Designar a la Contraloría órgano rector es un movimiento estratégico del Estado paraguayo para consolidar la lucha contra la deshonestidad estatal, una decisión que otorga independencia a la Contraloría.
El contralor general de la República, Camilo Benítez, presentó al presidente de la República, Santiago Peña, un listado de acciones enmarcadas en la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción (ENCC), que surgió durante la cumbre de poderes del 20 de agosto de 2023.
Para saber en qué consisten, La Nación/Nación Media conversó con el contralor Camilo Benítez, quien explicó que la ENCC busca reducir la corrupción abordando integralmente: aumentando la transparencia, disminuyendo la discrecionalidad y promoviendo la integridad, en línea con estándares internacionales. La Contraloría General de la República se constituyó en el órgano rector de la prevención de la corrupción.
-La cumbre de poderes, impulsada por el presidente Santiago Peña, marca un hito en la lucha de nuestro país contra la corrupción sistémica. Reunió a las máximas autoridades del Ejecutivo, Legislativo, Judicial y órganos extrapoder como la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio Público.
Este “ecosistema de control”, denominado así en otros países, busca alinear criterios para resultados eficaces, respetando la independencia constitucional. La Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción (ENCC) surgió en la primera reunión para establecer una hoja de ruta contra este problema endémico.
-La ENCC se articula en cuatro ejes: transparencia, rendición de cuentas, control de recaudaciones y seguridad ciudadana, abarcando 16 subtemas y 44 iniciativas.
Incluye digitalización, inteligencia artificial, reformas educativas y participación ciudadana. Una iniciativa clave fue el impulso de la Ley n.º 7389/24, que estableció el Régimen Nacional de Integridad y asignó a la Contraloría el rol de órgano de prevención de la corrupción. La ENCC busca reducir la corrupción abordando integralmente: aumentando la transparencia, disminuyendo la discrecionalidad y promoviendo la integridad, en línea con estándares internacionales.
-Otorgarle ese rol a la CGR representa un movimiento estratégico del Estado paraguayo para consolidar la lucha contra este flagelo; esta decisión incluyó la independencia de la Contraloría. El mecanismo de designación del contralor general por el Congreso Nacional, sumado a la exigencia de un juicio político para su remoción, le confieren distanciamiento del poder administrador, cuyos integrantes son los principales sujetos de control. Este elemento permite garantizar la objetividad e imparcialidad en las labores.
También la autonomía funcional y administrativa; su competencia a nivel nacional y, finalmente, la sólida experiencia de la CGR en el control de recursos públicos.
En contraste, la dependencia jerárquica de la Senac al Poder Ejecutivo limitaba su competencia, pero aún más delicado es que generaba interrogantes sobre su capacidad para detectar hechos de corrupción de manera imparcial. En otros países e incluso en el nuestro, se ha sostenido que este tipo de organismos, al no contar con la independencia necesaria, pueden ser instrumentos de persecución política, desviando su propósito original y erosionando la confianza pública.
-La aprobación de la ENCC, la Ley n.º 7389/24 y la designación de la CGR han generado interés internacional por su alineación con compromisos anticorrupción, posicionando a Paraguay como líder regional. Estos avances despertaron el interés de países y organismos especializados y propició propuestas de proyectos de cooperación.
-Para que las medidas anticorrupción se apliquen, en la Contraloría vamos a seguir emitiendo las pautas de cómo deben ser implementadas. No estamos solos, la ley nos habilita a contar con aliados en cada ente público, que son las Unidades de Transparencia y Anticorrupción (UTA), brazos ejecutores en cada institución y cuyo trabajo será objeto de supervisión. Además, la nueva ley creó el Consejo Nacional Anticorrupción, el CNA, un espacio de coordinación interinstitucional para el diálogo y cooperación en la lucha contra la corrupción.
-Está conformado por el presidente de la República, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, los presidentes de las cámaras del Congreso Nacional, el fiscal general del Estado y el contralor general de la República.
La elaboración, aprobación, implementación y seguimiento de una nueva Estrategia Nacional Anticorrupción es una de sus funciones. Me reuní con el presidente Santiago Peña para presentarle un listado de medidas o acciones a fin de iniciar el diálogo para su aplicación.
Por ejemplo, la necesidad de actualizar las normas de financiamiento político. Este proceso debería ser liderado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, promoviendo la participación de todos los interesados, para asegurar un debate amplio y enriquecedor que fortalezca el proceso electoral del país.
Otras acciones como el fortalecimiento de las sanciones administrativas ante el incumplimiento de reglamentos internos y normas éticas. La prohibición de actividades político-partidarias en instituciones públicas y en horario laboral. La transparencia de las agendas de altas autoridades, la protección integral de denunciantes para prevenir represalias.
-Pocos días después de la promulgación de la ley, la CGR emitió una resolución que reestructuró su organización y, en el mismo mes, se expidió la reglamentación de la ley.
Se presentó en el mes de febrero un Plan Estratégico para la Implementación del nuevo régimen. En la misma oportunidad, se puso en línea el nuevo Portal Nacional de Denuncias Ciudadanas; plataforma que garantiza la protección de datos del denunciante como mecanismo de salvaguarda contra represalias.
-Trabajamos en varias cosas: el desarrollo de plataformas digitales para que la gente pueda ver cómo vamos con cada medida; la puesta en marcha de un Centro de Participación Ciudadana con herramientas que permitirán informar avances y resultados. Y, desde el CNA, estamos trabajando en actualizar los reportes sobre la ENCC para que todos puedan ver el progreso. Esta tarea de luchar contra la corrupción es de todos, por lo que reconocemos la importancia del involucramiento de la ciudadanía.
