El titular del Colegio de Abogados del Paraguay (CAP), Manuel Riera, sostuvo que el gran desafío para el año 2023 dentro del sistema de justicia será que los ministros de la Corte y los jueces construyan su independencia centrando sus decisiones exclusivamente a lo que establece la Constitución Nacional y las leyes. Agregó que los principales conflictos siguen siendo la corrupción y la injerencia política.
“Siguen existiendo los problemas de corrupción, los líos internos. Se tuvo varias situaciones en el año 2022, algunas de cal otras de arena, un año bastante motivo, por ejemplo el caso del ministro Antonio Fretes que se sigue excavando, pero por primera vez tenemos una posición en el interior de la Corte Suprema de Justicia, donde los propios pares le solicitaron su renuncia. Esto lo que hace es suponer que se está dando un recambio dentro de ese poder, se van formando nuevos liderazgos y la vieja guardia se va retirando”, indicó.
Mediante una entrevista con la radio 780 AM, Riera comentó que será difícil impulsar la erradicación de la clase política en las acciones y decisiones del Poder Judicial. Agregó que la única garantía que posee la ciudadanía sobre el desempeño de los ministros y jueces se centra en la ética profesional y moral de cada magistrado.
“El último bastión de las garantías está en las personas, nosotros tenemos que dar por descontada la injerencia política en el sentido que habrá siempre, los liderazgos políticos se encargan de hacer eso, influir en todos los sectores, en todos los niveles e instituciones del Estado. La garantía pasará cuando el Poder Judicial se defina así mismo como contramayoritario, no tiene que ser popular, pero todo acá depende en definitiva del carácter, el coraje y la templanza de esas personas”, comentó.
No obstante, el abogado expresó que tanto los ministros de la Corte Suprema de Justicia como los jueces deben cimentar su autonomía cumpliendo también con lo establecido en la Constitución Nacional y las normativas.
“Los ministros y jueces no ocupan sus cargos porque vengan de una elección como sucede con el presidente y los parlamentarios, ellos no se deben al pueblo, se deben a la ley. Sí pueden construir su independencia funcionando única y exclusivamente según lo establecido en la Constitución y las leyes, con el control público y transparente de sus funciones vamos a tener un muro de contención, incluso democrático a sus actuaciones”, mencionó.