Adelantándose a las conclusiones que pudieran surgir de la intervención en la municipalidad de Asunción, varios sectores de la oposición anunciaron esta mañana que lograron consensuar una eventual candidatura para la intendencia capitalina, en la figura de la senadora destituida Kattya González.

Referentes de varios partidos y movimientos de la oposición que se presentan como alianza “Unidos por Asunción”, se congregaron esta mañana en la Plaza de la Democracia, en pleno microcentro de Asunción, para comunicar lo mencionado, durante una conferencia de prensa.

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Este apresurado anuncio se da sin siquiera aguardar el resultado de la intervención que lleva adelante el economista Carlos Pereira. No obstante, los opositores se adelantan y exigen la renuncia del intendente colorado Óscar “Nenecho” Rodríguez.

A la vez, presentaron a la senadora expulsada, Kattya González, como la candidata para completar el actual mandato, ante la posibilidad que el jefe comunal sea destituido tras la intervención.

El comunicado, anunciado por el actual presidente del Partido Patria Querida, Stephan Rasmussen, menciona que el pedido de destitución va dirigido a la Cámara de Diputados, mientras que al Tribunal Superior de Justicia Electoral exigen que se convoque a elecciones en un plazo de 90 días, tras la destitución.

“Respaldamos la candidatura de Kattya González para la intendencia de Asunción, con el objetivo de completar el mandato en curso hasta finales del 2026″, expresó.

El pronunciamiento también señala que los partidos y movimientos de la oposición trabajarán en un cogobierno con la exlegisladora, en caso de que se logre su elección. También dejaron en claro que las precandidaturas de Johanna Ortega, Agustín Saguier, Soledad Núñez y Álvaro Grau, así como las negociaciones para el 2026, siguen vigentes.

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• Por Nadia Denis (nadia.denis@nacionmedia.com).

El pedido del Poder Ejecutivo para intervenir las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, en proceso en la Cámara de Diputados, generó gran revuelo político y ambos intendentes, y sus respectivos aliados, han salido a defender su gestión, pero, cuáles son los motivos por los cuales se puede solicitar la intervención.

En conversación entre La Nación/Nación Media y el abogado Ricardo Preda, explicó que la existencia de un hecho punible o un indicio del mismo no es el único causal para una intervención; la sospecha de malos manejos administrativos, que no constituyan un delito, también pueden requerir la medida constitucional de la intervención.

“Por ejemplo, si yo utilizo un rubro en otro, es decir, dinero que está para construcciones para pagar salarios de los funcionarios, eso propiamente no es un delito porque no hay un perjuicio patrimonial, pero es una mala administración porque estoy usando incorrectamente los rubros”, detalló.

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Hay un extenso listado de cuestiones que no corresponden a un delito como tal, pero sí habla de una mala gestión del administrador de gastos. Por citar algunos: falta de rendición de cuentas, desorganización en los registros contables y administrativos, inadecuado manejo de bienes patrimoniales, falta de respuesta a requerimientos de órganos de control, entre otros.

“Los defensores de uno de los intendentes, decía que ‘acá no hay perjuicio patrimonial’, yo desconozco porque no profundicé ninguno de los dos casos y no sé si es el caso, pero si una municipalidad paga todo con cheques al portador, eso es una mala administración, no necesariamente es un perjuicio patrimonial porque de por ahí se pagaron deudas que eran reales, pero no está bien que se pague de esa manera porque eso es poco transparente”, sostuvo.

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La intervención es una herramienta que está presente en el artículo n.° 165 de la Constitución y que está regulada por la ley n.° 317/1994. En estas normativas, se menciona la atribución de la Contraloría para cursar la solicitud de las intervenciones, mediante el Ministerio del Interior (Poder Ejecutivo), así como de las Juntas Municipales.

La Cámara de Diputados conformó dos comisiones especiales para investigar los motivos del pedido de intervención y que deberán emitir un dictamen en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su instalación. Posteriormente, el pleno deberá tratar este punto y definir si presta el acuerdo al Poder Ejecutivo para intervenir la municipalidad.

En caso de aprobarse la intervención, el Ejecutivo deberá designar a un interventor que tiene un plazo de 90 días, con posibilidad de prórroga, y deberá realizar una auditoría administrativa, financiera y legal de la gestión del intendente suspendido. Finalizado este trabajo, deberá remitir un informe recomendando la restitución o destitución del intendente

¿Pero, si el intendente renuncia, sigue en pie la intervención? No, si la renuncia presentada por el jefe comunal es aceptada por la Junta Municipal, la intervención queda sin efecto, no obstante, si existen presunciones de hechos punibles, el Ministerio Público tiene atribuciones para investigar.

