El Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan) presentó su informe de gestión y rendición de cuentas correspondiente al 2023. Desde la institución se citó los trabajos realizados, los recursos utilizados y reafirmaron su compromiso para el 2024 con el objetivo de que un porcentaje más alto de la población pueda tener acceso a agua potable.
“Podemos decir que el 84,5% de la población paraguaya está recibiendo agua a través del sistema por redes. En cuanto a cobertura por departamento, tenemos algunos que llegan al 100%, mientras que otros con menos del 50% y en otros se está avanzando y ronda el 70 y 80 % de cobertura”, expuso la presidenta de la institución, Cristina Muñoz Ruivo.
En tanto a la cobertura de alcantarillado sanitario con planta de tratamiento de aguas residuales, se verificó que poco más de 1 millón de habitantes cuentan con la misma, lo que representa un 15,2% de la población. La titular de la Erssan afirmó que con el objetivo de ampliar este margen, se está avanzando en proyectos en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y otras instituciones.
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Ejecución presupuestaria
El 80% del presupuesto de Erssan corresponde a recursos propios generados a partir de tasas retributivas que abonan los prestadores con más de 200 conexiones, y el 19,2% restante son recursos del Tesoro. En cuanto a los recursos institucionales se llegó a una ejecución del 76% dado que no se pudieron realizar todas las licitaciones que estaban planificadas. Solo se convocaron 23 de las 34 previstas.
“De Fuente 10 (recursos del Tesoro) se ejecutó el 92% porque con eso se cubre lo destinado a una parte del personal de Erssan. Para esto 6.200 prestadores de servicios, tenemos 120 personas, es una institución con alta capacidad técnica, con capacitación permanente y tenemos cinco oficinas regionales. “Es una institución pequeña con alto compromiso de trabajo y este es el resultado”, expuso en conferencia de prensa.
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Nueva ley y Comisión Antilavado pusieron fin al “carnaval” de las ONG, dice Núñez
El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, valoró el informe presentado por la Comisión Especial de Investigación, conocida como “Comisión Antilavado”, destacando que se logró poner fin al “carnaval” con los fondos manejados por organizaciones no gubernamentales (ONG) en administraciones anteriores.
“Se descubrió el carnaval que se tenía en las ONG”, afirmó Núñez en conversación con varios medios de prensa, recordando que fue él quien impulsó la ley que permite el control de estas entidades. En ese contexto, recordó también el rol de organismos internacionales como Usaid, y mencionó que a través de este tipo de organizaciones, las organizaciones recibían millonarios recursos.
Según el legislador, en el marco del proceso de transformación educativa, se transfirieron más de 15 millones de euros directamente a ONG y no al Ministerio de Educación, como correspondía. “Ese carnaval terminó gracias a esta ley y a esta comisión que empezó a controlar”, enfatizó.
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El titular del Congreso destacó además que el informe elaborado por la comisión es “voluminoso”, pero fruto de un trabajo “muy serio” por parte de sus colegas. Resaltó que este tipo de investigaciones pueden derivar en denuncias formales ante el Ministerio Público.
Recordó que en el periodo parlamentario anterior, el entonces senador Jorge Querey lideraba la Comisión Bicameral de Investigación, calificándola de “verdaderamente garrote”. “Yo fui un perseguido por la Seprelad. Nos investigaban hasta qué color de calzoncillo comprábamos, pero ahora no”, ironizó.
Finalmente, Bachi Núñez elogió la gestión de Óscar Orué al frente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), pese a las observaciones realizadas en el informe de la actual Comisión. El legislador destacó que la institución logró aumentar las recaudaciones en USD 1.000 millones.
“Cualquier cosa que haya sido detectada, va a ayudar para que siga mejorando recordemos que la institución mejoró sus recaudaciones en USD 1.000 millones más, que antes se repartían prácticamente, ahora esos recursos se destina para obras, Hambre Cero, para Adultos Mayores entre”, concluyó.
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Salud trabaja en la optimización de terapias intensivas y la provisión de insumos
Durante la reunión del Equipo Nacional de Salud, la titular del Ministerio de Salud, Dra. María Teresa Barán y su equipo técnico presentaron un informe detallado de los trabajos que se están llevando adelante desde la institución para el mejoramiento de la infraestructura en el sistema de atención médica pública.
