Para la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de esta semana, se incluyó en el orden del día la iniciativa que busca aumentar las exigencias para integrar el Consejo de la Magistratura. El documento ya fue aprobado por Diputa­dos y tuvo modificaciones en el Senado, por lo que se trata de la tercera vuelta en el tra­tamiento legislativo.

Se trata del proyecto de ley “que modifica y amplía los artículos 2.° y 7.° de la Ley n.° 296/94 - Que organiza el funcionamiento del Consejo de la Magistratura (de los requisitos, de las designacio­nes y de los plazos”.

En la versión inicial, de la Cámara Baja, se modificaba solo el artículo 7 para ampliar los requisitos para la designa­ción de los representantes de ambas Cámaras del Congreso Nacional ante el organismo extrapoder. Esto con el objetivo de aumentar la rigurosidad en la selección de los candidatos para los miembros del Consejo.

Ya en el tratamiento de esta iniciativa, en la Cámara de Senadores se introdujeron modificaciones en el artículo 2, en la cual se establece que para ser miembro del CM se deben reunir los requisitos que se exigen en el artículo 263 de la Constitución Nacional, que establece como requisitos ser de nacionalidad paraguaya; haber cumplido treinta y cinco años; y poseer título universi­tario de abogado.

El abogado Ricardo Sasiain, miembro suplente del Consejo de la Magistratura, invita a la relación de hechos vinculados a los procesos que lo involucran tanto a él como a su esposa María Antonella Galli. La convocatoria está prevista para las 10:00 de este lunes 7 de octubre en salón de eventos Vanité, ubicado en Paseo Carmelitas sobre la calle Teniente Héctor Vera en Asunción.

“Estoy bajo un tipo de amedrentamiento mediático por así decirlo y una acusación totalmente infundada y descabellada, por lo que voy a demostrar con documentos, primero que no correspondía la acusación y segundo voy a anunciar la posible acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para el fiscal Alcides Corvalán”, expresó el abogado Sasiain.

En conversación con La Nación/Nación Media el profesional del derecho indicó que también evalúa presentar una denuncia ante el Ministerio Público por persecución de inocentes. Sasiain aseguró que la denuncia en su contra carece de fundamentos y que este hecho ya data desde hace más de dos años y persiste hasta la fecha.

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El suplente del CM había obtenido el sobreseimiento provisional y el Ministerio Público había establecido la realización de 15 a 18 puntos para la realización de las diligencias respectivas. “Cuando no hay mérito para acusar, pero nuestro sistema es tan perverso que no basta con ser inocente sino tenés que demostrar que sos súper inocente”, relató.

De acuerdo a lo expuesto por el abogado a La Nación, desde el inicio de la causa solicitó que se notifique a las personas que tenían los cheques con su nombre, de modo que quede constancia de que se había devuelto el dinero que se había sustraído supuestamente. “Pude realizar una diligencia en la cual vino un señor que dijo ‘el cheque que tengo yo me lo entregó María Eugenia Acosta’ con esa única diligencia tuvo que haberse extinguido la causa porque se demuestra la devolución del dinero”, indicó.

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Para el abogado, este hecho fue suficiente para demostrar que la denuncia en su contra fue “falsa y temeraria”, sin embargo, de todas formas se procedió a la imputación en su contra. “Este fiscal Alcides Corvalán acusa de algo totalmente descabellado y digno de nuestro sistema judicial de apriete”, refirió.

Este hecho se trata de la denuncia realizada en marzo del 2021 por María Eugenia Acosta Vallejos, gerente general de la firma Bioténica S.R.L. contra Sasiain y su esposa María Antonella Galli, quien se desempañaba como gerente financiera y administrativa de la mencionada empresa. Galli es acusada, entre otras cosas, de haber desviado fondos provenientes de 11 cheques a una cuenta bancaria que pertenecía a su marido.

La Cámara de Senadores, encabezada por Basilio Núñez, tomó juramento este miércoles al doctor César Ruffinelli Buongermini como representante de las universidades privadas ante el Consejo de la Magistratura (CM), para el periodo 2024-2027. El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica fue reelecto el viernes pasado

Ruffinelli Buongermini fue elegido mediante una lista única. Para las elecciones fueron habilitadas un total de 17 sedes a nivel nacional y fueron habilitados para el proceso de sufragio más de 900 docentes empadronados de las facultades de derecho de las universidades privadas. Su primer mandato culminará el próximo mes de setiembre, tras reemplazar en el cargo al abogado y docente Cristian Kriskovich.

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Asistieron al acto de juramento, el presidente del consejo, Gerardo Bobadilla, el vicepresidente Gustavo Miranda Villamayor y los demás integrantes del órgano extrapoder, Alicia Pucheta, representante del Poder Ejecutivo; Enrique Berni Brítez, representante del gremio de abogados, y el senador Edgar López, representante de la Cámara Alta.

El Consejo de la Magistratura es un órgano constitucional y autónomo, que tiene la función exclusiva y excluyente de seleccionar y proponer ternas para los cargos para el sistema de justicia e impartir formación jurídica especializada en la Escuela Judicial.

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Este lunes se llevó a cabo el corte administrativo en el Consejo de la Magistratura, con el cual se formalizó el proceso correspondiente al periodo 2023-2024, con la firma del acta de fiscalización de entrega y recepción.

Participaron en el acto el presidente entrante de la institución, el abogado Gerardo Bobadilla y el presidente saliente, el Dr. Gustavo Miranda Villamayor. Acompañó el acto, la Dra. Alicia Pucheta, miembro del Consejo de Magistratura, realizado en la sala de sesiones.

El corte administrativo se realizó conforme a la Resolución de la Contraloría General de la República (CGR) N° 1464/06 y se centró en asegurar el traspaso adecuado de las documentaciones para la entrega y recepciones de administraciones y giradurías de la gestión.

Esto para que los responsables de la administración entrante puedan tomar conocimiento de la información obrante en la institución y, en base a los datos proveídos por la administración saliente, se pueda efectuar una gestión basada en la eficiencia.

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La comitiva de funcionarios de la CGR estuvo integrada por Arnaldo Zarate, de la Dirección General de Control de la Administración Central, y los auditores Diego Núñez y Francisco Darío Giménez. También estuvieron presentes directivos del área administrativa y auditoría interna del Consejo.

Aparte del corte administrativo, también se brindó un homenaje a la memoria del magistrado Rodrigo Escobar, con un minuto de silencio ante el fallecimiento de quien se desempeñaría como miembro del Tribunal de Cuentas, Primera Sala, del Poder Judicial.

Escobar habría sufrido un infarto que causó su deceso y ante el acontecimiento, sus familiares, colegas y amigos lo destacaron como “una persona respetable que honró la magistratura paraguaya durante muchos, y que siempre fue un ferviente defensor de las ideas de libertad”.

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