El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

La intervención en proceso en la Municipalidad de Ciudad del Este está revelando cada vez con más claridad cómo funcio­naba el esquema que organizó el intendente Miguel Prieto para concretar su maquiavélica gran estafa, con el objetivo de embol­sillarse millonarias sumas per­tenecientes a las arcas públicas. Le contamos cómo era el pro­ceso para la tragada sistemática de dinero de los contribuyentes.

Mientras continúa la inter­vención de la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del economista Ramón Ramírez, va saltando al tapete cada vez con más claridad cómo ope­raba Miguel Prieto para llevar a cabo la maquiavélica estafa, que prácticamente vació las arcas de la municipalidad esteña. Prieto y sus cómplices creían tener el esquema muy bien pla­neado, pero se les escaparon algunos detalles importantes que finalmente sirvieron a la Fiscalía de Delitos Económi­cos como elementos para seña­larlos por las figuras penales de lesión de confianza, adminis­tración en provecho propio y asociación criminal.

El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el inten­dente “opositor” Miguel Prieto anunciaba con bombos y plati­llos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación “de urgen­cia” a la firma Tía Chela SRL. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se con­cretó recién el 27 de marzo, y Miguel Prieto ya estaba publi­cando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo, es decir, dos días antes.

Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, mismo día que la municipalidad firmaba con­trato con Tía Chela SRL, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se ela­boraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encon­traba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhi­biendo incluso canastas en sus videos. El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gas­tos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que en realidad no fueron proveídos por Tía Chela SRL.

A la “escenografía” que montó Prieto se suma otro hecho curioso. En el anverso del che­que que cobró el propietario de Tía Chela, Fermín Ávalos, estaba escrita a mano la frase “para comisión de Francisco Arrúa”. Arrúa es nada menos que el direc­tor administrativo de la Muni­cipalidad de Ciudad del Este. Es decir, antes de concretarse la entrega de los víveres, ya estaba planificada la repartija de tajadas a los involucrados en la licitación que favoreció a Tía Chela.

Un dato no menor es que, al momento de convocar a los oferentes, se invitó a Tía Chela SRL de Fermín Áva­los a Danielito SRL de Felipe Ávalos (padre de Fermín) y a Yrupē, de Sady Lorena Mar­tínez, quien ya contaba con millonario contrato de ali­mentos.

Esta convocatoria a miembros de una familia y cercanos hace sospechar a la Fiscalía de que el proceso de licitación fue sola­mente un maquillaje para direccionar la adjudicación hacia Tía Chela SRL.

El Departamento de Crimen Organizado realizó verifica­ciones aleatorias de datos de los supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figu­ran en las planillas, y resultó que varios de ellos residen o en el extranjero o en otros departamentos del país ale­jados de Ciudad del Este.

Por si fuera poco, en las planillas, datos que debieron ser con­signadas por los beneficia­rios, se observa claramente que la caligrafía pertenece a una misma persona, que llenó todo el documento para simu­lar la entrega de los kits.

El subdirector de seguridad de la Dirección de Aeronáutica Civil (Dinac), Gustavo Sandoval, destacó la cooperación brindada al operativo fiscal-policial realizado este martes en las oficinas aduaneras del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Afirmó que “prácticamente” se hizo una entrega vigilada que posibilitó la detención de los funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) vinculados al presunto esquema de coimas.

“Nosotros estamos cooperando con el Ministerio Público y toda la información referente a este operativo está a cargo justamente de la gente fiscal. Estamos cooperando en la investigación con la Policía Nacional y el Ministerio Público”, dijo a los medios de prensa.

Al ser requerido si efectivamente se concretó una entrega vigilada, el funcionario de la Dinac respondió: “Y prácticamente. Hay una denuncia, el Ministerio Público se constituye aquí y nosotros estamos colaborando con esta investigación, de manera a facilitar todos los elementos para que puedan tener una visión holística sobre este tema”, manifestó.

Detalló que todas las evidencias colectadas en la intervención fueron lacradas. “Tres personas están demoradas“, confirmó al aludir a los funcionarios Juan Arroyo, Robert Fernández y Javier Acosta.

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El titular de la DNIT, Óscar Orué, manifestó que el operativo se concretó tras denuncias recibidas por parte de un importador.

“Nosotros recibimos una denuncia hace unos días de una persona, entonces derivamos a la Fiscalía. La Dirección Anticorrupción recibió esa denuncia y se comunicó con el Ministerio Público. La persona denunciante proporcionó datos y la Fiscalía actuó en consecuencia", dijo a la 1020 AM.

Ratificó la postura del gobierno de combatir la corrupción en las administraciones aduaneras.

