La Cámara de Senadores se encuentra estudiando un proyecto de ley que prevé sancionar a funcionarios públicos que no cumplan en tiempo y forma los pedidos realizados por el Congreso Nacional. Si no lo hacen, el acto será considerado como desacato.
Al respecto, el senador Eusebio Ramón Ayala explicó que esto tiene como fin dar a conocer el manejo de la cosa pública y que la ciudadanía acceda a los informes para que sepan cómo y en qué se están utilizando los recursos del Estado.
“El Congreso tiene que recabar informaciones de las entidades para que puedan desarrollar sus funciones, el congreso con las cámaras y comisiones. Sin embargo, las entidades del Estado no contestan o piden prórroga reiteradamente, entonces al final eso conspira contra la transparencia y la democracia”, dijo Ayala en contacto con GEN.
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Sobre esa línea, expuso que cuando los ministerios a través de los funcionarios no cumplen con los pedidos, demuestran que las sospechas de corrupción en sus labores son ciertas. “Existe una alta sospecha de que están ocultando algo, pero como la Constitución no establece una penalidad y el Código Penal tampoco, entonces, por eso creímos necesario que por lo menos ya se califique como un desacato”, resaltó.
Sobre las posibles penas, mencionó que eso se estudiará el próximo jueves 20 de abril. De momento refirió que las sanciones irían de 5 a 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Además, expuso que se tomó en cuenta aplicar multas, pero que la idea no es recaudar dinero, sino poder dar a conocer una información de carácter público.
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“El objetivo no es recaudar o es castigar sino brindar por la transparencia por la publicidad de los actos de gobierno. Estos funcionarios se quedaron anclados en el pasado porque interpretan que los asuntos que deberían ser públicos lo manejan de manera privada”, arremetió el legislador.
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Titular del MOPC acude el lunes al Senado para agilizar plan de reforma del transporte
El presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, manifestó que el próximo lunes 28 de julio mantendrán un encuentro con la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, con el fin de agilizar en el Legislativo el proyecto que plantea la reforma del transporte público impulsado por el gobierno del presidente Santiago Peña.
“Le vamos a dar la mayor importancia y celeridad. La ministra de Obras Públicas está invitada a la reunión de líderes y vicelíderes de bancadas prevista para este lunes a las 9:00 antes del desarrollo de la mesa directiva”, comentó el legislador a los medios de comunicación. Núñez estima que el tratamiento de la propuesta en el Congreso Nacional abarcaría un periodo de 30 días.
Mediante esta ley, el Estado tendrá mayor control, ya que se termina con las reformas automáticas, es decir las empresas que quieran operar el servicio de transporte público deberán ganar una licitación, con reglas claras y, sobre todo, ofreciendo un buen servicio.
Asimismo, promueve la competencia para elegir a operadores competitivos e idóneos. Anteriormente, una misma empresa se encargaba de todo, operar los buses, tener la flota y mantener la infraestructura.
Ahora, con esta ley se separan los contratos:
- Operación: empresas especializadas en prestar el servicio de transporte y encargada de toda la dinámica de la operación y mantenimiento de buses.
- Flota: empresas encargadas de proveer con un modelo de financiamiento que propicie la inversión privada en flota.
- Infraestructura: empresas responsables de terminales, paradas y depósitos
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A tal efecto se exigirá una flota moderna, segura y accesible, se controlarán las frecuencias para que la ciudadanía no tenga que esperar mucho tiempo en las paradas. Otro de los puntos que contempla la propuesta, es la creación de un fideicomiso que administrará los fondos del sistema, incluyendo los subsidios con transparencia y trazabilidad. Asimismo, se gestionará un sistema tecnológico en tiempo real para el control de la calidad del servicio en favor de los pasajeros.
“Lo que recibimos como servicio hoy es problema de no tener las reglas claras, de no haber generado un espacio de mejoras continuas de este sistema que ya está agotado. Nadie está contento, tanto los empresarios como la ciudadanía que recibe el servicio y ni hablar el Estado“, indicó Centurión en una entrevista con el programa “Arriba Hoy” emitido por el canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media.
