El procurador general de la República, Marco Aurelio González, propuesto para el Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) por parte de la Presidencia de la República, resaltó la independencia técnica de la banca matriz y sostuvo que su éxito radica en una inflación y una devaluación controlada.

González, quien fue nominado para integrar el Directorio del BCP y cuya confirmación depende del Senado, destacó que la institución ejerce sus funciones con autonomía y con rigor técnico, lo que se traduce en niveles de inflación controlados y una moneda con leve devaluación.

“El Banco Central es un órgano constitucional autónomo, tiene independencia técnica. A los efectos de la estabilidad de la moneda tiene mucha más relevancia el BCP, algo muy importante a nivel país para la economía”, dijo este viernes a la 1020 AM.

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Sobre su nominación, explicó que fue convocado por el presidente de la República tras recomendaciones del titular del BCP, Carlos Carvallo, quien sugirió la integración de un abogado en el Directorio de la banca matriz.

“Me comentó el presidente de la República que el presidente del BCP hace tiempo le pide un abogado en el Directorio, como era costumbre anteriormente y ahora no hay muchos desafíos regulatorios y que ambos confían en mi capacidad, yo soy de ahí, conozco el ambiente y creen que puedo aportar”, expresó.

De recibir luz verde en la Cámara de Senadores, González asumirá formalmente a partir del 15 de agosto, en reemplazo de Humberto Colmán, quien había sido designado durante el gobierno anterior y cuyo mandato vence en la mencionada fecha.

La nominación fue anunciada por el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, quien aseguró que cuenta con el respaldo pleno del Poder Ejecutivo y de las máximas autoridades del BCP.

Durante la conferencia de prensa, el ministro Fernández Valdovinos resaltó el perfil técnico y académico de González, a quien describió como “una gran persona y un gran profesional, principalmente de la casa”, en alusión a su extensa trayectoria en la institución monetaria.

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El presidente de la República, Santiago Peña, nominó al actual procurador general de la República, Marco Aurelio González, como nuevo miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP). La propuesta ya fue remitida al Congreso Nacional, donde deberá ser aprobada por el Senado.

De recibir luz verde en la Cámara de Senadores, asumirá formalmente a partir del 15 de agosto de 2025, en reemplazo de Humberto Colman, quien había sido designado durante el gobierno anterior y cuyo mandato vence en la mencionada fecha.

La nominación fue anunciada por el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, quien aseguró que cuenta con el respaldo pleno del Ejecutivo y de las máximas autoridades del BCP.

Durante la conferencia de prensa, el ministro Fernández Valdovinos resaltó el perfil técnico y académico de González, a quien describió como “una gran persona y un gran profesional, principalmente de la casa”, en alusión a su extensa trayectoria en la institución monetaria.

“Luego de dos años de estupenda labor como procurador general de la República, Marco vuelve a su casa, que es el Banco Central del Paraguay, con todo el apoyo del presidente de la República, del presidente del BCP, del Directorio y de mi persona”, afirmó el titular de la cartera económica.

Por su parte, el presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, valoró la designación y subrayó la experiencia y el conocimiento institucional del propuesto director.

“Para el Banco Central, el doctor Marco Aurelio González es una garantía absoluta. Tiene más de 25 años de experiencia en la institución y ha pasado por casi todos los cargos del área jurídica”, destacó Carvallo.

Carvallo también hizo hincapié en la trayectoria académica de González, acotando que es doctor en Derecho por una universidad extranjera, con tres maestrías en Derecho, profesor universitario y referente académico tanto a nivel nacional como internacional. “Reúne los méritos más que suficientes para ocupar el cargo para el cual fue propuesto”, concluyó.

A su turno, González agradeció la propuesta y expresó el profundo significado que tiene para él volver al BCP. “No puedo contar la historia de mi vida sin el Banco Central. Me permitió formarme, saber quién soy. Volver, si el Senado lo aprueba, es un motivo de orgullo enorme”, expresó.

Valoró el respaldo de las autoridades que avalaron su nominación, en particular el del presidente de la República, el ministro de Economía y el presidente del BCP, a quienes elogió por su integridad moral y su compromiso técnico con el país.

González acotó que seguirá como procurador general de la República hasta que el Senado apruebe su designación, ya que no puede estar en ambos cargos al mismo tiempo, o que el mandatario decida cambiarlo antes del 15 de agosto.

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La gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Vanessa Cubas, destacó que gracias a las primeras reformas impulsadas por la actual administración, se logró alejar ocho años la crisis que era prevista recién para dentro de 18 años. Desde el gobierno de Mario Abdo se ha recurrido al uso de las rentas para el pago de jubilaciones y a la fecha se han destinado G. 1.218 billones para dicho fin.

En conversación con La Nación/Nación Media, Cubas explicó que el informe actuarial publicado en 2021 proyectaba el cruce entre ingresos y egresos del sistema jubilatorio recién para el año 2038. Sin embargo, a raíz de una serie de decisiones y omisiones durante el mandato anterior, ese equilibrio se quebró anticipadamente y la crisis estalló antes de lo previsto.

“En agosto del 2023 nos encontramos con esa situación que se venía arrastrando desde el 2020, en primer lugar transparentamos la información porque esto era un secreto que nunca la administración anterior mencionó, el estado crítico en que se encontraba la caja y siguieron gastando”, cuestionó.

Entre las medidas adoptadas para revertir el déficit, Cubas mencionó la revocación del aumento irregular del haber mínimo jubilatorio del 75 %, aprobado durante el gobierno de Mario Abdo, sin respaldo financiero ni legal claro, lo que representó un gasto de USD 55 millones entre 2020 y 2024.