“El hecho de que se le destituya o renuncie no cambia en absoluto de que el Ministerio Público va a estar obligado a perseguir esos delitos. Desde el punto de vista de los malos manejos que no constituyan hechos punibles que generan algún tipo de responsabilidad, igual la Municipalidad va a poder reclamar a esa autoridad que hizo incorrectamente, hay acciones civiles establecidas si hay algún perjuicio causado por el administrador, pero que no constituya hechos punibles”, puntualizó Preda a LN.

La diputada Rocío Abed, líder de la bancada oficialista de la Cámara de Diputados, remarcó que los problemas del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, son con la justicia, después que éste publicara en redes una amenaza de visitar el domicilio de la legisladora con una manifestación. “Ahí vamos estar esperando el resultado de las votaciones”, expresó el cuestionado jefe comunal.

“Lo que pretende es amedrentar, intimidar y desviar la atención de lo verdaderamente importante: las graves denuncias de corrupción que pesan sobre su gestión. Pero los problemas de Miguel Prieto son con la Justicia, no conmigo, ni con mi familia”, expresó Abed en comunicación con La Nación/Nación Media.

Asimismo, señaló que resulta sumamente peligroso que se pretenda influir en el sentido de la votación de un legislador promoviendo manifestaciones frente a su domicilio. “Esto debe ser considerado por la cámara como una afrenta, no solo a uno de sus integrantes, sino al órgano como tal”, acotó la parlamentaria.

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“Es por eso, que muchas veces callé, para evitar entrar en este tipo de situaciones peligrosas, realmente no por cobardía, si por un cierto temor, porque sé cómo actúa y porque tengo una familia a la que quiero proteger”, señaló Abed.

A pesar de ello, comentó que ya no puede callar ante las barbaridades que se están denunciando. “Muchas veces vemos que no llegan las informaciones a la capital, y nos cansamos de escuchar a sus defensores mintiendo a la ciudadanía desde sus bancas”, lamentó.

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La diputada manifestó que Prieto debe explicar las 49 denuncias en su contra, “pero ahora ya no se burla como hizo con la 40, cuando hasta compró torta”, recordó. “La gente ya no es tonta y entonces, empieza a sacar su otra faceta, la de la violencia, la de la coacción, la de la amenaza y quién sabe qué otras cosas más”.

Insistió en que las denuncias hacia Prieto son hechas por gente de su entorno, que lo llevó a la intendencia, que trabajó políticamente para él y que trabajó en su administración.

“Algunos se retiraron al ver su verdadera faceta, corrupta, dictatorial, soberbia, a veces hasta violenta. Pregunten en Ciudad del Este, los que le denuncian no tienen ninguna relación, es más, son grupos antagónicos políticamente al nuestro, no tienen ninguna relación con nosotros”, dijo.

“Seguiré siendo la voz de la gente cansada de sus tropelías, pero obviamente, esto me tambalea porque cuando meten a mi familia, a mi hija, a mi mamá, cuando se meten con aquello que es lo más sagrado que tenemos, allí hay un límite que el mismo está queriendo cruzar y eso es muy peligroso”, concluyó.

El fiscal Óscar Fernández ordenó la detención de varias personas luego de que las mismas hayan sido reconocidas a través de un video de circuito cerrado, viralizado en redes, en el que se los observa amedrentando y prohibiendo la entrada al punto turístico conocido como Salto Cristal, ubicado en el distrito de Borja, departamento de Guairá.

La orden de detención por la supuesta comisión de hecho punible de perturbación a la paz pública y perjuicio de reservas naturales fue librada en contra de Roberto Ramón Bravo Galeano, Olga Concepción Duarte, Óscar Soilán Bravo, Felipe Santiago Morel, Julio César González y Arnulfo González Cañiza, todos mayores de edad y radicados en la zona Isla Alta, en la localidad de Borja.

El altercado denunciado quedó registrado en un video difundido en redes sociales por el doctor Raúl Ramírez. En las imágenes proporcionadas por este último se puede observar cómo estas personas habrían alteado incluso con armas a un grupo de turistas que buscaban ingresar al salto.

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El Salto Cristal es un sitio frecuentado como zona recreativa, donde turistas y locales suelen tomar fotografías y refrescarse. Sin embargo, recientes hechos han generado preocupación. Aparentemente, el conflicto se generó porque una persona identificada como Roberto Bravo dice que el arroyo forma parte de su propiedad y niega el ingreso a las personas.

Por su parte, el señor Jorge Zárate conversó con un medio local y aseguró que tiene todos los documentos que lo acreditan como propietario de una de las propiedades lindantes al arroyo. Además, denunció que Roberto Bravo ocupó su propiedad por medio de un georeferenciamiento falsificado.

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