El juez penal de Garantías, Vicente Coronel, admitió la ampliación de la imputación por asociación criminal contra Wiliam Roberto Bogarín, exfuncionario de la Cámara de Diputados investigado por integrar una red de estafa a colonos menonitas para la venta de propiedades en el Chaco. Se estima que las víctimas del hecho sufrieron un perjuicio patrimonial de US$ 2 millones.

Igualmente, el citado magistrado admitió la ampliación de la imputación contra José Francisco Ljubetic e Ilsa Marisela Paredes, quienes serían cómplices en esta causa. Los citados fueron convocados para el 8 de abril para la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá cuáles son las medidas que se les impondrá a cada imputado.

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Bogarín Campuzano está inicialmente procesado por estafa y producción de documentos públicos de contenido falso. Cabe recordar que Bogarín (ya desvinculado de la Cámara de Diputados) fue vinculado a un esquema de estafas a colonos menonitas ubicado en Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro.

Según los antecedentes, Bogarín y los demás implicados habrían ofrecido la venta de propiedades en el Chaco a las víctimas, sin embargo, nunca llegaron a concretar su entrega, pese a que el pago ya fue realizado.

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El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el 4 y 7 de abril la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El magistrado deberá resolver si manda o no al dirigente opositor al banquillo de los acusados.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, pago concretado por mercaderías inexistentes.

En la causa se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19, con supuestos fines sociales.

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Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

En la causa también se encuentran imputados Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.

La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.

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Tras la contundente acusación del Ministerio Público contra los exministros de Mario Abdo, el expresidente se pronunció y solicitó al Congreso que tramite la pérdida de sus fueros de modo a someterse ante la justicia. El senador Derlis Maidana celebró la decisión del exmandatario cuyo gobierno es señalado por haber montado un esquema para generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento.

“Desde mi óptica hay condiciones para que se dé lugar al pedido de desafuero, corresponde que el expresidente presente toda su defensa jurídica teniendo las manos libres por parte del Congreso”, expresó el senador colorado, Derlis Maidana en comunicación con La Nación/Nación Media.

El parlamentario indicó además que es la oportunidad que tanto Abdo Benítez como sus exfuncionarios rebatan los argumentos jurídicos esgrimidos en la acusación, el cual señala que habrían incurrido en varios hechos punibles como asociación criminal, entre otros mediante la filtración de información de carácter confidencial.

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“En todos los casos hay que dejar actuar a las instituciones, el juez de garantías seguramente va a determinar si los argumentos del Ministerio Público tienen la consistencia necesaria para ir a juicio oral y en el caso del expresidente, es importante que él se ponga a disposición de la justicia, en donde va a tener todas las garantías constitucionales para el ejercicio legítimo de su derecho a la defensa”, sostuvo.

Maidana recordó que lo que motivó la querella hacia Abdo y algunos integrantes de su Gabinete fue la utilización de organismos estatales de control como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), la Secretaría de Estado de Tributación, la antigua Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y otras instituciones, las cuales emitieron informes que no se adaptaban a preceptos legales.

“En una clara persecución hacia el líder de Honor Colorado, Horacio Cartes y hacia quien luego fue candidato y presidente de la República, Santiago Peña. No hay que dramatizar esto y hay que dejar que las instituciones actúen y, ya que el expresidente solicitó esto, creo que el Congreso nunca ha negado a ningún senador activo y en este caso vitalicio, en cuanto a pedir su desafuero”, expuso.

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Por otro lado, desacreditó los dichos de referentes políticos que alegan que el actual fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, nuevamente es funcional a un determinado sector del Partido Colorado y precisó que este fue electo por Mario Abdo y su bloque de aliados políticos, es decir, gran parte del sector opositor, por lo que carece de fuerza esta aseveración, según manifestó.

“Hoy esa afirmación no cae porque sabemos de la forma en que fue electo el señor Fernández, no obstante, confiamos en su trabajo. Muchos opositores que fueron parte de los cuatro intentos de juicio político a la exfiscal Sandra Quiñónez hoy dicen que ella fue mejor, o sea se aplica el dicho de que eran felices y no lo sabían”, concluyó.

La jueza interina, Clara Ruiz Díaz, ratificó la prisión preventiva para Luis Augusto Montanaro, procesado por lesión del derecho a la comunicación y a la imagen, por supuestamente compartir imágenes y videos íntimos sin consentimiento de su pareja.

De acuerdo a la investigación, en fecha 10 de julio de 2024, Mon­tanaro Bedoya habría compar­tido sin consentimiento a tra­vés de distintas plataformas de mensajería numerosas imáge­nes y videos de carácter sexual, presuntamente de su expareja. Este hecho motivó a que se realizara la denuncia que descubrió el ilícito.

La jueza Penal de Garantía, Clara Ruiz Díaz, decretó la prisión preventiva en la cárcel de Tacumbú de Luis Augusto Montanaro Bedoya, imputado por coacción tras amenazar a la fiscal Ruth Karina Benítez.

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La defensa del imputado ofreció una fianza que supera los G. 2.000 millones, pero no fue suficiente, atendiendo los antecedentes del imputado en el presente proceso penal. Montanaro está preso hace más de 60 días en la cárcel de Tacumbú.

Según los datos obtenidos por los investigadores en el marco del operativo Duck sex games, que derivó en la detención de Montanaro, aparentemente el mismo habría creado un grupo cerrado para la venta de fotografías y videos eróticos.

El hombre incluso ponía precios a las imágenes compartidas en sus redes sociales de acceso permitido solo para sus contactos personales. Montanaro Bedoya es conocido en el ámbito social y económico, porque tiene una empresa de captación de inversiones que cotizan en la Bolsa de Valores.

“El hecho revela que esta persona mantenía escenas sexuales con diferentes personas femeninas. Y sin su consentimiento, en algunos de los casos – seguramente asistido- también grababa y sacaba fotografías de esas escenas. Y posteriormente él ofrecía en grupos cerrados utilizando plataformas de redes sociales privadas, a partir de fotografías y videos”, detalló el comisario Diosnel Alarcón al programa “Así son las cosas”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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