El diputado liberal Adrián “Billy” Vaesken participó del programa “Fuego cruzado”, emitido por el canal GEN/Nación Media, para debatir sobre el pedido de intervención de la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, que desde la oposición es calificada como una persecución política, evadiendo las denuncias de graves irregularidades.

El legislador expresó que este pedido de intervención es “inconstitucional y un garrote político”.

“Nosotros, desde la oposición, ya tenemos una postura bien definida, creemos que es inconstitucional la solicitud que hace la Contraloría General de la República, que está siendo utilizada como un garrote político, esa es nuestra visión, eso es lo que vemos y lo que sentimos”, refirió el legislador.

Con relación a la conformación e integración de la comisión de intervención en la Cámara de Diputados, indicó que, como bancada C del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), decidieron no participar. “Mi bancada y la bancada PL, del Partido Liberal, hemos decidido no integrar las comisiones de intervención, porque en primer lugar creemos que es inconstitucional y, segundo, porque funciona como un garrote político”, expresó.

Por otra parte, sobre el caso de nepotismo, admitido públicamente por el intendente esteño en una entrevista televisiva, el legislador excusó: “Están en cargos de confianza, son nueve puntos (en el informe de la Contraloría), en los puntos más importantes no pone como punto relevante el tema de nepotismo. Yo estuve investigando y son cargos de confianza, los cargos de confianza él (el intendente) lo puede disponer”.

• Por Nadia Denis (nadia.denis@nacionmedia.com).

El pedido del Poder Ejecutivo para intervenir las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, en proceso en la Cámara de Diputados, generó gran revuelo político y ambos intendentes, y sus respectivos aliados, han salido a defender su gestión, pero, cuáles son los motivos por los cuales se puede solicitar la intervención.

En conversación entre La Nación/Nación Media y el abogado Ricardo Preda, explicó que la existencia de un hecho punible o un indicio del mismo no es el único causal para una intervención; la sospecha de malos manejos administrativos, que no constituyan un delito, también pueden requerir la medida constitucional de la intervención.

“Por ejemplo, si yo utilizo un rubro en otro, es decir, dinero que está para construcciones para pagar salarios de los funcionarios, eso propiamente no es un delito porque no hay un perjuicio patrimonial, pero es una mala administración porque estoy usando incorrectamente los rubros”, detalló.

Lea más: El potencial energético de Paraguay se ubica en la geopolítica global, afirma experto

Hay un extenso listado de cuestiones que no corresponden a un delito como tal, pero sí habla de una mala gestión del administrador de gastos. Por citar algunos: falta de rendición de cuentas, desorganización en los registros contables y administrativos, inadecuado manejo de bienes patrimoniales, falta de respuesta a requerimientos de órganos de control, entre otros.

“Los defensores de uno de los intendentes, decía que ‘acá no hay perjuicio patrimonial’, yo desconozco porque no profundicé ninguno de los dos casos y no sé si es el caso, pero si una municipalidad paga todo con cheques al portador, eso es una mala administración, no necesariamente es un perjuicio patrimonial porque de por ahí se pagaron deudas que eran reales, pero no está bien que se pague de esa manera porque eso es poco transparente”, sostuvo.

Lea también: Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, en la lucha por desenmascarar a Prieto

La intervención es una herramienta que está presente en el artículo n.° 165 de la Constitución y que está regulada por la ley n.° 317/1994. En estas normativas, se menciona la atribución de la Contraloría para cursar la solicitud de las intervenciones, mediante el Ministerio del Interior (Poder Ejecutivo), así como de las Juntas Municipales.

La Cámara de Diputados conformó dos comisiones especiales para investigar los motivos del pedido de intervención y que deberán emitir un dictamen en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su instalación. Posteriormente, el pleno deberá tratar este punto y definir si presta el acuerdo al Poder Ejecutivo para intervenir la municipalidad.

En caso de aprobarse la intervención, el Ejecutivo deberá designar a un interventor que tiene un plazo de 90 días, con posibilidad de prórroga, y deberá realizar una auditoría administrativa, financiera y legal de la gestión del intendente suspendido. Finalizado este trabajo, deberá remitir un informe recomendando la restitución o destitución del intendente

¿Pero, si el intendente renuncia, sigue en pie la intervención? No, si la renuncia presentada por el jefe comunal es aceptada por la Junta Municipal, la intervención queda sin efecto, no obstante, si existen presunciones de hechos punibles, el Ministerio Público tiene atribuciones para investigar.

