El proyecto de ley de contrato de préstamo de hasta USD 101.606.009,02 para la compra, por la vía de la excepción, de seis aviones Súper Tucano, que serán utilizados por las Fuerzas Aéreas para el control del espacio aéreo paraguayo, principalmente en la lucha contra el crimen organizado y el combate contra el narcotráfico, cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, y debe ser tratado en la Cámara Baja para seguir con el trámite legislativo.

Al respecto, el diputado Hugo Meza indicó que es un proyecto muy importante, teniendo en cuenta que se trata de una inversión postergada por mucho tiempo para dar las herramientas necesarias a las Fuerzas Armadas, en el marco de la protección y el control para el país.

“Hay que entender que nuestro país hace un buen tiempo no viene invirtiendo o no invierte, una nula inversión en lo que es tecnología y equipamiento para nuestras Fuerzas Armadas, y muchas veces nos quejamos cuando decimos que tenemos una frontera vulnerable, o ni siquiera tenemos radares, ni aviones, ni nada”, dijo en conversación para La Nación/Nación Media.

Bajo esta argumentación, el legislador sostuvo que existe “conciencia” en sus colegas para la aprobación de este contrato de préstamo. “Es demasiado importante para combatir muchos males, el crimen organizado, el narcotráfico, la defensa misma de nuestro país, entonces yo siento que hay una conciencia de poder acompañar este proyecto del Poder Ejecutivo en esta compra”, expresó.

Desde la Secretaría de la Cámara de Diputados, confirmaron para La Nación que el proyecto ya fue remitido el martes de esta semana por la Cámara de Senadores. Con el ingreso a Diputados se deberá girar a las comisiones asesoras para el estudio y elaborar un dictamen, para que finalmente pueda ser tratado por el pleno.

En este sentido, el diputado Meza, indicó también que probablemente el propio ministro de Defensa Nacional, Óscar González, estaría realizando el lobby correspondiente para tener el apoyo de los legisladores para la sanción de este proyecto.

“Seguramente a la vuelta de Semana Santa estaría haciendo lobby en la Cámara de Diputados para que las comisiones puedan dictaminar e inmediatamente llevar al pleno para poder decidir, en nuestro caso seguramente acompañar y darle la aprobación en la Cámara de Diputados, que pase al Poder Ejecutivo y sin más trámite poder avanzar sobre esa compra tan importante, y necesaria para la Fuerza Aérea de nuestro país”, sentenció el diputado.

Se trata del proyecto “que aprueba el contrato de préstamo N° 24.2.0312.1 por un monto de hasta ciento un millones seiscientos seis mil nueve dólares con dos centavos (USD 101.606.009,02) suscrito entre la República del Paraguay y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de la República Federativa de Brasil”

Este contrato se firmó el 19 de noviembre de 2024 para el financiamiento del Proyecto ‘Adquisición de medios aéreos (aviones) con capacidad tecnológica “para la defensa del espacio aéreo nacional y el apoyo a la lucha contra el narcoterrorismo’, que estará a cargo del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), y amplía el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024, aprobado por Ley N° 7228 del 29/12/2023″, indica el documento.

De acuerdo con las declaraciones del ministro de Defensa Nacional, Óscar González, los aviones Súper Tucano deben llegar al país en junio de este año. Mientras tanto, se aguarda la sanción del Congreso y la promulgación del Poder Ejecutivo para concretar esta compra.

Con el fin de introducir modificaciones al actual régimen de financiamiento de las campañas políticas, mejorar los mecanismos de control y simplificar los procedimientos para partidos, movimientos internos y candidatos, un grupo de diputados presentó el proyecto de ley que modifica varios artículos del Código Electoral.

Los diputados Raúl Latorre, Miguel Del Puerto, Rocío Abed, Daniel Centurión y Hugo Meza presentaron el proyecto “que modifica los artículos 64 inciso a), 66 y 278 inciso b) de la Ley Nº 834/1996, ‘Que establece el Código Electoral’, modificado por las leyes Nros. 4743/2012 y 6167/2018”.

El documento argumenta que existe “una preocupación por la transparencia en el uso de fondos durante los procesos electorales y a las dificultades operativas que han enfrentado las nucleaciones políticas a raíz de la normativa vigente”.

Se menciona también que los controles establecidos en la ley actual, resultan excesivos, complejos o pocos accesibles para las agrupaciones políticas, principalmente en las elecciones.

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Entre las modificaciones planteadas se encuentra el reconocimiento anticipado de los movimientos políticos, ya que la ley actual no contempla un proceso previo de reconocimiento de los movimientos internos antes de la inscripción de candidaturas, y con el cambio se establece formalizar esta etapa, permitiendo a los movimientos gestionar de manera anticipada su identificador tributario y cuenta bancaria.

