Luego de la decisión de la Cámara de Diputados de destituir del cargo de intendente a Miguel Prieto, el concejal colorado Richard Alfonso señaló que espera que ahora el Ministerio Público haga su trabajo de investigar los supuestos hechos de malversaciones y corrupción que pesan sobre el destituido jefe comunal.

En conversación con La Nación/Nación Media, sostuvo que esta decisión que tomó en la fecha la Cámara de Diputados se veía venir, desde el momento en que la Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en el manejo de los recursos del municipio, los cuales fueron corroborados igualmente por el interventor Ramón Ramírez.

“Nosotros esperamos que el Ministerio Público haga su trabajo porque no pueden quedar en la nada estos casos, si es que hay hechos de corrupción, o hechos irregulares de malversación de los recursos del municipio. Automáticamente, la Fiscalía debería actuar ya de oficio”, expresó.

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El concejal Alfonso indicó que el siguiente paso inmediato es aguardar la notificación de la destitución del intendente Prieto a la Junta Municipal, para que la misma convoque a una sesión extraordinaria para la elección del nuevo intendente interino, mientras se lleva a cabo el proceso de elección del nuevo intendente municipal en el plazo de 90 días, para que concluya el mandato vigente.

Señaló además que Miguel Prieto no puede hablar de persecución política, ya que las denuncias en su contra comenzaron incluso mucho antes de que él anunciara su intención de postulación a la Presidencia 2028.

“Caen de maduro todas las tergiversaciones y manipulaciones de Miguel Prieto y su equipo, que trataron de instalar que esto es una persecución política porque él es candidato a la Presidencia 2028. Cuando se hicieron las primeras denuncias, mucho antes de que Prieto diera a conocer sus intenciones, ni los concejales, ni la Contraloría Ciudadana, ni ciudadanos, teníamos la bola de cristal para saber que Prieto lanzaría su candidatura”, comentó.

El concejal Alfonso aclaró que desconoce cuál es la situación de la carpeta fiscal contra Prieto, ya que de las casi 50 denuncias que se habían formulado en su contra, incluso antes del inicio de la intervención, a la fecha solo existen dos imputaciones fiscales contra el exintendente esteño y su equipo político y colaboradores de la municipalidad.

Señaló que esta situación demuestra que existe un serio problema en el Ministerio Público. “Ya sea, porque no se han presentado correctamente las documentaciones, o no actúan como deben de actuar los fiscales, o es que no quieren, o hay algo ahí que no sabemos qué será del por qué no están actuando como tienen que ser”, cuestionó.

Insistió en que solo existen dos imputaciones a la fecha contra Miguel Prieto, y que justamente en estas dos imputaciones Prieto se ha pasado chicaneando y recurriendo a cuanto artilugio y artimañas jurídicas pudiera para entorpecer el proceso investigativo.

Finalmente, el concejal celebró la decisión de la Cámara de Diputados, destacando que está dejando un buen precedente para cualquier otro intendente municipal y para todos los que manejan fondos públicos tienen que hacer bien su trabajo, tienen que administrar bien el dinero público para evitar que ocurra este tipo de situación como la que se dio hoy con la destitución del intendente esteño, Miguel Prieto.

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El Ministerio Público confirmó la localización de la madre de 15 años y su bebé de siete meses, reportadas como desaparecidas desde el pasado 13 de agosto en la zona de Mariano Roque Alonso.

La agente fiscal Cinthia Torres, de la Unidad Zonal de Mariano Roque Alonso, dispuso la activación de los protocolos de búsqueda y localización para dar con el paradero de Liz Camila Fariña Báez, de 15 años, y su hija Vannia Xiomara Fariña Báez, de 7 meses, quienes finalmente pudieron ser ubicadas. Así también se informó sobre la localización de un hombre de 26 años, cuyos familiares denunciaron su desaparición desde el 5 de agosto, aunque no se reveló su identidad.

“Todos han regresado a sus hogares gracias a la intervención coordinada de la Fiscalía y otras autoridades”, confirmó el Ministerio Público con una breve publicación en redes sociales.

