El intendente de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, Ronald Acevedo, repudió la inacción del sistema de seguridad del gobierno saliente al no capturar con vida al narco Marcio Sánchez, alias Aguacate, a pesar de las informaciones de que el exjefe de los sicarios en la zona se movilizaba “campantemente” por la localidad.
“Más de 7 años este señor estuvo libre sin que nadie lo moleste, cuánto daño causó, todos sabíamos que Aguacate andaba por acá, en el centro de la ciudad, a dos cuadras del Palacio de Justicia, a dos cuadras de la municipalidad, campantemente”, indicó en una entrevista con la radio 1020 AM.
El exguardia del narcotraficante Jorge Rafaat, asesinado el 15 de junio de 2016, con una ametralladora antiaérea calibre .50 en la misma ciudad, fue encontrado sin vida el pasado viernes en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero.
“Aguacate era el más buscado del Paraguay, tanto daño hizo a nuestra ciudad, al país, pero se iba a la cancha y a las carreras de caballos, en donde siempre está el personal policial, todos sabían por dónde andaba y nunca lo detuvieron. No sé si reír o llorar, realmente llama la atención lo que sucedió, se cumple todo lo que dije. Las fuerzas del orden protegen a esta gente, de lo contrario, no actuarían de esta manera”, dijo.
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El cuerpo de Aguacate recibió 33 impactos de bala y fue encontrado por los vecinos, quienes dieron aviso a la Policía Nacional. El cadáver fue abandonado sobre la calle Comuneros, entre Rubio Ñu y General Bruguez.
De acuerdo a las informaciones, Sánchez fue torturado y ejecutado por eslabones de la mafia de frontera y habría sido ultimado con pistolas automáticas calibre 9 milímetros, su nombre ganó notoriedad en el mundo delictivo cuando operaba como uno de los hombres de confianza de Rafaat Toumani.
Sánchez contaba con orden de captura por el crimen de la hija de Acevedo. A la vez era investigado por al menos 50 crímenes cometidos y es sindicado como el líder de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y sicariatos.
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Colombia: imputan a supuesto cómplice en atentado a Uribe
- Bogotá, Colombia. AFP.
La fiscalía de Colombia imputó ayer jueves a un supuesto cómplice del pistolero de 15 años acusado de atentar contra el senador y aspirante a la presidencia Miguel Uribe. El nuevo acusado, que se entregó ante las autoridades, participó en la “logística” del ataque ocurrido el sábado, en el que el senador de 39 años recibió tres disparos, indicó el ente investigador.
Antes, fue capturado en flagrancia al supuesto tirador, un adolescente de 15 años herido en una pierna en medio de una persecución de los escoltas de Uribe, miembro del partido de derecha Centro Democrático. Imputado por intento de homicidio y porte de armas, el joven se declaró inocente el martes y está fuertemente custodiado en un búnker de la fiscalía.
La entidad aseguró que el nuevo implicado hizo un “reconocimiento” días antes del parque en un barrio popular de Bogotá en el que se cometió el atentado. El día del ataque estaba en un automóvil desde el que “se le entrega” el arma, una Glock de 9 milímetros, al presunto pistolero. El menor ingresó al vehículo y se cambió de ropa.
La fiscalía también le imputó los delitos de “uso de menores de edad en la comisión de delitos” y porte de armas. Fiscales solicitaron que permanezca privado de la libertad. Uribe dio el miércoles las primeras muestras de mejoría tras recibir dos de los disparos en la cabeza, aunque sigue en estado crítico. Aún se desconoce quiénes son los autores intelectuales del ataque.
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“Omisión”
El presidente Gustavo Petro apunta principalmente a bandas de narcotráfico que supuestamente quieren desestabilizar al gobierno como respuesta a las incautaciones de droga y las capturas de sus capos. Llegó a mencionar al principal grupo disidente de la guerrilla FARC que no se acogió al acuerdo de paz de 2016 y ahora trafica cocaína.
En un comunicado enviado por chat a un grupo de periodistas, el grupo ilegal negó estar detrás de la acción criminal. El martes, la disidencia ejecutó más de 20 ataques simultáneos en el suroeste del país. Petro dijo que investigaría si había conexión con el atentado a Uribe.
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Petro también menciona a una supuesta mafia de narcos colombianos y extranjeros con sede en Dubái. El abogado de Uribe asegura que las autoridades encargadas de protegerlo no atendieron alertas sobre la necesidad de ampliar el número de escoltas en su esquema de protección.
“Insistimos en que aquí también hay una grave omisión del Estado en brindar la seguridad a Miguel Uribe”, dijo el jurista Víctor Mosquera a los medios este jueves. Si es el adolescente es declarado culpable, puede pasar hasta ocho años privado de la libertad, aunque no en una cárcel común debido a que es menor de edad. Para esclarecer el caso, el presidente Petro solicitó ayuda a “organismos secretos” de Estados Unidos.
