El exdiputado Juan Carlos Ozorio, imputado en marzo del 2022 en el marco del operativo A Ultranza Py por los hechos punibles de asociación criminal, tráfico internacional de drogas y lavado de dinero, seguirá preso ya que la Cámara declaró inadmisible el pedido de apelación a su prisión preventiva.
Al respecto, cabe señalar que el Tribunal de Apelación de feria, integrado por los camaristas Andrea Vera Aldana, Giuseppe Fosatti y Alejandrino Cuevas, rechazó el pedido planteado por la defensa del exparlamentario y descartó cambiar la calificación de su conducta, alegando que dicha presentación se realizó en forma extemporánea.
La resolución impugnada es del 29 de diciembre y fue notificada en el mismo día, por lo que la defensa contaba con cinco días corridos para apelar, y según constancia del expediente, la apelación se presentó el 5 de enero pasado. En consecuencia, tampoco prosperó el pedido de libertad por compurgamiento de pena requerida por la defensa del procesado, con base en la modificación de la calificación que planteó.
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Con la decisión de los camaristas se ratifica la resolución dictada el 29 de diciembre último por la jueza de Garantías especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía, quien había rechazado el cambio de calificación planteado por la defensa de Ozorio.
Cabe señalar que la intención era cambiar la carátula solo a lavado de dinero, cuya pena mínima es de 6 meses. De esta forma el Juzgado debía ordenar su libertad ya que el procesado está en prisión desde el 3 de marzo del 2022.
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Sancionan a bancos mexicanos por lavar dinero para cárteles
- Washington, Estados Unidos. AFP.
El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, acusó ayer miércoles a las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam y Vector de “lavado de dinero” para cárteles de la droga y les prohibió “algunas transferencias de fondos”. El magnate republicano ha convertido la lucha contra el fentanilo en una de sus prioridades y acusa a México de no hacer lo suficiente para combatirlo, lo que le llevó a imponerle aranceles.
Según Washington, los cárteles del narcotráfico mexicanos fabrican ilegalmente ese opioide sintético con sustancias procedentes de China, lo cual dejó casi 50.000 muertes por sobredosis en 2024 en Estados Unidos. En este contexto la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen) llevó a cabo una investigación que concluye que esas tres instituciones financieras mexicanas estarían implicadas en lavado de dinero de la droga, explica el Departamento del Tesoro en un comunicado.
Se trata de CIBanco e Intercam, dos bancos comerciales con más de 7.000 millones de dólares y 4.000 millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11.000 millones de dólares, especifica. Washington los acusa de haber desempeñado un papel “vital en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de productos químicos” necesarios para producir fentanilo.
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Las medidas impedirán que “hagan negocios con nosotros”, declaró el subsecretario del Tesoro, Michael Faulkender, en rueda de prensa. En un comunicado la secretaría de Hacienda mexicana se quejó de que el Departamento del Tesoro no ha aportado pruebas.
“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, asegura en un comunicado.
Además, CIBanco afirmó que “no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad” en una publicación en la red social X. Faulkender dio algunos ejemplos de “cómo estas instituciones con sede en México colaboran con los cárteles para blanquear dinero”.
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“En 2023, un empleado de CIBanco facilitó a sabiendas la creación de una cuenta para supuestamente blanquear 10 millones de dólares en nombre de un miembro del cártel del Golfo” y a finales de 2022 “ejecutivos de Intercam se reunieron directamente” con presuntos miembros de la misma organización delictiva “para discutir esquemas de lavado de dinero, incluida la transferencia de fondos desde China”.
Además de 2013 a 2021, prosiguió Faulkender, un presunto miembro del cártel de Sinaloa “empleó diversos métodos para blanquear dos millones de dólares (...) a través de Vector”. Estos señalamientos prohíben a las tres instituciones financieras facilitar ciertos envíos de fondos, pero no se trata de sanciones económicas como las que impone la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, explicó en la rueda de prensa una funcionaria que pidió mantener el anonimato.
“A diferencia de la mayoría de las sanciones de la OFAC, las medidas especiales de FinCEN no bloquean la propiedad ni prohíben de manera general las transacciones con estas entidades” a todos los estadounidenses, añadió. Las medidas además afectan a los establecimientos en México. Sus sucursales en el extranjero pueden llevar a cabo las transferencias siempre que sean independientes.
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El PCC no opera desde afuera: su amenaza avanza desde adentro en Paraguay
Paraguay se convirtió en el país con mayor número de miembros del Primer Comando da Capital (PCC) fuera de Brasil. El dato, revelado en un mapeo del Ministerio Público de São Paulo y divulgado de manera exclusiva por GloboNews y G1, exhibe con crudeza una realidad que lleva años en gestación: el territorio paraguayo se transformó en una pieza clave para la expansión internacional del grupo criminal más poderoso de América del Sur.
Según el reporte, 699 miembros del PCC operan en Paraguay, de los cuales 341 están en prisión y 358 en libertad.
