El gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, mediante su movimiento Nuevo Liberalismo apunta a erigirse como el articulador de la unidad opositora con miras a las elecciones municipales del 2026.

El dirigente político busca sumar al sector al presidente del Partido Cruzada Nacional, Paraguayo “Payo” Cubas, quien luego de la debacle electoral del 2023, fue duramente vilipendiado y excluido por parte de las demás agrupaciones.

“Estamos dialogando con todos los sectores, debemos buscar la unidad dentro de la diversidad. Estamos en un país democrático y hay que escuchar a todos los sectores. No ganaremos ninguna elección si dentro de la oposición misma nos empezamos a dividir por pensamiento o diferencia que tengamos. A nosotros nos caracteriza el diálogo y estamos tratando de construir una antesala que será el 2026”, indicó Estigarribia a la 1000 AM.

Payo Cubas fue acusado de haber traicionado a la Concertación Nacional en las pasadas generales, generando la división mediante su candidatura a la presidencia. Esta situación aún genera un alto rechazo por parte de altos dirigentes de las organizaciones políticas opositoras.

“Nadie puede negar la importancia de Payo Cubas, que tuvo 700 mil votos en las últimas elecciones. Podemos estar de acuerdo o no con su forma de pensar o actuar. Debemos tener una oposición consolidada para llegar de forma sólida en las presidenciales del 2028, este es el camino que seguimos”, comentó.

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Del encuentro también participaron la senadora de Cruzada Nacional, Yolanda Paredes y el intendente y candidato a la presidencia del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), por el Nuevo Liberalismo, Alcides Riveros.

“Nosotros estamos hablando con todos, con el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, con la exsenadora Kattya González, con los de Patria Querida y tengo un encuentro pendiente con el diputado Rubén Rubin”, indicó Estigarribia.

Uno de los principales ninguneos que sufrió Payo Cubas por parte de sus correligionarios opositores fue durante el lanzamiento de la plataforma “Unidos por Asunción”, el pasado mes de abril. Mediante esto la oposición pretende lanzar una candidatura única para la intendencia en el 2026.

Otra de las exclusiones a Cruzada Nacional fue durante la presentación de la plataforma Vamos Paraguay mirando el 2028, en donde referentes de varios partidos opositores anunciaron un plan de unidad.

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El número de casos de abuso sexual infantil registrados en el Observa­torio del Ministerio Público sigue siendo espantoso, pese a que ha producido una leve disminución en los últi­mos dos años. Esta es una situación que, pese a la gravedad, no despierta la conciencia colectiva con la fuerza necesaria que ame­rita y que sea capaz de reforzar las estrategias desde el Estado.

Los abusos sexuales en niños y niñas son –lamentablemente– parte de una realidad que se arrastran de antaño. Si bien en las últi­mas estadísticas compartidas por el Misterio Público disminuyeron algunos números, el fla­gelo continúa siendo una gran preocupación.

El caso de Felicita Estigarribia –“la niña de las mandarinas”– que en 2004, a sus 11 años, fue abusada sexualmente por un hombre quien no conforme con la vejación la estran­guló hasta acabar con su vida. Este horrendo caso reflotó la indignación con el arresto del presunto autor, después de 21 años de aquel estremecedor suceso. Sin embargo, hechos sangrientos como este continúan ocurriendo en la actualidad, algunos más sonados, o más mediatizados que otros.

Otra triste realidad es que los casos de abu­sos a niños ocurren en el seno familiar o en el entorno más inmediato, por lo que es impor­tante prevenir desde el hogar. Los profesio­nales enseñan que hay que apelar en la mayor medida posible al diálogo y enseñar a los chi­cos que nadie les puede tocar en las zonas pri­vadas de su cuerpo.

Aunque parezcan mensajes repetitivos y gas­tados la insistencia –por qué no decir incluso la obstinación– en los cuidados son funda­mentales para instaurar conciencia sobre el flagelo social que implican los abusos y que cualquier menor puede correr con esa suerte. Todos los ciudadanos de bien de este país tenemos la obligación de asumir el compro­miso de una lucha que es válida: se trata del futuro de nuestras generaciones, el futuro del país y el mundo.

Pero señalemos algunas cifras lacerantes y duras. De 2021 hasta abril de 2025, el Ministe­rio Público, a través de las oficinas de denun­cias, recibió un total de 15.023 causas por abuso sexual en niños a nivel país. Según este reporte, el promedio de víctimas es de 9 años y esto resulta escalofriante considerando que es una edad sensible, vulnerable, una etapa de la vida que requiere mucha contención para la formación, el discernimiento que se va adqui­riendo con el desarrollo personal.

