Con el fin de introducir modificaciones al actual régimen de financiamiento de las campañas políticas, mejorar los mecanismos de control y simplificar los procedimientos para partidos, movimientos internos y candidatos, un grupo de diputados presentó el proyecto de ley que modifica varios artículos del Código Electoral.

Los diputados Raúl Latorre, Miguel Del Puerto, Rocío Abed, Daniel Centurión y Hugo Meza presentaron el proyecto “que modifica los artículos 64 inciso a), 66 y 278 inciso b) de la Ley Nº 834/1996, ‘Que establece el Código Electoral’, modificado por las leyes Nros. 4743/2012 y 6167/2018”.

El documento argumenta que existe “una preocupación por la transparencia en el uso de fondos durante los procesos electorales y a las dificultades operativas que han enfrentado las nucleaciones políticas a raíz de la normativa vigente”.

Se menciona también que los controles establecidos en la ley actual, resultan excesivos, complejos o pocos accesibles para las agrupaciones políticas, principalmente en las elecciones.

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Entre las modificaciones planteadas se encuentra el reconocimiento anticipado de los movimientos políticos, ya que la ley actual no contempla un proceso previo de reconocimiento de los movimientos internos antes de la inscripción de candidaturas, y con el cambio se establece formalizar esta etapa, permitiendo a los movimientos gestionar de manera anticipada su identificador tributario y cuenta bancaria.

La digitalización de declaraciones propone que tanto la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC), como la Declaración de Intereses Económicos Vinculados (DIEV) se presenten únicamente en formato digital ante los organismos de control, reduciendo el uso de papel y facilitando su análisis.

En otro punto se plantea la presentación individual por candidato, que a diferencia del esquema actual, en el que los movimientos presentan declaraciones de forma general, la modificación exige que cada candidato presente su propia DIGC y DIEV, incluso detallando su participación en sociedades o inversiones económicas.

Igualmente, se incluye mayor transparencia y fiscalización, previendo la publicación obligatoria en un plazo de diez días hábiles de todas las declaraciones e informes recibidos en el portal del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

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En cuanto a las sanciones, se establece más severidad “en caso de comprobarse la falsedad en la declaración de ingresos, el proyecto contempla la suspensión de la participación del candidato por diez años en cualquier tipo de elección, una medida que no figura en la normativa vigente”.

Son varias las modificaciones que plantea este documento que ya se encuentra en la Cámara de Diputados para ser analizado, primeramente por las comisiones asesoras y posteriormente ante el pleno.

El proyecto de ley que declara en situación de emergencia a los departamentos de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, cuenta con el dictamen a favor de su aprobación de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros de la Cámara de Diputados. Además de la declaración de emergencia, también se amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2025, a fin de dar la asistencia correspondiente a las comunidades del Chaco afectadas por las lluvias.

Esta iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, el pasado jueves se incluyó en el orden del día de Diputados, fue debatido y tuvo una mayoría a favor, sin embargo, al momento de la votación la sesión extraordinaria quedó sin quórum por lo que el proyecto no pudo ser sancionado.

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El documento podrá ser analizado recién después de la Semana Santa, ya que en estas fechas no se realizará la sesión ordinaria de los días martes, y se aguarda que al momento de ser tratado ya quede sancionado y pase al Poder Ejecutivo.

“Estos eventos climatológicos han causado daños económicos y sociales significativos; y han impactado severamente en las familias y comunidades indígenas, especialmente, según refieren los impulsores de la normativa. Entre los principales aspectos impactados se menciona la infraestructura vial; el comercio; la agricultura; la ganadería; así como otros rubros productivos”, refiere la mención de la Cámara Baja.

De sancionarse la declaración de emergencia, con el respaldo de ambas Cámaras del Congreso Nacional, dentro del marco de la Ley N° 2.615/2005, se podrá coordinar de manera eficiente y rápida las acciones necesarias para mitigar la situación descrita, según informó el organismo asesor.

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El viceministro de Protección Integral del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna), Eduardo Escobar Said, cuestionó las acciones, tanto de los magistrados que integraron el Tribunal de Sentencia como del fiscal que llevó el caso, por haber liberado al docente villarriqueño, de 53 años, acusado por acoso contra una niña de 11 años, quien fuera su alumna.

A través de su cuenta de red social X, el viceministro realizó su descargo y expresó su preocupación ante este hecho, que golpea fuertemente a todo el sistema de prevención y protección de niños, niñas y adolescentes en los casos de abusos en todas sus formas.

“Luego de una semana difícil por numerosos casos de abuso sexual en niños, en los cuales los operadores de Justicia lastimosamente no estuvieron a la altura; reflexiono sobre este pensamiento del profesor Juan José López Ortega, del cual tuve la fortuna de ser su alumno en la Universidad Carlos III de Madrid”, indicia la reflexión de secretario de Estado.

