El procurador general de la República, Marco Aurelio González, propuesto para el Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) por parte de la Presidencia de la República, resaltó la independencia técnica de la banca matriz y sostuvo que su éxito radica en una inflación y una devaluación controlada.

González, quien fue nominado para integrar el Directorio del BCP y cuya confirmación depende del Senado, destacó que la institución ejerce sus funciones con autonomía y con rigor técnico, lo que se traduce en niveles de inflación controlados y una moneda con leve devaluación.

“El Banco Central es un órgano constitucional autónomo, tiene independencia técnica. A los efectos de la estabilidad de la moneda tiene mucha más relevancia el BCP, algo muy importante a nivel país para la economía”, dijo este viernes a la 1020 AM.

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Sobre su nominación, explicó que fue convocado por el presidente de la República tras recomendaciones del titular del BCP, Carlos Carvallo, quien sugirió la integración de un abogado en el Directorio de la banca matriz.

“Me comentó el presidente de la República que el presidente del BCP hace tiempo le pide un abogado en el Directorio, como era costumbre anteriormente y ahora no hay muchos desafíos regulatorios y que ambos confían en mi capacidad, yo soy de ahí, conozco el ambiente y creen que puedo aportar”, expresó.

De recibir luz verde en la Cámara de Senadores, González asumirá formalmente a partir del 15 de agosto, en reemplazo de Humberto Colmán, quien había sido designado durante el gobierno anterior y cuyo mandato vence en la mencionada fecha.

La nominación fue anunciada por el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, quien aseguró que cuenta con el respaldo pleno del Poder Ejecutivo y de las máximas autoridades del BCP.

Durante la conferencia de prensa, el ministro Fernández Valdovinos resaltó el perfil técnico y académico de González, a quien describió como “una gran persona y un gran profesional, principalmente de la casa”, en alusión a su extensa trayectoria en la institución monetaria.

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El presidente de la República, Santiago Peña, nominó al actual procurador general de la República, Marco Aurelio González, como nuevo miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP). La propuesta ya fue remitida al Congreso Nacional, donde deberá ser aprobada por el Senado.

De recibir luz verde en la Cámara de Senadores, asumirá formalmente a partir del 15 de agosto de 2025, en reemplazo de Humberto Colman, quien había sido designado durante el gobierno anterior y cuyo mandato vence en la mencionada fecha.

La nominación fue anunciada por el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, quien aseguró que cuenta con el respaldo pleno del Ejecutivo y de las máximas autoridades del BCP.

Durante la conferencia de prensa, el ministro Fernández Valdovinos resaltó el perfil técnico y académico de González, a quien describió como “una gran persona y un gran profesional, principalmente de la casa”, en alusión a su extensa trayectoria en la institución monetaria.

“Luego de dos años de estupenda labor como procurador general de la República, Marco vuelve a su casa, que es el Banco Central del Paraguay, con todo el apoyo del presidente de la República, del presidente del BCP, del Directorio y de mi persona”, afirmó el titular de la cartera económica.

Por su parte, el presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, valoró la designación y subrayó la experiencia y el conocimiento institucional del propuesto director.

“Para el Banco Central, el doctor Marco Aurelio González es una garantía absoluta. Tiene más de 25 años de experiencia en la institución y ha pasado por casi todos los cargos del área jurídica”, destacó Carvallo.

Carvallo también hizo hincapié en la trayectoria académica de González, acotando que es doctor en Derecho por una universidad extranjera, con tres maestrías en Derecho, profesor universitario y referente académico tanto a nivel nacional como internacional. “Reúne los méritos más que suficientes para ocupar el cargo para el cual fue propuesto”, concluyó.

A su turno, González agradeció la propuesta y expresó el profundo significado que tiene para él volver al BCP. “No puedo contar la historia de mi vida sin el Banco Central. Me permitió formarme, saber quién soy. Volver, si el Senado lo aprueba, es un motivo de orgullo enorme”, expresó.

Valoró el respaldo de las autoridades que avalaron su nominación, en particular el del presidente de la República, el ministro de Economía y el presidente del BCP, a quienes elogió por su integridad moral y su compromiso técnico con el país.

González acotó que seguirá como procurador general de la República hasta que el Senado apruebe su designación, ya que no puede estar en ambos cargos al mismo tiempo, o que el mandatario decida cambiarlo antes del 15 de agosto.

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• Ciudad del Este. Agencia Regional

El fiscal Osvaldo Zaracho solicitó el inicio de juicio oral para la abogada Elizabeth Noemí Anzoátegui Rivarola, por estafa y apropiación. La profesional está acusada de haberse apropiado de G. 220 millones, pertenecientes a su cliente, víctima de la dictadura, quien debía percibir el dinero como indemnización de parte del Estado paraguayo.

El requerimiento conclusivo fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías Nº 4. La causa tiene origen con un hecho ocurrido el 24 de setiembre de 2024, a las 8:26, en la sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF) de Minga Guazú.

En esa ocasión, la abogada se presentó en la entidad bancaria y extrajo presuntamente la millonaria suma de la cuenta de ahorros registrada a nombre del señor Esteban Gómez Rojas, víctima de violaciones de derechos humanos durante la dictadura stronista de 1954 a 1989.

