Senadores y diputados que conforman la Comisión Bicameral de Reordenamiento del Estado establecieron la mesa directiva y algunos parámetros a ser priorizados dentro del bloque legislativo. Uno de los trabajos centrales estará basado en la reorganización del gasto público, con el objetivo de ofrecer una gestión con mayor enfoque en las necesidades más urgentes de la población.
“El eje principal y la función primordial de esta Comisión Bicameral es la de estudiar el gasto público y evitar la superposición y asignaciones de funciones”, mencionó el senador Arnaldo Samaniego, quien fue elegido como presidente de la comisión, mientras que el diputado Hugo Meza fue designado como vicepresidente.
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Samaniego agregó también que el trabajo de esta Comisión Bicameral será junto con el Poder Ejecutivo y constituirá el primer filtro en el estudio que hace al reordenamiento del Estado; el próximo lunes 6 de noviembre se reunirán para definir algunas líneas de trabajo.
“Necesitamos un nuevo Estado, más eficiente, que atienda a todos los paraguayos”, resaltó por su parte el vicepresidente de la comisión, puntualizando que como bloque articulado deberán garantizar no solo una gestión más equilibrada de los recursos públicos, sino también constituirse como custodios de la administración pública.
Recordó además la propia ley que establece la conformación de la comisión, manifestando que deben velar por la correcta utilización de los recursos y sobre todo por el cumplimiento de los fines institucionales. A tal efecto se podrá solicitar apoyo técnico a la Comisión Bicameral de Presupuesto y demás organismos del Estado.
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Gobierno argentino eliminó ente encargado de las rutas
El gobierno del presidente argentino, Javier Milei, anunció ayer lunes la disolución de los organismos a cargo de regular las rutas y la reestructuración de siete institutos estatales, antes de que venzan sus facultades delegadas por el Congreso el martes. Desde que asumió el poder en diciembre de 2023, el mandatario ultraliberal impulsa una política de recortes en el gasto público, que ha implicado la eliminación de organismos estatales y subsidios, la suspensión de obras públicas y el despido de más de 50.000 empleados públicos, entre otras medidas.
A través de un decreto que se publicará el martes en el Boletín Oficial, el presidente “ordenó el cierre definitivo de la dirección Nacional de Vialidad (...) y también de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial", informó su portavoz Manuel Adorni. Vialidad Nacional tenía como objetivo la supervisión, conservación y construcción de las rutas y autopistas.
Adorni, que no especificó si habrá despidos en el área, dijo que a cambio se creará la “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte” para la fiscalización de concesiones viales y anunció que el gobierno “dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de ruta”. Las medidas se tomaron antes de que venzan las facultades especiales que le otorgó por un año el Congreso a Milei para ejercer algunas de las funciones del Poder Legislativo.
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Adorni destacó que “los 65 decretos delegados que se promulgaron el último año implican un ahorro de 2.000 millones de dólares anuales en gastos”, por ejemplo, mediante la disolución o reestructuración de decenas de entidades estatales en áreas de salud, ciencia y cultura, entre otras. El ministro de Desregulación estatal, Federico Sturzenegger, informó que el Ejecutivo no solicitará la extensión de las facultades.
El gobierno anunció a su vez en un comunicado la reestructuración de siete organismos estatales a los que calificó como “ineficientes”, entre ellos el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que dejarán de ser autárquicos y pasarán a depender del ministerio de Economía.
Ante los rumores del anuncio, trabajadores de ambos organismos realizaron en la mañana del lunes una protesta, que culminó en enfrentamientos con la policía.
“El Gobierno nos declaró la guerra a los estatales e hizo del Estado un gran campo de batalla”, escribió en X Rodolfo Aguiar, secretario General del gremio de estatales, que advirtió que las medidas implicarían cientos de despidos. Desde que llegó al poder, el gobierno de Milei aplicó un programa de reducción del gasto público de 4,7 % del PBI, con el que redujo a la mitad el índice de inflación, que pasó del 211 % en 2023 al 118 % en 2024.
Fuente: AFP.
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Ley del Servicio Civil: clave para la eficiencia en el gasto público
La viceministra de Capital Humano, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Andrea Picasso, habló sobre los principales aspectos de la ley de la Función Pública y Carrera del Servicio Civil durante una charla sobre derecho administrativo, y afirmó que esta normativa próximamente entrará en vigencia y que establece un profundo cambio estructural en el régimen de empleo público en Paraguay
Durante su ponencia, la viceministra destacó que la nueva norma representa un avance sustancial en la profesionalización del servicio civil, considerando al capital humano como el principal activo de las instituciones públicas. “Hablar de la función pública y la carrera del servicio civil es hablar de las personas. Un servicio civil profesionalizado tiene impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos, en el ingreso per cápita y en la eficiencia del gasto público”, afirmó.
Asimismo, explicó que la ley vigente hasta ahora, (N° 1626), significó en su momento un cambio relevante, pero que carecía de limitaciones que dificultaron su efectiva aplicación. La nueva norma, por su parte, propone un esquema integral que abarca a todas las instituciones públicas, respetando la autonomía constitucional de los distintos poderes y órganos del Estado, así como de otras carreras con regímenes propios, dijo.
