El presidente de la República, Santiago Peña, recibió al contralor general de la República, Camilo Benítez, quien le presentó las propuestas que conformarán la Estrategia Nacional Anticorrupción, un documento que contiene 44 puntos y que es considerado como clave para fortalecer las instituciones del Estado y para consolidar “la cultura de la integridad” dentro del sector público.

Entre las propuestas discutidas se destaca la creación de códigos de ética con normas unificadas y mensajes consistentes sobre el comportamiento esperado de los servidores públicos. El objetivo es fomentar una cultura de integridad compartida en todos los niveles del Estado. Asimismo, se plantea incorporar de manera obligatoria contenidos sobre ética, integridad y normativa anticorrupción en los programas de inducción para nuevos funcionarios, reforzando desde el inicio su compromiso con los valores institucionales.

En esa misma línea, se propone endurecer las sanciones administrativas frente a las transgresiones éticas, asegurando la ejecución eficaz de los procedimientos internos y el registro sistemático de las sanciones aplicadas. Otra medida relevante es la creación de un marco regulatorio para el cabildeo, con criterios definidos y transparentes que prevengan influencias indebidas y contribuyan a fortalecer la confianza ciudadana.

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La protección de quienes denuncian actos de corrupción constituye también un eje fundamental. Se busca garantizar un entorno seguro, libre de represalias, que incentive a romper el silencio, respaldado por mecanismos institucionales sólidos. En este contexto, se resalta además el papel clave de las Tecnologías de la Información en la lucha contra la corrupción, a través de plataformas abiertas, colaborativas y accesibles para toda la ciudadanía.

Finalmente, se subraya la importancia de establecer espacios permanentes de participación ciudadana, mediante consultas públicas y audiencias que faciliten un diálogo directo y constructivo entre la población y las autoridades. "La Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción es el resultado de una Cumbre de Poderes realizada el 20 de agosto del 2023 y se trata de una verdadera política de Estado, un documento de 86 páginas con 44 iniciativas concretas, tangibles y medibles para enfrentar la lucha contra la corrupción", resaltan desde Presidencial

El Consejo Nacional Anticorrupción tiene prevista su próxima reunión en los meses de julio o agosto de este año, conforme a lo establecido en la ley N° 7389/24. En esa ocasión, deberán presentar acciones, compromisos o medidas con aplicación a corto o mediano plazo, orientadas a incidir positivamente en los niveles de corrupción del país, dentro del marco de la Estrategia Nacional Anticorrupción.

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Este consejo está integrado por el presidente de la República, Santiago Peña; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel Junghanns; el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez; el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre; el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón y el contralor Camilo Benítez. Fue asignada la secretaría general a la ministra de la Unidad de Gestión de Proyectos de la Presidencia, Marianna Saldívar, quien coordinará junto con los delegados y demás actores involucrados la elaboración y seguimiento de estas propuestas.

El ministro de Desarrollo Social (MDS), Tadeo Rojas, resaltó la importancia que tiene el control que ejerce la Contraloría General de la República en la aplicación de Hambre Cero, puesto que mediante este monitoreo se pueden identificar falencias en el programa y de esta forma, mejorarlo, de modo a llegar cada vez con mejor calidad a los niños y adolescentes de todo el país.

“Valoro muchísimo el trabajo de la Contraloría, eso estaba previsto en la ley y el propio contralor participó de la presentación del proyecto de ley en el Palacio de Gobierno, eso fue porque el Poder Ejecutivo tomó la decisión de que la Contraloría sea partícipe activo de este programa de alimentación escolar que es Hambre Cero”, manifestó a la 650 AM.

El secretario de Estado dejó en claro que el ente contralor cuenta con todas las garantías constitucionales para poder intervenir en este plan del gobierno porque solo de esta forma, se podrá corregir aquellos aspectos de Hambre Cero que aún no funcionan plenamente. El trabajo de la Contraloría de visitar más de 300 instituciones del país fue clave para que se tomen acciones a partir de los reportes realizados.

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“Ese informe se ha remitido al Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), analizamos punto por punto, enviamos a todas las gobernaciones oficialmente el reporte con el gráfico que viene en el informe y hemos solicitado a los administradores de contrato, en este caso a las gobernaciones, para que puedan revisar, hacer su descargo y estar alertas”, detalló.

Rojas afirmó que el objetivo es que el programa pueda tener la menor cantidad defectos, teniendo en cuenta que Hambre Cero conjuga dos elementos muy sensibles, los niños y los alimentos, por lo cual los riesgos que se corren son permanentes. El ministro indicó que más allá de las observaciones realizadas por la Contraloría, el programa es muy satisfactorio por el alcance que tiene.

“Más de un millón de chicos están comiendo, y cuando saltan que faltaron raciones, eso tiene su razón y es porque todavía estamos en un periodo en que el proceso que se debe llevar adelante está en permanente revisión y ajuste. Particularmente lo relacionado a la actualización del Registro Único del Estudiante (RUE), pero en la medida que eso se ajusta, se corrige. Lo importante es que se está dando de comer, se van atendiendo los reclamos, se están cumpliendo los objetivos y el impacto es tremendo, ya lo vimos en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE).

