Ciudad del Este. Agencia Regional.

El viernes 29 de noviembre, la ciudad de San Cristóbal, al suroeste de Alto Paraná, celebrará 40 años de haberse elevado a la categoría de distrito. La próxima adjudicación de la obra para el asfalto que la une con Juan E. O´Leary es considerada como un regalo de cumpleaños, según el intendente Valcir Pelizza, consultado por La Nación/Nación Media.

El 20 de noviembre se realizó la apertura de sobres en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, de la licitación realizada para varias obras en tres departamentos, entre ellas el tramo de 62 kilómetros que une O´Leary con San Cristóbal. Serán tres lotes a ser adjudicados para el citado tramo.

“Tendremos un festejo especial porque se está haciendo realidad una obra esperada por décadas por la población, solo falta la adjudicación. Creemos que entre marzo o abril del próximo año se iniciará la construcción”, refirió el jefe comunal, teniendo en cuenta los plazos requeridos entre adjudicación, firma de contrato y orden de inicio de obras.

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“San Cristóbal estará viviendo un cambio vial muy importante con las obras anunciadas porque, en breve, se harán más licitaciones de rutas que beneficiarán al municipio; el desarrollo económico que traerá consigo esas nuevas rutas será de gran impacto”, sostuvo el intendente Valcir Pelizza.

La otra obra a la que se refirió es la ampliación de la Ruta PY10 desde el cruce Naranjal a San Cristóbal, que ahora se extenderá hasta Paso Yobái, de aproximadamente 80 kilómetros. Dicha vía unirá los departamentos de Alto Paraná, Caazapá y Guairá y sería licitada a inicios del próximo año.

“Con el asfalto a O´Leary que nos conecta a la Ruta PY02, más la extensión de la Ruta PY10, San Cristóbal quedará dentro de un eje vial muy importante que nos permitirá un crecimiento en inversiones”, sostuvo el jefe comunal.

El asfalto O´Leary/San Cristóbal es parte del paquete de obras de la Licitación Pública Nacional N.º 87/2024 para la rehabilitación y pavimentación asfáltica de 127,7 kilómetros de tramos camineros que beneficiarán a más de 90.000 personas en los departamentos de Alto Paraná, Itapúa y Caazapá, según anunció en su momento el MOPC.

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Por Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa

Vamos a hacer una comparación asquerosa, hablemos del famoso “pique” o pulga de pie. Cuando tenés un pique, normalmente en los pies, lo primero que sentís es una molestia y lo único que ves al comienzo es un pequeñito punto negro. Si sos citadino o extranjero, lo primero que podés pensar es una espina, o una picadura de algún bicho, pero si sos paraguayo, inmediatamente sabrás que ese puntito negro significa que debajo de la piel hay más de 200 huevos de pique y pus.

Hoy quiero comparar el pique con la cantidad de denuncias recepcionadas por violencia contra las mujeres. Porque el puntito negro solo es la punta del problema, al igual que las denuncias son solo la punta del problema muchísimo mayor de violencia que enfrentan las mujeres en el interior.

En Itapúa, desde enero hasta octubre del 2024, el Ministerio Público recepcionó 1.308 denuncias por violencia familiar, entre ellas maltrato verbal, golpes, abuso sexual, manipulación y amenazas.

En el Palacio de Justicia de Encarnación, desde enero a octubre del 2024, se registraron 4 casos de feminicidio y 244 casos de violencia familiar que llegaron a instancias judiciales a través de los juzgados de garantías del n.º 1 al 5 en Encarnación, el juzgado de garantías de María Auxiliadora, el juzgado de garantías de San Pedro del Paraná y el juzgado penal de la adolescencia.

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Respecto a condenas en este año, no podemos dejar pasar dos ejemplares condenas por feminicidio y una condena por tentativa de feminicidio. La primera fue de 30 años al expolicía, suboficial Ramiro Rodas, quien asesinó a su pareja Alicia Fernández de 37 años en el distrito de San Juan del Paraná. El feminicida la violó, mordió y estranguló, y fue el hijo que tenían en común quien encontró a su mamá sin vida a la mañana siguiente.

La segunda condena sentenció a 23 años a Lelio Lugo, un hombre que golpeó a su pareja Lourdes Ramona Mareco de 49 años en la cabeza y la arrojó al empedrado desde su vehículo en movimiento en Pirapey km 40. Y la última condena por feminicidio en grado de tentativa fue a Javier Maqueda Garay, sentenciado a 17 años de prisión por atacar con un cuchillo a su expareja Laura Garcete, a quien hirió en el rostro y cuello, sobrevivió porque los hermanos la auxiliaron. Ocurrió en Cambyretá.

