Una audiencia pública se realizará mañana lunes a las 9:00 en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados para analizar la seguridad en la zona del Estadio Defensores del Chaco, en el barrio Obrero de Asunción.

Los vecinos fueron invitados a asistir para exponer sus quejas y preocupaciones. Se buscará trabajar en una propuesta de protocolo de acción que involucre a todos los afectados.

Será un espacio para que los pobladores de la zona exterioricen sus reclamos sobre el auge de inseguridad que conlleva los eventos realizados en el Estadio Defensores del Chaco, que incluyen espectáculos deportivos y conciertos.

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Precisamente, la mediación de los legisladores surge como consecuencia de las inquietudes de los residentes por los peligros que afrontan y que los obliga a refugiarse en sus hogares en los días de disputa de partidos de fútbol de gran envergadura, principalmente.

Los pobladores de las inmediaciones del citado complejo deportivo denuncian vivir asediados por la inseguridad, violencia de barras bravas, robos y vandalismo, especialmente durante eventos deportivos con mucha convocatoria.

Conforme expresaron, se sienten “rehenes” en sus hogares, forzando a muchos a cerrar negocios o abandonar sus casas durante los partidos.

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El diputado Hugo Meza confirmó que ya se reunieron las firmas necesarias para solicitar a la Comisión Permanente del Congreso la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados con el objetivo de tratar el proyecto de reforma de la Caja Parlamentaria.

“En el transcurso de la tarde (del lunes) se lograron las firmas. Están las 20 firmas y esto se va a comunicar en el transcurso de la mañana (de este martes) a la Comisión Permanente para que se pueda hacer la convocatoria a sesión extraordinaria para la modificación de la Caja Parlamentaria”, señaló el legislador.

A las 8:30 del próximo miércoles 18 de febrero se fijó el juicio oral y público del exministro abdista Arnaldo Giuzzio, acusado de supuesto cohecho pasivo agravado (coima), por recibir presuntamente favores del narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua; marco en que el Ministerio Público podría solicitar una inclusión probatoria de otro presunto vínculo narco del acusado con Lindomar Reges Furtado, detenido en Brasil.

En marzo de 2025, los agentes fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce habían solicitado al inicio de la causa que se libre exhorto a la Justicia de Brasil para acceder íntegramente las conversaciones por chat que mantuvieron Giuzzio y Reges, según reveló un peritaje de la Policía Federal al teléfono del brasileño que se había fugado de la operación Turf, en febrero de 2022 en Hernandarias (Alto Paraná), y fue capturado en Río de Janeiro (Brasil), en febrero de 2025.

Este 1 de febrero comenzó a regir para Paraguay el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur, un paso que vuelve a poner en agenda la estrategia de apertura comercial del bloque. La entrada en vigencia del acuerdo para las empresas exportadoras, operadores económicos y entidades vinculadas al comercio exterior fue anunciada en un comunicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

Se trata del primer tratado de libre comercio del Mercosur con un país del sudeste asiático, una región clave por su dinamismo económico y alto poder adquisitivo.

La Fiscalía ordenó la captura del concejal departamental que asesinó a un capataz durante una ronda de naipes en la localidad de Curuguaty, departamento de Canindeyú. El Ministerio Público dispuso la detención preventiva de Fredy Britos Figueredo (49), alias “Rubio Britos”, por presunto homicidio doloso.

Está sindicado como principal sospechoso de haber acabado con la vida de Valentín Gómez Zaracho (39), quien se desempeñaba como capataz de la estancia del ministro “Tigre” Ramírez.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) emitió su informe respecto a la recaudación del mes de enero, la cual alcanzó un total de USD 482,1 millones, mostrando un crecimiento interanual de 0,7 % respecto al mismo mes de 2025, donde la recaudación llegó a USD 480,2 millones, marcando así una variación positiva de USD 3,3 millones.

Por su parte, la gerencia general de Impuestos Internos recaudó USD 283.9 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 10.1% en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se dio una recaudación de USD 258,6 millones. Este aumento equivale a USD 26,1 millones, reflejando una mayor dinámica en la tributación interna.

De 16.358 postulantes que rindieron el examen del sábado pasado, un total de 7.837 jóvenes logró alcanzar el puntaje requerido para pasar a la etapa de evaluación socioeconómica en el Programa Becas Gobierno del Paraguay – Convocatoria 2026, informó Itaipú Binacional. Los puntajes de la Prueba de Competencias Básicas se encuentran disponibles desde ayer lunes 2 de febrero en la página oficial: www.becasgobierno.gov.

La evaluación registró una asistencia superior al 90 % de los 18.091 jóvenes habilitados y se desarrolló de manera simultánea y sin inconvenientes en los 18 locales de examen a nivel nacional. En dicha web se podrá solicitar la revisión del puntaje hasta el mediodía del miércoles 4 de febrero, conforme al cronograma. La última fase del proceso de selección estará a cargo del Instituto Nacional de Estadística (INE), que se desarrollará desde el 9 de febrero hasta el 13 de marzo.