La reforma establece tarifas justas y con beneficios, en ese contexto se busca proteger el bolsillo del usuario con pasajes accesibles; habrá beneficios para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. Se promoverá una tarifa integrada, es decir el pasajero podrá tomar distintos buses, pagando un solo pasaje, en el lapso de un tiempo determinado. Así también, contempla la creación de sistemas digitales para saber dónde se encuentran los buses, cuanto van a demorar y cómo llegar más rápido.
“Para aquellos que se quieran subir a las nuevas reglas, a este nuevo bus, a las nuevas condiciones de transporte por supuesto que las puertas estarán abiertas, pero habrá aquellos que no estén interesados con el sistema y terminarán siendo finalmente expulsados del servicio de transporte. Nosotros creemos y tenemos la convicción de hacer la transformación con aquellos que están dispuestos a cambiar y renovarse para el bien de la ciudadanía", refirió la secretaria de Estado.
Implementación gradual
La implementación de la reforma será gradual y transitoria, con avances sostenidos hacia un nuevo sistema de transporte más eficiente. Como medidas inmediatas, mencionó la ampliación del servicio nocturno Búho, la incorporación de 30 buses eléctricos en un plan piloto y el uso de plataformas digitales como Google Maps para brindar información a los usuarios.
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Innovadores públicos: la oportunidad de aprender haciendo
Silvia Morimoto
Silvia Morimoto
Representante Residente del PNUD
La innovación pública plantea desafíos significativos y requiere el compromiso de todos los sectores. En ese contexto, desde el Laboratorio de Aceleración del PNUD, en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), impulsamos el Programa Innovadores públicos, buscando contribuir a una gestión pública más eficiente y centrada en las personas.
Desde sus inicios en el 2022, esta iniciativa tiene el propósito de generar una red de profesionales del sector público capacitados en metodologías y herramientas de innovación, que puedan identificar desafíos, diseñar y prototipar soluciones orientadas a optimizar el funcionamiento institucional, mejorando la experiencia de las personas usuarias y evolucionando hacia la prestación de servicios de mayor calidad.
Los resultados logrados en el programa son bastante alentadores: 200 funcionarios públicos, de 30 diferentes instituciones, implementaron 17 proyectos piloto pensados para brindar mejores servicios a la ciudadanía.
Entre ellos, podemos citar dos soluciones ganadoras de ediciones anteriores, como el Registro Único del Trabajador (RUT), una plataforma digital que permite a trabajadores del sector privado cargar su historial laboral y acceder a información oficial vinculada a distintas instituciones públicas y Kuña Arandu, un repositorio que brinda información para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
“Esto muestra otra realidad. Demuestra que hay calidad, que hay una innovación, algo que impacta, que logra nuevas cosas. Creo que eso es importante para la gente y para las instituciones”, Rubén González, funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
El 22 de mayo de 2025 lanzamos la cuarta edición del programa, comprometiendo la participación de 40 servidores públicos, quienes participarán durante 8 semanas de espacios de capacitación y práctica con mentores expertos sobre metodologías y herramientas de innovación pública.
El estudio “Habilidades de Innovación en el Sector Público de Paraguay”, realizado en 2020 por la organización The GovLab, el BID y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), mostró que los servidores públicos en Paraguay tienen un conocimiento parcial de las habilidades de innovación y que la implementación de estas es limitada.
En ese sentido, este programa busca generar capacidad instalada dentro de las instituciones, ofreciendo a servidores públicos la oportunidad de “aprender haciendo” herramientas y metodologías para el diseño y gestión de políticas públicas centradas en el usuario.
El programa Innovadores Públicos se considera un caso de éxito en la región y fue premiado durante la Semana Iberoamericana de la Innovación Pública, en el marco de la XXVIII Cumbre Iberoamericana realizada en República Dominicana.
Desde el PNUD, estamos convencidos de que el sector público tiene un gran potencial para innovar y seguir generando impactos significativos.
Para más información sobre el programa, contáctenos al +595 992 443 874 o visite nuestra web en www.undp.org/es/paraguay.
