La Justicia Electoral informó que a través de los 282 Centros Cívicos y Registros Electorales de todo el país, estarán abiertos al público los días 14 y 15 de mayo, de 07:00 a 13:00 horas, para brindar los servicios de inscripción y actualización de datos al Registro Cívico Permanente (RCP) y solicitud del programa “Voto Accesible”.

En informe del organismo electoral señalan que los funcionarios de la Justicia Electoral atenderán de martes a domingo conforme a lo establecido en la Ley electoral vigente, en el marco de la campaña de inscripción al RCP, correspondiente al periodo 2025 que se extiende hasta el 30 de diciembre del corriente año, el ciudadano debe acercarse con su cédula de identidad y realizar el trámite.

Le puede interesar: Senado: ministra de Salud expuso sobre situación sanitaria y ejecuciones presupuestarias

Respecto al Voto Accesible recuerdan que este programa incluye las modalidades de Voto en Casa, disponible en 19 ciudades y Voto en Mesa Accesible, en todos los locales de votación para las próximas Elecciones Municipales de 2026.

Así también, señalan que todos los ciudadanos pueden verificar sus datos, ingresando al portal web institucional, y en el caso de requerir una actualización, acudir al Registro Electoral o Centro Cívico más cercano a su domicilio.

Finalmente, señalan que la actualización de datos al RCP y la solicitud del programa Voto Accesible, se encuentran disponibles otros servicios como: gestión de Pasantías Educativas Laborales y Socio Comunitarias, asesoría para la conformación de un partido o movimiento político y asistencia a organizaciones intermedias entre otros.

Siga informado con: Plantean incluir plataformas digitales en subsidio de transporte

El presidente del Congreso, senador Basilio Núñez, informó ayer que se estará constituyendo una comi­sión de seguimiento al pro­ceso de compra de máquinas de votación que lleva adelante el Tribunal Superior de Jus­ticia Electoral (TSJE).

El legislador ratificó su res­paldo de confianza en la Jus­ticia Electoral y explicó que durante la última sesión ordi­naria de la Cámara Alta, se aprobó la constitución de esta comisión especial de segui­miento a este proceso de adquisición de equipo elec­toral.

“Esta comisión especial dará seguimiento al trabajo que está desarrollando el Tri­bunal Superior de la Jus­ticia Electoral, en el cual depositamos nuestra con­fianza y precisamente hoy se conforma esa comisión. Dará seguimiento a todo lo que sea relativo a la Justicia Electoral, ya sea la compra de las máquinas, por la transpa­rencia de todo el proceso”, precisó.

Describió que esta comisión estará integrada por todos los sectores políticos con repre­sentación parlamentaria, teniendo en cuenta que se trata de una inversión muy importante que orilla los 93 millones de dólares.

Este viernes quedó conformada la Comisión Especial para el “Monitoreo y Control de las Máquinas de Votación Electrónica”, la cual estará presidida por el senador Arnaldo Samaniego, quién fue electo por sus pares.

Esta mesa de trabajo mantuvo su reunión a través de la plataforma virtual. Acompañan al senador Samaniego en la vicepresidencia el senador Oscar Salomón y, como relator el senador Ever Villalba.

Le puede interesar: Nueva fecha de audiencia preliminar para Miguel Prieto por perjuicio patrimonial

De acuerdo a la resolución N° 2688, la Comisión Especial para Monitoreo y Control de las Máquinas de Votación Electrónica estará integrada por los senadores Natalicio Chase, Arnaldo Samaniego, Juan Carlos Galaverna (hijo), Óscar Salomón, Dionisio Amarilla, Éver Villalba, José Daniel Oviedo y Rubén Velázquez.

Durante el encuentro, se resolvió que las reuniones se realizarán los días jueves, a las 10:00. Al respecto, el senador Samaniego destacó la importancia de la transparencia en este proceso, considerando la sensibilidad del tema.

“Sabemos que se trata de un tema sensible que ha generado inquietudes, y como defensores de la democracia, queremos garantizar que todo el proceso sea lo más transparente posible. La legitimidad de las próximas elecciones dependerá, en gran medida, del funcionamiento correcto de estas máquinas de votación. Por eso, nuestro compromiso es asegurar que se conviertan en una herramienta confiable”, expresó.

Agregó que se conformó un equipo técnico integrado por especialistas en informática, derecho electoral, aspectos jurídicos y administrativos, que acompañará el plan de trabajo de la Comisión.