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Por otro lado, la agente fiscal Verónica Mayor, de la Unidad Penal n.º 3 de Lambaré, requirió a la comisaría interviniente un informe detallado sobre las diligencias investigativas realizadas en el marco de la denuncia sobre la desaparición del adolescente identificado como Darío Alejandro López Maciel, de 17 años, domiciliado en la localidad de Lambaré.

El hecho fue puesto en conocimiento del Ministerio Público mediante nota policial, en la cual se reporta la denuncia de su desaparición desde el 6 de agosto, en horas de la tarde, del corriente año. El mismo salió del Centro Transitorio de Protección del PAINAC.

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González incluso recordó que la petición ya había sido rea­lizada por el titular de la pre­visional, Jorge Brítez, el año pasado. Agregó que entre los puntos centrales de la audi­toría guarda relación con el contrato de fideicomiso fir­mado entre el IPS y el banco Atlas del Grupo Zuccolillo, por valor de G. 828.000 millo­nes.

Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018- 2023), las autoridades de la previsional se encargaron de dilapidar la millonaria suma que debía utilizarse exclusi­vamente para obras: termi­nación de Hospital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hos­pital Hemato-Oncológico. Sin embargo, el dinero fue utilizado para otros fines que no figuran en el contrato fiduciario como por ejem­plo, el pago de salarios.

“Acá hay indicios importantes de posibles hechos punibles que hemos remitido tanto a la Contraloría como al Minis­terio Público. En la Contralo­ría ya han emitido 3 informes para descargos con hallazgos significativos importantes, mayores a los encontrados por nuestra auditoría interna. Esto se encuentra pendiente de un informe final por parte de la Contraloría”, dijo a la 1080 AM.

Sobre el caso, argumentó que “si bien, el fideicomiso era para la construcción de hos­pitales, también se hicieron obras de mantenimiento, que no eran objeto del fideicomiso.

Hay una causa penal a cargo del fiscal Néstor Coronel. Así también, remitimos a la Contraloría el informe finan­ciero a los efectos de que se expidan sobre ese hallazgo, aunque aún no tenemos res­puestas”. Asimismo, Gonzá­lez comentó que la auditoría integral también se centrará en el manejo de la caja de jubilados y las inversiones finan­cieras realizadas por la previ­sional. Señaló que de acuerdo a lo conversado con el contra­lor Camilo Benítez la fisca­lización integral demandará una auditoría financiera, patrimonial y ambiental.

El director jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), José González, detalló que se solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) que la auditoría integral de sus inversiones y obras abarque desde el 2013. El inicio del proceso de fiscalización se encuentra previsto para este 2025.

González incluso recordó que la petición ya había sido realizada por el titular de la previsional, Jorge Brítez, el año pasado. Agregó que entre los puntos centrales de la auditoría guarda relación con el contrato de fideicomiso firmado entre el IPS y el Banco Atlas del Grupo Zuccolillo, por valor de G. 828.000 millones.

Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018- 2023), las autoridades de la previsional se encargaron de dila­pidar la millonaria suma que debía utilizarse exclusivamente para obras: terminación de Hos­pital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hema­to-Oncológico.

Sin embargo, el dinero fue utilizado para otros fines que no figuran en el contrato fiduciario como por ejemplo, el pago de salarios. "Acá hay indicios importantes de posibles hechos punibles que hemos remitido tanto a la Contraloría como al Ministerio Público. En la Contraloría ya han emitido 3 informes para descargos con hallazgos significativos importantes, mayores a los encontrados por nuestra auditoría interna. Esto se encuentra pendiente de un informe final por parte de la Contraloría“, dijo a la 1080 AM.

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Sobre el caso, argumentó que “si bien, el fideicomiso era para la construcción de hospitales, también se hicieron obras de mantenimiento, que no eran objeto del fideicomiso. Hay una causa penal a cargo del fiscal Néstor Coronel. Así también, remitimos a la Contraloría el informe financiero a los efectos de que se expidan sobre ese hallazgo, aunque aún no tenemos respuestas”.

Asimismo, González comentó que la auditoría integral también se centrará en el manejo de la caja de jubila­dos y las inversiones finan­cieras realizadas por la pre­visional. Señaló que de acuerdo a lo conversado con el contralor, Camilo Benítez, la fiscalización integral demandará una auditoría financiera, patrimonial y ambiental.

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