El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López, emitió la resolución por la cual se constituye la comisión especial que se encargará de la organización de las ceremonias de clausura del periodo constitucional actual, y la recepción de bienvenida de los legisladores electos y proclamados para el periodo 2023-2028.
El documento firmado López, refiere que esta comisión acompañará al presidente de la Cámara Baja en la tarea organizativa de la entrega del Poder Legislativo a los nuevos parlamentarios, y la salida de los parlamentarios que dejan el periodo 2018-2023, que se desarrollará en próximo 30 de junio de este año.
Para este efecto, fueron designados varios directores y coordinadores generales de las dependencias de la Cámara Baja que estará coordinado por la directora general de Administración y Finanzas, Regina Barrios. Los mismos deberán cooperar con la comisión especial en esta transición, de acuerdo a uno de los artículos de la resolución emitida por la presidencia de la Cámara Baja.
Igualmente, fue establecido el Comité de Control Interno, de la Cámara de Diputados, creado por una resolución en el marco del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay (Mecip), en cual se propone a las instituciones públicas a una estructura de control interno, como herramienta de gestión. “Para el control interno se consideran normas, principios, acciones y procesos efectuados por las autoridades, la administración y los funcionarios, a fin de asegurar razonablemente que los objetivos sean alcanzados”, refiere el informe oficial de la Cámara de Diputados.
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Postergan indefinidamente estudio de proyecto que pretende volver a los dos tipos de horario
En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados se abordó el proyecto de ley que establece el horario oficial en la República del Paraguay y deroga la ley nº 7.354/24. Esta iniciativa tiene por intención dejar sin vigencia el horario único adoptado en nuestro país, sin embargo, los legisladores optaron por postergar su estudio de manera indefinida.
“Es un proyecto que generó y sigue generando mucho debate en torno a su implicancia y tenemos dictamen solamente de una Comisión, por lo que solicito el aplazamiento sine die para que podamos tener el dictamen de las diferentes comisiones y poder llegar a un consenso en el pleno sobre este tema”, expresó el diputado Miguel Del Puerto.
La propuesta legislativa está pendiente de tener dictamen por parte de siete comisiones en total, por lo que el parlamentario consideró prudente otorgar el suficiente tiempo para que el proyecto pueda ser analizado en profundidad por sus colegas. Por su parte, el diputado y proyectista, Edgar Olmedo, recomendó el aplazamiento por un plazo de 15 días, pero la moción no prosperó.
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“Más allá del tratamiento de este proyecto, lo que también se tendría que ver es el horario escalonado, una cosa no va sin la otra, tanto si rechazamos o aprobamos, lo que hay que hacer es un tratamiento integral”, expresó por su parte la diputada Rocío Vallejo, quien indicó que este es un tema que ya no debe ser postergado.
De acuerdo a lo que establece la iniciativa, consideran viable retornar al “doble horario estacional” y argumentan que la población ya acostumbraba a este sistema tras largos años de vigencia. “Permite una mejor adecuación de la jornada diaria a las condiciones naturales de luz y temperatura, beneficiando tanto a la población urbana como rural, al tiempo de promover una mayor eficiencia energética y calidad de vida”, según se menciona en el documento.
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Registro Nacional de Pagarés avanza con consenso del Ejecutivo, la Corte y el Congreso
“En Paraguay, el uso descontrolado de pagarés —sin trazabilidad, sin control y muchas veces sin respaldo real— ha generado un circuito tóxico de endeudamiento, judicialización y abuso, afectando tanto a personas como a empresas, especialmente en los sectores más vulnerables de la economía”, afirmó el diputado José Rodríguez durante una entrevista en el programa Tribuna de Paraguay TV.
Rodríguez presentó los principales lineamientos del proyecto de ley que propone la creación del Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito (RNPyTC), una iniciativa que busca transformar el sistema de control de documentos crediticios en el país.
“Mafia de los pagarés”
El legislador explicó que el objetivo central del proyecto es combatir la llamada “mafia de los pagarés”, una práctica que ha generado múltiples denuncias por fraudes, cobros duplicados y abusos por parte de usureros. “Queremos dar garantías a los ciudadanos y proteger especialmente a los más humildes, que muchas veces son víctimas de estos esquemas”, subrayó.
El parlamentario destacó que hoy existe una oportunidad histórica para construir un nuevo marco jurídico que combine seguridad financiera, protección judicial y tecnología, a través de un texto legal único y consensuado que unifica tres iniciativas clave: Poder Judicial, ejecución justa y controlada; Poder Ejecutivo y MIC, digitalización y trazabilidad; Poder Legislativo, creación del Registro Nacional de Pagarés.
Poder Judicial
La Corte Suprema de Justicia impulsa un proyecto que ya cuenta con media sanción legislativa. Este regula el proceso ejecutivo sobre pagarés, estableciendo criterios más estrictos para su ejecución judicial. El objetivo es evitar ejecuciones automáticas de títulos vencidos, sin respaldo o manipulados, garantizando el debido proceso y la buena fe contractual.
Poder Ejecutivo
Desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) se implementa la Ley N.º 6822/2021, que reconoce la validez legal de los títulos de crédito en formato electrónico, incluyendo pagarés y letras de cambio. Esta normativa permite su digitalización con firma electrónica avanzada y trazabilidad, creando las condiciones técnicas y jurídicas para dejar atrás el papel y avanzar hacia un sistema moderno, confiable y transparente. Además, convierte al MIC en autoridad técnica y reguladora de los prestadores de servicios de confianza digital.