“Estos son casos que queremos que se eliminen en todas las administraciones aduaneras. Para nosotros es importante que se pueda dilucidar el caso y que se pueda encontrar a los responsables, en caso de que haya pruebas”, subrayó.

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El fiscal Óscar Fernández sostuvo que con la apertura de la caja fuerte se podrá decidir el futuro de los pilotos de la aeronave incautada en la ciudad de Quyquyhó. Adelantó que no observó ninguna situación de violencia en ellos, pese a que habían denunciado ser víctimas de un supuesto secuestro.

“Este es un hecho que aconteció el día sábado en el horario de la mañana, donde la avioneta fue contratada a los efectos de transportar una caja fuerte al departamento de Canindeyú, donde debía haberse realizado la entrega”, relató al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Yo ordené la detención de los mismos porque conforme a sus manifestaciones el tema del secuestro, yo accedí a una filmación que obtuvieron los oficiales que están a cargo de la investigación. Y realmente yo no observé ninguna situación de violencia o fuerza, o atraco relacionado así a un tipo de secuestro. O sea, esa imagen no me coincide con la declaración de los pilotos”, remarcó.

El agente del Ministerio Público indicó que llegando al lugar el piloto y el copiloto descendieron de la aeronave y supuestamente fueron secuestrados por cuatro personas de nacionalidad brasileña.

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“Dos de ellas suben en el avión y dos de ellas quedan en el vehículo que posteriormente fue abandonado e incinerado”, describió. Siguió contando que una vez en el aire ambos fueron obligados a dirigirse a Bolivia, pero por el camino el piloto alertó que iba a quedar sin combustible.

Entonces, se dirigen hacia Concepción donde quisieron descender y el piloto nuevamente advirtió que hay un destacamento militar por lo que iba a ser imposible cumplir la orden de aterrizaje en ese sitio.

“Entonces vuelven a la ciudad de Paraguarí donde descienden en la parte de Quyquyhó (María Antonia) en una estancia. Cuando ellos bajan, vecinos alertan a la Policía de la zona a los efectos de que puedan proceder y se constituye en el lugar”, subrayó.

Supuestamente en el lugar, los pilotos fueron llevados hacia una zona boscosa y sus captores huyeron, conforme declararon los afectados.

Así también, el agente fiscal Fernández indicó que hay varias hipótesis en torno a la caja fuerte incautada y que debe ser revisada con autorización judicial. Se sospecha que podría contener cocaína o dinero en efectivo, o lingotes de oro. La apertura debe ser autorizada por la juez penal de garantías de Quiindy.

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La agente fiscal Ingrid Cubilla, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, alertó sobre la expansión de las pandillas vinculadas a los clanes vinculados al narcotráfico en los barrios de Asunción.

“Hoy por hoy lo que nosotros estamos visualizando mucho es la creación, el establecimiento así como la propagación de pandillas vinculadas a clanes que se van formando”, señaló a la 1020 AM.

Aseveró que estos grupos “se van agrupando y expandiendo a nivel de los barrios”. Se refirió puntualmente al operativo Dominatus, desplegado el pasado 25 de junio en el barrio Ricardo Brugada, que permitió desarticular algunos grupos criminales que generaban zozobra en el vecindario.

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“Particularmente, dentro de la unidad hace poquito tuvo desarrollo el operativo Dominatus que se realizó en el barrio Chacarita, un lugar donde se han identificado, al principio, a dos bandas como los arroyenses o pelopinchenses”, relató.

La abogada Cubilla confirmó que se descubrieron otras subdivisiones dentro de estas bandas criminales. “Dentro de esas barras hay otra vez como minigrupos donde se van especializando, agrupando de acuerdo a los objetivos y la rivalidad que hay entre ellos”, detalló.

Explicó que estas bandas, aparte de la comercialización ilícita de armas para su utilización en varios hechos punibles, también están vinculadas con la venta de sustancias estupefacientes. Dijo que, entre los miembros, el consumo de droga viene a ser ya prácticamente parte de la dinámica diaria.

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“Nosotros lo que siempre establecemos, al menos a nivel de práctica dentro de la unidad especializada, es identificar al consumidor que solamente es consumidor, pero así también de la persona que comercializa”, manifestó.

En este punto, la fiscal aclaró que, por un lado, se busca la rehabilitación del consumidor, pero sin dejar de lado la sanción penal, que constituye la función propia de la Fiscalía. “El Ministerio Público ya va por la represión del hecho, es la sanción de la persona que está vinculada a los hechos de comercialización ilícita de sustancias estupefacientes”, puntualizó.