El Fiscal General del Estado, Emilio Rolón, ya adelantó que estaba en puerta una acusación para el extitular del interior Arnaldo Giuzzio, y el fiscal Osmar Legal confirmó que la presentará el próximo 16 de agosto, asegurando que existen los elementos suficientes para demostrar la existencia de un cohecho pasivo agravado, atendiendo los vínculos del exministro con el capo narco brasileño Marcus Vinicius Espindola.
“Tenemos una fecha de acusación que es el 16 de agosto, tratamos de ser bastante cautos con lo que eventualmente vamos a solicitar como requerimiento conclusivo, teniendo en cuenta que en este tipo de causas normalmente somos recusados muchas veces, entonces estamos tratando de evitar eso”, manifestó el agente del Ministerio Público.
La Fiscalía ha avanzado lo suficiente en la causa y existe la solvencia necesaria para demostrar la existencia del hecho punible por el cual fue imputado Arnaldo Giuzzio, así lo explicó Legal en comunicación con el programa “Pase lo que pase”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media.
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“La causa tuvo mayor solvencia a partir de la colaboración que nos hizo Brasil entorno a la investigación Turf y de la extracción del teléfono de Marcus Vinicius Espindola, pudimos corroborar el grado de relación que tenían con el ministro, una relación cuasipersonal con el señor Marcus”, alegó el fiscal.
De acuerdo a lo que pudo mencionar el agente del Ministerio Público, los elementos con que cuentan señalan que Giuzzio habría obtenido ciertos beneficios de parte del narco brasileño, a cambio de la promesa que la empresa de Vinicius, Black Eagle, cerraría contratos con el Estado.
Además de este hecho punible, el exministro del Interior también es investigado por enriquecimiento ilícito. La Unidad de Investigación de Nación Media había revelado un llamativo ascenso económico de Giuzzio durante su paso en la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), tiempo en el que había adquirido varias propiedades.
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Violencia contra mujeres: cifras de una triste realidad en Itapúa
Por Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa
Vamos a hacer una comparación asquerosa, hablemos del famoso “pique” o pulga de pie. Cuando tenés un pique, normalmente en los pies, lo primero que sentís es una molestia y lo único que ves al comienzo es un pequeñito punto negro. Si sos citadino o extranjero, lo primero que podés pensar es una espina, o una picadura de algún bicho, pero si sos paraguayo, inmediatamente sabrás que ese puntito negro significa que debajo de la piel hay más de 200 huevos de pique y pus.
Hoy quiero comparar el pique con la cantidad de denuncias recepcionadas por violencia contra las mujeres. Porque el puntito negro solo es la punta del problema, al igual que las denuncias son solo la punta del problema muchísimo mayor de violencia que enfrentan las mujeres en el interior.
Denuncias y juicios
En Itapúa, desde enero hasta octubre del 2024, el Ministerio Público recepcionó 1.308 denuncias por violencia familiar, entre ellas maltrato verbal, golpes, abuso sexual, manipulación y amenazas.
En el Palacio de Justicia de Encarnación, desde enero a octubre del 2024, se registraron 4 casos de feminicidio y 244 casos de violencia familiar que llegaron a instancias judiciales a través de los juzgados de garantías del n.º 1 al 5 en Encarnación, el juzgado de garantías de María Auxiliadora, el juzgado de garantías de San Pedro del Paraná y el juzgado penal de la adolescencia.
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Respecto a condenas en este año, no podemos dejar pasar dos ejemplares condenas por feminicidio y una condena por tentativa de feminicidio. La primera fue de 30 años al expolicía, suboficial Ramiro Rodas, quien asesinó a su pareja Alicia Fernández de 37 años en el distrito de San Juan del Paraná. El feminicida la violó, mordió y estranguló, y fue el hijo que tenían en común quien encontró a su mamá sin vida a la mañana siguiente.
