A raíz del reconocimiento público del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, sobre sus vínculos familiares con funcionarios municipales, en la tarde de ayer lunes presentaron una nueva denuncia contra el intendente esteño por nepotismo y tráfico de influencia.

En comunicación con el Diario La Nación, el dirigente político liberal de Alto Paraná, Iván Airaldi cuestionó la incoherencia de la oposición y algunos referentes políticos que buscan tapar el sol con un dedo, ante los hechos de corrupción que van en aumento en la administración del intendente Miguel Prieto.

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“A toda costa buscan defender a Prieto, más aún cuando tiene la imprudencia de seguir cometiendo actos ilícitos como nepotismo, que en el caso de Miguel Prieto podemos decir NepoPrimos”, cuestionó.

Al respecto, informó que han tomado la iniciativa de presentar una nueva denuncia ante el Ministerio Público, justamente por este último caso de nepotismo y tráfico de influencias, que fue incluso reconocido por el propio jefe municipal durante una entrevista televisiva que para la fecha ya se ha viralizado.

“Nosotros ya manejábamos esa información, solamente estábamos aguardando la última liquidación de la planilla de sueldos de la municipalidad para poder anexar a nuestra denuncia y presentar con pruebas, para que la Fiscalía haga la investigación correspondiente. Pero ayer (lunes) con la declaración de él en la entrevista, adjuntamos los datos que teníamos y presentamos la denuncia”, explicó.

Indicó que la denuncia se formuló en la Unidad 6 del Ministerio Público en Ciudad del Este, pero al tratarse de un hecho de corrupción del Estado, estos casos se suelen derivar a la unidad especializada de Anticorrupción en Asunción. “Con esta última, ya estamos llegando a casi 50 denuncias contra Miguel Prieto, esta es la número 49″, precisó.

Por otra parte, el dirigente liberal señaló que a la fecha el intendente Prieto tiene 2.940 funcionarios en la municipalidad. Indicó que ya que arreó a sus funcionarios, y si le exigía que cada uno lleve a otras personas hubieran reunido al menos a 10 mil personas en la movilización que llevó a cabo el domingo último.

“En su caravana juntó a un poco más de tres mil personas solamente, es por eso que ni si quiera Prieto se animó a publicar fotos o videos aéreas, ni su equipo, en redes sociales, porque con programas que se tienen para contar personas de manera a cuantificar se iba saber la realidad. Sin embargo, todas sus fotos son periféricas”, explicó.

Además, indicó que no reunió ni medio centenar en Central, en Encarnación, en Coronel Oviedo. “Por eso vemos que fue un fracaso, lo que sí se vio en Ciudad del Este es la gente que se fue a defender su puchero como se dice, a defender su puesto de trabajo”, acotó.

Finalmente, señaló que por todo esto es que considera un absurdo que la oposición y sus principales referentes defiendan los hechos punibles a toda costa. “Yo creo que la lucha contra la corrupción debe ser frontal, sin mirar las banderías políticas, y no solo acusar y denunciar a los corruptos de un solo partido político, sino a todos. Cuando toque un corrupto dentro de nuestro partido político no tenemos porqué apañar”, concluyó.

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Una investigación desde inteligencia financiera de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) había elaborado un perfil económico del exintendente de Cambyretã, hoy gobernador Javier Pereira Rieve, que evidencia un exponencial ascenso patrimonial hilado a presunto narcotráfico, tráfico de armas y obviamente la corrupción pública desde su entonces cargo de jefe comunal. La pesquisa estaba a punto de concluirse con un procedimiento clave de operación vigilada con acompañamiento fiscal, pero el entonces ministro Arnaldo Giuzzio trancó, cambió el equipo de investigadores y su sucesora Zully Rolón terminó enterrando el caso. La Fiscalía abrió una causa hace 3 años, pero no hubo mayores avances hasta que el tema se mediatizó en estos días, los fiscales recordaron lo guardado en los cajones y reactivaron algunos pedidos de informes.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Fuentes de altísimo perfil confirmaron a La Nación Investiga que la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) tenía abierta y había avanzado en una investigación que vincula al exintendente de Cambyretã, hoy gobernador de Itapúa, Francisco Javier Pereira Rieve, al tráfico de drogas, armas y otros presun­tos delitos como enriqueci­miento ilícito en la función pública y tráfico de influen­cias, lavado de dinero, ordeñe de combustible y otros.

Un informe de la Dirección de Investigación de Críme­nes y Delitos Financieros de la Senad que data de octu­bre de 2020 se explayó en el inusual crecimiento econó­mico de Javier Pereira Rieve, que empezó a darse en coincidencia con su ingreso a la fun­ción pública, según subraya el análisis. También hace referencia al exponencial ascenso económico de toda la familia, entre ellos algu­nos hermanos que fueron creando empresas con millo­narios capitales cuyos oríge­nes no tenían formas de ser identificados formalmente.

El estudio de la institución antinarcótica confirma el gigantesco salto financiero del hoy gobernador de Itapúa que, de un modesto mesitero en la ciudad de Encarnación, se convirtió mágicamente en un potentado.

Plomero, albañil y de vivir en una casa prestada por pariente en el barrio Valdez de la ciudad de Cambyretã, amasó fortuna desplegando imponentes inmuebles en el Sur, como el edificio en zona céntrica de Encarna­ción, valuado en unos USD 2 millones.