El detalle de los registros refiere que en el año 2021, año de pandemia precisamente, fueron investigadas 2.966 causas, mientras que, en 2022 ingresaron 3.812 hechos. En 2023, hubo 3.563 causas, mientras que el año pasado se cerró con 3.546 causas. En lo que va de este año 2025, hasta el mes de abril fueron repor­tadas 1.136 causas en la Fiscalía.

El 53 % de las víctimas tiene entre 10 y 13 años, el 34 % de los menores afectados tiene entre 5 a 9 años y el 14 % niños de hasta 4 años. Según el reporte del Observatorio del Ministerio Público, el 30 % de los presun­tos agresores tiene entre 18 a 29 años, mien­tras que el 23 % corresponde a menores de 18 años; un porcentaje preocupante, ya que tam­bién se trata de menores de edad.

Otros datos igual de hirientes que propor­ciona el Ministerio Público señalan que el 26 % de los investigados por el hecho punible de abuso sexual tiene entre 30 a 44 años de edad. El 13 % corresponde a personas de 45 a 59 años de edad y el 7 %, a 60 años y más.

Resulta igual de increíble como personas que van entrando a la tercera edad caen en estos casos y se constituye también en una llamada de atención sobre el cuidado de la salud men­tal que debe abordarse para quienes afrontan esta etapa de la vida en la que generalmente se encuentran hastiados de renunciamientos.

Central, Asunción, Itapúa, Alto Paraná y San Pedro acaparan estos números lamentables, y se han convertido en son zonas de mucha preocupación por los índices de denuncias.

La tarea no es fácil, desde luego; se torna com­pleja por los vínculos existentes en los casos denunciados. La pelea no es solamente hacer justicia, sino confrontar a seres queridos, divisiones familiares, reclamar al entorno. Son procesos que requieren tratamientos con cuidado extremo y tacto especial para llegar a la verdad detrás de los sucesos.

El Estado a través de sus instituciones se encuentra ante un desafío altamente sensible tanto para la implementación de proyectos de prevención como de contención y recupe­ración de las víctimas. El esquema tiene que encarar políticas más rigurosas, más visi­bles y empáticas, ya que todo dependerá de la receptividad de la ciudadanía y las familias en sumarse a la meta que persigue uno de los flagelos sociales más angustiantes: el abuso de los niños y niñas.

Un informe emitido por la dirección de Clínica Forense del Ministerio Público da cuenta que el 80 % de las víctimas de abuso sexual que fueron examinadas por la clínica tienen edades entre 1 y 14 años.

Los números indican que en los primeros cuatro meses del 2025 fueron realizados 646 exámenes médicos a víctimas de abuso sexual. De este número, 516 son niños y niñas de entre 1 y 14 años de edad.

La cifra total desglosada por mes indica los siguientes números de presuntas víctimas inspeccionadas: en enero 120, en febrero 153, en marzo fueron asistidos 124 y en abril un total de 119 personas, según el reporte del Ministerio Público.

El informe analizado por el Observatorio del Ministerio Público, revela que el 83 % de las víctimas son del sexo femenino. Para el Ministerio Público, la contribución técnica de la citada dirección es fundamental para la investigación de los casos sensibles como los hechos punibles contra la integridad física y sexual.

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El informe refiere sobre la clínica forense que, “pese a que su rol es crucial para concretar la investigación, los recursos destinados a la clínica no condicen con las demandas de intervenciones requeridas”.

Informa que, en la misma trabajan médicos, enfermeros y otros profesionales destinados a intervenir, acompañar las constituciones y actuaciones fiscales en el lugar de los hechos, como hospitales, viviendas y hogares de ancianos. También a los recintos penales, escuelas e incluso clínicas clandestinas dedicadas a la práctica de abortos.

El reporte remarca que “las acciones de la clínica exponen la importancia y la necesidad de contar con una infraestructura adecuada para las labores técnicas y médicas, además de contar con mayor número de profesionales médicos, psicólogos, enfermeros y otros profesionales necesarios”.

“Toda la logística requerida por este órgano de apoyo supone un presupuesto que necesariamente esté a la altura de los pedidos fiscales que investigan los casos sensibles de impacto social”, agrega

El Ministerio Público informó también sobre las funciones de la clínica forense y cita: pericias en juntas médicas y en juicios orales, tomas de muestras biológicas para muestras de ADN, alcoholemia, presencia de tóxicos y otras sustancias nocivas.