Vale destacar que la creación de esta Comisión Especial fue aprobada por el pleno del Senado en la sesión extraordinaria del 9 de abril, con el objetivo de establecer mecanismos de control que garanticen el adecuado y correcto funcionamiento de las máquinas de votación electrónica para los comicios municipales previstos para el año 2026.

La Comisión tendrá una duración inicial de 90 días, a partir de su constitución, plazo que podrá ser prorrogado según las necesidades derivadas del cumplimiento de sus funciones. Al finalizar su labor, deberá presentar al pleno de la Cámara de Senadores un informe final con sus conclusiones.

Siga informado con: Peña afirma que su gobierno está realizando una fuerte apuesta en la infraestructura de la educación

• Masisea, Perú. AFP.

Cuando los indígenas irrumpieron con arcos y machetes, Daniel Braun y otros menonitas huyeron. Se escabulleron por entre cultivos de arroz antes de que su granero terminara en llamas en la devastada Amazonía peruana. En Masisea, una localidad limítrofe con Brasil a la que se llega después de horas de navegación por el río Ucayali o por caminos agrestes que destroza la lluvia, este grupo ultrarreligioso protestante no sólo enfrenta la ira de los nativos.

También aquí encara un proceso penal que puede llevar a la cárcel a decenas de sus miembros acusados de destruir el bosque en su expansión agrícola por Sudamérica. Una de las comunidades implicadas en el pleito es la de Caimito. A orillas de la laguna Imiría, en este caserío viven 780 shipibos-konibo en casas de madera con techos de zinc o de shapaja (palmera amazónica).

“Los menonitas están haciendo chacras dentro del territorio comunal (...) Siempre deforestan. Es un crimen ambiental lo que ellos hacen”, sostiene el dirigente shipibo Abner Ancón, de 54 años, en diálogo con AFP. En Caimito los llaman “las termitas del bosque”.

Lea más: Mushuc Runa, el club indígena que rompió estigmas en Ecuador

Los menonitas -cuyo origen se remonta a la Europa del siglo XVI- han levantado cinco prósperas colonias desde su llegada a la Amazonía peruana hace casi una década. En 2016 salieron de Bolivia hacia Masisea, donde adquirieron grandes extensiones de tierra para la cría de ganado y el cultivo y comercio de arroz y soja.

La “falta de terreno” y la “izquierda radical” nos empujaron a migrar, resume David Klassen, de 45 años, uno de los jefes de la colonia, mientras alimenta los cerdos de su granja. Hoy conforman un enclave de 63 familias que viven a sus anchas en 3.200 hectáreas; en viviendas del mismo corte y color gris claro. Emplean tractores tanto para la faena diaria, como para transportarse.

Son autosuficientes, se oponen al mestizaje, no usan energía eléctrica y se surten de generadores a combustible. Apenas hablan español y entre ellos se comunican en alemán bajo una lengua germánica de sus ancestros. También conservan el atuendo tradicional: vestidos largos y velos las mujeres, y ellos, camisa a cuadros, tirantes y gorra o sombrero de ala ancha.

En América Latina los menonitas han formado poco más de 200 colonias agrícolas desde comienzos del siglo XX. Se han asentado en Argentina, Belice, Bolivia, Colombia, México y ahora Perú, según una investigación del académico belga Yann le Polain. En varios de estos países afrontan denuncias por deforestación.

Lea también: Cónclave: cardenales se aíslan desde este martes para escoger al nuevo papa

En Perú, el pleito saltó a los campos. El 19 de julio de 2024, Daniel Braun estaba sentado a la entrada de un granero junto con otros hombres de la colonia, cuando irrumpieron los shipibos-konibo de Caimito. “Entraron con flechas, machetes (...) Y dicen: una o dos horas tienen para salir”, recuerda. “Metieron fuego”, agrega este menonita de 39 años, manos gruesas y sonrisa fácil. Finalmente, huyeron.

Todavía hoy se pueden ver techos de zinc oxidados tirados en la hierba y los esqueletos carbonizados de un galpón y un granero. El dirigente Ancón asegura que la guardia indígena sacó a los menonitas de su territorio “sin violencia”.

En 2024, la fiscalía ambiental imputó a 44 jefes de familia menonitas por la destrucción de 894 hectáreas de bosque primario, y pide entre ocho y diez años de cárcel para cada uno, según el auto de acusación. Ellos compraron legalmente tierras “ya deforestadas en la selva”, que están fuera del territorio indígena, alega su abogado Carlos Sifuentes.