La ministra Barán destacó el fortalecimiento de las terapias intensivas tanto de adultos como pediátrico y neonatal, y también el trabajo que continúa en el mantenimiento de la infraestructura de los hospitales.
“No solamente estamos hablando de la construcción de nuevos hospitales, sino que también el mantenimiento e infraestructura de 10 hospitales distritales, un hospital regional y hacer ese trabajo coordinado y en equipo”, comentó la doctora Barán tras la reunión con el presidente Peña.
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La titular de Salud recordó además que se está trabajando en el ordenamiento e informatización de insumos estratégicos, dirección general en la que se tiene cuatro pilares importantes; medicamentos, insumos, reactivos y equipamiento en todos los servicios del país.
Durante la reunión se remarcó que el principal objetivo de esta administración a corto y largo plazo es el fortalecimiento de la terapia intensiva a nivel país para la readecuación y rehabilitación del 100 % de las mismas y contar con un esquema de atención optimizada que pueda favorecer a todos los ciudadanos.
“Hoy podemos decir que estos procesos abarcaban tres niveles principales: recursos humanos, infraestructura y equipos biomédicos. Hoy estamos muy optimistas con relación a anunciar que este 14 de julio la empresa nos entrega las obras del Hospital Nacional para Servicios de Neonatología y del Hospital de Barrio Obrero, también”, indicó el viceministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social, Dr. Saúl Recalde.
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Gobierno analiza expandir el operativo “Nueva Alianza” a otras zonas fronterizas
El presidente de la República, Santiago Peña, mantuvo una reunión con el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, quien brindó un informe detallado sobre los avances en la lucha contra el narcotráfico.
Desde la Presidencia de la República destacaron que durante el encuentro, revelaron el resultado del operativo “Nueva Alianza 51″, desarrollado en el departamento de Amambay.
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Este operativo se lleva adelante gracias a la estrecha cooperación de las fuerzas antidrogas paraguayas, con la Policía Federal del Brasil, las cuales lograron resultados significativos en la erradicación de cultivos ilegales.
Resaltaron que este operativo ha permitido la destrucción de cultivos ilícitos en 109 hectáreas y la destrucción de más de 20.000 kilogramos de marihuana picada, prensada y en semilla. “El Gobierno del Paraguay reafirma su compromiso con la seguridad y la lucha frontal contra el crimen organizado”, destacaron.
En conversación con La Nación/Nación Media, el ministro Rachid explicó que este encuentro se dio en el contexto de las reuniones periódicas que mantiene con el jefe de Estado.
El secretario de Estado señaló que se analizó la posibilidad de desplegar el desarrollo del operativo “Nueva Alianza” en otras zonas limítrofes del país con el Brasil, con el fin de expandir un poco más el ejercicio de este trabajo a más departamentos fronterizos.
Otros operativos exitosos
Desatacó que también hablaron sobre los últimos resultados exitoso de la operación “Traición”, en Canindeyú, en el combate contra el tráfico de marihuana a gran escala donde se incautaron 13.500 kilos de la hierba; así como los resultados obtenidos con el operativo “Esquilo”, que fue un trabajo de combate al microtráfico, en Cordillera.
“El presidente Peña expresó su apoyo del 100 % a todo el trabajo que está desarrollando la Senad; ya que solo en erradicación de marihuana estamos alcanzando un total de 14.600 kilos de la droga. Esto representa a unas 4.400 hectáreas de la planta ilícita erradicada”, precisó.
Asimismo, informó que en incautación de cocaína, desde que inició la gestión actual a la fecha están alcanzando un total de 6.390 kilos, lo que representaría un fuerte golpe económico para las estructuras del crimen organizado, con un perjuicio total de 500 millones de dólares.
“En lo que respecta al combate del microtráfico trabajamos de forma permanente, por semana organizamos operativos para combatir el microtráfico. Lo que estamos haciendo, desde que iniciamos la gestión, es mejorar la técnica de investigación y apuntamos a la estructura más organizada”, comentó.
