Las administraciones municipales de Asunción y Ciudad del Este se encuentran en un proceso de definición en la Cámara de Diputados sobre el pedido de intervención remitido por el Poder Ejecutivo. El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) aclaró cuál sería la situación ante la eventual destitución o renuncia de los intendentes Óscar Rodríguez y Miguel Prieto.

“Hay una diferencia en cuanto a la destitución, porque ahí es la Constitución la que establece una nueva elección, pero, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Nosotros no sabemos cuándo va salir la destitución, cuando va a haber la intervención, en cuánto tiempo ese informe de los interventores se va a confirmar en destitución del intendente”, explicó Carlos María Ljubetic, director de Procesos Electorales, este martes en entrevista para la 1020 AM.

A partir de allí, la Justicia Electoral debe ser notificada, para iniciar con el proceso de organización de las elecciones en los siguientes 90 días tras la destitución, en 10 días debe convocar y en los 80 días siguientes deben realizarse los comicios electorales, previamente a internas partidarias. “Es un cronograma muy ajustado y nosotros no sabemos cuándo se va a producir la destitución”, puntualizó el alto funcionario electoral.

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Sin embargo, para Ljubetic este será un proceso innecesario, ya que las elecciones para la renovación de las autoridades municipales se deben realizar en el 2026. “Lo que tenemos es que esta elección se vea prácticamente mezclada con la elección del próximo intendente para los cinco años siguientes. Hay una confusión enorme, un gasto innecesario”, apuntó.

Si se cumplen todos los plazos a cabalidad, los 15 días de las comisiones de intervención para que emitan un dictamen, los 90 días de la intervención donde puede ocurrir la destitución, y los 90 días de plazo para la convocatoria, en diciembre se estarían realizando las elecciones en estos municipios. Mientras tanto, la Justicia Electoral no cuenta con el presupuesto para unas elecciones complementarias.

“Infraestructura puede haber siempre que haya presupuesto, esto no está presupuestado, hay que calcular que, si estas elecciones se hacen en Asunción y Ciudad del Este, estamos hablando de más de 600.000 electores, son las dos ciudades más importantes del país en población. Es muy difícil establecer una utilidad a ese proceso electoral”, refirió Ljubetic.

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En el caso de una renuncia en este proceso, Ljubetic indicó que sería la salida más fácil, ya que no se requiere de ir a unas elecciones. Con la renuncia, la Junta Municipal debe elegir de unos de sus miembros a un nuevo intendente para concluir el periodo de mandato hasta el 2026.

“Si renuncia, no hay elecciones, asume el presidente de la Junta y en el plazo de un mes debe convocar a elección de entre los concejales municipales para elegir a un intendente que complete el mandato”, aclaró.

Finalmente, explicó que “hasta los tres primeros años, si hay renuncia, inhabilidad o muerte, se llama a elecciones, en los dos últimos años de mandato ya no hay elecciones, sino el procedimiento de selección de un intendente por parte de los miembros de la Junta Municipal”, lo que no es el caso, ya que solo queda prácticamente un año de mandato municipal.

El diputado Arturo Urbieta, miembro de la comisión especial de intervención del municipio de Ciudad del Este, afirmó que existen causales suficientes para aprobar la solicitud de indagación a la administración del intendente Miguel Prieto. Agregó que el principal argumento radica en la falta de documentos respaldatorios sobre erogaciones superiores a los G. 42.000 millones.

“Tenemos una decisión tomada y la vamos a defender”, indicó el legislador, este martes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La citada irregularidad señalada por la Contraloría General de la República (CGR) guarda relación con los gastos de capital correspondiente al período 2019-2022. Desde el órgano extrapoder habían indicado que la Ley Orgánica Municipal establece claramente la obligación de los municipios de tener sus documentos contables y sus respaldos al día y de ponerlos a los órganos de control cuando éstos los requieran.