Investigaciones de nuestro medio vienen revelando el extraordinario crecimiento patrimonial del clan Pereira Rieve, que incluye al “mago del Sur”, diputado Carlos Pereira Rieve, quien de una módica suma de G. 2,5 millo­nes y algunos muebles que aportó a una empresa, cons­tituyó otra de nombre Mega Concret SA en 2 años con un capital de G. 6.000 millones que de entrada se integró con G. 4.150 millones. Mega Con­cret es la hormigonera que cargó las losas en el edifi­cio derrumbado en Encar­nación el 2 de abril pasado y dejó dos víctimas fatales.

En el caso de Javier Pereira Rieve, dos años después de asumir el cargo de conce­jal municipal de Cambyretã declaraba un terrenito de G. 12 millones. Al ingresar a la intendencia sus bienes ya habían experimentado un incremento del 333 % y la escalada financiera no cono­ció crisis económica y amasó fortuna con sueldo de G. 5 millones.

El patrimonio del jefe depar­tamental aumentó 1.232 % con dos periodos de conce­jalía, tres de intendente (uno sin terminar) en la Munici­palidad de Cambyretã. La Senad ya había alertado sobre los posibles orígenes de su riqueza.

La investigación había invo­lucrado a la Fiscalía y era parte del proceso de com­bate al narcotráfico que iba permeando la frontera hacia el sur del país. Sin embargo, cuando la pesquisa estaba a punto de realizar un proce­dimiento de operación vigi­lada, habiendo colectado todos los datos del modus operandi, personas involu­cradas, a su estilo, el enton­ces ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, abortó la intervención alegando que es mejor esperar para hacer escuchas telefónicas.

Inexplicablemente, se des­manteló el equipo de inteli­gencia que perseguía el caso y Zully Rolón acabó con la investigación al punto de desvincular de sus cargos a los agentes que maneja­ban la información. Fuen­tes vinculadas a la investi­gación confirmaron que en la Senad hicieron despare­cer documentos del caso que fuera caratulado como Fron­tera Sur y hasta se borraron todos los archivos que había en las computadoras.

La Fiscalía, sin embargo, tiene el expediente, gra­cias a una causa que inició a partir de la denuncia de funcionarios de investiga­ción financiera de la Senad, pero tampoco avanzó con una imputación. La semana pasada, al darse a conocer que la carpeta quedó guar­dada en los cajones del Ministerio Público, volvie­ron a pedir algunos informes de correspondencia de bie­nes de Javier y Carlos Pereira Rieve.

La Comisión Especial conformada para investigar el caso conocido como “mafia de los pagarés”, estableció una nueva fecha para reunirse con los ministros de la Corte Suprema Justicia. El encuentro entre los legisladores y las autoridades del Poder Judicial o ha podido darse hasta la fecha por la incompatibilidad entre sus agendas.

“La Corte Suprema de Justicia hoy no pudo concurrir porque tenían su pleno, pero vamos a reagendar la reunión con ellos”, expresó el senador Rafael Filizzola, presidente de la Comisión. En comunicación con varios medios de prensa, informó que la nueva invitación a los ministros es para el próximo lunes 19 de mayo.

No obstante, manifestó que está abierta la posibilidad de que se dé una reunión antes de la fecha mencionada, esto en caso de que los ministros soliciten puntualmente un día, de acuerdo a sus posibilidades de horario. Es de mencionar que también está pendiente la reunión entre la comisión y el Ministerio Público.

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“Hay que recordar que hubo un caso en el 2015, vamos a pedir una reunión con el equipo de fiscales que trabajó en ese momento y con los agentes que están trabajando en este momento y lo más importante, vamos a tener una conversación con el ministro de la Defensa Pública, que eso probablemente ya va a ser mañana”, indicó.

El parlamentario señaló que una de las cuestiones principales a resolver es la cuestión de que las denuncias, en su mayoría, están en Asunción, sin embargo, los afectados son de diferentes puntos del país, por lo que se debe encontrar una alternativa para que las víctimas puedan hacer el seguimiento de sus casos, sin trasladarse, en lo posible, a la capital.

“Vamos a formar equipos que hagan este trabajo en cada uno de los departamentos donde hay denuncias”, refirió y añadió, “hay casos donde las personas deben gastar mucho dinero para trasladarse desde Alto Paraguay por ejemplo, y todo eso implica mucho para ellos como perder una jornada laboral, por eso todas esas cuestiones debemos ver cómo solucionar y apoyar a estas personas”, afirmó.

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El juez Penal de Garantía Yoan Paúl López resolvió hacer lugar al incidente de la prescripción y beneficio con el sobreseimiento definitivo al exministro del Interior y actual senador Rafael Filizzola quien estaba acusado por lesión de confianza en el caso conocido como “comisarías de oro”, por la remodelación de dependencias policiales durante su gestión como ministro del Interior, entre 2008 a 2011.

Con la resolución judicial Filizzola logra impunidad debido a que presentó durante más de 10 años varias chicanas y así evitó ser juzgado por un tribunal de sentencia.

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La acusación del Ministerio Público refiere que el 15 de octubre del 2010, el ministro del Interior, Rafael Filizzola, había aprobado la licitación para la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción, sin ningún análisis técnico o pedido de los comisarios de aquel entonces.

El contrato se firmó con la empresa Todo Verde Emprendimientos por alrededor de G. 1.200 millones, sin ninguna póliza por incumplimiento. Las obras no fueron terminadas. En esta causa, Andrea Adle se acogió a la suspensión condicional.

Blanqueado en caso helicóptero

La jueza penal de garantía, Alicia Pedrozo hizo lugar al pedido del fiscal Francisco Cabrera y ordenó el sobreseimiento definitivo de Rafael Filizzola, acusado en su momento por la compra de helicópteros para la Policía Nacional que había generado un perjuicio de G. 50.000 millones.

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