Todos estos casos son un puntito negro de la violencia que existe en el interior del país, dicho en otras palabras, la punta del iceberg.

Una de las magistradas del tribunal de sentencia que estuvo detrás de varias condenas ejemplares este y otros años es la jueza Liz Sanabria de Gneiting, quien expresa la preocupación desde el ámbito judicial por la falta de denuncias a raíz del desconocimiento de las leyes, el temor por la falta de protección y la falta de tribunales y juzgados especializados en violencia contra la mujer.

“Nos damos cuenta del aumento significativo de violencia contra las mujeres y por ende contra niños, por la cantidad de casos de juicios que manejamos por día. Son prácticamente 5 juicios por día y de ellos 3 son abusos sexuales en niños y 2 de violencia. Luego se divide en los demás hechos punibles comunes, hurto, homicidio, estafa, pero el mayor índice en primer lugar es el abuso sexual en niños, la prestación alimentaria y la violencia familiar donde generalmente la principal víctima son las esposas, y las víctimas colaterales, los hijos”, expresa la magistrada.

Desde el estrado, los jueces escuchan todo tipo de historias, pero las que más consternan son sobre mujeres que no se animan a denunciar, e incluso que si denuncian, no tienen respuesta efectiva del Estado ni acceso a la justicia. Su principal inquietud es que las mujeres tengan un acceso efectivo a la justicia, con respuestas prontas por parte de la Fiscalía y emisiones de medidas cautelares inmediatas por parte de los juzgados de paz. Cada denuncia con respuesta efectiva de los órganos de justicia significa que se puede salvar una vida.

Sin embargo, los jueces preocupados en Itapúa por esta realidad no solo luchan contra la violencia desde sus despachos y salas de juicio, sino que viajan al interior del séptimo departamento para capacitar sobre las leyes que amparan a las mujeres víctimas de violencia, enseñando tanto en escuelas como en barrios las vías legales para proceder apenas sufren amenazas o golpes.

Hace algunas semanas implementaron como capacitación el proyecto “el juez que yo quiero” de la Corte Suprema de Justicia y capacitaron en los distritos de Tomás Romero Pereira, Cambyretá, Carmen del Paraná y comunidades indígenas de Trinidad y otros puntos, rotando los jueces que participaron según disponibilidad de tiempo.

“Tratamos de llegar a la gente para que sepa que no está sola, y para que conozcan cuáles son los lugares y los números a los que pueden recurrir. Llevamos hace poco el móvil mujer al distrito de Carmen del Paraná y recibimos muchas consultas sobre cómo denunciar en casos de violencia y eso es porque las políticas públicas de prevención no están funcionando tan bien y no están llegando a los sector más alejado de las redes sociales y de la televisión, donde se suelen ver los números de fonoayuda por ejemplo. Se debe llegar a la mujer rural, y no solo a las mujeres de la ciudad”, dice con desazón Sanabria.

En el interior se vive una realidad bastante distinta que en la ciudad, y con las experiencias de capacitar sobre leyes, pudieron observar los marcados horarios, permisos y trabajo que tienen las mujeres. Cuando las actividades rondaban las 17 horas, la mayoría de las mujeres se retiraron porque alegaban que debían meter las vacas a las casas, pero luego confesaban que sus maridos no las dejaban estar fuera del hogar una vez que oscurece.

“La mujer rural trabaja muchísimo y a la par del hombre, y donde está el reconocimiento de los derechos que ella tiene. Es una muestra clara que existe el machismo muy arraigado en nuestra sociedad. Lo vemos en todos los ámbitos. El hombre aún no tiene ese respeto de igualdad que debe tener a las mujeres”, apunta la magistrada.

Si bien, la cantidad de juicios por abuso y violencia indican que la gente se está enterando que puede denunciar, la realidad demuestra el miedo que sufren las víctimas. La mayoría de las denuncias llegan por vecinos o personas que conocen sobre los episodios de violencia en las casas. También sucede que una vez que llegan los casos al Palacio de Justicia, las mujeres se quieren desdecir, negar la denuncia y salvar a su pareja o marido, ya sea por dependencia emocional o dependencia económica.

