El papa Francisco ha pedido que los programas de protección de abusos de la Iglesia “sean eficaces” y ha impulsado, en concreto, las iniciativas de las diócesis que proporcionan “consuelo y asistencia a los que han sufrido”.

En un mensaje enviado a los participantes en la Conferencia sobre la salvaguardia de la Iglesia católica en Europa, promovida por la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores, Francisco ha pedido que se establezcan redes “de personas y buenas prácticas” para para poder “compartir conocimientos, apoyarse mutuamente y garantizar que los programas de protección sean eficaces y sostenibles”.

El evento, inaugurado este miércoles, cuenta con la presencia de más de 100 expertos además de víctimas de 25 países europeos, que debatirán sobre la cuestión hasta el próximo 15 de noviembre. “Vuestro compromiso con esta causa es un signo del esfuerzo continuo de la Iglesia para proteger a los más vulnerables”, ha subrayado Francisco en un video mensaje que ha sido trasmitido al comienzo de las reuniones.

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“El diálogo y los intercambios en su Conferencia ofrecen oportunidades prometedoras para una comprensión más plena y un compromiso más profundo con la salvaguarda de los niños y los adultos vulnerables dentro de la Iglesia”, ha destacado.

Por su parte, el responsable de esta comisión, el cardenal estadounidense Sean O’Malley, ha manifestado que es un deber “escuchar y responder a quienes han sido perjudicados”. “Debemos seguir el debido proceso al investigar las denuncias y debemos mostrar un liderazgo firme al tomar las medidas necesarias para prevenir de la mejor manera posible cualquier caso de abuso”, ha asegurado.

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Fuente: Europa Press

El senador Eduardo Nakayama sostuvo que urge el cambio de las leyes para los casos de los que conducen en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes. La postura del senador se dio tras el trágico accidente de tránsito que se registró en San Bernardino, donde fallecieron cuatro personas.

En este caso, el conductor que ocasionó el siniestro dio positivo a la prueba de alcoholemia, y en este punto, el senador sostuvo que es el momento de trabajar en una legislación para aumentar la pena, incluso a 15 años de pena privativa en los casos en que se registren muertes en accidentes de tránsito y los conductores estén sobre el efecto del alcohol o estupefacientes.

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“Es un homicidio culposo definitivamente, porque lo que modifica o cambia de la culpa al dolo es la intencionalidad, es decir, difícilmente uno quiera salir a matar, eso creo que queda claro, pero la culpa también tiene sus graduaciones”, lamentó Nakayama.

Mencionó que además del alcohol, se suma la gran velocidad y la imprudencia al conducir, son elementos que componen una falta gravísima en el tránsito. “En esos casos nosotros tenemos que aumentar las penas, porque no es posible que la expectativa hoy sea solo dos años por manejar ebrio, y hasta ocho años, en los casos que es el agravante del homicidio culposo por manejar bajo los efectos del alcohol”, expresó.

El legislador habló de aumentar el máximo de pena a 15 años, en los casos en que los accidentes de tránsito ocurran por la ingesta de alcohol o estupefacientes, y se registren víctimas fatales. “En esos casos se tiene que aumentar la expectativa de pena, por lo menos al doble, a quince años, porque es una cuestión que no podemos seguir tolerando, permitiendo, vemos que la principal causa de muerte en el Paraguay son los accidentes de tránsito, y en gran medida, el alcohol tiene un componente fuerte dentro de estos accidentes”, apuntó.

Así mismo, agregó que no se puede permitir que siga existiendo la impunidad en estos casos. “No podemos seguir lamentando que queden con este tipo de impunidad, de accidentes tan horribles, como el que ocurrió en la víspera en San Bernardino y que se repite a lo largo y ancho de todo el país”, sentenció.

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El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón Fernández, emitió ayer viernes un comunicado afirmando que resulta prematuro sacar conclusiones sobre si el fallecido diputado y dirigente de Amambay Eulalio “Lalo” Gomes Batista disparó o no contra los efectivos policiales durante el allanamiento en su vivienda en la madrugada del lunes 19 de agosto, en el marco del operativo Pavo Real II.

“Las evidencias deben ser evaluadas en forma conjunta y armónica, conforme el artículo 175 del Código Procesal Penal. Para ello serán determinantes los resultados de informes técnicos, pericias, testimonios y otras diligencias aún pendientes”, indica.

Añade que “serán determinantes las diligencias pendientes. El elemento invocado, según la difusión, deberá observar dicho proceso de integración, por lo que es prematuro intentar conclusiones definitivas, que solo enervarán el normal proceso de la investigación”.

El posicionamiento de la Fiscalía surge a raíz de las disparidad en los informes dados a conocer por el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) sobre las pruebas balísticas practicadas a Gomes.

