El Tribunal de Cuentas emitió una resolución mediante la cual ordena la suspensión de la licitación para adquisición de máquinas de votación, dando lugar a una acción presentada por una empresa. La misma había presentado una protesta ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la cual fue rechazada y la que motivó la acción judicial de la firma.

“Esto compromete seriamente el desarrollo de las elecciones, es algo que nosotros no esperábamos, lastimosamente se hizo lugar a algo que creo que es totalmente fuera de plazo, pero bueno, no obstante nosotros debemos respetar lo resuelto y una vez que la DNCP nos comunique, vamos a estar atentos a esas disposiciones y ojalá se resuelva lo antes posible porque esto es una medida cautelar y hay que tocar el fondo de la cuestión”, expresó Christian Ruiz Díaz, director de Financiamiento Político.

Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) indicaron que aún no fueron notificados de alguna suspensión del proceso, dado que esto debe ser un proceso realizado por la DNCP, institución contra la cual se promovió la acción. En tanto, el TSJE continúa con la revisión documental de las tres empresas que compiten por proveer las máquinas de votación.

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“Estamos en pleno control de los documentos que presentaron las tres empresas y posterior a ello pasaríamos a la verificación técnica de las máquinas, esto vamos a seguir en tanto la DNCP disponga lo contrario. La pausa o la suspensión la debe determinar la DNCP, ellos ni bien sean notificados de esta resolución del Tribunal de Cuentas, deberán tomar las medidas correspondientes y de eso vamos a ser notificados nosotros”, ratificó a la 1020 AM.

Ruiz Díaz afirmó que como institución, coadyuvarán a que la situación sea aclarada, puesto que son los mayores interesados en que la licitación siga su curso, puesto que el objetivo es contar a fin de año con las primeras 5.000 máquinas, de las 28.000 que se van a adquirir, de modo a iniciar con las capacitaciones en el uso de los dispositivos.

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• México, México. AFP.

La justicia en México entró en una etapa de incertidumbre, tras unas inéditas elecciones de jueces marcadas por el abstencionismo e inquietudes sobre la independencia judicial y la relación económica con Estados Unidos. Con una participación de entre 12 % y 13 %, los mexicanos eligieron el domingo a 2.680 funcionarios, desde ministros de la Suprema Corte hasta jueces de primera instancia, un caso único en el mundo.

Entre los miles de candidatos había antiguos abogados de la mafia, como Silvia Delgado, quien en 2016 asesoró al narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Esas postulaciones alimentaron sospechas sobre la posible injerencia de políticos y criminales en el poder judicial.

Las preocupaciones alcanzan la vital relación con Estados Unidos de cara a la revisión del acuerdo comercial T-MEC, prevista para este año, según la firma británica Capital Economics. La elección “puede complicar” estas negociaciones, advirtió la consultora, en medio de las presiones arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, a México y Canadá.

En agosto pasado, cuando aún era senador, el actual secretario de Estado, Marco Rubio, firmó una carta en la que el comité de relaciones exteriores advirtió que la reforma que dio origen a los comicios pondría en “peligro intereses económicos y de seguridad” bilaterales.

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Se espera que el Instituto Nacional Electoral anuncie este lunes a los nueve miembros de la Suprema Corte, y en los días siguientes a los demás elegidos. El máximo tribunal fue la manzana de la discordia que llevó al presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) a impulsar la elección de jueces mediante una enmienda constitucional.

La Corte bloqueó varios proyectos de López Obrador, por lo que éste y su sucesora, Claudia Sheinbaum, acusan a ministros salientes y otros jueces de defender intereses corruptos, de una impunidad que supera 90 % y de nepotismo.

“No es una reforma que busque mejorar el sistema de justicia, sino capturarlo”, dijo a la AFP Juan Jesús Garza, especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La izquierda ya controla el Legislativo y la mayoría de gobernaciones de la segunda economía latinoamericana.

Tres ministras del Supremo actual, afines al gobierno, buscaban permanecer en el cargo.

Los comicios no requerían un porcentaje mínimo de participación para ser válidos, pero el alto abstencionismo debilita el argumento oficialista de que los ciudadanos anhelaban elegir a sus jueces, opina Garza. “Por más que la elección sea válida en lo jurídico, en lo político y en lo ético va a ser muy difícil” defenderla, advierte este doctor en filosofía del derecho.

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Las elecciones estuvieron signadas por la confusión ante la multiplicidad de boletas y extensas listas de aspirantes. Algunos votantes conocieron a los candidatos por TikTok y decidieron su apoyo incluso tras contactarlos telefónicamente o por simple “intuición”, según testimonios obtenidos por AFP en Ciudad de México y Guadalajara (oeste).

El escaso conocimiento de los perfiles y dudas sobre la idoneidad de los aspirantes también generan incertidumbre. Además, algunos fallos podrían retrasarse pues los nuevos jueces recién asumirán funciones en septiembre.

“La justicia no va a cambiar de la noche a la mañana (...) Por el contrario, va a retrasarse todavía más en lo que se asignan los puestos”, advierte Garza.

Pero también existe la posibilidad de que muchos funcionarios del actual poder judicial, que participaron en los comicios, conserven sus puestos.

“El mejor escenario sería que tengamos jueces y magistrados de carrera judicial comprometidos”, comentó a la AFP el exmagistrado Carlos Soto. Otros 4.000 jueces serán elegidos en 2027.

Los partidos de oposición, muy debilitados, habían llamado al abstencionismo al advertir que los comicios consolidarían un “régimen autoritario”. Bajo este argumento, unas mil personas protestaron el domingo en Ciudad de México. Pero Sheinbaum, quien este lunes cumple un año de ser elegida y disfruta de una popularidad de 70 %, sostiene que quienes defienden esa tesis solo quieren mantener la “corrupción y privilegios” del poder judicial.