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El mismo cuestionó el “esmero” de los veladores de la Justicia en este caso, y principalmente, sobre los derechos de protección a la niña víctima en este caso. “Me pregunto: ¿pusieron estos jueces y fiscales el esmero para llegar a la tan mentada ´verdad verdadera´ en un caso tan delicado como lo es un abuso sexual a una niña?”, lamentó.

En ese mismo sentido, también cuestiona: “Señores magistrados ¿les parece justo una absolución en un caso tan grave?, ¿pelearon con esmero por la Justicia?, ¿pelearon por la justicia a una niña víctima por parte de una persona que tenía el deber de cuidarla como lo es un profesor?”.

También lamentó que a pesar de la preparación que puedan tener los jueces que dieron su veredicto, u otros jueces que llevan casos similares, no serviría de nada si el fiscal de la causa “no puede redactar una acusación en forma”, o que un juez Penal de Garantías, no puede ejercer su rol de contralor del proceso y corregir el tipo penal fue imputado el acusado.

“¿De qué sirve si tres jueces de Sentencia no pueden, bajo la posibilidad que otorga el Código Procesal Penal, ordenar la sustanciación de nuevos medios probatorios?. ¿Les parece correcto revictimizar a una niña víctima de abuso?. Porque si ahora se anula el juicio oral y público, ella y toda su familia tienen que volver a pasar por otro juicio, recordando hechos dolorosos”, reprochó.

Ante toda esta situación, expresó: “Señores magistrados lamento informarles que no hacen honor a la investidura que poseen circunstancialmente, ni demuestran la capacidad ni el compromiso que requiere un jurista”.

Detalla además que por este tipo de sentencias, la sociedad se encuentra en una posición de cuestionamiento ante las tantas y constantes campañas para denunciar todo tipo de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. “Causan un daño tremendo en la percepción de la sociedad respecto a la labor de la protección de la infancia. Vuestras Señorías: ustedes no están a la altura de la labor que les encomendó el Estado y la Sociedad de llegar a la Justicia en los casos que intervienen”, sentenció.

Finalmente, instó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a que tomen acciones que sean ejemplo para otros casos. “El JEM ya tiene el caso y espero tengan una sanción ejemplificadora, para que nunca más veamos sentencias como esta”, puntualizó.

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El proyecto de ley que plantea cambios a la ley n.° 7.447 que regula el costo del impuesto de la patente vehicular, la cual establece la nueva fórmula por la que deberán regirse las municipalidades, ya cuenta con la sanción del Congreso nacional, y se encuentra en instancias del Poder Legislativo. Al respecto, el diputado Hugo Meza, sostuvo que lo más probable es que esta nueva normativa sea promulgada.

“Creo que no habría problema, porque hay un consenso con los intendentes, la Opaci y la Agencia Nacional de Tránsito, y una conversación permanente que hemos tenido para unificar los precios de los patentes”, indicó en entrevista a La Nación/Nación Media.

Así también, refirió que el Congreso y otras instancias como la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), los intendentes y la Agencia Nacional de tránsito trabajaron en conjunto para la elaboración de una nueva ley previsible.

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“Se han unificado los precios para abajo, lo que hicimos es hacer una ley previsible, enfocada en los precios para poder darle de alguna manera alivio económico en lo que se refiere los montos de la ley aprobada anteriormente, y esto viene a corregir eso, pero en puridad, eso saltó porque la anterior ley, la derogada, nadie cumplía”, refirió.

Mientras tanto, explicó que la normativa vigente fracasó “por lo excesivo de los costos”, pero en la ley en sí hay un acuerdo general de una necesidad de unificar los precios, para evitar la migración de contribuyentes y la competencia desleal de los municipios, especialmente de tercera categoría, en todo el territorio nacional.

“Lo más importante es que esta ley prevé, por primera vez, un Registro Nacional de Habilitaciones atendiendo que este documento era tierra de nadie en nuestro país, absolutamente no había nada en relación con las habilitaciones y era una discrecionalidad de las municipalidades en poder otorgar este documento tan importante que es la habilitación de los rodados”, aseveró.

Aseguró que la ley anterior, derogada por la normativa actual, no se cumplía en ningún municipio. “Había una competencia desleal entre todos, entonces al ni haber un marco jurídico cumplible, y por lo general alguien que le puede estar monitoreando, en este caso le hemos dado la potestad absoluta a la Agencia Nacional de Tránsito de poder controlarle a las municipalidades si están cumpliendo los parámetros en relación a la fijación de precios de las patentes de rodados”, sentenció.

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