El mismo había otorgado un poder especial a la abogada Anzoátegui, con la finalidad de gestionar el cobro de su indemnización ante el Estado paraguayo. La cuenta bancaria donde se acreditó el pago estaba habilitada originalmente para el cobro del subsidio de la tercera edad, lo que facilitó la operación realizada por la abogada.

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De acuerdo a la acusación fiscal, Anzoátegui Rivarola habría inducido a Gómez Rojas a firmar formularios bancarios bajo engaño, sin informarle el monto exacto a percibir, y manifestándole que el cobro se realizaría en partes.

Sin embargo, la acusada habría retirado la totalidad de los fondos, guardando el dinero en un bolso de color negro y finalmente se retiró del lugar. Todo el movimiento de la mujer dentro del BNF quedó registrado en las cámaras del circuito cerrado del lugar.

Días después, ante el reclamo del afectado, la abogada le manifestó que le enviaría el dinero por algún medio y finalmente el 26 de setiembre de 2024, realizó un giro por valor de G. 15 millones, a través del servicio de Western Unión.

El resto del monto retirado por la abogada no fue entregado a la víctima. A raíz de esta situación, Gómez Rojas denunció el hecho ante el Ministerio Público. Con los elementos de sospecha reunidos, la Fiscalía imputó a la acusada y, al cumplirse el plazo fijado por el Juzgado, presentó la acusación y solicitó la elevación de la causa a juicio oral.

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El papel crucial de la nueva Ley de Alianza Público Privada (APP) para el fomento de inversiones privadas en infraestructura pública fue resaltado en un conversatorio entre el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, el procurador general de la República, Marco Aurelio González, y el exministro de Hacienda, César Barreto, quienes coincidieron en que esta normativa impulsará proyectos en sectores estratégicos de infraestructura.

La Cámara de Comercio Paraguay Brasil organizó un conversatorio sobre la Ley de APP en el que se deliberó en torno a los desafíos y eventuales ajustes para su implementación. El presidente de la Cámara, Rubén Jacks, explicó que la normativa promulgada en enero de este año busca modernizar la anterior ley para darle mayor agilidad. “Como país tenemos situaciones nuevas como el poco espacio fiscal que ya tiene el país para endeudarse, entonces, más que nunca necesitamos que el sector privado realice obras de infraestructura y realice servicios que el Estado quizá no pueda”, afirmó.

El ministro Fernández Valdovinos resaltó que esta nueva ley es fundamental para el impulso de proyectos en sectores estratégicos como transporte, energía, agua y saneamiento, en un contexto de restricciones fiscales. Mencionó que el financiamiento de estas obras se complementaría con fondos obtenidos por la renegociación de Itaipú, que aportarán USD 650 millones a las arcas del Estado.

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Asimismo, resaltó que obras como la ruta PY02 demuestran la calidad de las obras realizadas bajo la Ley de APP y que se busca replicar ese mismo modelo en proyectos como la ruta PY01, cuya adjudicación señaló que debería definirse en las próximas semanas. El ministro de Economía agregó que se están ajustando los requisitos financieros para la participación de empresas, reduciendo la exigencia de capital mínimo con el fin de promover mayor participación en las licitaciones.

“La cuestión de la APP va a ser fundamental para proveer de infraestructura al país dadas las restricciones fiscales que vamos teniendo. Entonces, es uno de los instrumentos pensados por el Gobierno de manera a seguir mejorando no solo nuestras rutas sino también la transmisión de energía, agua y saneamiento. Complementa muy bien el presupuesto que se tiene cada año dentro del Presupuesto General de Gastos de la Nación y también complementa muy bien los recursos que van a venir después de la renegociación de Itaipú”, destacó.

Por su parte, el exministro de Hacienda, César Barreto, mencionó que el espíritu del mecanismo de las APP es que exista también mayor participación privada en las inversiones en infraestructura, atendiendo a que los recursos son escasos y la reducción en inversión pública en los últimos años en proporción del producto interno bruto (PIB). “Todos aquellos proyectos que puedan generar ingresos vía tarifas, precios o peajes, para financiar por lo menos una parte importante de los proyectos, creo que deberían encararse bajo la Ley de APP. Faltan proyectos y hay que avanzar en esa línea lo más rápido posible”, explicó el economista.

El procurador general de la República, Marco Aurelio González, explicó que la nueva ley establece mecanismos de resolución de controversias para evitar que los proyectos queden estacados por incumplimientos. Detalló que los conflictos se resolverán en primera instancia a través de un arbitraje que ya estará estipulado en los pliegos de bases y condiciones de cada contrato.

Mencionó que si una empresa incumple sus obligaciones, los financistas del proyecto podrán sustituir al contratista, a fin de que las obras no se paralicen. “La finalidad es que el proyecto culmine y avance a pesar de las dificultades y los incumplimientos que se puedan dar en el camino”, precisó.

González señaló que el Estado ofrece garantías tanto para los contratistas como para los inversores, pero que también cuenta con formas de asegurar el cumplimiento de las obras como, por ejemplo, la posibilidad de volver a licitar la obra en caso de que la firma seleccionada no pueda continuar con los trabajos. “La seguridad para el financista es que puede prendar o fideicomitir a su favor los derechos presentes y futuros, incluso del flujo de caja de los contratos públicos-privados de las prestaciones o los derechos que tenga el contratista”, ejemplificó.

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