El senador Basilio Núñez, presidente del Congreso y de la Cámara Alta, ratificó su confianza en los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), quienes son los que resolverán con total independencia si continúa o no con la compra, o bien, el alquiler de las máquinas de votación.

El parlamentario conversó con los medios de prensa respecto al proyecto de declaración del Senado, que se aprobó este miércoles, por el cual insta a la Justicia Electoral a suspender la compra de las máquinas de votación y recurrir a un llamado de licitación por vía de la excepción para el alquiler de las mismas.

Esta propuesta surgió teniendo en cuenta que actualmente el proceso de compra está atrasado debido a una serie de protestas y reclamos presentados ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

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Al respecto, el titular del Legislativo aclaró que lo expresado por el Senado es una propuesta que insta a optar por el alquiler de las máquinas, para garantizar el proceso electoral con miras a las Municipales 2026, pero enfatizó que la decisión final es del TSJE lo que crea más conveniente.

“A mi parecer, se tiene que hacer lo que digan los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Mi confianza como presidente del Congreso está depositado en los tres ministros”, enfatizó.

Por otra parte, indicó que desconoce a qué grupo empresarial se le podría estar beneficiando en el tema de la compra de las máquinas de votación. Recordó que, en el ámbito de la Justicia Electoral, el oficialismo actualmente es minoría, en las decisiones que toma este órgano extra poder.

Indicó que si bien, el actual presidente del TSJE es Jaime Bestard que representa al Partido Colorado, los otros dos miembros, son del Partido Liberal, y del tercer espacio, respectivamente.

Asimismo, remarcó que el proyecto de declaración finalmente no es vinculante para nada, y que la decisión está en la voluntad que puedan tener los miembros del Tribunal Superior.

“Para nada hay presión, ya que incluso en las mesas estamos siempre en minoría. Lo que sí queremos es contar con todas las garantías. Yo creo que este proyecto de declaración solo está instando, pero la decisión final estará en el Tribunal Superior de Justicia Electoral”, acotó.

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La Cámara de Senado­res aprobó en mayo­ría un proyecto de declaración por el cual insta a la Justicia Electoral a sus­pender la compra de máqui­nas de votación y recurrir al alquiler de las mismas, debido a excesivos trámites burocrá­ticos que están imprimiendo el proceso.

La moción fue planteada sobre tablas por el senador liberal Dionisio Amarilla, y acompañada por la mayoría, debido a la indefinición del lla­mado a licitación de compra de máquinas de votación. Señaló que el actual proceso de licita­ción pública para la adquisi­ción de máquinas de votación ha generado una serie de con­troversias políticas.

Indicó que el planteamiento surge a fin de precautelar la credibilidad de la institución y de los futuros procesos elec­torales. Aclaró que el plantea­miento incluso fue consultado con el presidente de la comi­sión permanente de Asuntos Electorales del Senado, sobre la necesidad de buscar otros mecanismos que garanti­cen el buen proceso electoral con miras a las municipales 2026. No obstante, el senador Amarilla destacó que desde la Cámara Alta reconoce la trayectoria, imparcialidad y compromiso institucional del Pleno del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en la conducción de los asuntos electorales, manifestando su confianza en su integridad y desempeño.

“Creemos que ya en esta época del año, es plausible analizar la posibilidad de recurrir al arrendamiento de las máqui­nas de votación y no insistir en las compras”, expresó.

De acuerdo al documento aprobado se recomienda al TSJE que, en uso de las facul­tades conferidas por la Ley de Suministro y Contrataciones Públicas, proceda a la apertura de un nuevo llamado por la vía de la excepción, destinado al arrendamiento de máquinas de votación, a fin de garanti­zar la disponibilidad de tec­nología electoral en los plazos requeridos para la organiza­ción de los comicios.

Igualmente, insta a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) a agilizar los procesos en el marco del proce­dimiento de exención para ase­gurar la provisión de máquinas de votación para las próximas elecciones municipales.

La Cámara de Senadores aprobó en mayoría un proyecto de declaración por el cual insta a la Justicia Electoral a suspender la compra de máquinas de votación y recurrir al alquiler de las mismas, debido a excesivos trámites burocráticos que están imprimiendo el proceso.

