Desde la asesoría jurídica del Instituto de Previsión Social (IPS), a cargo de José González, aclararon este lunes que la eliminación de archivos de una computadora y la desaparición de un legajo corresponden a una parte de las denuncias que fueron acumuladas durante la etapa de investigación sobre la venta de nombramientos, contrataciones y recategorizaciones en la institución.
“Fueron borradas las denuncias que se iban recepcionando con respecto a este caso, muchas veces eran anónimas, no los elementos de pruebas del caso en sí. Nosotros ya realizamos cuatro denuncias en el Ministerio Público, tenemos testigo, conexiones y documentos que demuestran que existe está red de corrupción”, indicó en el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
González afirmó que las pruebas y los antecedentes de las acusaciones que dieron origen a las investigaciones sobre la venta de cargos ya se encuentran en la carpeta fiscal. “No es que no existen los indicios o elementos de pruebas”, remarcó.
De esta manera desde la previsional garantizan que la sustracción de los archivos no afectará a las investigaciones encaradas por el Ministerio Público que hasta la fecha logró la detención de Fátima Patricia Agüero, María Luján Aguilera Chaparro, José Manuel Agüero y Jorge Aquino Riveros, Zulma Verónica Villalba Colmán y Eudivigis Espínola.
“Ya presentamos la denuncia ante la Fiscalía, pedimos su incautación (computadora) y que se haga una pericia informática para determinar que es lo que se borró, si se puede recuperar o no esos documentos. Tenemos identificados a 2 funcionarios que podrían ser los autores de este hecho, el carnaval tiene que terminar”, sostuvo el representante de asesoría jurídica del IPS.
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Instalan mesa técnica para avanzar en la formalización de emprendedores
El Viceministerio de Mipymes y el Instituto de Previsión Social (IPS) acordaron conformar una mesa técnica para desarrollar soluciones operativas conjuntas que favorezcan la inclusión productiva y el acceso efectivo a la seguridad social por parte de las mipymes y los emprendedores del país.
El viceministro de Mipymes, Gustavo Giménez, recibió este martes al director de la Dirección de Aporte Obrero Patronal del IPS, Marcelo Bordón, con el objetivo de buscar acciones que simplifiquen trámites, integrar sistemas y avanzar hacia una formalización digital, ágil y sin costos para las pequeñas empresas.
Durante el encuentro, las autoridades conversaron sobre temas como la interoperabilidad de bases de datos, la simplificación de trámites y el avance hacia la interconexión entre plataformas del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el IPS. Estas acciones son consideradas clave para avanzar hacia la formalización.
Uno de los temas centrales de la reunión fue la socialización del proceso de reglamentación de la Ley N.º 7444/2025, que establece un nuevo régimen de formalización para las micro, pequeñas y medianas empresas, con foco en el uso de tecnologías digitales, la gratuidad del proceso y la eliminación de obstáculos innecesarios.
Desde la subsecretaría de Estado se busca coordinar acciones de forma conjunta para impulsar la formalización de emprendedores y pequeñas empresas, mediante la integración de sistemas y la reducción de barreras administrativas.
Ley de Mipymes
La formalización y el acceso a financiamiento son los dos puntos considerados críticos a la hora de lograr que las mipymes se potencien. En ese sentido, la Ley Mipymes permitirá eliminar los costos de formalización en varias áreas del Gobierno central.
Con esta normativa, se lanzará un programa de apoyo para cubrir los gastos asociados a registros técnicos, facilitando así la inclusión de más empresas al circuito formal.
“Nos encontramos con trabas como el costo de los trámites, las tasas y la necesidad de contratar un gerente técnico para obtener habilitaciones. Esto afecta especialmente a las microempresas”, había manifestado en una actividad anterior el viceministro Giménez.
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Fiscalización en cooperativa Poravoty confirma daño de G. 274.000 millones
Un informe de 261 páginas, concluido tras meses de intervención revelan un descalabro administrativo en la Cooperativa Poravoty a cargo de grupo de policías que ocasionó un perjuicio de G. 274.235 millones, según los interventores del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop).
Las conclusiones señalan atrocidades financieras perpetradas en la institución y sindican como principales responsables al Consejo de Administración y Junta de Vigilancia, conforme a las normativas que rigen. Así también, la auditoría interna es mencionada como parte de los responsables por la falta de controles y las omisiones.
