El Tribunal de Cuentas emitió una resolución mediante la cual ordena la suspensión de la licitación para adquisición de máquinas de votación, dando lugar a una acción presentada por una empresa. La misma había presentado una protesta ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la cual fue rechazada y la que motivó la acción judicial de la firma.

“Esto compromete seriamente el desarrollo de las elecciones, es algo que nosotros no esperábamos, lastimosamente se hizo lugar a algo que creo que es totalmente fuera de plazo, pero bueno, no obstante nosotros debemos respetar lo resuelto y una vez que la DNCP nos comunique, vamos a estar atentos a esas disposiciones y ojalá se resuelva lo antes posible porque esto es una medida cautelar y hay que tocar el fondo de la cuestión”, expresó Christian Ruiz Díaz, director de Financiamiento Político.

Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) indicaron que aún no fueron notificados de alguna suspensión del proceso, dado que esto debe ser un proceso realizado por la DNCP, institución contra la cual se promovió la acción. En tanto, el TSJE continúa con la revisión documental de las tres empresas que compiten por proveer las máquinas de votación.

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“Estamos en pleno control de los documentos que presentaron las tres empresas y posterior a ello pasaríamos a la verificación técnica de las máquinas, esto vamos a seguir en tanto la DNCP disponga lo contrario. La pausa o la suspensión la debe determinar la DNCP, ellos ni bien sean notificados de esta resolución del Tribunal de Cuentas, deberán tomar las medidas correspondientes y de eso vamos a ser notificados nosotros”, ratificó a la 1020 AM.

Ruiz Díaz afirmó que como institución, coadyuvarán a que la situación sea aclarada, puesto que son los mayores interesados en que la licitación siga su curso, puesto que el objetivo es contar a fin de año con las primeras 5.000 máquinas, de las 28.000 que se van a adquirir, de modo a iniciar con las capacitaciones en el uso de los dispositivos.

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• Los Ángeles, Estados Unidos. AFP.

La familia de un hombre sospechoso de atacar con cócteles molotov a manifestantes en Colorado que pedían la liberación de los rehenes israelíes en Gaza fue detenida por inmigración este martes, dijeron las autoridades estadounidenses. Kristi Noem, secretaria del departamento de Seguridad Nacional, dijo que la esposa y los hijos de Mohamed Sabry Soliman fueron detenidos.

"Investigamos hasta qué punto su familia sabía de este horrendo ataque, si tenían conocimiento, o si proporcionaron algún apoyo", agregó Noem. Las investigaciones criminales son tradicionalmente llevadas a cabo por el FBI y las fuerzas del orden, no por el departamento de Seguridad Nacional, que atiende, entre otros asuntos, temas migratorios.

La situación migratoria de Soliman se volvió central en la respuesta de la administración del presidente Donald Trump al ataque registrado en Boulder, Colorado, el domingo. El ataque incendiario dejó una docena de heridos. Las autoridades dijeron rápidamente que el sospechoso estaba “ilegalmente” en Estados Unidos, donde se había quedado excediendo el permiso de su visa de turista.

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Pero también reconocieron que había solicitado asilo y recibido un permiso de trabajo. La Casa Blanca se refirió al anuncio en redes sociales este martes. “Seis boletos sólo de ida para la esposa de Mohamed y cinco hijos”, escribió en la cuenta de X. “Última llamada para abordar en breve”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el lunes que su departamento tomará medidas drásticas contra los “terroristas” que se encuentran en Estados Unidos de forma temporal. Tammy Bruce, vocera del departamento de Estado, amplió en esta línea.

“Este horrendo ataque es un recordatorio de que las decisiones sobre a quiénes dejamos entrar en este país, y a quienes les permitimos quedarse son de vital importancia en materia de seguridad nacional y personal tanto para este país como para los estadounidenses en cualquier lugar”, dijo.

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Soliman debe presentarse ante un tribunal de Colorado el jueves. Se prevé que sea acusado en la esfera federal por crímenes de odio, así como con cargos estatales de intento de homicidio.

Es el sospechoso de atacar con líquido inflamable a un grupo de personas que marchaban para pedir la liberación de los rehenes israelíes aún en manos del grupo islamista palestino Hamás tras el ataque del 7 de octubre de 2023.

El ataque ocurrió durante el evento “Run for Their Lives”, una cita semanal de la comunidad judía en apoyo a los rehenes. Los investigadores dijeron que al ser detenido cargaba un lanzallamas improvisado, hecho con un pulverizador portable lleno de gasolina.

