El diputado por la Asociación Nacional Republicana Hugo Ramírez presentó ante la Comisión Permanente del Congreso una solicitud de convocatoria a sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados para el tratamiento del proyecto de ley “Que modifica el artículo 123 de la Ley N° 1.328/98 - De derecho de autor y derechos conexos”.
El parlamentario fue tajante al indicar que el objetivo es “enterrar este proyecto”, teniendo en cuenta el mismo atenta contra varios artículos de la Constitución Nacional, además de mencionar que “los autores y creadores ya tienen cómo cobrar sus regalías y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) ya impone como tributo el 10%, a destinarse a una asociación privada de músicos e intérpretes”.
Cabe recordar que el documento en cuestión pretende agregar los incisos a, b, y c, al punto 3 del artículo 123 de la Ley N° 1328/98, por iniciativa de la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes (AIE). Asimismo, establece que cuando el artista no haya fijado contractualmente su remuneración, esta será de 10% del monto total que abonen los clientes a los proveedores de contenidos de internet y que la recaudación será de gestión colectiva obligatoria; mientras que el porcentaje deberá ser retenido por las entidades bancarias, empresas de telefonía y otras que actúen como agentes de percepción.
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Además, menciona que esta retención debe ser liquidada y transferida por las entidades agentes de retención, a la sociedad de gestión colectiva que agrupa a dichos artistas o a la persona jurídica, según la normativa.
La propuesta del diputado Ramírez es que la Comisión Permanente convoque a una sesión extraordinaria de la Cámara Baja para el día jueves 26 de enero, pero esto deberá ser estudiado y aprobado por dicho bloque en su próxima reunión ordinaria, que se desarrollará el miércoles 25 de enero.
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Reforma de la Caja Fiscal: Gamarra defiende participación de los sectores afectados
El proyecto de Ley de Reforma de la Caja Fiscal ya se encuentra en pleno estudio entre los legisladores de la Cámara de Diputados. Al respecto, el legislador colorado Rodrigo Gamarra señaló que cualquier decisión que impacte en la jubilación de los trabajadores del sector público, debe construirse con ellos, permitiendo una amplia participación.
Por ello, en conversación con La Nación Nación Media, celebró que el titular de la Cámara Baja, Raúl Latorre, haya convocado a una audiencia públicia en la que se tuvo una alta participación de representantes de los distintos sectores afectados. Señaló que las audiencias públicas, son espacios que permiten ir puliendo las diferencias y las falencias que pudieran tener la propuesta normativa.
El legislador colorado indicó que entiende que la propuesta del Poder Ejecutivo nace de una visión responsable y de largo plazo, orientada al bien común y especialmente a paliar errores del pasado que hoy ponen en riesgo el futuro y la sostenibilidad del sistema.
Señaló que esa es una preocupación legítima, sobre la necesidad de establecer un sistema que garantice que los jóvenes de hoy, también puedan jubilarse mañana.
“El espíritu de buscar orden y equilibrio es positivo para la macroeconomía del país. Ahora bien, sobre la postura de los docentes y posibles modificaciones, y el rechazo que manifiesta el sector docente, considero que su voz es fundamental. Cualquier decisión que impacte en su jubilación debe construirse con ellos, no sin ellos. Celebro por eso las audiencias públicas, pues son el espacio para pulir falencias”, remarcó.
A favor de los maestros
Igualmente, enfatizó que su posición es clara, al estar a favor de los maestros. “La labor docente es el cimiento sobre el cual se construye el futuro de Paraguay, y cualquier reforma que afecte su previsión social debe ser tratada con la máxima sensibilidad y responsabilidad. No podemos hablar de educación sin tener en cuenta la realidad diaria y el bienestar de quienes dedican su vida a enseñar”, remarcó.
El diputado Gamarra sostuvo finalmente, que a su criterio, el proyecto de reforma debe asegurar y blindar los derechos adquiridos. “No se pueden cambiar las reglas de juego a mitad del camino para quienes ya cumplieron con sus años de servicio, debe construirse un consenso y poner a la luz todos los riesgos existentes actualmente y las posibles soluciones; al final la justicia debe ser el límite de la sostenibilidad”, acotó.
Reformas planteadas desde el Ejecutivo
Es importante recordar que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), presentó ante la Comisión Permante un proyecto de ley para reformar el Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público.
La propuesta se planteó con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema previsional frente al elevado déficit que arrastra la Caja Fiscal, que en 2025 cerró con USD 380 millones.
Anticipándose a lo que este déficit podría significar a futuro, el incimplimiento del pago de los haberes jubilatorios; desde el gobierno están planteando algunas principales medidas que incluyen modificaciones a la ley vigente.
- Establecer una edad mínima de jubilación, algo que actualmente no existe para varios sectores (como docentes), con un esquema de acceso gradual desde los 57 años.
- Homogeneizar el cálculo de haberes jubilatorios sobre el promedio de los últimos cinco años de aportes.