Allanamientos simultáneos
En ese sentido, señaló que en el operativo Esquilo en Cordillera fue un combate al microtráfico que llevó adelante la dirección de Operaciones Urbanas de la Senad, con allanamientos casi en simultáneo en las ciudades de Caacupé, Eusebio Ayala y en Caraguatay.
“Combatimos a una estructura que operaba en Cordillera, muy grande, que movía unos 300 millones de guaraníes por semana, en microtráfico. Por eso, ahora estamos apuntando a las estructuras de microtráfico que son más organizadas. Claro, sin dejar de lado a aquellos que se dedican al narcomenudeo, principalmente que venden en zonas aledañas a plazas y centros educativos”, agregó.
Campaña de prevención
En lo que respecta a la prevención, el ministro Jalil Rachid resaltó que trabajan intensamente con las charlas y capacitaciones que lleva adelante la Dirección de Reducción de la Demanda.
“Dentro de lo que es el ámbito de su trabajo están recorriendo todo el país, llevando charlas, instrucciones y capacitaciones, porque lo que se pretende es formar a futuros formadores, que son los que se quedan como líderes de formación en la comunidad”, concluyó.
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Concejal pide auditoría externa ante serias irregularidades de intendenta de Roque Alonso
El concejal colorado, Edgar Martínez, sostuvo que debido al hallazgo de serias irregularidades por parte de la Contraloría General de la República a la gestión de la intendenta de Mariano Roque Alonso, amerita una auditoría externa.
Es necesario que la Junta Municipal de Mariano Roque Alonso, analice a fondo el informe de la Contraloría a la gestión de la intendenta liberal Carolina Aranda, remarcó Martínez.
El edil sugiere que la situación es tan grave que amerita una auditoría independiente sobre el uso de los fondos públicos en la administración actual.
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Martínez se refirió al último informe de la Contraloría que se hizo público, y que confirma serias irregularidades en la administración de la intendenta Aranda. Indicó que el ente contralor ha detectado que la administración ha realizado millonarios pagos sin respaldo durante los años de pandemia y gastos comunales con serias inconsistencias documentales.
Al respecto, señaló que este informe confirma lo que hace años ha venido denunciando, que son los manejos irregulares y falta de transparencia, por parte de la jefa comunal.
Martínez recordó que ha sido el único miembro de la Junta Municipal que ha votado en contra de todos los balances de gestión presentados por la jefa comunal durante este periodo. Afirmó que su postura se fundamenta en la sistemática negativa del ejecutivo municipal de remitir la documentación requerida para un análisis serio y responsable.
“En todos estos años fui el único concejal que se opuso a los balances de gastos e inversiones, porque se trataban de forma acelerada sin el tiempo necesario para un análisis serio y tampoco teníamos la documentación que avalaba dichos gastos e inversiones”, manifestó.
Millonarios servicios de sepelios
El concejal Martínez mencionó que de acuerdo al informe de la Contraloría, la Municipalidad de Roque Alonso pagó entre G. 3 millones y G. 28 millones por cada servicio de sepelio durante la emergencia sanitaria. Explicó que estos servicios se contrataron sin hacer licitaciones y recurriendo a contratos abiertos que carecen de justificación legal.
Para el concejal Martínez, estos pagos constituyen un claro ejemplo de despilfarro y abuso de recursos en un contexto donde la transparencia debía ser prioridad.
Agregó que también la CGR detectó un manejo irregular de más de G. 5.000 millones en rubros esenciales como combustibles, papelería, kits escolares e insumos, todos ellos sin los debidos documentos respaldatorios.
Ante estas evidencias, el concejal cuestionó también el desorden administrativo de la gestión Aranda, señalando que, pese a múltiples pedidos formales, nunca se ha entregado la documentación completa, ordenada y verificable para su análisis.
“No podemos aprobar un balance cuando no sabemos con certeza cómo se utilizó el dinero de los contribuyentes. La rendición de cuentas no puede ser una formalidad vacía y los requerimientos documentales que exigimos los concejales no deben ser sometidos a criterios políticos para responder o no. Somos contralores y esa es nuestra función principal”, agregó.
Finalmente, instó a la ciudadanía a mantenerse vigilante y a exigir rendición de cuentas, señalando que “Mariano Roque Alonso necesita autoridades comprometidas con la eficiencia y la transparencia”, concluyó.