuciones para investigar.
“El hecho de que se le destituya o renuncie no cambia en absoluto de que el Ministerio Público va a estar obligado a perseguir esos delitos. Desde el punto de vista de los malos manejos que no constituyan hechos punibles que generan algún tipo de responsabilidad, igual la Municipalidad va a poder reclamar a esa autoridad que hizo incorrectamente, hay acciones civiles establecidas si hay algún perjuicio causado por el administrador, pero que no constituya hechos punibles”, puntualizó Preda a LN.
Ortega descarta renunciar a su banca en Diputados para hacer proselitismo
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La diputada del Partido País Solidario (PPS), Johanna Ortega, adelantó que no renunciará a su banca en la Cámara Baja y esto pese a que ya confirmó sus pretensiones electorales de apuntar a la intendencia de Asunción. La legisladora es criticada ya que hoy asume una posición que fue cuestionada de su parte en el periodo anterior.
“La renuncia es exagerada. Yo pediría permiso, que asuma el suplente y me dedicaría a hacer campaña 100 por ciento”, indicó la diputada al ser consultada si no piensa dejar la Cámara Baja con miras a las elecciones municipales del 2026.
La consulta a Ortega se realizó teniendo en cuenta que anteriormente había exigido al entonces diputado Sebastián García, renunciar a su banca antes de iniciar su trabajo proselitista a intendente en la capital por el Partido Patria Querida (PPQ), en el marco de los comicios del 2021, sin embargo, hoy asume otra postura.
La legisladora alegó que en aquel entonces desconocía el reglamento de la Cámara y que ahora leyó el documento y se dio cuenta que le da la oportunidad de pedir permiso a su banca. Lo que implica que si no corre su postulación, tendría la posibilidad de volver al Congreso en el mismo periodo parlamentario.
“La verdad que desconocía la posibilidad de pedir permiso para hacer campaña y retornar. Después hoy obviamente siendo diputada y leyendo el reglamento entiendo que puede haber un mecanismo”, señaló la parlamentaria del PPS.
El senador Natalicio Chase manifestó que el gobierno de Santiago Peña está impulsando una verdadera transformación del sistema penitenciario. Foto: Néstor Soto
Fuga en Minga Guazú: senador defiende la gestión de Nicora y exige castigo ejemplar
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El líder de la bancada del movimiento Honor Colorado en el Senado, Natalicio Chase, se refirió acerca de la fuga de 8 reclusos de alta peligrosidad del Centro de Reinserción Social de Minga Guazú. Para el legislador, es evidente la existencia de complicidad por parte de las autoridades del penal de máxima seguridad, razón por la cual exige un castigo ejemplar.
“Hay que definir las responsabilidades y tiene que haber un castigo ejemplar, esto no puede quedar así. La fuga es complicidad de los funcionarios penitenciarios porque no hay otra forma de que se haya realizado”, sostuvo a los medios de comunicación.
Chase defendió la gestión del titular del Ministerio de Justicia, Rodrigo Nicora, quien asumió el cargo tras la renuncia de Ángel Ramón Barchini. El legislador argumentó que el gobierno del presidente Santiago Peña está impulsando una verdadera transformación del sistema penitenciario.
“Se debe ordenar cambios en la administración de ese lugar, además de establecer la complicidad y esto tendrá una consecuencia penal seguramente. El ministro Nicora es el coordinador de toda la administración de justicia en el país, pero está establecido una cadena de responsabilidades. El no puede ser omnipresente, estar presente hasta en el más bajo nivel de administración, pero sí será su responsabilidad tomar las decisiones a tiempo que corrija los errores”, remarcó.
Chase siguió argumentando que “como nunca se está haciendo una transformación del sistema penitenciario y eso puede verse en las intervenciones que se hacen, a partir del gran operativo Veneratio en la penitenciaría de Tacumbú, situación que no se hizo en otros gobiernos. Está en camino una restructuración penitenciaria, esto tiene su tiempo”.
Lista de fugados
De acuerdo con los datos proporcionados, cuatro de los fugados pertenecen al Primer Comando Capital, uno al clan Rotela y los tres restantes no responden a ninguna facción criminal. En el transcurso de la madrugada de este jueves, los efectivos policiales lograron la recaptura de uno de los internos de nombre Fredy González Delvalle.
Según información de inteligencia los demás fugados estarían en la misma zona boscosa y se intensifica la búsqueda de Pablo Melgarejo Benítez, alias Chapolé, Wilson Dario Rotela Coronel, Derlis Ramón Giménez Oliveilla, Marcio Quadra Caetano, Anderson Queiros De Freitas, Fernando José Aquino Salinas y Juan Valentín Insfrán Espínola.
Designan a Rubén Maciel como nuevo viceministro de Política Criminal
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A través del decreto N° 5330 de la Presidencia de la República, se designó a Rubén Maciel Guerreño como nuevo viceministro de Política Criminal, en reemplazo de Víctor Benítez, quien presentó su renuncia tras ser nombrado como juez penal de Garantías. Maciel Guerreño ya había ocupado el mismo cargo en el 2020.
El nuevo viceministro confirmó ante la 920 AM que asumirá oficialmente a partir de este viernes 21 marzo y manifestó algunos de los objetivos del Ministerio de Justicia. En este sentido, sostuvo que está en proyecto la construcción de tres nuevas penitenciarías de mujeres y que está previsto el cierre del Buen Pastor.
Maciel ocupó previamente el mismo cargo desde el 2020 hasta el 23 de marzo del 2022, fecha en que presentó su renuncia tras la designación a Édgar Olmedo como ministro de Justicia. El nuevo viceministro es de profesión abogado y ocupó diversos cargos dentro del Ministerio Público.
Es máster en Sistema Penal Comparado y Problemas Sociales y en Argumentación Jurídica por la Universidad de Barcelona y por la Universidad de Alicante respectivamente, ejerce la profesión desde el 2001 y cuenta con experiencia en litigios en los fueros penal, administrativo, laboral y civil-comercial, es especialista en Derecho Procesal Penal, además de notario y escribano público.