“Puede emitir informes y dictámenes médico-forenses que sean solicitados por los Juzgados, Tribunales, Fiscalías, y otros órganos de la Administración de Justicia”, agrega. También realiza examen físico en casos de agresiones físicas, torturas, maltrato infantil, violencia intrafamiliar y de género, además de contención a víctimas de delitos contra la autonomía sexual.

Finalmente, el largo reporte recuerda a quién se le considera niño, diciendo que la ley define con precisión que “niño” es toda persona menor de catorce años. En cuanto al “entorno cercano”, son padres, abuelos, hermanos, padrastros, y por “afinidad en la familia”, refiriéndose a vínculos afectivos estrechos y continuos que no necesariamente son biológicos.

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Con el lema “No todo es lo que parece” el Gobierno de Paraguay lanzó la campaña #TodosSomosResponsables 2025, que apunta a la prevención, detección temprana y denuncia del abuso sexual infantil y adolescente, atendiendo a que el 95 % de los abusos sexuales en niñas, niños y adolescentes se dan en el círculo de confianza.

En ese contexto, el ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, enfatizó que en esta guerra no tenemos armas de fuego, en esta guerra nuestras armas son el diálogo, creerle y escucharle al niño y darle información en un tema tan sensible.

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Exhortó a todos los operadores de Justicia para que caiga todo el rigor de la ley sobre quien ose tocar y abusar sexualmente de un niño, niña o adolescente.

“Estos son los temas que tenemos que instalar como sociedad, ocuparnos como familia y como Estado, depende de cada uno de nosotros, estamos trabajando en un diálogo constante con la Corte Suprema de Justicia (…) todos juntos somos parte de esto”, añadió.

El presidente de la República, Santiago Peña, señaló que se trata de una causa que debe unir a la nación en torno a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes.

“Este año nos interpela con una reflexión muy profunda, que no todo es lo que parece, un lema que nos invita a abrir los ojos, a estar atentos, ser guardianes de nuestros niños, pero sobre todo, a ser intransigentes ante este crimen. Nos invita a mirar más allá de las apariencias, a estar atentos a las señales”, expresó.

Mencionó que la campaña es una herramienta fundamental en la ardua tarea de prevenir el flagelo del abuso sexual infantil.

“Hoy la gente se anima a denunciar, la sociedad está más alerta, está más sensibilizada y actúa más, pero todavía tenemos muchísimo que hacer, porque mientras haya un solo niño, una sola niña, un adolescente que sea víctima de este flagelo, no vamos a estar conformes, vamos a tener tolerancia cero ante esto que es totalmente inaceptable”, exteriorizó.

En ese contexto, el mandatario destacó la importancia de dar visibilidad a las denuncias relacionadas a esta problemática y, ante todo, apostar de manera decidida por la educación de los más pequeños, así como de la sociedad en su conjunto.

Igualmente, hizo hincapié en la necesidad de ampliar el alcance, es decir, llegar a cada rincón del país, involucrar a cada actor del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, “entre todos hacer muchísimo más”.

El presidente anunció que desde las instituciones públicas seguirán sumando esfuerzos en esta lucha, sin embargo, remarcó que la clave para tener éxito es entender que es una causa nacional, que exige la unidad de todos los actores sociales.

Por otro lado, el jefe de Estado reafirmó el compromiso inquebrantable con la protección de los niños, niñas y adolescentes, alegando que todos juntos con determinación, podemos construir un futuro en el que cada niño, niña y adolescente pueda crecer libre de miedo y de violencia.

“La protección de la infancia y la adolescencia es una prioridad para el Gobierno del Paraguay, seremos inflexibles ante cualquier hecho que dañe a nuestros pequeños, estamos firmemente comprometidos en fortalecer la política pública y a trabajar incansablemente para erradicar toda forma de violencia contra nuestros niños, no vamos a tolerar que sus vidas sean empañadas por el abuso y la explotación (…) sé que si trabajamos juntos así como lo estamos haciendo ahora, pero si somos capaces de unir todavía más a la sociedad paraguaya, lo vamos alcanzar”, sentenció.

Durante el acto, el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, presentó a Arami y Amaru, que, con una guía de prevención complementaria, serán implementados en 296 instituciones educativas del país.

Ramírez reiteró el compromiso de las escuelas como agentes de cambio en las diversas comunidades educativas.

“Estos muñecos acompañarán la labor educativa como una poderosa herramienta pedagógica para abordar de forma clara, respetuosa y adaptada a la edad, un tema que vulnera los derechos de nuestros niños y adolescentes", precisó.

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