La segunda condena sentenció a 23 años a Lelio Lugo, un hombre que golpeó a su pareja Lourdes Ramona Mareco de 49 años en la cabeza y la arrojó al empedrado desde su vehículo en movimiento en Pirapey km 40. Y la última condena por feminicidio en grado de tentativa fue a Javier Maqueda Garay, sentenciado a 17 años de prisión por atacar con un cuchillo a su expareja Laura Garcete, a quien hirió en el rostro y cuello, sobrevivió porque los hermanos la auxiliaron. Ocurrió en Cambyretá.
Todos estos casos son un puntito negro de la violencia que existe en el interior del país, dicho en otras palabras, la punta del iceberg.
Falta de conocimiento de las leyes
Una de las magistradas del tribunal de sentencia que estuvo detrás de varias condenas ejemplares este y otros años es la jueza Liz Sanabria de Gneiting, quien expresa la preocupación desde el ámbito judicial por la falta de denuncias a raíz del desconocimiento de las leyes, el temor por la falta de protección y la falta de tribunales y juzgados especializados en violencia contra la mujer.
“Nos damos cuenta del aumento significativo de violencia contra las mujeres y por ende contra niños, por la cantidad de casos de juicios que manejamos por día. Son prácticamente 5 juicios por día y de ellos 3 son abusos sexuales en niños y 2 de violencia. Luego se divide en los demás hechos punibles comunes, hurto, homicidio, estafa, pero el mayor índice en primer lugar es el abuso sexual en niños, la prestación alimentaria y la violencia familiar donde generalmente la principal víctima son las esposas, y las víctimas colaterales, los hijos”, expresa la magistrada.
Desde el estrado, los jueces escuchan todo tipo de historias, pero las que más consternan son sobre mujeres que no se animan a denunciar, e incluso que si denuncian, no tienen respuesta efectiva del Estado ni acceso a la justicia. Su principal inquietud es que las mujeres tengan un acceso efectivo a la justicia, con respuestas prontas por parte de la Fiscalía y emisiones de medidas cautelares inmediatas por parte de los juzgados de paz. Cada denuncia con respuesta efectiva de los órganos de justicia significa que se puede salvar una vida.
Sin embargo, los jueces preocupados en Itapúa por esta realidad no solo luchan contra la violencia desde sus despachos y salas de juicio, sino que viajan al interior del séptimo departamento para capacitar sobre las leyes que amparan a las mujeres víctimas de violencia, enseñando tanto en escuelas como en barrios las vías legales para proceder apenas sufren amenazas o golpes.
Hace algunas semanas implementaron como capacitación el proyecto “el juez que yo quiero” de la Corte Suprema de Justicia y capacitaron en los distritos de Tomás Romero Pereira, Cambyretá, Carmen del Paraná y comunidades indígenas de Trinidad y otros puntos, rotando los jueces que participaron según disponibilidad de tiempo.
“Tratamos de llegar a la gente para que sepa que no está sola, y para que conozcan cuáles son los lugares y los números a los que pueden recurrir. Llevamos hace poco el móvil mujer al distrito de Carmen del Paraná y recibimos muchas consultas sobre cómo denunciar en casos de violencia y eso es porque las políticas públicas de prevención no están funcionando tan bien y no están llegando a los sector más alejado de las redes sociales y de la televisión, donde se suelen ver los números de fonoayuda por ejemplo. Se debe llegar a la mujer rural, y no solo a las mujeres de la ciudad”, dice con desazón Sanabria.
La mujer rural
En el interior se vive una realidad bastante distinta que en la ciudad, y con las experiencias de capacitar sobre leyes, pudieron observar los marcados horarios, permisos y trabajo que tienen las mujeres. Cuando las actividades rondaban las 17 horas, la mayoría de las mujeres se retiraron porque alegaban que debían meter las vacas a las casas, pero luego confesaban que sus maridos no las dejaban estar fuera del hogar una vez que oscurece.
“La mujer rural trabaja muchísimo y a la par del hombre, y donde está el reconocimiento de los derechos que ella tiene. Es una muestra clara que existe el machismo muy arraigado en nuestra sociedad. Lo vemos en todos los ámbitos. El hombre aún no tiene ese respeto de igualdad que debe tener a las mujeres”, apunta la magistrada.
