El intendente Alcides Riveros anunció que desde su sector dentro del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), se encuentran trabajando en una estrategia conjunta que busca consolidar candidaturas únicas del liberalismo en los distintos distritos del departamento Central, con el objetivo de evitar la dispersión de votos en las elecciones municipales del 2026.

“Nosotros estamos trabajando especialmente en el departamento Central, con la Coordinadora de Intendentes Liberales, en tratar de buscar una candidatura única del partido en todos los distritos”, afirmó Riveros. Si bien reconoció que habrá internas dentro del PLRA en varias localidades, señaló que el propósito es respetar los acuerdos que surjan de las mismas y construir una propuesta sólida de cara a los comicios.

El jefe comunal destacó que la estrategia se está aplicando no solo en ciudades actualmente gobernadas por intendentes liberales, sino también en aquellas donde el partido busca recuperar terreno o donde la oposición tiene chances reales de imponerse con candidaturas consensuadas.

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Riveros hizo hincapié en la necesidad de evitar la fragmentación del electorado opositor, citando como ejemplo el caso de J. Augusto Saldívar. “El que gana la interna, es casi seguro que será el intendente municipal. Es imposible que pierda. Pero lanzar otro candidato dividiría a la oposición”, explicó.

La Coordinadora de Intendentes decidió avanzar en el diálogo con el denominado “Tercer Espacio” para construir una gran concertación opositora, con preeminencia liberal. La intención es que, en los distritos donde se logre posicionar un candidato del PLRA, las demás fuerzas acompañen esa propuesta incluyendo sus listas de concejales. “Estamos trabajando distrito por distrito para lograr ese acuerdo”, enfatizó ante la 1020 AM.

Actualmente, dentro del PLRA, sobresalen cuatro bloques políticos principales: el liderado por los gobernadores de Central e Itapúa (sector del “Nuevo Liberalismo” y del cual forma parte el intendente Riveros) el del senador Salyn Buzarquis, el del senador Ever Villalba y el del senador Dionisio Amarilla.

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El presidente de la Comisión Antilavado, el senador Dionisio Amarilla, manifestó que el bloque planteará al Congreso Nacional la remisión de su informe final al Gobierno de los Estados Unidos. La medida surge teniendo en cuenta que los millonarios fondos proveídos por el país norteamericano para proyectos con impacto social fueron utilizados para costear campañas políticas y salarios de personas ligadas a los organismos no gubernamentales (ONG).

“El planteamiento es remitir a los órganos observados pertinentes y también al gobierno norteamericano. Enviaremos unas 7.000 páginas, más el informe final y los 9 tomos a la administración de Donald Trump, ya que Estados Unidos proveyó USD 52 millones que fueron administrados por Marc Ostfield“, sostuvo en una entrevista con los medios de comunicación.

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Amarilla siguió sosteniendo que “parte de esos fondos fueron usados para pagar a gente que estaba en la política. Se utilizó el 71 % para autoremuneración y no para generar impactos en el sector donde Estados Unidos estaba queriendo colaborar".

El parlamentario había señalado que, entre los aspectos principales de la labor legislativa, se encontró con la poca voluntad de los directivos de las ONG para transparentar sus finanzas, así como su bajo impacto social pese a acceder a fondos importantes, y que las instituciones públicas deben ampliar sus controles.

Durante el proceso de las indagaciones algunas de las organizaciones sin fines de lucro se negaron a contestar a la comisión sobre el uso que le dieron al dinero público. De un total de 12.000 organizaciones sin fines de lucro, apenas 6.000 tienen sus documentos en regla, según se reveló.

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El diputado liberal Adrián “Billy” Vaesken fue categórico al afirmar que la oposición no puede permitirse errores ni decisiones apresuradas si realmente quiere posicionarse como una alternativa de gobierno para el 2028, teniendo previamente el desafío electoral de las intendencias en el 2026.

“Desde la oposición, nosotros no podemos improvisar”, expresó el legislador en conversación con La Nación/Nación Media, al tiempo de advertir que el escenario político actual exige planificación, unidad y candidaturas fuertes para disputar el poder al Partido Colorado, cuya estructura sigue firme a nivel nacional.

Vaesken habló del proceso de reorganización interna que atraviesa el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que actualmente se encuentra dividido en dos corrientes bien definidas. Por un lado, mencionó al “Nuevo Liberalismo”, liderado por el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, y el intendente de Fernando de la Mora, Alcides Riveros, a quienes calificó como representantes del ala conservadora o “cívica” del partido.

Por otro lado, situó a su grupo político dentro del ala radical, junto al senador Éver Villalba y otros legisladores como Salyn Buzarquis y Líder Amarilla. “Históricamente el PLRA ha tenido estas dos corrientes: los cívicos, que suelen colaborar con el gobierno de turno, y los radicales, que defendemos una postura de oposición firme, con propuestas concretas para mejorar la vida de la gente”, sostuvo el legislador.

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“Nosotros somos los radicales de verdad. Defendemos la Constitución y presentamos proyectos de ley para asistir a quienes más lo necesitan. Esa es nuestra identidad y hoy está bien marcada”. aseveró. El legislador profundizó sobre su perspectiva para las elecciones que deben disputarse en el 2026.

