El diputado Esteban Samaniego y su esposa Patricia Corvalán fueron imputados por el Ministerio Público por la supuesta comisión de los hechos punibles de administración en provecho propio y asociación criminal. El fiscal Silvio Corbeta se encuentra a cargo del caso, y también imputó a otras 21 personas en el marco de la causa.
De acuerdo con los informes del Ministerio Público, los supuestos hechos ilícitos se habrían cometido entre los años 2011 y 2017, periodo que duró la gestión del ahora diputado como intendente de la ciudad de Quyquyhó, departamento de Paraguarí.
En esta causa se menciona que Samaniego “se valió de su cargo como intendente para beneficiarse en forma indebida, ya que era administrador de gastos” y accedía a fondos depositados en el Banco Nacional de Fomento (BNF), llegando a la suma de G. 338.595.000.
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Mientras tanto su esposa, Patricia Corvalán, actual intendenta de Quyquyhó, habría cobrado unos G. 117.500.000 que debieron ser destinados para fines sociales. También algunos familiares cobraban cheques y terminaron imputados.
“Samaniego como lord mayor de la citada ciudad ordenó el pago directo a su favor, de sus familiares y terceros allegados para su beneficio. Igualmente habría favorecido en forma indebida a un esquema de empresas y personas jurídicas funcionales a él con adjudicaciones sistemática”, refiere el informe de la Fiscalía.
El fiscal Corbeta solicitó al Juzgado de Delitos Económicos la comunicación de la causa y el desafuero del legislador a fin de ser sometido al proceso judicial y solicitó que se ordene el bloqueo de las cuestas bancarias de todos los imputados. Además, estableció medidas para que los mismos sean sometidos a la justicia.
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Procesan a productores por retención ilegal de 2,4 millones de kilos de granos
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Víctor Adolfo Santander, titular de la Unidad Penal 4 de Hernandarias, imputó a dos productores, uno brasileño y otro paraguayo, por haber fraguado, presuntamente un contrato privado para quedarse con 773.500 kilos de soja y 1.657.500 kilos de maíz (2.431.000 kilos).
Se trata de Doacir Bianchet (63) y Gervacio Galeano Coronel (45), procesados por la supuesta comisión del hecho punible contra la prueba documental (producción mediata de documentos públicos de contenido falso). La imputación fue presentada ayer lunes 14 de julio de 2025, a las 10:00.
No obstante, a las 12:55, la defensa de los procesados recusó al representante del Ministerio Público. De acuerdo a la denuncia y la investigación fiscal preliminar, ambos procesados habrían simulado un contrato de arrendamiento de inmuebles rurales con financiamiento de siembra, suscrito ante la escribana Gladys Beatriz Chaparro de Arenhs, en fecha 15 de enero de 2025.
En el documento, el señor Doacir Bianchet, en su carácter de representante de la firma Agrofort Agropecuaria S.A., de la cual es propietario, habría alquilado tres fracciones de terreno ubicados en el distrito de Itakyry (Fracción C1, padrón 5708; Fracción C2, padrón 5709, y Fracción C3, padrón 5710), a favor del coimputado Gervacio Galeano Coronel, por un plazo de dos años.
Sin embargo, desde el año 2022 los citados inmuebles se encontraban en posesión efectiva de la firma A.N.R. S.A., conforme a un contrato de arrendamiento suscrito con Inversiones Agrícolas S.A. en fecha 14 de septiembre de 2022. El contrato seguía vigente y la empresa afectada continuaba abonando el alquiler correspondiente.
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Inicio de juicio contra empresa
A pesar de esa situación, el 18 de enero de 2025, el señor Bianchet, en nombre de Agrofort Agropecuaria S.A., inició un juicio contra A.N.R. S.A. sobre ejecución para que entregue la posesión del inmueble.
El 27 de mayo de 2025, la firma Agrofort presentó otra demanda, esta vez contra el señor Galeano Coronel, solicitando el embargo preventivo de los cultivos de soja y maíz supuestamente sembrados por este en los inmuebles mencionados.
La acción civil, tramitada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Presidente Franco, a cargo de la jueza Cynthia Pineda Morel, dio lugar a una resolución el 30 de mayo de 2025, mediante la cual se concedió la medida cautelar de intervención judicial sobre 773.500 kilos de soja y 1.657.500 kilos de maíz, designando como interventora a la firma Agrofort, con facultades para contratar personal y realizar la cosecha.