- Actualizar los haberes de forma uniforme según la variación del salario mínimo legal vigente.
- Ajustar el esquema de aportes al sistema:
- Tablas de sustitución que incentivan aportes más prolongados para mejorar los beneficios.
- El Gobierno descartó aumentos de impuestos como solución al déficit.
Según el Ejecutivo, estas reformas evitarían un desbalance de casi USD 9.820 millones en la próxima década si no se toman medidas.
Postura de rechazo de los docentes
En tanto, gremios docentes mantienen un firme rechazo a la versión del proyecto impulsado por el Gobierno, especialmente porque consideran que no responde a la realidad laboral ni a los derechos ya adquiridos. Los principales puntos cuestionados son:
- Edad mínima de jubilación: rechazan que se establezca un límite de 57 años, que eliminaría la jubilación por años de aporte sin tope etario.
- Incremento del aporte estatal insuficiente:
- Retroactividad: cuestionan que se apliquen cambios a quienes están cerca de retirarse.
- Reclaman mayor transparencia e instalación de una mesa técnica con el MEF y el Legislativo.
- Denuncian que el proyecto traslada el ajuste hacia los trabajadores y no atiende las causas reales del déficit.
- Amenaza de movilización: En consecuencia insisten en advertir que de aprobarse el proyecto de ley esta semana y seguir el mismo curso en el Senado, corre en riesgo el inicio de las clases el próximo 23 de febrero.
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Reforma de Caja Fiscal: docentes anuncian movilizaciones el 5 de febrero ante el tratamiento del proyecto
Los principales gremios de docentes del país se declararon “en alerta máxima” ante el avance en el Congreso del estudio del proyecto de reforma de la Caja Fiscal, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo para corregir el déficit del sistema previsional del sector público.
En conferencia de prensa, las organizaciones anunciaron movilizaciones para el próximo 5 de febrero, fecha en la que está prevista una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados para tratar el proyecto.
La preocupación de los gremios surge porque el Gobierno busca introducir modificaciones estructurales al régimen jubilatorio, argumentando la necesidad de garantizar su sostenibilidad financiera en el mediano y largo plazo.
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Actualmente, la Caja Fiscal registra un déficit cercano a los USD 380 millones anuales, que debe ser cubierto con recursos del Tesoro, lo que limita la capacidad del Estado para destinar fondos a áreas como inversión pública, salud o programas sociales.
Desde el Ejecutivo y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se insiste en que la reforma no apunta a recortar derechos, sino a ordenar el sistema, equilibrar ingresos y egresos y asegurar que las futuras generaciones de funcionarios puedan acceder a una jubilación. El proyecto contempla cambios graduales y, según las autoridades, su tratamiento se dará en consenso con los sectores involucrados, incorporando ajustes durante el debate legislativo.
Sin embargo, uno de los puntos que genera mayor rechazo entre los docentes es la propuesta de elevar la edad mínima jubilatoria, estableciendo una edad extraordinaria de 57 años y una ordinaria de 62 años.
Los educadores sostienen que estas condiciones no reflejan la realidad del trabajo en las aulas y advierten que podría afectar la calidad de vida de los trabajadores al final de su carrera laboral.
Otro aspecto cuestionado es el aporte patronal del Estado, que en el proyecto se fija en 3%. Los gremios docentes consideran insuficiente ese porcentaje y reclaman que el Estado aporte al menos 14% por cada maestro, equiparando el esfuerzo contributivo y fortaleciendo el financiamiento del sistema sin trasladar el mayor peso a los trabajadores.
Pese a las tensiones, desde el Ejecutivo remarcan que la reforma es inevitable si se pretende evitar un colapso de la Caja Fiscal. De no introducirse cambios, advierten, el déficit seguirá creciendo y comprometerá aún más las finanzas públicas.
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Docentes piden mesa técnica para consensuar reforma de la Caja Fiscal en febrero
La Comisión Permanente del Congreso Nacional recibió este lunes a representantes de diversos gremios docentes, encabezados por la Federación de Educadores del Paraguay (FED). También llegaron representantes de la Superintendencia de Jubilaciones, quienes continúan con el análisis del proyecto de Ley de “Reforma de la Caja Fiscal”.
Este debate se está llevando adelante debido a que la semana pasada estos gremios de educadores habían presentado su contrapropuesta a la Reforma de la Caja Fiscal. Solicitan la instalación de una mesa técnica que se pueda llevar adelante durante el mes de febrero, de tal modo a que se pueda llegar a un consenso antes de que reinicie el periodo parlamentario el próximo 1 de marzo. Buscan trabajar con el Ministerio de Economía y Finanzas una mejor alternativa.
Si bien aclaran que no están cerrados al diálogo, pero son enfáticos al señalar que no aceptan las modificaciones que plantea el Ejecutivo. Entre ellos, elevar los años para la jubilación y los años de aporte, en consecuencia. Solicitan que se tenga en cuenta solamente los años de aporte, sin establecer una edad mínima tal y como tienen actualmente.