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Poder Legislativo
Desde el Congreso Nacional, se impulsa la creación del Registro Nacional de Pagarés, una plataforma pública, digital y auditable donde se inscriban todos los pagarés emitidos en el país. Basado en la Ley 6822/21, este registro permitirá conocer si un pagaré ya fue ejecutado, venció, fue pagado o está en disputa, previniendo duplicidades, estafas y abusos judiciales. También facilitará a los jueces una evaluación rápida de la legitimidad del documento y protegerá a los firmantes.
Pacto institucional
“Por primera vez en mucho tiempo, los tres poderes del Estado y el Ministerio de Industria y Comercio estamos construyendo un solo texto de ley, trabajado en conjunto desde lo técnico, lo judicial, lo legislativo y lo económico”, destacó Rodríguez. “Este proyecto no se trata solo de pagarés: se trata de confianza. Confianza en el sistema. Confianza en el crédito. Confianza en las reglas”, agregó.
El diputado advirtió que quienes se benefician del sistema actual y de los vacíos legales probablemente se opondrán. “Pero nosotros trabajamos por la gente, por los emprendedores, por los comerciantes, por quienes piden un crédito con buena fe y terminan atrapados en un infierno judicial”, remarcó.
Finalmente, Rodríguez hizo un llamado a los sectores productivos, cooperativas, banca, justicia y ciudadanía a respaldar esta iniciativa: “Esta ley consensuada será el punto de partida para un Paraguay más formal, más justo y más moderno. Cuando el Estado trabaja unido, los beneficios llegan a todos”.
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Caja Fiscal: reforma debe apuntar a igualar condiciones de jubilación de todos los sectores, aseguran
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputados un informe sobre la situación de la Caja Fiscal, sistema que sostiene las jubilaciones y pensiones del sector público.
La exposición estuvo a cargo del viceministro de Economía y Planificación, Felipe González Soley, junto con su equipo técnico. Según detallaron, la caja atraviesa una situación cada vez más complicada, con un déficit creciente y un sistema desordenado que incorpora regímenes distintos, muchos de ellos con beneficios otorgados sin fuentes claras de financiamiento. Esta fragmentación normativa genera desigualdades y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema.
Durante la reunión, tanto autoridades del MEF como los legisladores coincidieron en que urge una reforma previsional integral, pero que debe ser construida con amplio consenso político y social. “Las decisiones que se tomen hoy van a tener impacto por décadas”, advirtieron.
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Uno de los puntos centrales del debate fue la necesidad de igualar las condiciones de jubilación entre los distintos sectores del Estado, fijar edades de retiro acordes a la realidad demográfica y garantizar que los beneficios sean proporcionales a los aportes realizados por cada trabajador.
Desde el MEF aseguraron que están dispuestos a aportar todos los insumos técnicos necesarios para encarar este proceso, incluyendo proyecciones actuariales, comparaciones con modelos regionales y análisis fiscales. Adelantaron que en una próxima sesión presentarán otro informe sobre cómo otros países enfrentaron reformas similares.
Legisladores de distintos sectores reconocieron que la Caja Fiscal ya no resiste más parches. Señalaron que se necesita voluntad política para tomar decisiones impopulares pero necesarias, antes de que el sistema colapse y se vuelvan inviables los pagos a jubilados del Estado.
La Caja Fiscal cubre hoy a miles de jubilados docentes, policías, militares, judiciales y funcionarios públicos en general. El déficit se agrava año tras año, y si no se encara una solución de fondo, podría convertirse en uno de los problemas financieros más serios del país, acordaron las autoridades.
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Contraloría entrega rendición de cuentas a Diputados
El contralor general de la República, Camilo Benítez, y el subcontralor Augusto Paiva entregaron este jueves al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, la memoria de gestión 2024 de la Contraloría General de la República (CGR), una rendición de cuentas que el organismo de control entrega al Congreso de manera anual.
“La reunión de hoy es respecto a presentar nuestra memoria anual, en virtud a nuestra propia normativa, es una suerte de rendición de cuentas que hace la Contraloría al Congreso Nacional, lo hicimos ante la Cámara de Senadores y hoy estamos haciendo ante la Cámara de Diputados”, indicó el contralor tras la presentación.
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El titular de la Cámara Baja resaltó la importancia del rol de control de la CGR en las instituciones del Estado. “La lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de nuestro sistema republicano. Recibí al contralor general de la República con su informe anual de gestión”, expresó.
La Contraloría detalla sobre las actividades de control realizados durante el ejercicio fiscal del 2024, las cuales el titular del organismo calificó como números récord, teniendo una productividad diez veces superior al promedio. “Hace cinco años venimos batiendo todos los récord en cuanto a la cantidad de auditorías e informes de indicios. Este año no ha sido la excepción”, resaltó.
De acuerdo con el informe se realizó un total de 1.349 actividades de control, entre ellos, auditorías financieras, de cumplimiento, de desempeño, fiscalizaciones especiales inmediatas, controles de destrucción de documentos y verificaciones de programas sociales como Hambre Cero.
Se realizó la remisión de 32 reportes de indicios de hechos punibles contra el patrimonio público, por un monto total de G. 1.293.271.642.237, para la apertura de las investigaciones correspondientes y acciones legales, dentro del marco de sus atribuciones constitucionales y legales.