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Intendencia de Asunción insta a facilitar el trabajo del interventor
El asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, Benito Torres, dijo que la Intendencia se mantiene en la línea de que no se incurrió en irregularidades al utilizar la caja única, como cuestiona la Contraloría General de la República, y refirió que la instrucción para los funcionarios es facilitar el trabajo del interventor a ser designado por el Poder Ejecutivo.
“El interventor tiene que auditar lo que fue objeto de denuncia. Nosotros nos mantenemos en esa posición (uso de la caja única). Acá un arbitro debe determinar quién de las dos partes tiene razón y ese es el Poder Judicial, así funciona un Estado de derecho. No solamente nosotros sostenemos que la herramienta de la caja única puede ser utilizada por los municipios, sino el mismo Ministerio de Economía", indicó el abogado, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Torres acotó: “Que el Tribunal de Cuentas se expida es lo ideal porque nosotros tenemos una disyuntiva. En el año 2020 nos indicaron que sí podríamos utilizar la herramienta de la caja única y posteriormente la Contraloría nos dijo que no. Las instrucciones que nos dio (el intendente Óscar) Rodríguez a cada funcionario es ponernos a disposición del interventor para lo que se requiera, que tenemos que facilitar todo”. A la par rechazó que la municipalidad se encuentre en quiebra alegando que se cuenta con los suficientes recursos económicos para cumplir con las obligaciones.
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Principales hechos
El informe de la CGR señala que las supuestas irregularidades presupuestarias en la gestión de Rodríguez se dieron entre los años 2021 y 2024. El ente contralor citó la emisión del bono G8 por G. 360.000 millones realizada en el 2022 para obras de desagüe pluvial; además de los bonos G9 por G. 195.000 millones en el 2023, que fueron emitidos para pagar deudas de emisiones en anteriores administraciones.
De acuerdo a los datos que fueron proveídos por la municipalidad, a mediados de agosto del 2024, el bono G8 fue asignado a proyectos de desagüe pluvial en las cuencas de Santo Domingo, General Santos y Abasto. En ese entonces detallaron que algunos proyectos estaban en fases de planificación y verificación, mientras que las obras en San Pablo y Abasto ya alcanzaron durante ese periodo un 30 % de ejecución.
Mientras que el bono G9 se utilizó para rescatar bonos anteriores, específicamente los emitidos durante la administración de Mario Ferreiro (G3, G4, G5 y G6) con el objetivo de aliviar la carga financiera de la municipalidad. La ejecución de este bono se realizó al 100 %. En la anterior gestión indicaron que esto permitió mejorar la liquidez de la municipalidad y reestructurar su deuda, asegurando la continuidad de los proyectos.
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Indagación a Prieto: “La ciudadanía exige respuesta en la lucha contra la corrupción”
“La intervención a la municipalidad de Ciudad del Este resulta necesaria y viable”, indicó el diputado Alejandro Aguilera, quien estuvo a cargo de la comisión especial que analizó el requerimiento realizado por la Contraloría General de la República, el pasado 16 de mayo, tras detectar graves irregularidades en la gestión.
“La función principal de la Contraloría es velar por el control las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y las municipalidades. Esta comisión considera que se encuentra reunido el sustento legal de la presentación del pedido de intervención por parte de la Contraloría”, dijo el legislador defendiendo la legitimidad del órgano extrapoder en haber requerido la intervención.
Siguió sosteniendo que existieron méritos suficientes, por lo que fue aprobado el pedido y "la ciudadanía exige una respuesta efectiva en la lucha contra la corrupción y manejo discrecional de los recursos públicos y la intervención contribuirá para garantizar la transparencia y el respeto a las garantías constitucionales”.
Aguilera detalló que en la gestión de Prieto, de acuerdo a los reportes remitidos por la Contraloría se observan estados financieros con graves inconsistencias, saldos irregulares, clasificaciones erróneas, variaciones injustificadas, incumplimientos de disposiciones legales y consecuente omisión de transferencias de recursos a otros organismos y entidades del Estado.
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A la vez, existen inconsistencias y falta de justificación en la asignación y gestión de las transferencias, incumplimiento de los procesos para las contrataciones empleando transferencias para la ejecución de obras, incumplimiento de los procesos legales establecidos para las transferencias a oenegés, irregularidades en las transferencias a comisiones vecinales y a organizaciones sin fines de lucro.