Personal del Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi) localizó un depósito ilícito (caleta), en el predio de la estancia Ramonita, ubicada en la localidad de Cerro Mojón, distrito de Yby Yaú, departamento de Concepción.

De acuerdo a los primeros informes, se presume que pertenecería al grupo criminal terrorista autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Esta semana la Cámara de Diputados dará entrada y posible­mente tratará el proyecto de ley de reforma de la Caja Fis­cal, el esquema previsional de la administración pública que se encuentra en saldo rojo.

Las autoridades económi­cas sostienen que hay dos aspectos que son claves para lograr su sostenibilidad: edad mínima y mayores aportes. Hoy, la situación financiera de la caja es crítica; ya que desde 2028, la Caja Fiscal dejará de sostenerse con sus propios recursos y pasará a depender íntegramente de los aportes corrientes y de trans­ferencias del Tesoro.

El punto de quiebre está fijado en 2027, cuando se agotará el fondo de reserva del Programa Civil. A par­tir de allí, el sistema ope­rará con déficit corriente: entre 2027 y 2031 se pro­yecta un rojo promedio de USD 796 millones por año, que acumulará USD 3.982 millones en ese quinquenio, una cifra que es aún más nefasta al considerar que de no hacerse la reforma esos fondos se cubrirán con impuestos o recursos del Tesoro.

La reforma que plantea la administración del presi­dente Santiago Peña señala que el escenario puede cam­biar de forma significativa con ajustes paramétricos, como la introducción de una edad mínima de 57 años, el aumento del aporte al 22 % (19 % el aportante y 3 % el Estado) y el cálculo del haber sobre los últimos 5 años per­mitirían reducir el déficit en 61,6 %, bajando ese rojo pro­yectado a USD 306 millones en el mismo periodo y gene­rando un ahorro anual para el Tesoro de USD 573 millo­nes.Según datos del Minis­terio de Economía y Finan­zas (MEF) el déficit actual acumulado de la Caja es de 13.313 millones de dólares (Programa Civil) y 18.663 millones de dólares, en total, si se incluye a las fuerzas públicas.

La Cámara de Diputados sesionará el próximo jueves de manera extraordinaria para tratar este proyecto de ley clave.

Se desconoce si finalmente se estudiará ese día o si remitirá a comisiones para sus res­pectivos dictámenes, aun­que también el pleno podría declararse en comisión.

Un sector de los legislado­res de la oposición pidió más tiempo para el debate, mien­tras que otras bancadas con­sideran que el proyecto debe ser estudiado ya debido a la urgencia de cortar la sangría financiera que provoca la caja.

La principal discusión gira en torno a la edad mínima, un aspecto que es innegociable –aunque por distintos funda­mentos– tanto para autorida­des económicas como para el sector docente.

El ministro de Educación y Ciencias, Luis F. Ramírez, recalcó que esta reforma antes que perjudicar al docente le favorece. “Yo creo que hoy hay más puntos de acuerdo que en desacuerdo. No es que esta ley vaya en contra del maestro, va a favor del maestro, y eso entendemos todos; porque si no se reforma, el maestro en tres años más no cobrará más su jubilación”, señaló el secretario, quien también fue consultado estos días si el tratamiento en la Cámara Baja el próximo jueves 5 de febrero no era un proceso a las apuradas.

“Se hicieron dieciocho audiencias públicas. Yo no sé si eso es tambor batiente o si eso es algo que no se abrió circuito y espacio para el diálogo. Todas las mesas técnicas que se pidieron se hicieron y se siguen haciendo”, destacó el secre­tario de Estado.

Según cálculos actuariales realizados por técnicos del Ministe­rio de Economía y Finanzas (MEF), para que la Caja Fiscal pueda sostenerse sin provocar una sangría financiera que requiera el socorro de los recursos del Tesoro se requieren cinco (5) aportantes activos por cada pasivo (por cada jubilado). Sin embargo, hoy el desfasaje es grande.

Al cierre del año 2023 se registraban tres afiliados activos por cada pasivo; pero esto tiende a agravarse en varios regímenes ya que la relación baja a poco más de dos. La esperanza de vida al jubilarse alcanza 19 años para los hombres y 21,4 años para las mujeres, lo que aumenta la duración de los pagos de pensiones.

Desde el Ministerio de Economía no hay dudas que para equilibrar los números hay que eliminar años de jubilación diferenciados. La gerente de Desarrollo Económico del Ministerio de Economía y Finan­zas (MEF), Liz Coronel, explicó que la principal medida para equi­librar la Caja Fiscal pasa necesariamente por establecer una edad mínima de jubilación.