El referido informe subraya que, principalmente, por la falta de registración de las previsiones reales de la “Cartera de Préstamos morosa que supera al 80 %, así también para los Activos de Riesgo e implícitamente el no reconocimiento de esta condición contable, aumenta el resultado de la “Pérdida del Ejercicio” posicionándolo en G. 274.235.906.590”, esto al cierre del periodo 2024.
La pericia realizada refiere además que al 30/11/2024, cuyo último registro en la Herramienta Alerta Temprana, la entidad muestra una calificación de Riesgo Alto Crítico” con 15,3 % (R-), a consecuencia de los indicadores financieros fuera de los rangos establecidos.
La crítica situación financiera de la cooperativa tiene a 700 ahorristas que desde hace mucho tiempo están si poder hacer uso de su dinero, muchos de ellos jubilados y con delicado estado de salud.
PRÉSTAMOS FICTICIOS
Entre numerosas irregularidades detectadas por el equipo interventor resaltan temerarias operaciones en la concesión de créditos ficticios por G. 13.355 millones, presumiblemente para ocultar, distorsionar la situación real y financiera de la institución. Saltaron evidencias de análisis deficientes, falta de documentaciones requeridas para el efecto, garantías insuficientes, insuficiente capacidad de pago, aspectos que hacen que los préstamos sean otorgados en condiciones desfavorables para los intereses de la cooperativa.
“Se evidenciaron, además que existen otorgamientos de créditos por montos muy elevados y de antigua data y cuya devolución de capital han sido ínfimas, incluso en algunos casos nulas, afectando directamente a los estados financieros de la Cooperativa”.
Se encontraron 313 armas de fuego, 28.450 municiones, 392 cargadores de pistolas, entre otros elementos. Debido al riesgo que representaba la permanencia de las armas dentro de las instalaciones de la cooperativa, la intervención solicitó a la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) para su custodio. No es un dato menor que, “se ha verificado la adquisición de Armas por parte de la cooperativa, para ello fue proporcionado por parte de los funcionarios a cargo del área de ventas, 3 (tres) contratos, los cuales fueron realizados con la empresa International Auto Supply SA, representado por el Sr. Diego Hernán Dirisio, junto con el Sr. Paulo César Fines Ventura (funcionario de la empresa en su calidad de gerente comercial), aclarando que ambos se encuentra actualmente en prisión en el marco del Operativo Dakovo, cuya intervención tiene como objetivo principal desmantelar una red criminal implicada en el tráfico de armas de Europa hacia Paraguay, y desde allí a las facciones criminales de Brasil.
En el área de inmuebles, el informe detalla irregularidades en operaciones de miles de millones de guaraníes. “Los hechos y demás vinculaciones jurídicas desarrolladas en el apartado de inmuebles evidencian la desviación importante de los principios de transparencia y fidelidad en el manejo de los bienes y valores de la cooperativa, siendo que la función de mayor raigambre de los administradores es el deber de cuidado, inherente al cargo o función desempeñada, concomitante con el perjuicio financiero con la adquisición de inmuebles al contado, sin contar con un fondo propio para la inversión o un plan de financiamiento y rentabilidad en el rubro inmobiliario”.
Se constató también “un incumplimiento generalizado y sistemático de la normativa vigente en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT), así como de las disposiciones reglamentarias establecidas por los organismos supervisores (Incoop y Seprelad), deficiencias en la gestión del oficial de cumplimiento, ausencia de controles adecuados para la identificación de personas expuestas políticamente, falta de actualización normativa en los manuales internos y una alarmante concentración de ahorros a plazos sin los mecanismos de mitigación correspondientes. La situación detectada representa un riesgo significativo para la transparencia, sostenibilidad financiera y la integridad operativa de la entidad, así como un eventual canal de ingreso de activos de origen ilícito”.
Cabe recordar que la cooperativa Poravoty registra unos 14.000 socios, de los cuales 3.000 están activos. Algunos de los exdirectivos (todos renunciantes) que se encuentran en la mira por el millonario perjuicio generado son: Miguel González Duarte (presidente, exsuboficial), Silvio Vera González (excomisario), Luis Alberto Delgado. Los miembros de Junta de Vigilancia: Calixto Talavera, Catalino Espínola, Heber Caldeira, entre otros.