Diferencias en la construcción de obras por falta de ejecución de ítems o por que fueran ejecutadas en cantidades diferentes con recursos del Fonacide, Royalties y compensaciones, pago efectuado a proveedores sin que estos hayan presentado documentaciones exigidas y sin que estén cumplidas las exigencias legales, entre otras irregularidades.
“Se ha detectado una persistencia en aquellas transgresiones en la gestión y administración que afectan a los recursos municipales. A pesar de los hallazgos que detonan inconsistencias y desviaciones, los antecedentes revelan que la administración municipal ha incurrido reiteradamente en múltiples faltas y que ninguna ha sido corregida por ninguna de las vías jurídicas, administrativas ni legales”, refiere el dictamen expuesto por Aguilera.
Defensa opositora sin argumentos técnicos
Los diputados de la oposición recurrieron nuevamente a los ataques y el desgastado discurso de persecución política como único mecanismo de defensa a Miguel Prieto. Sin argumentos técnicos, indicaron que el único “pecado” del líder del movimiento Yo Creo, fue haber ganado en dos ocasiones la intendencia esteña.
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Colombia: se declaró inocente el adolescente acusado de balear a Uribe
- Bogotá, Colombia. AFP.
El adolescente de 15 años sospechoso de balear a un aspirante presidencial en Colombia se declaró ayer martes inocente del delito de homicidio en grado de tentativa del que se lo acusa, informó a la AFP una fuente de la fiscalía. También imputado por porte y fabricación de armas, el joven fue capturado el sábado luego de presuntamente herir con tres disparos al senador de derecha Miguel Uribe durante una reunión con decenas de personas en un parque de Bogotá.
El dirigente del partido Centro Democrático, opositor al gobierno del izquierdista Gustavo Petro, está en cuidados intensivos y su condición es estable pero crítica, según el último parte médico. Frente a la clínica, la esposa del senador, María Claudia Tarazona, dijo a periodistas que su marido “sigue luchando por su vida”. Aún se desconocen las razones y los autores intelectuales del atentado.
El presunto pistolero intentó huir, pero escoltas de Uribe le dispararon en una pierna y lo detuvieron. En un video de ese momento dice estar dispuesto a colaborar con las autoridades. Pasó por el quirófano y sigue hospitalizado bajo fuerte custodia, indicó la fiscalía. Si es hallado culpable puede pasar ocho años privado de la libertad, aunque no en una cárcel común debido a que es menor de edad, señaló la fiscal general, Luz Adriana Camargo.
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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que el adolescente recibió dinero a cambio de disparar a Uribe, pero no precisó el monto. La directora del organismo estatal de protección de menores (IBCF), Astrid Cáceres, informó que el adolescente vive con una tía, pues el padre está fuera del país. La madre murió, según medios locales.
Sobre la medianoche del lunes, Petro informó en la red social X que el menor participó en un programa social de su gobierno dirigido a jóvenes vulnerables, en el que “demostró una personalidad completamente conflictiva”. Le costaba “establecer vínculos intersociales”, sostuvo el presidente.
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Mafia “internacional”
Petro apuntó contra la “mafia con asiento internacional” como posible responsable del atentado. Hay “indicios muy fuertes que han llegado a dirigentes muy altos de la oposición” y el oficialismo, afirmó el mandatario.
El presidente pidió reforzar la seguridad de altos dirigentes de la derecha, como el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), líder del Centro Democrático.
El influyente exgobernante denunció el lunes que la “inteligencia internacional” le informó de un supuesto plan para atentar en su contra. El Centro Democrático afirma que supuestamente se están ofreciendo ocho millones de dólares para asesinar a sus dirigentes.
Si la mafia está detrás del crimen, posiblemente se debe a que el gobierno ha “golpeado durísimo” al narcotráfico, aseguró Petro.
Cuando fue capturado, el joven gritaba que recibía órdenes de una persona de la “olla”, como se le conoce en Colombia a los lugares de expendio de drogas. El presidente denunció que, el día del ataque, la custodia de Miguel Uribe fue reducida “extrañamente” de siete a tres escoltas.
Jóvenes pobres
En día previos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, mencionó otras líneas de investigación para determinar las razones del atentado.
Una es que se trató de un mensaje contra el Centro Democrático, partido que busca recuperar el poder en las elecciones presidenciales de 2026.
Otra es que se trata de un intento de “desestabilizar” al gobierno de Petro, a quien sectores de la derecha acusan de incitar el odio contra la oposición.
La fiscal general explicó que el pistolero posiblemente no conoce verdaderamente quién ordenó el crimen y simplemente fue contratado por una “red sicarial”. Desde el Cartel de Medellín de Pablo Escobar, que sembró terror en los años 1980 y 1990, las mafias usan a menores de edad para que comentan estos crímenes. Por lo general provienen de familias pobres, viven en barrios marginales o están alejados de sus padres.