“Nosotros hemos evaluado de manera tranquila el pedido de la Contraloría que presentó documentos respaldatorios de lo que encontraron mediante los trabajos que realizaron en la Municipalidad de Ciudad del Este. A la vez escuchamos el descargo de Miguel Prieto. Nadie nos da órdenes como mencionan desde la oposición”, puntualizó.

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Ayer lunes, la comisión especial emitió dos dictámenes, a favor y en contra del pedido de intervención remitido por el Poder Ejecutivo por solicitud de la Contraloría. El titular del bloque, Alejandro Aguilera, había mencionado que el dictamen a favor fue el que tuvo mayoría.

Ya dependerá de la mesa directiva de la Cámara Baja, presidida por Raúl Latorre, incorporar los dictámenes en el orden del día de las próximas sesiones ordinarias para su estudio en el pleno. Otra de las alternativas para el tratamiento podría ser la convocatoria a una sesión extraordinaria, que deberá ser planteada por un total de 15 diputados.

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La comisión de Defensa Nacio­nal, Seguridad Interna y Orden público de la Cámara de Dipu­tados convocó al viceministro de Transporte, Emiliano Fer­nández, para brindar infor­mación acerca de cómo está avanzando el anteproyecto de modernización del trans­porte público.

Al respecto, el diputado colorado Pedro Ortiz, quien preside esta mesa de tra­bajo, destacó que el gobierno está encarando con mucha res­ponsabilidad esta problemá­tica del transporte público que afecta a una mayoría de la ciu­dadanía. Informó que el vice­ministro estuvo igualmente acompañado de sus asesores jurídicos y técnicos.

“Nos brindó una información sobre el avance de este ante­proyecto que será muy impor­tante para nuestro país. Nota­mos que el viceministro está muy convencido de lo que nos ha manifestado, sobre una rea­lidad nacional que estamos necesitando. Por lo que creo que el gobierno nacional está encarando con mucha respon­sabilidad esta problemática que es el transporte público”, expresó. A su turno, el vicemi­nistro Fernández señaló que próximamente se presentará al Congreso el proyecto de ley, que busca ser una legislación moderna y que actualice el servicio brindando una mejor calidad al ciudadano.

El ministro de la Niñez y Adolescencia, Wal­ter Gutiérrez, anunció que desde el Estado se plan­tean una serie de medidas de modo de atender las proble­máticas que encierran la ado­lescencia.

De acuerdo con lo que explicó el secretario de Estado, hasta el momento han habido algu­nos esfuerzos aislados y la protección a este segmento es una deuda histórica de los gobiernos.

“El caso de María Fernanda es un punto de inflexión que nos conmociona a todos como sociedad, no solamente como integrantes de un gobierno sino que como sociedad, evidente­mente hay cosas por hacer desde el Estado, como socie­dad y como familia. Acá tiene que avanzar algo en lo que ya estábamos trabajando, que es un programa nacional de aten­ción integral al adolescente como primer punto”, expuso.

La adolescencia ha sido una franja muchas veces olvidada, afirmó Gutiérrez, quien men­cionó que mediante este plan, buscarán unir todos los ser­vicios existentes e integrar otros más, dado que el camino para evitar más casos de vio­lencia, crímenes, embarazos adolescentes, entre otros, es la prevención y en este aspecto, el Estado tiene una respon­sabilidad innegable, sostuvo.

“El Gobierno tiene la obliga­ción de diseñar políticas públi­cas para trabajar. Esto es algo educativo, pensar en solucio­nar este problema solamente a través del incremento de las penas, creo que es equi­vocarnos de camino, esta es una deuda y postergación histórica de muchos gobier­nos, necesitamos una política pública amplia, escalable y no limitarnos a piloto en algunos departamentos”, indicó a la 1080 AM.

El ministerio avanzará en el mencionado programa como una de las principales banderas y se abordarán las diferentes dimensiones del adolescente, como la resolución de conflic­tos, salud sexual y reproduc­tiva, prevención de diferentes formas de violencia, acompa­ñamiento en situaciones de embarazo adolescente, puesto que Paraguay continúa con la tasa más alta de embarazos a temprana edad en la región.