Entre las principales innovaciones, la viceministra subrayó el sistema de progresión de carrera que introduce dos modalidades: el ascenso vertical mediante concurso y la promoción horizontal, basada en el cumplimiento de competencias y condiciones establecidas.
Además, resaltó la creación de un sistema de directivos públicos, que reducirá los cargos de confianza a cuatro por institución, estableciendo para el resto procesos de selección abiertos y centralizados. “Este modelo de dirección pública es uno de los más modernos de la región”, enfatizó.
Otro de los aspectos novedosos es el régimen del empleo público para los contratados, quienes al finalizar sus vínculos laborales pasarán gradualmente a aportar al sistema previsional, incorporando también el concepto de indemnización por término de contrato, lo que otorga mayor reconocimiento a su situación de dependencia laboral.
“Creemos que estos cambios nos permitirán transitar hacia un nuevo modelo de gestión pública, más profesional, transparente y alineado a las exigencias del contexto global actual”, sostuvo la viceministra.
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Anexo C: presidencia de comisión bicameral debe ser para un diputado, afirman
La comisión bicameral que acompañará las negociaciones del Anexo C de la Itaipú Binacional, no pudo ser conformada en el Congreso, debido a que los diputados reclaman la presidencia de esta instancia legislativa. Ellos alegan que en la última conformación de la comisión bicameral estuvo presidida por senador.
El diputado Rodrigo Gamarra refirió a La Nación/Nación Media que la decisión de no formar parte de la comisión bicameral se debe a la falta de acuerdo en la presidencia, “algo crucial para garantizar la pluralidad y transparencia en un proceso tan importante como la renegociación del Anexo C, que impacta directamente en el desarrollo energético y económico del país”.
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Agregó que no se respetó el acuerdo de alternancia, y adelantó que la Cámara Baja también podría conformar una comisión unicameral, así como lo conformó el Senado. “Hasta el momento no hay ninguna variación en nuestra posición, siempre es todo conversable, pero debe ser sobre el respeto a los acuerdos tácitos establecidos, yo creo pero es una opinión solo mía, que lo más probable es que creemos también una comisión unicameral como ya lo hizo el Senado”, expresó.
Finalmente, señaló que “el objetivo es simplemente dar seguimiento a las negociaciones, acompañar el proceso y aportar desde el Parlamento, sin que esto sea utilizado como un ‘garrote’ o un obstáculo, como algunos pretenden”.
Por su parte, el diputado José Rodríguez también se expresó en el mismo sentido, que la presidencia corresponde a la Cámara Baja. “La presidencia tenía que ser para un diputado, en el primer ejercicio uno de los senadores fue el presidente, entonces tenía que ser un diputado. Lo que puedo decir a título personal es que los compromisos se tienen que cumplir, si se hizo un compromiso para que un diputado sea presidente, se tiene que cumplir”, sentenció en conversación con La Nación.
Datos claves
- Esta semana debió conformarse la comisión bicameral que acompañará las negociaciones del Anexo C de la Itaipú Binacional.
- Diputados abandonaron la sesión reclamando la presidencia de esta instancia legislativa.
- Los diputados Rodrigo Gamarra y José Rodríguez afirman que la presidencia de la comisión bicameral debe ser para la Cámara Baja.
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Anexo C: dejan en claro que el rol de la Comisión Bicameral es supervisar, no negociar
La Cámara de Senadores ya designó a sus representantes para la Comisión Especial de Entes Binacionales, la cual tendrá la función hacer seguimiento y verificación de las negociaciones en torno al Anexo C de la Itaipú Binacional. En este sentido, el senador Dionisio Amarilla dejó en claro que los legisladores no tendrán el rol de negociador y que eso estará a cargo del Poder Ejecutivo y su equipo técnico
“Esta es una comisión de seguimiento, por supuesto que en la medida que se convierta en una aspiración nacional colectiva, donde todos los paraguayos se sientan con derecho a contribuir, aportando ideas, párrafos entonces el resultado final va a ser altamente positivo para el Paraguay”, manifestó.
En conversación con La Nación/Nación Media, el senador liberal indicó que es importante que la mayor cantidad de actores formen parte y se involucren en todo lo que representará el acuerdo, puesto que esto tendrá una vigencia de al menos 50 años y las negociaciones se llevarán adelante con una potencia mundial como Brasil, la cual también buscará precautelar sus intereses.
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“Hay dos tesis, una que dice que la energía tiene que ser a precio de costo y otra que sostiene que debe ser establecida a precio de mercado. Brasil cuando negocia asume una actitud imperialista entonces es una responsabilidad muy grande e histórica y las futuras generaciones recordarán a la gente, a todos los actores que pudieran sumarse para aportar ideas claras y en ese sentido asumimos esa responsabilidad”, expuso.
Para Amarilla es fundamental separar las negociaciones de lo referente al espionaje del Brasil, hecho sobre el cual ya hay una causa abierta en el Ministerio Público. Cuando se habla del Anexo C, no solo se contempla el aspecto económico y sus beneficios, sino también lo relacionado con la generación de energía, la utilización del agua, la protección del ambiente, entre otros. “Por un lado está el espionaje y por el otro la negociación patriótica en lo que refiere a Itaipú, y así creo que debemos encarar este tema”, concluyó.