“El hecho de que se le destituya o renuncie no cambia en absoluto de que el Ministerio Público va a estar obligado a perseguir esos delitos. Desde el punto de vista de los malos manejos que no constituyan hechos punibles que generan algún tipo de responsabilidad, igual la Municipalidad va a poder reclamar a esa autoridad que hizo incorrectamente, hay acciones civiles establecidas si hay algún perjuicio causado por el administrador, pero que no constituya hechos punibles”, puntualizó Preda a LN.

El senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Líder Amarilla, presentó este martes la propuesta que plantea la eliminación del subsidio estatal destinado al sector del transporte público en el área Metropolitana.

El legislador propone que los USD 40 millones sean destinados a programas sociales. Está demostrado que el sistema de transporte público es un fracaso en el departamento Central y área metropolitana. En el año 2011 se implementó esto para que no aumente el precio del pasaje, pero desde ese tiempo hasta la fecha, el combustible fue bajando gradualmente, por ende, el costo operativo; pero ellos siguen percibiendo este dinero", comentó.

Detalló que en el transcurso de todo esos años, el sector transportista del área metropolitana recibió un total de USD 200 millones. Agregó que subsidiar solo a este sector representa una “discriminación” contra los ciudadanos que se movilizan en el interior del país.

“Este año tendrán otros USD 40 millones, imagínense todo lo que se puede hacer con ese dinero. Ninguna otra actividad económica que genere lucro, dinero, es subsidiado de esta manera en el Paraguay, por qué el sector transporte tiene que ser beneficiado, esto es una injusticia enorme", indicó en una entrevista con los medios de comunicación.

Leé también: Diputado asegura garantías para intendentes, sin injerencias políticas

Recordó que el subsidio estatal fue otorgado a los empresarios del transporte bajo la condición de que impulsen mejoras en el servicio “pero hasta la fecha esto no sucedió, no mejoró el servicio, no hubo inversiones importantes, pese a los USD 216 millones que se desembolsó”.

Amarilla siguió sosteniendo que “el dinero destinado se puede utilizar para cubrir programas sociales a nivel nacional“.

Te puede interesar: Peña y exprimer ministro de Japón refuerzan lazos de cooperación

El senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Ever Villalba se refirió en torno al conflicto que desata la suspensión de la licitación encarada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para la compra de 23.000 máquinas de votación rumbo a las internas partidarias y generales municipales del 2026.

“Yo estoy planteando a los colegas que recojamos todas las informaciones desde el pliego de bases hasta las protestas en esta disputa de quien se queda con el contrato. Acá hay una cuestión más profunda que la parte administrativa, me preocupa la democracia, nosotros tenemos que tener la mayor participación y claridad en el proceso de adquisición de las máquinas”, sostuvo en una entrevista con los medios de comunicación.

La compra de las máquinas de votación demandará una inversión de USD 93 millones. La suspensión por parte de la DNCP se concretó este último viernes, tras la protesta impulsada por la empresa Myru Systems. La presentación de ofertas y apertura de sobres estaba prevista para este lunes 12 de mayo, sin embargo, el proceso quedó postergado.

Leé también: Paraguay toma visibilidad internacional en DD. HH., resalta defensor del Pueblo

“Debemos abrir un gran debate donde los más interesados sean los partidos políticos, que no tienen una participación directa, más allá de las consultas o visitas que se hacen a los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral“, comentó.

El parlamentario manifestó que aún queda suficiente tiempo para que se zanje el conflicto administrativo en torno a la adquisición de las máquinas de votos, pero insistió que el Congreso Nacional debe contar con la garantía que las mismas durante su aplicación en los comicios electorales “aseguren el custodio de la voluntad popular. Por un lado esta la cuestión administrativa legal y por otro el tema político electoral”.

Te puede interesar: Uso de la IA: “Pretendemos ser parte del mundo, hoy somos simples espectadores”