El presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, respondió a las críticas del cardenal Cristóbal López a las autoridades del Gobierno y le pidió una oportunidad para escuchar también al oficialismo y no sólo a la oposición. El legislador dijo que no se puede desconocer las grandes inversiones del Gobierno en áreas sociales.

“Escuché las expresiones del cardenal, veo como algo positivo que haya escuchado a un sector, quisiera que nos dé la oportunidad para escuchar a otro sector, que somos nosotros. Los que estamos en el Gobierno”, enfatizó el parlamentario.

Núñez dijo que no se puede desconocer que el actual gobierno, encabezado por el presidente Santiago Peña, está haciendo una lucha frontal contra el crimen organizado. Además de realizar grandes inversiones en el área de la salud pública, seguridad y educación.

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En una entrevista, el cardenal Cristóbal López había manifestado que cada vez se hace más evidente la connivencia de ciertos sectores del poder político con el Poder Judicial y personas vinculadas a la mafia. “Eso me duele en el alma”, indicó el representante de la Iglesia Católica.

“Le digo al cardenal, con mucho respeto, que en este gobierno se recuperaron las cárceles por el Ministerio correspondiente, en este gobierno tenemos 15.000 policías nuevos, tenemos 1.000.000 de niños que están almorzando, ese es un sector social que estaba desprotegido, se da apoyo al sector de Adultos Mayores, se bajó nueve veces el combustible, entonces falta que nos escuche”, señaló el titular del Congreso.

No obstante, Núñez admitió que aún falta realizar muchas cosas en áreas sensibles de la sociedad. Aunque al mismo tiempo resaltó que el presidente Santiago Peña no recibió el Estado en óptimas condiciones por parte de la pasada administración del Gobierno, que fue dirigida por el expresidente Mario Abdo Benítez.

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En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados se abordó el proyecto de ley que establece el horario oficial en la República del Paraguay y deroga la ley nº 7.354/24. Esta iniciativa tiene por intención dejar sin vigencia el horario único adoptado en nuestro país, sin embargo, los legisladores optaron por postergar su estudio de manera indefinida.

“Es un proyecto que generó y sigue generando mucho debate en torno a su implicancia y tenemos dictamen solamente de una Comisión, por lo que solicito el aplazamiento sine die para que podamos tener el dictamen de las diferentes comisiones y poder llegar a un consenso en el pleno sobre este tema”, expresó el diputado Miguel Del Puerto.

La propuesta legislativa está pendiente de tener dictamen por parte de siete comisiones en total, por lo que el parlamentario consideró prudente otorgar el suficiente tiempo para que el proyecto pueda ser analizado en profundidad por sus colegas. Por su parte, el diputado y proyectista, Edgar Olmedo, recomendó el aplazamiento por un plazo de 15 días, pero la moción no prosperó.

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“Más allá del tratamiento de este proyecto, lo que también se tendría que ver es el horario escalonado, una cosa no va sin la otra, tanto si rechazamos o aprobamos, lo que hay que hacer es un tratamiento integral”, expresó por su parte la diputada Rocío Vallejo, quien indicó que este es un tema que ya no debe ser postergado.

De acuerdo a lo que establece la iniciativa, consideran viable retornar al “doble horario estacional” y argumentan que la población ya acostumbraba a este sistema tras largos años de vigencia. “Permite una mejor adecuación de la jornada diaria a las condiciones naturales de luz y temperatura, beneficiando tanto a la población urbana como rural, al tiempo de promover una mayor eficiencia energética y calidad de vida”, según se menciona en el documento.

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La Comisión Transitoria para Investigación de Lavado de Activos y Delitos Contra el Patrimonio, presidida por el senador liberal Dionisio Amarilla, entregó este lunes a la Presidencia de la Cámara Alta su informe final.

“Hemos cumplido con la misión. Nosotros habíamos trazado los ejes de investigación, el primero guardaba relación con el financiamiento político, la Justicia Electoral había accedido a datos sobre fondos que fueron a los partidos y candidatos políticos desde las oenegés. La otra guardaba relación con el lavado de activos a través del tráfico de armas y el sistema financiero. Con esto confirmamos que el Congreso tiene un rol relevante en efectuar la tarea de control“, comentó Amarilla en una entrevista con los medios de comunicación.