De acuerdo al informe de la UNA se encontraron valores de plomo, bario, antimonio en los brazos y manos del legislador. Los valores en el brazo izquierdo de plomo ascienden a 139, bario a 237, antimonio a 11,4. En la mano, los índices de plomo son 224, bario 277 y antimonio 21,5.

En cuanto al brazo derecho, el plomo es menor a 5, la detección de bario es de 258 y antimonio menor a 10. En la mano, el plomo hallado fue de 120, bario 332 y antimonio menor a 10. Esto demuestra la presencia de residuos de disparos de arma de fuego y fueron hallados a partir de las muestras de hisopos tomados luego del allanamiento en su vivienda en Amambay, que derivó en el fallecimiento de Gomes.

“El Ministerio Público garantiza objetividad y basará los requerimientos en las constancias emergentes de la investigación, según las reglas del debido proceso, que su vez, es el norte del Estado de derecho, premisa fundamental del modelo constitucional vigente”, sostiene el documento firmado por Rolón.

El Ministerio Público decidió desestimar una denuncia por daños patrimoniales estimados en más de G. 1,5 billones sin haber tomado en cuenta todos los elementos detectados por la Contraloría General de la República (CGR). Los fiscales encontraron documentos respaldatorios por menos de la mitad del monto denunciado.

Un detallado informe basado en la auditoría realizada por la CGR al IPS deja aún más al descubierto el apuro de la Fiscalía por blanquear al extitular del ente previsional Vicente Bataglia. El mismo documento que fue remitido al Ministerio Público, cuyos fiscales desestimaron a las apuradas una denuncia sobre el caso, revela datos que no fueron tenidos en cuenta por los agentes.

En concreto, la CGR remitió varios informes de auditoría que revelaron posibles daños patrimoniales por más de G. 1,5 billones, aproximadamente USD 130 millones. Sin embargo, de forma sorpresiva, la Fiscalía solicitó la desestimación de la denuncia contra Bataglia. Darío Ortega, director jurídico de la CGR, aseguró que el Ministerio Público no tuvo en cuenta todos los documentos o que incluso se tomaron elementos que no forman parte de la denuncia para el pedido de desestimación.

Los agentes fiscales encontraron documentos que respaldan pagos por G. 350.000 millones (USD 50 millones). La denuncia era por G. 1,5 billones (USD 130 millones). O sea dejó de averiguar entre 80 y 90 millones de dólares sin tener la documentación”, dijo Ortega días atrás al canal GEN.

El equipo de investigación de Nación Media accedió a los informes comparativos entre las auditorías y el pedido de desestimación presentado por la Fiscalía, dando inicio hoy a una serie de varias entregas sobre las groseras omisiones realizadas por los representantes del Ministerio Público.

Uno de los varios puntos utilizados por la Fiscalía para el pedido de desestimación de la causa contra Bataglia tiene que ver con un millonario crédito otorgado al IPS por un banco local.

En concreto, el informe final de la CGR sobre el IPS concluyó que había una discrepancia significativa entre el monto de la línea de crédito aprobada por la Resolución del Consejo de Administración y el pagaré firmado con la entidad financiera.

La auditoría encontró que, aunque se aprobó un préstamo de G. 50.000.000.000, el pagaré inicial se emitió por G. 65.379.679.514, incluyendo intereses y otros montos adicionales. Esto levantó dudas sobre la transparencia y la adecuada gestión de los fondos del IPS, sugiriendo posibles riesgos legales y financieros.

La Fiscalía argumentó que el contrato y el pagaré original, aunque por un monto mayor, habían sido aclarados y corregidos. En agosto de 2023, meses después de la auditoría y del cierre del ejercicio fiscal 2022, se realizó un intercambio de pagaré, corrigiendo el monto a G. 50.000.000.000 más los intereses compensatorios. Según la Fiscalía, esto subsanó la discrepancia señalada y, por lo tanto, no justificaba una investigación penal, ya que la corrección había sido formalizada.

Sin embargo, la propia Fiscalía reconoció en la argumentación del pedido de desestimación la existencia de las irregularidades detectadas por la Contraloría. Aunque el pagaré fue corregido, la modificación se realizó después del cierre del ejercicio fiscal 2022 y en la etapa final de la auditoría. Esto confirma la observación inicial de la CGR: la discrepancia existió y representó un riesgo real para el IPS y sus asegurados.

Fuentes del órgano extrapoder señalaron, sin la intervención y observación de la auditoría, que el IPS podría haber enfrentado graves consecuencias legales y financieras en caso de incumplimiento de pago. La CGR subrayó que el cambio de documentos no exime a los responsables del IPS de sus acciones u omisiones previas, las cuales comprometieron la transparencia y la gestión adecuada de los fondos