El proyecto de ley de reforma presentado por el Gobierno establece que esta edad sea entre 57 y 62 años. Coronel explicó que “en la Caja Fiscal están cotizando 83.000 docentes. Y lo que pasa es que ellos se jubilan temprano y luego van a trabajar al sec­tor privado”, señaló a la 730 AM. Recordó que los educadores del sec­tor privado están en el régimen general, y para acceder al beneficio tienen que tener 60 años de edad y 25 años de aportes, aunque tam­bién pueden acceder a la jubilación extraordinaria.

En la Policía Nacio­nal también hay agentes que se jubilan a los 31 años, por lo que insistió en que necesariamente se tiene que modificar la edad para ser bene­ficiario dentro de la Caja Fiscal. “Esa es una condición innegociable. Tenemos que poder meter esa edad mínima”, afirmó.

En el curso de esta semana, la Cámara de Diputados estu­diará el proyecto de ley que reforma la Caja Fiscal. Para ello se está convocando a una sesión extraordinaria en pleno receso parla­mentario, teniendo en cuenta la urgen­cia y la importancia de encontrarle una solución adecuada a la jubilación de ciertos sectores de la función pública que tienen privilegios que harán colap­sar en pocos años el sistema actual. Algunos se quejan porque se anali­zará el tema en pleno receso del Con­greso, pero la realidad obliga a encon­trar prontas soluciones a un tema que, si no se reforma ahora, en dos años más hará que la Caja Fiscal ya no tenga fondos y se tenga que pagar las jubila­ciones con el dinero recaudado de los impuestos. Cuando se miran las cifras, se puede ver que no hay otra solución que una reforma urgente y con buenos fundamentos, como la que propone el Gobierno Nacional. La cuestión tiene tal peso en la vida del país que, si no se la aborda ahora, puede tener conse­cuencias muy negativas.

Como se ha afirmado en nuestro diario, la reforma de la Caja Fiscal es un tema de emergencia nacional impostergable. Para entender su urgencia, hay que con­siderar que, si no se realiza la modifi­cación necesaria, dentro de dos años, en 2028, el 100 % del dinero con que se pague a los jubilados del sector fiscal será plata proveniente de los impues­tos del fisco. Lo cual implicará quitar­les fondos a las escuelas públicas, a los hospitales estatales, a los servicios de seguridad y similares para financiar sus gastos habituales.

Si eso ocurriera, la atención en los sec­tores públicos empeorará de manera radical en perjuicio de la mayoría ciu­dadana. La modificación propuesta por el Ejecutivo prevé la eliminación del déficit que sufre en la actualidad. Para conseguir ese objetivo, una de las pri­meras medidas es elevar la edad mínima de jubilación de los involucrados a los 57 años. Esto afectará a los docentes del sector público, los efectivos militares y policiales, que son los únicos emplea­dos del Estado que tienen actualmente el privilegio de jubilarse con 20 años o algo más de servicios y requieren el aporte de otros sectores para recibir sus haberes, debido a la insuficiencia de su contribución.

Por otro lado, con las normas actuales que rigen para los funcionarios públi­cos, a los 62 años pueden conseguir su jubilación ordinaria y a los 65 años su jubilación obligatoria. Por lo tanto, la edad de 57 años que se quiere estable­cer para la jubilación en el futuro de los docentes, policías y militares consti­tuye una situación ventajosa y casi pri­vilegiada, en términos comparativos.

Otra de las medidas que se desea poner en funcionamiento es que el aporte obrero patronal se incremente del 16 % al 19 %. Como empleador, el Estado aportará una contribución del 3 %.

En el reciente informe del Fondo Mone­tario Internacional (FMI) se indica que una de las medidas necesarias que debe adoptar con prontitud el Gobierno Nacional es la reforma profunda del sis­tema de pensiones y jubilaciones de la Caja Fiscal. La postura del organismo internacional obedece principalmente a la posible quiebra financiera estatal que podría ocasionar la actual situación si sigue en el futuro en las actuales condi­ciones deficitarias. Un hecho que puede darse fácilmente y que ciertos sectores quieren desconocer porque descreen del razonamiento lógico de que si se aporta poco y se paga mucho se produce un déficit inevitable y de extraordinarias proporciones.

En las actuales condiciones, lo que corresponde es que todos los secto­res apoyen la rápida aprobación de la reforma de la Caja Fiscal. Porque es la única salida viable para darle remedio a un problema que se dejó estar sin bus­carle soluciones por mucho tiempo.

Uno de los puntos fundamentales es que se le tiene que dar una rápida respuesta para que pueda ser realmente efectiva y se proteja tanto a los jubilados como a la ciudadanía en general. No se puede sostener un sistema que costará muy caro a los servicios estatales de salud, educación, seguridad y emergencias por culpa de un esquema inapropiado y que privilegia a algunos a costa del sacrifi­cio de muchos. Por eso el mencionado proyecto de ley debe ser estudiado con prontitud y patriotismo.