Asimismo, se decretó el embargo preventivo y secuestro de los granos, que fueron entregados a Agrofort en calidad de depositario judicial en fecha 31 de mayo de 2025, durante un procedimiento llevado a cabo por el oficial de Justicia Mario Peralta.
A raíz de estos hechos, el representante legal de A.N.R. S.A. presentó ante el Ministerio Público documentos que acreditan que la empresa tenía la posesión legal y pacífica de los inmuebles desde 2022, realizando actividades agrícolas bajo un contrato de arrendamiento.
Compra de tierras
Tras la compra de las tierras por Agrofort a Inversiones Agrícolas S.A. el 15 de febrero de 2024, mediante escritura pública otorgada ante la escribanía de Dilson Gilmar Fulber en San Alberto, Agrofort asumió dicho contrato.
En ese contrato de compraventa se dejó expresa constancia de que la posesión directa no sería exigible a la vendedora, y que la compradora (Agrofort) asumía la responsabilidad de gestionar la desocupación ante eventuales ocupantes.
No obstante, en lugar de accionar contra A.N.R. S.A. por vía ordinaria, Agrofort celebró un nuevo contrato ficticio con el señor Galeano Coronel y utilizó ese documento como sustento para iniciar una segunda demanda de ejecución.
De esta forma, la Fiscalía presume que los imputados habrían intentado dar apariencia de legalidad a una relación contractual inexistente, con la finalidad de despojar de forma irregular a A.N.R. S.A. de los cultivos sembrados legítimamente en los terrenos.
Ante esto, el fiscal Santander decidió imputar a los presuntos responsables por la producción mediata de documentos públicos de contenido falso.
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Triple feminicidio: víctima presentaba “cortes en el cuello, un tajo profundo”, revela fiscal
La fiscal Alicia Fernández, que investiga el triple feminicidio en la zona de Capiatá, dio detalles de la autopsia de las tres personas y esta mañana tomará la declaración indagatoria al procesado.
“Él va a declarar en lo que va de la mañana y aunque se declare de la forma que se declare, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar y de sostener cualquiera sea la manifestación de él”, señaló a la 1080 AM.
En el caso de la niña, se encontraron signos donde no es definitivo, pero hay sospechas de un “abuso sexual”. “Entonces, yo estoy obligada a abrir una investigación en ese sentido, para ver exactamente qué es lo que pasó. Y cuál es la situación real, si hubo un abuso o si son circunstancias de la anatomía simplemente del cuerpo”, expresó.
También se refirió al caso de la expareja del acusado, quien presentó un tajo profundo en el cuello y heridas en las piernas.
“Nosotros recuperamos objetos, armas blancas que estaban en la escena del crimen y parecían estar con sangre. Tanto así que en el caso de la mujer de 36 años, Ana Liz, tenía las heridas que le produjeron el traumatismo de cráneo encefálico con hemorragia en la base del cráneo, que es la causa de muerte”, relató.
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Según manifestó, de las tres víctimas, la expareja del presunto feminicida fue la que tuvo desprendimiento de masa encefálica.
“Entonces, por la forma y por el modo de las heridas, al parecer el martillo que nosotros incautamos en la escena del crimen es el que se utilizó para producirle las heridas a Ana Liz. Y también ella tenía un corte en el cuello, un tajo que iba de izquierda a derecha bastante profundo, y otro en la pierna, que también demuestra de alguna manera que hubo otra arma”, detalló.
Es difícil determinar la secuencia del crimen, pero se estableció como tiempo de la muerte entre 14 y 18 horas, conforme expresó. La agente del Ministerio Público adelantó que es inevitable el juicio oral y público, por la expectativa de pena prevista en la ley.
Expectativa de pena de cárcel
“Lastimosamente, en nuestro sistema judicial no se suman las penas, pero sí es una pena bastante alta que va de 10 a 30 años de pena carcelaria más medidas de seguridad”, remarcó.
Extraoficialmente, se sabe que el autor confeso del triple crimen es adicto, aunque no se tiene un estudio farmacológico. Sobre el punto, la fiscal informó que pidió como anticipo jurisdiccional de prueba la extracción de líquidos y cabello, para someterlos a estudios. “A partir de ahí vamos a tener información más certera”, mencionó.