Nos “gusta el campo” y no “queremos destruir todo”, remarca Klassen. Pero la defensa de los Shipibos-Konibo asegura que los extranjeros contratan a otros que quitan las malezas para luego entrar “con sus tractores a aplanar todo”, señala la abogada Linda Vigo.

El programa independiente de Monitoreo de la Amazonía Andina asegura que los menonitas han destruido al menos 8.660 hectáreas desde 2017. Apenas una mínima parte de los tres millones de hectáreas de bosque amazónico que perdió Perú en las últimas tres décadas, principalmente por incendios, deforestación y minería ilegal, según autoridades.

Lejos de la colonia menonita, un oasis de prosperidad en la empobrecida Amazonía peruana, la comunidad de Caimito, de mayoría evangélica, sobrevive de la pesca y la agricultura. No cuentan con electricidad ni agua potable. Solo hay un comercio de víveres con paneles solares e internet. Su territorio abarca 4.824 hectáreas y poco menos de 600 fueron “invadidas” por los menonitas, calcula Ancón.

El modelo de producción agrícola de los menonitas riñe “con las expectativas ecologistas”. Pero lo cierto es que en Masisea compraron a colonos mestizos tierras que “ya estaban depredadas”, observa el experto en pueblos indígenas Pedro Favaron, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Por lo pronto, en la colonia aguardan el que sería su primer juicio ambiental en América Latina.

Apenas oyen el ruido de la motosierra, apuran el paso para sorprender a los que tumban la selva. La guardia ambiental indígena de Masisea, en Perú, es una pequeña fuerza con arcos y flechas y una tarea colosal: proteger de “invasores” el bosque amazónico. Comandados por un profesor de escuela de 54 años, una decena de shipibos-konibo con chalecos y gorras verdes rodean a un hombre que sierra un tronco caído. Una mujer con su sobrino lo observan.

La lluvia dio tregua y el calor es intenso. Abner Ancón, el jefe del grupo, ordena apagar la motosierra. “Estás en territorio caimito. Vas a tener problema con nosotros”, le espeta al aserrador, al que luego dejan ir con su herramienta. Ancón dirige la guardia indígena de Caimito, una comunidad de 780 nativos a orillas del lago Imiría, en la localidad de Masisea.

Lo que “conservamos no es solamente para nosotros, sino para toda la humanidad”, señala este hombre de mediana estatura que lleva una gorra con la inscripción CIA. Su territorio de casi 4.900 hectáreas, asegura, “está amenazado”. Primero irrumpieron los traficantes de madera, luego los cocaleros, que “envenenan” el agua con los químicos con los que procesan la planta de la que extraen la cocaína. Y más recientemente los menonitas con sus tractores.

A los tres los trata de “invasores” y “depredadores”. Hace dos años que los shipibos-konibo de Caimito cuentan con su propia fuerza de vigilancia. Según Ancón, debieron organizarse ante la desprotección del Estado. La guardia de Caimito fue la primera de 19 que han conformado los shipibos-konibo de 176 comunidades amazónicas.

La que dirige Ancón llegó a tener 80 miembros, pero hoy están activos 30, la gran mayoría hombres. El resto migró, algunos por trabajo. Antes de salir a patrullar en grupos se forman en el centro del caserío al grito de “guardia, guardia, fuerza, fuerza”. Llevan machetes y algunos arcos y flechas que, según Ancón, jamás han disparado en sus choques con los deforestadores. No cuentan con armas de fuego ni con radios para comunicarse. Tampoco tienen apoyo de autoridades.

Únicamente disponen de un vehículo y unas lanchas. “Enfrentamos a los pescadores que sacan en toneladas nuestro pescado”, sostiene Hermógenes Fernández, un shipibo-konibo de 59 años. En esos enfrentamientos, dicen los guardabosques, varias veces los han golpeado o amenazado con escopetas.

Cuando la guardia indígena “interviene” lo hace de manera pacífica y para pedir que desalojen su territorio, pero algunas veces han “quitado motosierras”, sostiene Ancón. En julio pasado el jefe de la guardia indígena recibió amenazas de muerte. Asegura que le llegó el recado de que ya habían contratado a tres sicarios. Sus propios guardias lo protegieron. Interpuso la denuncia, pero las autoridades no han identificado a los responsables. “Todavía me pregunto por qué el medio ambiente tiene enemigos”, reflexiona Ancón, quien teme por su vida.