La jueza Sanabria forma parte del proyecto de la creación de los tribunales especializados en violencia contra la mujer, que no fue contemplado en la Ley 5.777. Ella, junto a sus colegas y todos los funcionarios de los órganos de justicia, aguardan la oportuna aprobación e implementación de este proyecto para tratar cada caso de violencia contra las mujeres como corresponde desde el sur del país.

Es hora de sacarnos el pique y el pus que hay detrás, denunciemos los casos de violencia en la comisaría más cercana, los juzgados de paz, la Fiscalía, las oficinas del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría Pública, o directamente llamando al 137. Si necesitas orientación legal o psicológica podés llamar al (021)452051/2.

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Hugo Franco, repre­sentante de la Mesa Nacional Intersecto­rial de Competitividad Bana­nera (Menicob), destacó la recepción del Ministerio de Obras Públicas y Comunica­ciones (MOPC) de las ofertas para avanzar con la construc­ción de la Ruta de la Banana. Puntualizó que el hecho res­ponde a un reclamo histórico de los productores.

“Con esto evitaríamos el cruce de las balsas, con todo el peligro que implica y tam­bién brindará muchas facili­dades a aquellos que viajen desde Campo 9 hasta Asun­ción. Para quienes se encuen­tren en el norte del país, con­tarían con un camino más unificado, se puede llegar a Concepción, Pedro Juan Caballero, zonas más fron­terizas”, explicó para La Nación/Nación Media.

Unas 15 empresas presenta­ron sus ofertas para la licita­ción de la construcción de la ruta, que conectará Tembia­porã, Raúl Arsenio Oviedo y José Domingo Ocampos, en Caaguazú, mientras que en Paraguarí se llevará a cabo el asfaltado del tramo Quyqu­yhó-María Antonia. Franco indicó que se prevé iniciar con la obra en diciembre. “Este noviembre se cumple seis años de la presentación de nuestro pedido de la ruta asfáltica. Primero, porque debemos cruzar el lago con los peligros que acarrea, y segundo, porque durante el camino se golpea mucho la banana y se estropea”, señaló, destacando el impacto posi­tivo para miles de producto­res.

La propuesta del MOPC tiene como objetivo principal mejo­rar la infraestructura vial y la calidad de vida de las zonas mencionadas, beneficiando así a más de 50.000 habitan­tes de todos los municipios involucrados.

Las obras se dividirán en tres lotes: el primero abarcará al departamento de Caaguazú, con los distritos de Tembia­porã, Raúl Arsenio Oviedo y José Domingo Ocampos, desde el km 0 hasta el km 21. El lote 2 continuaría los mis­mos distritos, desde el km 21 hasta el km 41,6 km, totali­zando así una extensión de 41,6 km.

El lote 3 abarcará el depar­tamento de Paraguarí, con el tramo Quyquyhó-María Antonia, que sería de 31,5 km. De este modo, cada lote ten­drá un plazo de ejecución de 24 meses desde la notificación de la orden de inicio.

Las pésimas condiciones en que se encuentra la ruta PY01 (exAcceso Sur) preocupan a la ciudadanía, principalmente en el tramo comprendido entre las ciudades de Ypané y Guarambaré. La capa asfáltica está muy deteriorada y presenta cráteres enormes que podrían generar incluso una desgracia para los automovilistas que no conocen la zona.

Ante quejas reportadas, un equipo periodístico del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media efectuó un recorrido por el lugar y mostró que efectivamente el problema vial existe y amerita una inmediata intervención de la cartera del Estado encargada de garantizar el tránsito seguro.

Lo peligroso es que, para eludir los pozos, los conductores tanto de autos, camiones de gran porte y de los buses tienen que pasar necesariamente al carril contrario momentáneamente, con el riesgo de generar un accidente fatal como consecuencia de las bruscas maniobras.

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Se observan profundos baches en el trayecto de la ruta que une Itá y Paraguarí, rumbo a la ciudad de Encarnación, hacia la región sur del país. Así también, la vía alternativa que une una parte de Itá con Nueva Italia y Carapeguá presenta verdaderas zanjas que exigen destreza al volante para evitar caer en ellas y que, aparte de dañar el vehículo, podrían incluso derivar en un accidente fatal.

Desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) habían anunciado la renovación de un tramo de 93 kilómetros de la ruta PY01, señalando que seis empresas están compitiendo para ocuparse de las obras de mejoramiento del trayecto Ypané-Quiindy, mientras se aguarda la duplicación de la ruta internacional, aunque no se especifica cuándo iniciarían los trabajos.

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