La moción fue planteada sobre tablas por el senador liberal Dionisio Amarilla, y acompañada por la mayoría, debido a la indefinición del llamado a licitación de compra de máquinas de votación. Señaló que el actual proceso de licitación pública para la adquisición de máquinas de votación ha generado una serie de controversias políticas.

Indicó que el planteamiento surge a fin de precautelar la credibilidad de la institución y de los futuros procesos electorales. Aclaró que el planteamiento incluso fue consultado con el presidente de la comisión permanente de Asuntos Electorales del Senado, sobre la necesidad de buscar otros mecanismos que garanticen el buen proceso electoral con miras a las Municipales 2026.

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No obstante, el senador Amarilla destacó que desde la Cámara Alta reconoce la trayectoria, imparcialidad y compromiso institucional del Pleno del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en la conducción de los asuntos electorales, manifestando su confianza en su integridad y desempeño.

“Creemos que ya en esta época del año, es plausible analizar la posibilidad de recurrir al arrendamiento de las máquinas de votación y no insistir en las compras”, expresó.

De acuerdo al documento aprobado se recomienda al TSJE que, en uso de las facultades conferidas por la Ley de Suministro y Contrataciones Públicas, proceda a la apertura de un nuevo llamado por la vía de la excepción, destinado al arrendamiento de máquinas de votación, a fin de garantizar la disponibilidad de tecnología electoral en los plazos requeridos para la organización de los comicios.

Igualmente, insta a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) a agilizar los procesos en el marco del procedimiento de exención para asegurar la provisión de máquinas de votación para las próximas elecciones municipales.

A su turno, el senador Arnaldo Samaniego, como miembro de la Comisión de Asuntos Electorales, confirmó su apoyo a la propuesta preocupado por todo lo que refiere a la adquisición de las máquinas de votación.

Explicó que atendiendo a la premura del tiempo que tal vez ya no alcance para la compra de las máquinas, y teniendo en cuenta que existen aún protestas no resueltas en la DNCP, dentro de la comisión han convocado a técnicos y a las autoridades del TSJE para evacuar las dudas ante la situación.

“Creemos conveniente que el llamado a licitaciones para la adquisición de las máquinas debe interrumpirse y debe necesariamente proseguir el proceso que garantice nuestra democracia en la realización de elecciones y sean sustituidos este mecanismo de llamado por el de arrendamiento o alquiler de las máquinas. Esto, con la absoluta certeza de que desde nuestra comisión seguirá de cerca este proceso", acotó.

En tanto, algunos legisladores de la oposición, plantearon la postergación por una semana para un mejor análisis de la propuesta declaratoria; sin embargo, la misma no logró contar con la mayoría necesaria.

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El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) lanzó oficial­mente ayer el cronograma electoral para las eleccio­nes municipales de Ciudad del Este.

El llamado a nuevos comi­cios surge tras concretarse la destitución del opositor Miguel Prieto, mediante una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, el pasado 19 de agosto, tras constatarse gra­ves hechos de corrupción.

Mediante la Resolución n.º 81/2025, las elecciones internas simultáneas de las organizaciones políticas se realizarán el domingo 5 de octubre de 2025 y las eleccio­nes municipales el domingo 9 de noviembre. Mientras que el juramento y la toma de posición al cargo se desarro­llará el 18 de noviembre del presente año. Actualmente, la intendencia es interinada por la concejal María Portillo, aliada política de Prieto. La dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y hermana del exdiputado Car­los Portillo, asumió el pasado lunes el cargo mediante una sesión extraordinaria. Prieto buscó colocar en su reem­plazo a la concejala Valeria Romero, su actual pareja, sin embargo, perdió la puja con­tra Portillo, quien recibió un fuerte respaldo de dirigentes del PLRA de Ciudad del Este.

Entre las irregularidades detectadas durante la admi­nistración de Prieto mediante una intervención encabezada por el economista Ramón Ramírez, figuró, por ejem­plo, una presunta malversa­ción por G. 29.000 millones.

El desfalco guarda relación con dinero que debía des­tinarse a obras y bienes de capital, pero habría sido desviado para cubrir gastos corrientes, transferencias y pago de deudas, según reveló el economista.