Agregó que el informe final también emite una serie de recomendaciones para diversas instituciones como la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Contraloría General de la República (CGR), la Fiscalía entre otros. “Son recomendaciones de mejoras de gestión, no está en nuestro ánimo interferir en los trabajos que hacen estas instituciones que tienen su carta orgánica, autoridades, lógica y dinámica de acción, pero hay cuestiones que se pueden mejorar”, dijo.

Entre los puntos más resaltantes discutidos fue la necesidad de establecer un control riguroso sobre los fondos manejados por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), tanto los recibidos del interior como del exterior, teniendo en cuenta las sospechas de que los recursos terminaron siendo utilizados para costear campañas políticas.

Durante el proceso de las indagaciones algunas de las organizaciones sin fines de lucro se negaron a contestar a la comisión sobre el uso que le dieron al dinero público. De un total de 12.000 organizaciones sin fines de lucro, apenas 6.000 tienen sus documentos en regla, según se reveló.

Durante su vigencia, la comisión también se interiorizó sobre el contrato de fideicomiso firmado entre la previsional y el Banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo por valor de G. 828.000 millones, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. La millonaria suma debió ser utilizada exclusivamente para obras: la terminación de Hos­pital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hema­to-Oncológico, sin embargo, las mismas no están y el dinero se esfumó.

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Mediante una consultoría externa impulsada por la actual administración del IPS se detectaron desvíos en la utilización de los fondos para obras no previstas dentro del contrato, incumplimiento de cláusulas contractuales, descalce financiero debido a obras no contempladas inicialmente y la firma de certificados de obras por funcionarios no autorizados.

Entre los grandes temas que fueron indagados por la comisión se encuentran las denuncias impulsadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que pudieran afectar a bancos y financieras por posibles hechos punibles de lavado de activos. Respecto a este caso, también estuvo en la mira la citada entidad bancaria.

Esto teniendo en cuenta la existencia de causas judiciales abiertas por presunto lavado de dinero que involucra al banco Atlas y al fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.

El Banco Atlas acordó con Leoz la constitución de millonarios fideicomisos cuando ya existía sobre el dirigente una orden de captura internacional con fines de extradición, emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por lavado de activos entre otros delitos. Desde la Conmebol refieren que la entidad bancaria no activó las debidas diligencias establecidas por las normas vigentes para el combate al lavado de dinero.

También el bloque bicameral se interiorizó sobre el intento de despojo de la estancia Cielo Azul, por parte del Grupo Zuccolillo. La propiedad perteneciente al narco brasileño Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, se encuentra localizada en el distrito de Paso Barreto, departamento de Concepción, cuenta con 5.945 hectáreas y está valuada en USD 18 millones.

También fue objeto de estudio el caso del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista. El dirigente político de Amambay, sindicado de mantener vínculos con el narcotráfico había asegurado que aportó USD 1 millón para costear la campaña política del movimiento Fuerza Repu­blicana, del exmandatario Mario Abdo Benítez.

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El senador Dionisio Amarilla instó a sus correligionarios a abandonar la “mezquindad” política y abrir un diálogo con el Gobierno y el Partido Colorado, con la finalidad de construir consensos en base a una agenda país. El requerimiento surge en la víspera de los 138 años de fundación del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que se celebrará mañana jueves 10 de julio.

“El PLRA debe instalar el diálogo con el partido que está en función de gobierno de manera coyuntural, construir consensos, mirando hacia el futuro y enarbolando en primer lugar la bandera paraguaya, después los intereses mezquinos que llevaron a nuestro partido a la banca rota”, dijo.

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El legislador acotó: “El tiempo se ocupará de aquellos que han tenido actitudes miserables, que removieron de espacios simbólicos a las personas que dieron mucho por el partido por el solo hecho de pedir transparencia al interior del partido. Si revisamos bien las finanzas del PLRA encontraremos que siguen las demandas”.

Las afirmaciones de Amarilla surgieron tras ratificar su intención de pujar por la presidencia de la nucleación política. “Voy a buscar reorganizar al partido, bajar las líneas de acción”, manifestó durante su intervención en la sesión ordinaria de la Cámara Alta.

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