Esta cifra representa más de un tercio de todos los integrantes de la facción criminal brasileña que se encuentran fuera del país de origen. En total, incluyendo Brasil, el PCC tiene alrededor de 40 mil miembros .
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¿Por qué Paraguay?
Paraguay comparte una frontera extensa y porosa con Brasil, posee una infraestructura penitenciaria con debilidades estructurales y se encuentra en un corredor logístico estratégico para el narcotráfico hacia otros países del Cono Sur y hacia Europa.
Estos elementos, sumados a la alta permeabilidad del sistema carcelario, facilitaron que el PCC no solo se instale, sino que también crezca, reclute y consolide su influencia en territorio nacional.
El caso más crudo ocurrió en 2019, cuando una rebelión en la cárcel de San Pedro —liderada por miembros del PCC— dejó diez muertos y una docena de heridos. Fue apenas un síntoma de una enfermedad más profunda: el control territorial dentro de las prisiones, que es donde la facción encuentra su mayor fuerza organizativa.
“No conozco ninguna organización criminal en el mundo que sea más eficiente en términos de control penitenciario que el PCC. En Paraguay sofocaron facciones locales y bautizaron ciudadanos paraguayos para integrar su estructura”, explicó el fiscal brasileño Lincoln Gakiya.
Más allá de las rejas
Lo que preocupa a investigadores de Brasil, Europa y Paraguay es que la facción ya no solo usa el país como pasaje o punto logístico, sino como base de residencia, influencia y expansión.
La operación no es solo criminal, es transnacional y económica. Incluye tráfico de armas, drogas, lavado de dinero, sobornos y control en puertos, zonas rurales y terminales estratégicas.
El caso de Portugal y la mafia italiana muestra cómo el PCC aprendió a moverse en escenarios globales. El informe habla incluso de vínculos en Japón, Líbano y Serbia, con estructuras que replican el modelo de reclutamiento y control carcelario iniciado en Paraguay.
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¿Y ahora qué?
El informe del Ministerio Público paulista fue compartido con embajadas y consulados, y busca fortalecer la cooperación internacional. Para Paraguay, esto implica revisar sus sistemas penitenciarios, reforzar controles fronterizos y reconstruir sus mecanismos de inteligencia.
Pero la clave es otra: entender que la presencia del PCC no es una amenaza externa, sino una infiltración interna en marcha.
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Rechazan recusación planteada por defensa de Erico Galeano
La recusación presentada el martes por la defensa del senador Erico Galeano en contra de los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta, en el marco de la causa A Ultranza Py, fue rechazada este jueves por la fiscal adjunta Soledad Machuca, de Delitos Económicos y Anticorrupción. Los abogados del legislador argumentaron en el pedido “falta de objetividad” de ambos agentes fiscales.
Con esta nueva resolución, la defensa del senador cuenta con tres días hábiles para presentar una impugnación ante la Fiscalía General del Estado, mientras tanto el juicio previsto bajo la acusación de lavado de dinero y asociación criminal está parada.
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“Sabemos que en una instancia de juicio oral un agente fiscal busque una condena porque es la función del Ministerio Público como órgano acusador, pero consideramos que esa labor debe llevarse con un criterio de objetividad y consideramos que esa objetividad se perdió”, había expresado en su momento el abogado Álvaro Cáceres.
Con la acción presentada por la defensa del legislador el martes antes del inicio del juicio oral y público, la diligencia quedó suspendida. Ya con la confirmación de los fiscales ahora se debe aguardar si los defensores de Erico Galeano deciden plantear una apelación.
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Defensa del senador Erico Galeano recusó a fiscales
El equipo de defensa del senador Erico Galeano presentó este martes la recusación de los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta, en el marco de la causa A Ultranza Py. El abogado Álvaro Cáceres, uno de los representantes legales del legislador, explicó que la recusación de ambos agentes fiscales se da por una “falta de objetividad”.
“Sabemos que en una instancia de juicio oral un agente fiscal busque una condena porque es la función del Ministerio Público como órgano acusador, pero consideramos que esa labor debe llevarse con un criterio de objetividad y consideramos que esa objetividad se perdió”, expresó el abogado.
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El letrado indicó que la pérdida de objetividad quedó en evidencia por las declaraciones formuladas por los agentes fiscales una que vez que, en su momento, lograron el arresto domiciliado con permiso para trabajar para el legislador.
“Ellos manifestaron que Erico Galeano debe perder su libertad, siendo que eso es un derecho constitucional, el segundo derecho más importante después de la vida y siendo que la prisión preventiva debe ser de última instancia que tiene que recurrir un juzgador a los efectos de asegurar el sometimiento de una persona, y al haber declarado de esa manera, nosotros consideramos que perdieron totalmente el criterio de objetividad y en ese sentido, planteamos la recusación”, apuntó.
Este martes, se debía iniciar el juicio contra el senador Galeano en el marco de la causa A Ultranza Py, bajo la acusación de lavado de dinero y asociación criminal. El inicio estaba previsto para las 07:30, diligencia que quedó suspendida hasta que se resuelva la acción presentada por los abogados.