La terna para elegir al próximo fiscal general del Estado (FGE) fue conformada este lunes pasado por el Consejo de la Magistratura, que deberá remitir al Ejecutivo para la designación y posterior acuerdo constitucional del Senado. Los aspirantes son los magistrados Gustavo Santander, Emiliano Rolón Fernández y Cecilia Pérez, quienes coincidieron embarcarse en una lucha frontal contra el crimen organizado, así como la revisión y reorganización del presupuesto para el Ministerio Público.
“Puedo aportar mi experiencia como abogado litigante, docente especializado. Hay que enfatizar que la justicia penal es lo que hace al Ministerio Público por el combate a la criminalidad de una forma seria a través de la investigación y elementos tecnológicos necesarios”, expresó el doctor Rolón Fernández, este martes, para el programa “Así son las cosas” por Universo 970 AM/Nación Media.
Así, refirió que se debe fomentar la formación del personal humano para un crecimiento profesional integral, evitando que permee irregularidades con el mejor funcionamiento de las instituciones y cada uno de los estamentos del Estado. Esto para que cada uno de los sectores públicos tengan una respuesta de colaboración con el titular del Ministerio Público.
“Hoy no se puede hablar de luchar contra el crimen organizado con la figura del llanero solitario. Se necesitan equipos, formación y presencia de los sectores a través del desarrollo de los organismos internos para así trabajar con fortaleza y permitir la elaboración de estas perspectivas”, subrayó el magistrado.
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Labores coordinadas
Por su parte, también para el programa “Así son las cosas” por Universo 970 AM/Nación Media, el doctor Gustavo Santander puntualizó que uno de sus ejes al frente del Ministerio Público se centrará en reasignar los aspectos administrativos de la institución y reforzar la labor del funcionariado, teniendo en cuenta que una gran parte se centra solo en la capital.
“Se deben reorganizar también las grandes unidades que tiene la Fiscalía para hacer frente al crimen organizado, el narcotráfico y el crimen organizado, con el objetivo de tener una mayor coordinación en las actuaciones porque al final estamos haciendo el mismo procedimiento de hace 20 años”, observó Santander.
Sentenció que todo se enfoca en la carga de la droga y no se hace el seguimiento a la ruta del dinero para dar con los financistas. Ante esto, afirmó que por la falta de esa necesaria coordinación existen pocos resultados verdaderamente determinantes en cuanto a la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos, como el crimen organizado.
“La FGE es el organismo constitucional más importante, junto con el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sin embargo, no hay que negar la existencia de componentes políticos en su selección y organización, pero esta institución es unipersonal y vertical, por lo cual su titular debe demostrar liderazgo judicial y moral, para no claudicar ante presiones”, subrayó Santander.
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Reorganización
Por su parte, la doctora Cecilia Pérez refirió para la 1080 AM que a su parecer existe cierto desorden interior en el Ministerio Público, así como en la gestión y una de las demostraciones de ese aspecto es la sobrecarga de trabajo existente. Ante esto, remarcó que se debe reorganizar y ordenar la Fiscalía porque se hace lo que se puede y la necesidad de mejoramiento es crucial para ofrecer un sistema de justicia diferenciado.
“También se debe auditar con la Contraloría las finanzas, debemos rever el presupuesto que tiene la Fiscalía, pues la institución cuenta con muchas deudas y cualquiera de nosotros vamos a heredar un presupuesto que no sabemos cómo fue el uso”, subrayó la aspirante a la titularidad del Ministerio Público.
Del mismo modo, la aspirante a la titularidad de la Fiscalía manifestó que las acciones en torno al plano de la justicia y las respuestas verdaderamente determinantes en cuanto a la resolución de delitos debe constituir un rol central para el próximo fiscal general. Para ello, reiteró que contar con los recursos necesarios constituye uno de los aspectos indispensables para vislumbrar la materialización de planes institucionales.