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El jefe de Gabinete de la Contraloría General de la República (CGR), Mario Florenciañez, destacó que tras la verificación realizada en todas las escuelas y colegios públicos, constataron que todos los alumnos matriculados reciben alimentos. Afirmó que esto confirma que el programa Hambre Cero está funcionando y en sinergia con todo el sistema económico de la agricultura familiar campesina.

Durante el programa “Arriba Hoy”, que se emite por canal GEN y Universo 970am/Nación Media, el alto funcionario explicó que el informe que emitió la Contraloría está basado en verificaciones in situ, en tiempo real, tomando las denuncias, hablando con la gente que sí participa directamente en el plan de alimentación escolar.

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Indicó que si bien, aún están observando la falta de infraestructuras, algunas cuestiones de contratación de personal, la falta de utensilios, pero observando en detalle el informe en sí, estos puntos negativos quedan en menor escala en comparación con los aspectos positivos en la ejecución del programa.

“De los 17 departamentos, incluido la capital también, hemos constatado que todos los alumnos matriculados reciben alimentos. Esto es algo que nosotros en su momento, cuando quitamos el informe sobre alimentación escolar financiado por el exFonacide, hoy vemos que es total y radicalmente lo contrario. Está funcionando y creando una sinergia y no solo respecto al alimento del niño, sino con la cadena de suministros”, explicó.

Al respecto, sostuvo que en este punto hay que poner un énfasis señalando que el 20 % de los contratistas para preparar los alimentos, a su vez deben contratar con las huertas de la agricultura familiar campesina y el 10 % debe contratar a los productores locales. “Esto crea trabajo, y ese trabajo a su vez permite que el alimento que producen las cocineras es lo que va a consumir su propio hijo”, indicó.

Agregó que del informe se desprende que, si bien hubo faltantes de alimentos, nadie dejó de comer un día. “Esto es algo que tenemos que dejar bien en claro, porque pareciera que se quiere instalar la idea de que hay partes donde no se comió y si se comió. También tenemos que destacar que hay dos modalidades en este tema; está cocinando en mi escuela, y está el servicio de Catering. El servicio de Catering no tuvo problemas”, remarcó.

En otro momento, explicó que, todos aquellos alumnos matriculados que sus padres han dado el consentimiento, y que están inscriptos en el RUE (Registro Único del Estudiante) y que utilizan la plataforma Paraguay Aprende, reciben alimentos en las escuelas.

No obstante, indicó que, si bien hay un registro de unos 30 mil alumnos, del universo total de un millón de alumnos, que no están formando parte del programa Hambre Cero, ya sea porque los padres expresaron su rechazo, o bien porque están teniendo problemas para inscribirse en el RUE. “El paraguayo es nómada y el RUE debería funcionar, es una misión pendiente que el MEC debe solucionar y creo que están trabajando para esto. Esto es importante porque los contratistas sacan números de acuerdo al RUE”, acotó.

Florenciañez resaltó que el programa Hambre Cero es uno de los mayores programas con impacto social que se tiene en el país desde hace mucho tiempo. “Este plan no es una ayuda más, es justicia social, esto es equidad y esto es futuro. Los controles que nosotros hacemos sirven para que esas brechas que existen entre lo que supuestamente se denuncian y otras cuestiones se solucionen y podamos hacer un futuro brillante para los niños”; concluyó.

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Desde la Contraloría General de la República (CGR) recomiendan rescindir el contrato con la empresa que proveyó las raciones de comida en bolsas a las escuelas donde acuden niños nativos en el Chaco paraguayo. La directora general de control gubernamental, Gladys Fernández, afirmó que la auditoría practicada a la ejecución del programa Hambre Cero corroboró esta irregularidad y se efectuaron recomendaciones para corregir estas falencias.

“En los informes efectivamente se identificó esa situación en la zona de Alto Paraguay sobre todo en escuelas indígenas que no solamente no tenían los utensilios adecuados y que los auditores detectaron que en algunos casos vieron que en situaciones inadecuadas llegaban la comida”, señaló a la 1080 AM.

Así también se constató la falta de provisión del alimento escolar, por lo que recomendaron medidas correctivas. “Y eso sí ya es un tema grave sobre todo por los términos de referencia de la contratación. La Contraloría en ese sentido solicitó aplicar la multa o la rescisión del contrato correspondiente”, mencionó.

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La funcionaria de la Contraloría mencionó que una de las zonas más complicadas es Alto Paraguay y preferentemente en las escuelas indígenas. “No precisamente comían en bolsa, pero comían en utensilios no adecuados. Entonces, lo que sí se detectó ahí es que los insumos se fraccionaban en bolsas. Y como ya señalé esto dificulta el control, porque dificulta verificar si esos insumos están o no vencidos. Y que la cantidad entregada es la cantidad solicitada”, puntualizó.

Dijo que la auditoría practicada por la Contraloría detectó “situaciones más alarmantes” en la revisión hecha en esta región del Chaco en comparación con otras escuelas fiscalizadas. Es por ello que los auditores concluyeron efectuando “recomendaciones, algunas un poco fuertes y otras de mejora” para la implementación del programa Hambre Cero.

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