Si bien, la cantidad de juicios por abuso y violencia indican que la gente se está enterando que puede denunciar, la realidad demuestra el miedo que sufren las víctimas. La mayoría de las denuncias llegan por vecinos o personas que conocen sobre los episodios de violencia en las casas. También sucede que una vez que llegan los casos al Palacio de Justicia, las mujeres se quieren desdecir, negar la denuncia y salvar a su pareja o marido, ya sea por dependencia emocional o dependencia económica.
La jueza Sanabria forma parte del proyecto de la creación de los tribunales especializados en violencia contra la mujer, que no fue contemplado en la Ley 5.777. Ella, junto a sus colegas y todos los funcionarios de los órganos de justicia, aguardan la oportuna aprobación e implementación de este proyecto para tratar cada caso de violencia contra las mujeres como corresponde desde el sur del país.
Saquemos el pique
Es hora de sacarnos el pique y el pus que hay detrás, denunciemos los casos de violencia en la comisaría más cercana, los juzgados de paz, la Fiscalía, las oficinas del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría Pública, o directamente llamando al 137. Si necesitas orientación legal o psicológica podés llamar al (021)452051/2.
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Filtración Seprelad: la Corte rechazó chicanas de Giuzzio y caso se destraba
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia integrado por los ministros Manuel Ramírez Candia, César Diesel y Gustavo Santander rechazó las últimas dos chicanas que presentaron Arnaldo Giuzzio y Daniel Farías, imputados por siete hechos punibles que tienen relación con el caso conocido como filtración de información de Seprelad donde también está imputado el expresidente de la República Mario Abdo Benítez.
Los abogados Emilio Fuster, defensor de Giuzzio; y Enrique Kronawetter, representante legal de Daniel Farías, presentaron una apelación contra la resolución del Tribunal de Apelación que había otorgado seis meses más de tiempo al Ministerio Público para que pueda presentar su requerimiento conclusivo.
La Corte declaró inadmisibles los recursos planteados por los dos imputados argumentando que “corresponde declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto atendiendo a que, si bien se trata de una resolución originaria del Tribunal de Apelación, el mismo no ha fundado debidamente su recurso, ya que se ha limitado a expresar como motivo de agravio que la resolución apelada es infundada”.
Asimismo, menciona el fallo judicial que “tampoco el apelante ha establecido cual es el agravio que le ocasiona la concesión de la prórroga extraordinaria, y por lo tanto no es posible para esta Sala Penal realizar el análisis de lo invocado”, indica parte de la resolución de la Corte que rechazó las dos apelaciones de los dos imputados.
Ahora el expediente deberá bajar al Juzgado Penal de Garantías a cargo de la jueza Cynthia Lovera, quien tendrá que fijar la fecha para la realización de la audiencia de imposición de medidas cautelares así como resolver las doce chicanas más que aún faltan definir.
NUEVE IMPUTADOS
El Ministerio Público imputó al expresidente Mario Abdo Benítez, los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández; los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario privado del mandamás Mauricio Espínola, por varios hechos punibles, a raíz de la elaboración de informes de inteligencia que luego fueron divulgados a la prensa con el fin de atacar políticamente al exmandatario Horacio Cartes y el entonces candidato presidencial Santiago Peña.
Según el acta de imputación, existen suficientes elementos de convicción que hacen sospechar la existencia de los siguientes delitos: revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
Tras haber recusado a la jueza, la camarilla del expresidente Mario Abdo Benítez presentó otras chicanas contra la Cámara de Apelación que deberá estudiar si la magistrada sigue o no con la causa, todo esto con el objetivo de entorpecer a como dé lugar la investigación por las filtraciones de la Seprelad.
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Fiscalía pidió prisión para camionero detenido con más de 1.800 kilos de marihuana
Ciudad del Este. Agencia Regional
El fiscal Elvio Aguilera Vázquez, de la unidad Antidrogas, procesó y pidió la prisión del camionero detenido que transportó 1.800 kilos de marihuana prensada. Se trata de Roque Daniel Núñez (35), imputado por tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes. La carga estaba en un doble fondo de un tracto-camión.