En un video que muestra el ataque, se ve a un hombre sin camisa y con botellas en las manos que camina mientras el césped frente a él arde. También se le oye gritar “¡Acabemos con los sionistas!” y “¡Son asesinos!”, dirigiéndose a varias personas con camisetas rojas que atienden a una persona en el suelo.

Durante un procedimiento de desalojo concretado este martes en el distrito de Maracaná en el departamento de Canindeyú, resultaron heridos un agente policial y un civil, quienes fueron derivados al Hospital Distrital de Curuguaty.

El suboficial de la Fuerza de Operaciones de la Policía Especializada (Fope) identificado como Heisel Pérez, recibió una herida de bala en el rostro durante la intervención llevada adelante en la estancia Itá Kyse hasta donde se trasladó un gran contingente policial.

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Según el reporte de la Policía el asentamiento data de nueve años y está en litigio por lo que un oficial de Justicia procedió al cumplimiento de la orden de desahucio con acompañamiento policial. La fiscal Angie Duarte manifestó que el personal policial se encuentra con pronóstico reservado, ya que está siendo sometido a los primeros procedimientos en el centro asistencial de la zona.

Una unidad móvil con personal de salud ingresó al predio a fin de corroborar si hay más personas lesionadas, que requieren ser asistidas.

Unas 230 familias están asentadas en el inmueble en litigio, es una comunidad que se encuentra en las fincas identificadas como 5001 y 502. Estos ocupantes mantienen el litigio con varias personas, ya que la propiedad fue cambiando de dueños en el transcurso del tiempo.

Este martes finalmente se dio cumplimiento a la orden de desalojo y según el último documento judicial esta vez se relaciona con Guillermo Luis Giménez Abente contra Jacinto Santacruz y otros, ocupantes precarios de la propiedad.

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• La Paz, Bolivia. AFP.

Seguidores del exmandatario Evo Morales intensificaron sus protestas este lunes pasado en Bolivia, con marchas y bloqueos de caminos, para presionar a la autoridad electoral a validar su candidatura presidencial, pese al veto de la justicia. Morales, que gobernó en tres períodos entre 2006 y 2019, no consiguió inscribir su candidatura para los comicios del 17 de agosto por falta de partido tras su renuncia al Movimiento Al Socialismo en febrero de este año. Además, está impedido de postular por un fallo judicial que permite una sola reelección presidencial.

En Cochabamba, el bastión político del exmandatario, se reportaron nueve puntos de bloqueo en carreteras que conectan el rico departamento de Santa Cruz con La Paz, sede de gobierno. “Sin la participación de grandes mayorías no se pueden realizar elecciones”, afirmó desde Cochabamba a la AFP Mario Soto, dirigente campesino regional.

También señaló que las protestas son contra el gobierno del presidente Luis Arce, a quien culpan por la crisis económica, la falta de dólares y de combustibles, a raíz de la caída de la producción y exportación de gas. “Las organizaciones sindicales han pedido su renuncia, que el gobierno se vaya”, afirmó Soto. El tiempo se agota para el líder cocalero de 65 años. El 6 de junio se anunciará la nómina definitiva de los participantes en los próximos comicios.

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El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, dijo en conferencia de prensa que “el bloqueo solamente tiene la finalidad de boicotear las elecciones generales” para que “la candidatura de una persona que está inhabilitada y que además no tiene partido se anteponga ante todo el sistema jurídico”.

En paralelo, centenares de campesinos e indígenas también marcharon este lunes por las calles de La Paz a favor de la candidatura de Morales.

El domingo el propio líder cocalero alentó a sus partidarios a radicalizar sus protestas. “Desde el lunes, todos a La Paz. ¡Ya basta! (Vamos) a hacernos respetar con este gobierno”, dijo en su programa en la radio Kawsachun Coca.

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Morales y sus seguidores también culpan a la administración de Arce por los vetos judiciales y electorales. El jueves se registraron en la ciudad altiplánica choques con más de 20 civiles detenidos y tres agentes heridos.

Morales está refugiado desde octubre en la región cocalera del Chapare, para evitar que se ejecute una orden de captura en su contra por un caso de trata de una menor que él niega. Cientos de comerciantes marcharon también este lunes contra el gobierno de Arce por la crisis económica.