La digitalización de declaraciones propone que tanto la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC), como la Declaración de Intereses Económicos Vinculados (DIEV) se presenten únicamente en formato digital ante los organismos de control, reduciendo el uso de papel y facilitando su análisis.

En otro punto se plantea la presentación individual por candidato, que a diferencia del esquema actual, en el que los movimientos presentan declaraciones de forma general, la modificación exige que cada candidato presente su propia DIGC y DIEV, incluso detallando su participación en sociedades o inversiones económicas.

Igualmente, se incluye mayor transparencia y fiscalización, previendo la publicación obligatoria en un plazo de diez días hábiles de todas las declaraciones e informes recibidos en el portal del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

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En cuanto a las sanciones, se establece más severidad “en caso de comprobarse la falsedad en la declaración de ingresos, el proyecto contempla la suspensión de la participación del candidato por diez años en cualquier tipo de elección, una medida que no figura en la normativa vigente”.

Son varias las modificaciones que plantea este documento que ya se encuentra en la Cámara de Diputados para ser analizado, primeramente por las comisiones asesoras y posteriormente ante el pleno.

El proyecto de ley que declara en situación de emergencia a los departamentos de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, cuenta con el dictamen a favor de su aprobación de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros de la Cámara de Diputados. Además de la declaración de emergencia, también se amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2025, a fin de dar la asistencia correspondiente a las comunidades del Chaco afectadas por las lluvias.

Esta iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, el pasado jueves se incluyó en el orden del día de Diputados, fue debatido y tuvo una mayoría a favor, sin embargo, al momento de la votación la sesión extraordinaria quedó sin quórum por lo que el proyecto no pudo ser sancionado.

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El documento podrá ser analizado recién después de la Semana Santa, ya que en estas fechas no se realizará la sesión ordinaria de los días martes, y se aguarda que al momento de ser tratado ya quede sancionado y pase al Poder Ejecutivo.

“Estos eventos climatológicos han causado daños económicos y sociales significativos; y han impactado severamente en las familias y comunidades indígenas, especialmente, según refieren los impulsores de la normativa. Entre los principales aspectos impactados se menciona la infraestructura vial; el comercio; la agricultura; la ganadería; así como otros rubros productivos”, refiere la mención de la Cámara Baja.

De sancionarse la declaración de emergencia, con el respaldo de ambas Cámaras del Congreso Nacional, dentro del marco de la Ley N° 2.615/2005, se podrá coordinar de manera eficiente y rápida las acciones necesarias para mitigar la situación descrita, según informó el organismo asesor.

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El proyecto de ley que plantea cambios a la ley n.° 7.447 que regula el costo del impuesto de la patente vehicular, la cual establece la nueva fórmula por la que deberán regirse las municipalidades, ya cuenta con la sanción del Congreso nacional, y se encuentra en instancias del Poder Legislativo. Al respecto, el diputado Hugo Meza, sostuvo que lo más probable es que esta nueva normativa sea promulgada.

“Creo que no habría problema, porque hay un consenso con los intendentes, la Opaci y la Agencia Nacional de Tránsito, y una conversación permanente que hemos tenido para unificar los precios de los patentes”, indicó en entrevista a La Nación/Nación Media.

Así también, refirió que el Congreso y otras instancias como la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), los intendentes y la Agencia Nacional de tránsito trabajaron en conjunto para la elaboración de una nueva ley previsible.

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“Se han unificado los precios para abajo, lo que hicimos es hacer una ley previsible, enfocada en los precios para poder darle de alguna manera alivio económico en lo que se refiere los montos de la ley aprobada anteriormente, y esto viene a corregir eso, pero en puridad, eso saltó porque la anterior ley, la derogada, nadie cumplía”, refirió.

Mientras tanto, explicó que la normativa vigente fracasó “por lo excesivo de los costos”, pero en la ley en sí hay un acuerdo general de una necesidad de unificar los precios, para evitar la migración de contribuyentes y la competencia desleal de los municipios, especialmente de tercera categoría, en todo el territorio nacional.

“Lo más importante es que esta ley prevé, por primera vez, un Registro Nacional de Habilitaciones atendiendo que este documento era tierra de nadie en nuestro país, absolutamente no había nada en relación con las habilitaciones y era una discrecionalidad de las municipalidades en poder otorgar este documento tan importante que es la habilitación de los rodados”, aseveró.

Aseguró que la ley anterior, derogada por la normativa actual, no se cumplía en ningún municipio. “Había una competencia desleal entre todos, entonces al ni haber un marco jurídico cumplible, y por lo general alguien que le puede estar monitoreando, en este caso le hemos dado la potestad absoluta a la Agencia Nacional de Tránsito de poder controlarle a las municipalidades si están cumpliendo los parámetros en relación a la fijación de precios de las patentes de rodados”, sentenció.

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