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Avioneta incautada: “No observé ninguna situación de violencia”, afirma fiscal
El fiscal Óscar Fernández sostuvo que con la apertura de la caja fuerte se podrá decidir el futuro de los pilotos de la aeronave incautada en la ciudad de Quyquyhó. Adelantó que no observó ninguna situación de violencia en ellos, pese a que habían denunciado ser víctimas de un supuesto secuestro.
“Este es un hecho que aconteció el día sábado en el horario de la mañana, donde la avioneta fue contratada a los efectos de transportar una caja fuerte al departamento de Canindeyú, donde debía haberse realizado la entrega”, relató al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
“Yo ordené la detención de los mismos porque conforme a sus manifestaciones el tema del secuestro, yo accedí a una filmación que obtuvieron los oficiales que están a cargo de la investigación. Y realmente yo no observé ninguna situación de violencia o fuerza, o atraco relacionado así a un tipo de secuestro. O sea, esa imagen no me coincide con la declaración de los pilotos”, remarcó.
El agente del Ministerio Público indicó que llegando al lugar el piloto y el copiloto descendieron de la aeronave y supuestamente fueron secuestrados por cuatro personas de nacionalidad brasileña.
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“Dos de ellas suben en el avión y dos de ellas quedan en el vehículo que posteriormente fue abandonado e incinerado”, describió. Siguió contando que una vez en el aire ambos fueron obligados a dirigirse a Bolivia, pero por el camino el piloto alertó que iba a quedar sin combustible.
Entonces, se dirigen hacia Concepción donde quisieron descender y el piloto nuevamente advirtió que hay un destacamento militar por lo que iba a ser imposible cumplir la orden de aterrizaje en ese sitio.
“Entonces vuelven a la ciudad de Paraguarí donde descienden en la parte de Quyquyhó (María Antonia) en una estancia. Cuando ellos bajan, vecinos alertan a la Policía de la zona a los efectos de que puedan proceder y se constituye en el lugar”, subrayó.
Supuestamente en el lugar, los pilotos fueron llevados hacia una zona boscosa y sus captores huyeron, conforme declararon los afectados.
Varias hipótesis
Así también, el agente fiscal Fernández indicó que hay varias hipótesis en torno a la caja fuerte incautada y que debe ser revisada con autorización judicial. Se sospecha que podría contener cocaína o dinero en efectivo, o lingotes de oro. La apertura debe ser autorizada por la juez penal de garantías de Quiindy.
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Fiscalía verificará misteriosa caja fuerte que transportaba avión incautado en Quyquyhó
El fiscal Óscar Fernández dio detalles de las investigaciones en torno a la avioneta incautada el día de ayer sábado en la ciudad de Quyquyhó y la misteriosa caja fuerte que transportaba. Llamó la atención las versiones dadas por los pilotos que alegaron que fueron secuestrados.
“Se comunica a las Fiscalía aproximadamente a las 17:00 horas y posteriormente nos constituimos en el lugar a los efectos de verificar el hecho. Y encontramos una avioneta en una compañía de Quyquyhó y estaban dos pilotos que manifestaron que salieron el aeropuerto Silvio Pettirossi con destino a Canindeyú, donde tenían que encontrarse con algunas personas. Al aterrizar ellos manifiestan que fueron secuestrados”, señaló a las 1080 AM.
Dijo que los pilotos declararon que fueron obligados a dirigirse hacia Bolivia, pero cuando indicaron a los secuestradores que no podrían llegar, tuvieron que hacer un aterrizaje en la ciudad de Quyquyhó.
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“Supuestamente ellos fueron maniatados, fueron llevados a una zona boscosa. Y a través de informaciones que pudieron brindar los vecinos, los policías se apersonaron y estas personas que tenían tono brasileño, huyeron. Y dejaron varias evidencias”, manifestó.
El agente afirmó que encontró “inconsistencias en la declaración de los pilotos”, por lo que se ordenó la detención, así como la incautación del avión y la caja fuerte. “Vamos a ver si en el trascurso de mañana podemos conseguir la autorización judicial a los efectos de verificar cuál es el contenido de la caja fuerte”, puntualizó.
El fiscal comentó que los pilotos mencionaron que se manejaban por intermediarios. “Hay unas empresas que fueron contratadas a los efectos de transportar esta caja fuerte. Pero ellos no sabían quiénes eran las personas, todo se manejó por intermediarios. Cuando fueron al lugar tampoco sabían quiénes eran las personas que tenían que recibir y ahí supuestamente fueron secuestrados. Ese es el testimonio de los pilotos”, acotó.