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El otro punto que cuestionan es el aporte del Estado, pues no están de acuerdo que sea solamente 3 % y exigen que se eleve al 14 %, para que ellos se queden con su aporte del 16 %.
Este debate se está dando a instancias de la Comisión Permanente que lleva adelante reuniones con los diversos sectores afectados. No obstante, este proyecto de reforma ya fue derivado a la Cámara de Diputados.
El titular de la Cámara Baja, Raúl Latorre, había asegurado que en febrero, si lo dispone la Comisión Permanente, o en marzo, cuando se retomen las actividades legislativas, se estará convocando a audiencias públicas para profundizar su estudio.
No descartan medidas de fuerza
A nivel departamental, varios gremios han convocado a conferencia de prensa, tanto en Caaguazú, Guairá, Concepción, donde han coincidido en expresar su rechazo al proyecto de Reforma de la Caja Fiscal, planteado por el Ejecutivo.
En su exposición argumentan que esta iniciativa estaría atentando contra los docentes e incluso señalan que también contra los trabajadores del sector público. Informaron desde Concepción que en los primeros días de febrero estarán convocando a una reunión intersectorial con otros gremios y sindicatos docentes para ir analizando algunas medidas que pudieran tomar, en caso de que no sean atendidos sus reclamos.
Estos sectores amenazan que podrían ir a un paro a nivel nacional, así como a movilizaciones en diversos puntos que consideran estratégicos.
Mílder Cristaldo, dirigente de la OTEP-SN, mencionó que consideran que se debe mantener la Ley 2345, en la cual no se determina la edad mínima de jubilación y sí los años de servicio y aportes.
“Creemos que el sector docente trabaja mucho, con muchas precariedades, cansancio mental. Es muy diferente trabajar en una sala de clases con muchos niños, con calor o frío, por eso creemos que no se debe cambiar esta ley”, comentó.
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Chase considera volver privada la Caja Parlamentaria ante déficit del sistema
El senador y líder de bancada oficialista, Natalicio Chase, considera que la Caja Parlamentaria, al igual que la Caja Fiscal, deben de sufrir igualmente modificaciones, por lo que considera necesario incluir en el debate que se encuentra desarrollando en estos momentos en el ámbito de la Comisión Permanente. Indicó que por tratarse de un tema “de la casa” el estudio debe ser prioritario.
Durante una conversación con varios medios de prensa en la Cámara Alta, indicó que se ha tomado un tiempo para analizar la situación de ambas cajas jubilatorias, una de las cuales ya cuenta con un proyecto de modificación planteado por el Poder Ejecutivo, sobre todo ante la crisis que atraviesa la Caja Fiscal por el déficit de más de 380 millones de dólares.
“La Caja Parlamentaria debe de sufrir reformas al igual que la Caja Fiscal, y como es de la casa creo yo debe de ser prioritario. Hemos analizado varias opciones que tiene la Caja Parlamentaria, y una de ella es volverla 100 % privada. Creo que no tiene por qué recibir aportes del Estado, tenemos el mismo concepto que se tiene con la Caja de Jubilación, no son sostenibles en la forma que se encuentran hoy y debe ser modificada”, explicó.
No obstante, reiteró que no está de acuerdo con la idea planteada por el diputado Raúl Benítez, quien propuso la eliminación por completo de la Caja Parlamentara. Indicó que esa propuesta no fue analizada y se planteó de forma “alegre” sin considerar las consecuencias que traería.
“Considero que la Caja Parlamentaria puede ser modificada, pero no eliminada en su totalidad, porque a la fecha hay 280 personas ya jubiladas, y que si se elimina el Estado deberá absorber; así como devolver todos los aportes que se hicieron; por eso es necesario un análisis más profundo”, comentó.
Convertirla en caja privada
Insistió en que la Caja Parlamentaria es prácticamente independiente, pero necesita ser modificada. No obstante, remarcó que considera 100 % factible convertir la Caja Parlamentaria en una caja de jubilación privada. “Todo dependerá de la voluntad de aporte de los que están colaborando con la caja. No tiene por qué ser obligatoriamente pública, sino que también puede ser privada” acotó.
En cuanto a las modificaciones, señaló que sería similar a las que se están planteando ahora a la Caja Fiscal, como aumentar la edad de jubilación, establecer periodos legislativos que sean sostenibles. Recordó que la Caja Parlamentaria ya sufrió varias modificaciones, ya que al principio decía que se podía jubilar al culminar el primer periodo de mandato de 5 años.
“Hay un estudio que señala que el aporte debe de ser de por lo menos 15 años, es decir tres periodos legislativos, para comenzar a retribuir. Pero este estudio lo vamos a tener terminado para febrero próximo. Por ahora, no creo que la solución sea la eliminación total de la Caja Parlamentaria, pero somos conscientes de que debe de ser modificada, incluso antes que la Caja Fiscal, porque es de la casa y debe ser analizada”, concluyó.