Vaesken adelantó que competirán para conquistar la presidencia del partido. Su objetivo, según dijo, es que el ala radical gane la conducción del PLRA, lo que permitiría fortalecer una verdadera oposición con vocación de poder. “Si nuestro sector gana, va a haber una oportunidad real de recuperar la confianza ciudadana”, expresó.

Subrayó que ya se está trabajando en la preparación de candidaturas para las elecciones municipales del 2026. Afirmó que su sector busca postular a “las mejores personas, conocidas por su honestidad y su capacidad para administrar”.

Remarcó que la oposición no puede repetir errores del pasado y debe ser rigurosa en la selección de sus referentes. “Si improvisamos, no vamos a ganar. El Partido Colorado sigue teniendo una enorme concentración de poder en todo el país. Para competir contra esa maquinaria, tenemos que prepararnos con responsabilidad”, sostuvo.

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También se refirió a la situación en la capital y cuestionó la decisión de un sector de la oposición de presentar anticipadamente la candidatura de Kattya González a la intendencia de Asunción. Aunque reconoció que dentro de la oposición hay pocas figuras de peso como la exsenadora, consideró que el anuncio fue precipitado y careció del respaldo institucional del partido.

“Yo no hubiese hecho lo mismo. No se puede negociar con un solo sector del liberalismo. Kattya se lanzó con apoyo del Nuevo Liberalismo, no con el partido en su conjunto. Creo que fue un error estratégico, más aún cuando ni siquiera hay certeza de que se realizarán elecciones para completar el periodo hasta el 2026”, opinó.

Vaesken insistió en que las decisiones políticas dentro de la oposición deben responder a una estrategia mayor. “No tenemos muchas opciones, por eso es fundamental cuidar a las figuras que tenemos”, concluyó.

La Comisión Transitoria para Investigación de Lavado de Activos y Delitos Contra el Patrimonio, presidida por el senador liberal Dionisio Amarilla, entregó este lunes a la Presidencia de la Cámara Alta su informe final.

“Hemos cumplido con la misión. Nosotros habíamos trazado los ejes de investigación, el primero guardaba relación con el financiamiento político, la Justicia Electoral había accedido a datos sobre fondos que fueron a los partidos y candidatos políticos desde las oenegés. La otra guardaba relación con el lavado de activos a través del tráfico de armas y el sistema financiero. Con esto confirmamos que el Congreso tiene un rol relevante en efectuar la tarea de control“, comentó Amarilla en una entrevista con los medios de comunicación.

Agregó que el informe final también emite una serie de recomendaciones para diversas instituciones como la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Contraloría General de la República (CGR), la Fiscalía entre otros. “Son recomendaciones de mejoras de gestión, no está en nuestro ánimo interferir en los trabajos que hacen estas instituciones que tienen su carta orgánica, autoridades, lógica y dinámica de acción, pero hay cuestiones que se pueden mejorar”, dijo.

Entre los puntos más resaltantes discutidos fue la necesidad de establecer un control riguroso sobre los fondos manejados por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), tanto los recibidos del interior como del exterior, teniendo en cuenta las sospechas de que los recursos terminaron siendo utilizados para costear campañas políticas.

Durante el proceso de las indagaciones algunas de las organizaciones sin fines de lucro se negaron a contestar a la comisión sobre el uso que le dieron al dinero público. De un total de 12.000 organizaciones sin fines de lucro, apenas 6.000 tienen sus documentos en regla, según se reveló.

Durante su vigencia, la comisión también se interiorizó sobre el contrato de fideicomiso firmado entre la previsional y el Banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo por valor de G. 828.000 millones, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. La millonaria suma debió ser utilizada exclusivamente para obras: la terminación de Hos­pital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hema­to-Oncológico, sin embargo, las mismas no están y el dinero se esfumó.

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Mediante una consultoría externa impulsada por la actual administración del IPS se detectaron desvíos en la utilización de los fondos para obras no previstas dentro del contrato, incumplimiento de cláusulas contractuales, descalce financiero debido a obras no contempladas inicialmente y la firma de certificados de obras por funcionarios no autorizados.

Entre los grandes temas que fueron indagados por la comisión se encuentran las denuncias impulsadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que pudieran afectar a bancos y financieras por posibles hechos punibles de lavado de activos. Respecto a este caso, también estuvo en la mira la citada entidad bancaria.

Esto teniendo en cuenta la existencia de causas judiciales abiertas por presunto lavado de dinero que involucra al banco Atlas y al fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.

El Banco Atlas acordó con Leoz la constitución de millonarios fideicomisos cuando ya existía sobre el dirigente una orden de captura internacional con fines de extradición, emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por lavado de activos entre otros delitos. Desde la Conmebol refieren que la entidad bancaria no activó las debidas diligencias establecidas por las normas vigentes para el combate al lavado de dinero.

También el bloque bicameral se interiorizó sobre el intento de despojo de la estancia Cielo Azul, por parte del Grupo Zuccolillo. La propiedad perteneciente al narco brasileño Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, se encuentra localizada en el distrito de Paso Barreto, departamento de Concepción, cuenta con 5.945 hectáreas y está valuada en USD 18 millones.

También fue objeto de estudio el caso del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista. El dirigente político de Amambay, sindicado de mantener vínculos con el narcotráfico había asegurado que aportó USD 1 millón para costear la campaña política del movimiento Fuerza Repu­blicana, del exmandatario Mario Abdo Benítez.

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