La intervención de Antinarcóticos de la Policía de Alto Paraná que derivó en el hallazgo de la gran cantidad de drogas y la aprehensión del conductor, se registró ayer 18 de noviembre, alrededor de las 14:30, sobre la Ruta PY07 (antigua supercarretera), en la comunidad de Troncal 3, distrito de Minga Porá, Alto Paraná.
El hoy procesado se encontraba al mando de un Scania, color blanco, con matrícula AADL606, con carreta de color rojo, chapa AAAK 141, que transportaba 1.888 kilos de marihuana prensada, distribuidos en 555 paquetes pequeños y 45 paquetes grandes.
El cargamento provenía de la zona norte del país y tenía como destino Ciudad del Este. Las drogas estaban ocultas en un compartimiento de doble fondo ubicado en la carreta del camión, preparado especialmente para este fin, según el reporte policial y consignado en el acta fiscal.
La detección de la carga fue mediante un trabajo de inteligencia realizado por agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, quienes montaron una vigilancia y retuvieron el camión de gran porte, durante un control sobre la carretera.
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El camión parecía estar vacío, pero al ser inspeccionado más detalladamente, los agentes percibieron que la carrocería presentaba modificaciones recientes, según argumentó el fiscal Antidrogas.
Agrega el reporte que la estructura tenía placas de madera terciada sobre el plano de la carrocería, cubiertas con una capa de cal en polvo, lo que hizo suponer la existencia de un compartimiento oculto, diseñado específicamente para el traslado de la droga.
Los intervinientes retiraron las placas de madera y descubrieron una gran estructura de hierro que cubría todo el plano de la carreta, con varios espacios de aproximadamente 15 centímetros de altura, llenos de paquetes de marihuana envueltos en cinta de embalaje.
Cerca de la cabina del camión, el compartimiento tenía una rampa que ascendía hasta unos 30 centímetros, y fue allí donde se encontraron 45 paquetes de mayor tamaño, envueltos en cinta de embalaje verde, azul y algunos con cinta transparente.
El personal policial antinarcótico detuvo al conductor e incautó el camión con el cargamento, siendo comunicado el hecho a la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico. El fiscal Elvio Aguilera, imputó a Roque Daniel Núñez y solicitó al Juzgado de Garantías que decrete su prisión preventiva.
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Arnaldo Giuzzio evade el banco de acusados y su juicio pasa a marzo de 2025
El exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, nuevamente recurrió a chicanas con la finalidad de evitar el inicio de su juicio oral y público tras ser acusado por el Ministerio Público por presunto cohecho pasivo agravado por supuestos vínculos con el capo narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.
El proceso debió comenzar este lunes, sin embargo, el también extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y simpatizante del Partido Democrático Progresista (PDP) tomó la decisión de reemplazar al defensor público que lo asistió durante ocho meses y contrató a su amigo personal, el abogado y exministro anticontrabando Emilio Fuster.
La decisión de Giuzzio se dio 3 días antes de que comience su juicio. Mediante esta nueva maniobra dilatoria su representante legal requirió un tiempo adicional para estudiar el caso y preparar su estrategia de defensa, petición aceptada por los miembros del tribunal de sentencia, siendo esta la cuarta suspensión del proceso.
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De esta forma se fijó el 3 de marzo de 2025 como nueva fecha para el arranque de su juicio oral y público. La agente Verónica Valdez, quien interina otras unidades fiscales, pidió la reprogramación del juicio debido a dificultades para asistir en la fecha inicial.
Antecedentes
La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto del 2023 por los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce. Ambos sostienen que el exministro de Mario Abdo Benítez tenía pleno conocimiento de las intenciones del narco de contratar con el Estado paraguayo, específicamente con el Ministerio del Interior, del cual era titular hasta febrero de 2022.
La Fiscalía construyó su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marqués de Padua. Entre las pruebas presentadas por los agentes se menciona también que el exministro usó una camioneta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre de 2021 y enero de 2022.
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