Prieto contaba con una par­tida presupuestaria equi­valente a G. 83.000 millo­nes, que estaba asignada al financiamiento de gastos de capital. La utilización irre­gular de este recurso fue reportada por la Contralo­ría General de la República (CGR), y forma parte de los puntos claves que susten­taron el requerimiento de indagación.

Por otra parte, informaciones desprendidas de la revisión administrativa y financiera hecha sobre recursos canaliza­dos mediante el Consejo Local de Salud, entre el 2019 y 2022, que alcanzaron más de G. 10.500 millones en dicho periodo, demuestran serios incumplimientos a las normativas vigentes.

De dicho monto, G. 6.000 millones se destinaron a obras y refacciones que fueron ejecutadas sin ningún tipo de control técnico ni administrativo, lo que impide determinar si esas inver­siones realmente se realizaron como figuran en las facturas pre­sentadas, o siquiera si se hicieron.

Ramírez también presentó una denuncia penal ante el Minis­terio Público, luego de detectar la presunta existencia de una caja paralela, cuyos recursos fueron recaudados por diferentes impuestos, sin embargo, no ingresaron finalmente a las arcas de la comuna. Señaló que existiría un daño patrimonial de unos G. 75 millones que no ingresaron a tesorería.

Las amenazas comunicadas por Pereira al ministro ya se tratan de nuevas que surgieron en la jornada de ayer.

El ministro del Interior, Enrique Riera, confirmó que el interventor de la Munici­palidad de Asunción, Carlos Pereira, recibió amenazas y aseguró que ya se toma­ron las medidas de seguri­dad. Pereira culminó con el proceso de intervención el pasado viernes y ya entregó el informe final al Ministe­rio del Interior.

“Yo hablé informalmente con él, le dije que guarde todas las amenazas, para que si en algún momento dado se siente con ganas y fuerzas, yo lo iba a apoyar, también lo vamos a proteger, ninguna amenaza se subes­tima”, contó el ministro en conversación con un medio local.

Riera confirmó además que en el proceso del trabajo de intervención ya existieron algunas amenazas, pero que en ese momento, tanto la intendencia como el inter­ventor contaban con un fuerte dispositivo de seguri­dad. Las amenazas comuni­cadas por Pereira al minis­tro ya se tratan de nuevas que surgieron ayer.

“Durante el proceso, él recibió algunas (amena­zas), pero estaba protegido porque teníamos policías en la intendencia, se iba y venía con protección en su casa y su familia también. Hoy estuve intercambiando mensajes con él y ya le había dicho esto”, señaló Riera.

Tras la renuncia de Rodríguez, “en este momento el trámite documental está en el Poder Ejecutivo”, explicó el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, indicó que el informe final de la intervención a la Municipa­lidad de Asunción aún no fue remitido a la Cámara de Dipu­tados. Las documentaciones ya fueron entregadas por el interventor Carlos Pereira al Ministerio del Interior, mien­tras tanto, con la renuncia del exintendente Óscar Rodrí­guez el informe ya no pasa por la Comisión Especial de Intervención.

“No hemos recibido el informe de Asunción. Aquí nosotros hicimos un compro­miso como Cámara de tratar ambos casos, ambas inter­venciones con un ropaje insti­tucional, respetando la Cons­titución y a las leyes vigentes. En ese entendimiento, hici­mos los procedimientos esta­blecidos en estas normativas, y en su momento el movi­miento, al cual pertenezco, el movimiento Honor Colo­rado, votó a favor de ambas intervenciones”, sostuvo Latorre en conversación con los medios.

Indicó que al producirse o iniciarse el proceso de inter­vención, los intendentes tie­nen la opción de renunciar al cargo. “El intendente de Ciudad del Este no fue por la renuncia, en el caso del intendente de Asunción, sí lo hizo. Era la misma alterna­tiva que tenía el intendente de Ciudad del Este, pero son decisiones personales”, manifestó.

Tras la renuncia de Rodrí­guez, “en este momento el trámite documental está en el Poder Ejecutivo, esa es una situación que debe ser dirimida por el Poder Ejecu­tivo (la entrega del informe a Diputados)”, de acuerdo a las expresiones del titular de la Cámara Baja.