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Presentan proyecto de ley para el transporte público
El Gobierno presentó el proyecto de Reforma Estructural del Transporte Público, en el marco del paquete de reformas que plantea el Ejecutivo al Congreso Nacional. Con esta propuesta apunta a un sistema “más justo, moderno y digno para todos”, enfatizó la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, durante la presentación.
Mencionó que, con ello, se busca dejar atrás un modelo que expulsa usuarios y avanzar hacia un servicio que recupere la confianza ciudadana.
La presentación se realizó en el Palacio de Gobierno, con la presencia de diversas autoridades. “El transporte debe crecer con la sociedad, evolucionar con sus necesidades y mantenerse vivo”, remarcó.
La ministra Centurión afirmó que se trata de una reforma trascendental para el transporte público. Señaló que la propuesta remitida al Congreso Nacional impulsa una reforma largamente anhelada, profundamente necesaria y absolutamente impostergable.
“La reforma comienza por un Estado fortalecido, con reglas claras y una gestión moderna”, subrayó. Al tiempo de resaltar que es una iniciativa para mejorar la movilidad urbana y la calidad de vida de los ciudadanos.
El presidente de la República, Santiago Peña, insistió en su pedido a los legisladores de la nación, para que le den celeridad en su tratamiento en el ámbito parlamentario.
“Esto nos dará la posibilidad de contar con la herramienta lo antes posible, porque la aprobación de la ley va a ser el inicio del proceso, de una reforma que llevará su tiempo”, explicó el mandatario.
Mediante esta ley, el Estado tendrá mayor control, ya que se termina con las reformas automáticas, es decir las empresas que quieran operar el servicio de transporte público deberán ganar una licitación, con reglas claras y, sobre todo, ofreciendo un buen servicio.
Asimismo, promueve la competencia para elegir a operadores competitivos e idóneos. Anteriormente, una misma empresa se encargaba de todo, operar los buses, tener la flota y mantener la infraestructura.
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Reformas para dinamizar la economía: “Vinimos para transformar Paraguay”, dice Peña
El presidente de la República, Santiago Peña, lideró la presentación del paquete de 10 proyectos de leyes económicas que, según afirmó, marcan el rumbo hacia un Estado más moderno, eficiente y orientado a generar oportunidades reales para la ciudadanía. Las iniciativas apuntan a reformas estructurales que abarcan desde la administración pública hasta el impulso del sector productivo y la atracción de inversiones.
“Este no es un gobierno que viene a administrar lo que ya existe, sino a transformar el Paraguay”, expresó Peña en un mensaje publicado en su cuenta de X, alegando que estas propuestas legislativas buscan modernizar el sector público, mejorar la calidad del transporte público, dinamizar la economía nacional y adecuar el marco legal del país a estándares internacionales.
Entre los proyectos destacados figuran la fusión de instituciones públicas para optimizar recursos, la creación de incentivos fiscales para promover inversiones y el fortalecimiento de sectores clave como la industria, el turismo y la maquila. También se incluyen medidas para impulsar la producción de tecnología nacional, fomentar las energías renovables y facilitar un sistema de arbitraje más ágil y confiable para resolver disputas comerciales.
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El Ejecutivo también plantea una reforma profunda del sistema de transporte, con el objetivo de devolverle calidad y seguridad al usuario, en un contexto donde el servicio actual es ampliamente cuestionado por la ciudadanía. Se espera que esta transformación no solo mejore la movilidad urbana, sino que también tenga un impacto económico al facilitar el acceso al trabajo y a los servicios.
Asimismo, se prevé una modernización del mercado de valores paraguayo, con miras a potenciar las herramientas de financiamiento a largo plazo, clave para el desarrollo de proyectos estratégicos. La actualización del marco jurídico también buscará dar mayor previsibilidad a los inversionistas, un factor considerado fundamental para el crecimiento económico sostenido.
Desde el Gobierno aseguran que este paquete de reformas constituye una hoja de ruta clara para el fortalecimiento institucional del país, con reglas de juego estables y una visión de desarrollo a largo plazo. Ahora queda en manos del Congreso Nacional el análisis y tratamiento de estas propuestas que, de aprobarse, “podrían marcar un antes y un después en la política económica y social del Paraguay”.