Expertos coinciden en que la reforma a la justicia no ataca las raíces del problema, en un país donde cada año se registran unos 30.000 homicidios y hay más de 120.000 desaparecidos por la violencia del narcotráfico. Para Juan Jesús Garza, se deben mejorar las capacidades investigativas de las fiscalías -desbordadas de expedientes- y ampliar la red de defensores públicos para los sectores más empobrecidos.

Pese a que algunos de los requisitos para postular en las votaciones eran tener buena reputación y carecer de antecedentes penales, la oenegé Defensorxs identificó una veintena de candidatos “riesgosos”. Entre ellos figura la abogada Delgado, quien buscaba ser elegida jueza en Ciudad Juárez y asegura que su única relación con el “Chapo” Guzmán fue profesional.

También, Fernando Escamilla, candidato a juez estatal en Nuevo León (noreste), quien fue abogado de Miguel Ángel Treviño, antiguo líder de Los Zetas, un extinto cártel conocido por su brutalidad. Leopoldo Chávez, otro aspirante del estado de Durango (norte), estuvo preso casi seis años en Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas.

La licitación pública internacional para la compra de 28.000 máquinas de votación podría culminar a mediados del mes de julio con la adjudicación a una de las tres empresas oferentes, según estimaciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) sobre el proceso licitatorio. El pasado jueves se procedió a la apertura de sobres, con la entrega de artefactos de muestra.

Las empresas que presentaron ofertas son: el Consorcio Paraguay Democrático, integrado por Selex (Marco Domaniczky), Excelsis (Daniel Sauca) y SmartMatic (Andrés Rombola); el Consorcio Comitia MSA, conformado por la firma paraguaya Comitia y la argentina MSA; y Miru Systems, de procedencia coreana.

El director de recursos financieros del TSJE, Christian Ruiz Díaz, explicó para La Nación/Nación Media cuáles son los procesos que se realizarán a partir de ahora. La modalidad de presentación es en doble sobre, con la presentación general del oferente y con la oferta económica. En el primer sobre se presentan todos los documentos referentes a la constitución de la empresa y otros requerimientos que exige el pliego de bases y condiciones. El segundo sobre se abrirá solo de los oferentes que superen la etapa técnica.

“A partir de ahora se va a comenzar a trabajar en la verificación cualitativa, del sobre uno, eso significa que se van a verificar uno a uno los documentos que presentaron, y si es que falta algún documento de carácter subsanable, se le va a requerir a las empresas que completen esos documentos”, indicó Ruiz Díaz. Esta revisión se realizará por el plazo de 15 días.

Así también, fueron presentadas cinco máquinas como muestra por cada empresa ofertante, que quedaron en manos de Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Justicia Electoral, porque serán evaluadas en la etapa de verificación técnica, lo que tendrá una duración de una semana.

“Esa prueba de funcionalidad se realiza en un equipo por día. Nos tomamos todo un día para hacer las pruebas de funcionalidad en las que son controladas, por ejemplo, la batería, que dure 12 horas, mediciones de gramajes del papel que presentan con ayuda del INTN (Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología), pruebas de votación, prueba de escrutinio, verificación de la pantalla, mecanismos de seguridad de las máquinas”, explicó.

Una vez que se haya concluido esa verificación documental, y la verificación técnica de los equipos, si las empresas cumplen con el pliego de bases y condiciones, se remite un informe al comité evaluador, que definirá cuáles de las tres empresas pasan a la siguiente etapa.

“Luego se abre el sobre 2, que contiene la oferta económica. El sobre de la empresa que fue descalificada permanece lacrada ya no se abre”, detalló el director electoral.

Posteriormente, el comité evaluador vuelve a analizar el sobre 2, y emite una recomendación al TSJE de cuál es la mejor tecnología en todos los aspectos, y por resolución del TSJE se debe adjudicar, y “si es que no hay protestas, un mes y medio, como mínimo”, de acuerdo a las explicaciones del alto funcionario electoral.

La Comisión Especial para el Monitoreo y Control de las Máquinas de Votación Electrónica, recibió a asesores y técnicos del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), para tener más información sobre el proceso licitatorio para la adquisición de máquinas de votación, que ya se encuentra en proceso de licitación, la reunión quedó en cuarto intermedio y se reanudará el lunes 26 de mayo, a las 14:00.

“La comisión especial del Senado convocó a los técnicos del área administrativa y del área informática para evacuar las dudas que se presentan y que se escuchan, nosotros queremos garantizar, legitimar de ser posible, todo este procedimiento, de manera a que las elecciones sean las más trasparentes posibles en las próximas elecciones, y eso va fortalecer la democracia”, indicó el senador Arnaldo Samaniego, presidente de la comisión especial.

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Agregó que, “hay muchas cosas todavía que escuchar, hay muchas dudas todavía que se están disipando, también hay aportes que se tienen que hacer a partir de nuestro asesoramiento técnico”.

Por su parte, el director de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) del TSJE, Fausto Von Streber, refirió que se abordaron aspectos generales del pliego de bases y condiciones, la etapa actual del proceso licitatorio y detalles técnicos como las especificaciones del hardware.

“Para nosotros fue muy positiva esta reunión porque los senadores ahondaron muchísimo en el tema técnico y los requerimientos que tuvimos en el pliego y condiciones. Hablamos de generalidades, cómo se construyó el pliego, en qué etapa estamos de las máquinas de votación, pero después fuimos dando detalles del pliego”, indicó el asesor técnico de la Justicia Electoral.

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