Al restablecer el valor legal del 33 %, el nuevo Consejo de Administración proyecta un ahorro de USD 30 millones en cinco años y un alejamiento de tres años en el horizonte actuarial de la crisis. A esto se debe sumar otra acción clave, la aprobación de una ley que modifica el cálculo de jubilaciones.

Mediante esta normativa se extendió el período de referencia de tres a diez años, lo que genera mayor equidad en relación con los aportes reales de los trabajadores. Esta normativa, impulsada por el Poder Ejecutivo y en vigor desde enero de 2025, va a permitir al IPS incorporar al IPS USD 80 millones adicionales que antes se transferían al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud. Solo esta medida aleja cinco años más el horizonte actuarial. Con ambas medidas se ha alejado la crisis por ocho años en total.

“La meta es preservar el fondo común para que quienes hoy están aportando puedan acceder a una jubilación en el futuro. No buscamos suspender beneficios, sino encontrar formas responsables de financiarlos. La caja es contributiva y hay que protegerla”, insistió Cubas.

La funcionaria también informó que ya se elevó un proyecto para financiar el beneficio adicional anual, que se paga en noviembre y el cual obliga a la previsional a desembolsar más de USD 100 millones, sin que aproximadamente la mitad, tenga un respaldo por contribuciones. Además, se propuso la conformación de una mesa interinstitucional para auditar y actualizar la deuda del Estado con el IPS.

Cubas aclaró que estas acciones son apenas el inicio. “Estamos ante un fenómeno estructural que afecta a todas las cajas de la región y del mundo. La gente vive más tiempo, la natalidad ha caído y eso se traduce en menos aportantes y más jubilados. Hoy tenemos 85.500 jubilados y 800.000 activos, los trabajadores activos van a decrecer y ese es un trabajo complejo que deben enfrentar todas las cajas del país”, advirtió.

El papel crucial de la nueva Ley de Alianza Público Privada (APP) para el fomento de inversiones privadas en infraestructura pública fue resaltado en un conversatorio entre el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, el procurador general de la República, Marco Aurelio González, y el exministro de Hacienda, César Barreto, quienes coincidieron en que esta normativa impulsará proyectos en sectores estratégicos de infraestructura.

La Cámara de Comercio Paraguay Brasil organizó un conversatorio sobre la Ley de APP en el que se deliberó en torno a los desafíos y eventuales ajustes para su implementación. El presidente de la Cámara, Rubén Jacks, explicó que la normativa promulgada en enero de este año busca modernizar la anterior ley para darle mayor agilidad. “Como país tenemos situaciones nuevas como el poco espacio fiscal que ya tiene el país para endeudarse, entonces, más que nunca necesitamos que el sector privado realice obras de infraestructura y realice servicios que el Estado quizá no pueda”, afirmó.

El ministro Fernández Valdovinos resaltó que esta nueva ley es fundamental para el impulso de proyectos en sectores estratégicos como transporte, energía, agua y saneamiento, en un contexto de restricciones fiscales. Mencionó que el financiamiento de estas obras se complementaría con fondos obtenidos por la renegociación de Itaipú, que aportarán USD 650 millones a las arcas del Estado.

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Asimismo, resaltó que obras como la ruta PY02 demuestran la calidad de las obras realizadas bajo la Ley de APP y que se busca replicar ese mismo modelo en proyectos como la ruta PY01, cuya adjudicación señaló que debería definirse en las próximas semanas. El ministro de Economía agregó que se están ajustando los requisitos financieros para la participación de empresas, reduciendo la exigencia de capital mínimo con el fin de promover mayor participación en las licitaciones.

“La cuestión de la APP va a ser fundamental para proveer de infraestructura al país dadas las restricciones fiscales que vamos teniendo. Entonces, es uno de los instrumentos pensados por el Gobierno de manera a seguir mejorando no solo nuestras rutas sino también la transmisión de energía, agua y saneamiento. Complementa muy bien el presupuesto que se tiene cada año dentro del Presupuesto General de Gastos de la Nación y también complementa muy bien los recursos que van a venir después de la renegociación de Itaipú”, destacó.

Por su parte, el exministro de Hacienda, César Barreto, mencionó que el espíritu del mecanismo de las APP es que exista también mayor participación privada en las inversiones en infraestructura, atendiendo a que los recursos son escasos y la reducción en inversión pública en los últimos años en proporción del producto interno bruto (PIB). “Todos aquellos proyectos que puedan generar ingresos vía tarifas, precios o peajes, para financiar por lo menos una parte importante de los proyectos, creo que deberían encararse bajo la Ley de APP. Faltan proyectos y hay que avanzar en esa línea lo más rápido posible”, explicó el economista.

El procurador general de la República, Marco Aurelio González, explicó que la nueva ley establece mecanismos de resolución de controversias para evitar que los proyectos queden estacados por incumplimientos. Detalló que los conflictos se resolverán en primera instancia a través de un arbitraje que ya estará estipulado en los pliegos de bases y condiciones de cada contrato.

Mencionó que si una empresa incumple sus obligaciones, los financistas del proyecto podrán sustituir al contratista, a fin de que las obras no se paralicen. “La finalidad es que el proyecto culmine y avance a pesar de las dificultades y los incumplimientos que se puedan dar en el camino”, precisó.

González señaló que el Estado ofrece garantías tanto para los contratistas como para los inversores, pero que también cuenta con formas de asegurar el cumplimiento de las obras como, por ejemplo, la posibilidad de volver a licitar la obra en caso de que la firma seleccionada no pueda continuar con los trabajos. “La seguridad para el financista es que puede prendar o fideicomitir a su favor los derechos presentes y futuros, incluso del flujo de caja de los contratos públicos-privados de las prestaciones o los derechos que tenga el contratista”, ejemplificó.

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