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“Ojalá que todo salga a la luz”: Guerín espera que intervención exponga irregularidades en CDE
El concejal Ernesto Guerín manifestó su respaldo a la intervención de la gestión del intendente Miguel Prieto y sostuvo que el proceso debe servir para esclarecer múltiples irregularidades que, según dijo, afectan seriamente a la administración municipal.
“Ojalá que todo salga a la luz y que la gente sepa que el intendente es un corrupto, que su equipo es un corrupto. Son más de lo mismo, a pesar de que vendieron que iban a ser el cambio”, expresó en conversación con La Nación/Nación Media.
El edil señaló que el interventor Ramón Ramírez se encuentra realizando un trabajo minucioso, pero enfrenta serias dificultades debido a la falta de documentación clave. “El intendente hizo desaparecer documentación, no tiene acceso a muchos documentos y eso obliga a rebuscar información de otras formas. Es bastante arriesgado lo que hizo Miguel Prieto”, denunció.
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Guerín recordó que ya comenzaron a revelarse hechos preocupantes, como adjudicaciones por más de G. 30.000 millones poco antes de que el intendente sea suspendido en sus funciones. Aseguró además que aún no se abordaron otros puntos críticos, como el uso de comisiones vecinales, amaños en licitaciones, sobrecostos, nepotismo, pago de viáticos a concejales, entre otros.
El concejal también indicó que el Ministerio Público finalmente tendrá que intervenir. “Creo que habrá denuncias penales por todo lo que se está encontrando. Todos los días hay denuncias en la municipalidad”, señaló. Mencionó además que la denuncia sobre el caso “Navidad Sustentable”, presentada por él, fue una de las bases para solicitar la intervención, pero que ese tema aún no fue tratado por el equipo interventor.
En cuanto a los argumentos que utiliza Prieto para defender su gestión en torno a las obras adjudicadas, Guerín respondió: “Claro que existen, eso no es lo que se debate. Lo que se debate es cuánto costaron esas obras, cuánto se sobrefacturó, y por qué siempre ganan las mismas empresas amigas que hacen trabajos de pésima calidad”.
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El edil también mencionó que Prieto y su entorno confiaban en evitar cualquier proceso de control gracias a su mayoría en la Junta Municipal. “Ellos nunca esperaron la intervención porque tenían una mayoría aplastante. Ellos no veían venir esto, por eso intentaron boicotearlo hasta el final”, concluyó.
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Nakayama plantea endurecer penas por corrupción
El senador Eduardo Nakayama cuestionó la percepción de impunidad que se genera a partir de las leves penas que se otorga por casos de corrupción. Ante este escenario, planteó la necesidad de modificar el marco legal para elevar las penas mínimas por hechos de corrupción, a fin de evitar que condenados por este tipo de delitos recuperen rápidamente su libertad.
“Necesitamos hacer elevar la expectativa de penas para hechos de corrupción”, afirmó y adelantó que desde el Congreso se buscará analizar una posible modificación del texto vigente del Código Penal con el fin de adecuar el sistema judicial a la realidad del país y al tipo de delitos que se registran, especialmente en materia de corrupción que se da en el sector público.
El legislador consideró insuficiente que la expectativa mínima de pena para estos hechos sea de apenas un año. “En seis meses estas personas están libres nuevamente y eso no puede ser. Prácticamente es una vía libre para delinquir, ese es el mensaje que damos: ‘vengan a robar, hagan lo que quieran y luego de seis meses ya van a estar libres’. Eso no le pasa a un ladrón común, el ladrón de gallinas está preso”, aseveró.
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A esto añadió, “el ciudadano dice que la justicia no funciona y que está a medida de los corruptos”, lamentó al referirse a la falta de consecuencias reales para personas condenadas por el desvío de millonarios fondos públicos. Según señaló, muchos de ellos hoy gozan de libertad ambulatoria, lo que transmite un mensaje erróneo a la ciudadanía.
“Así como estamos hablando de crear juzgados especiales para atender la violencia contra la mujer, también debemos tener una conversación profunda sobre la corrupción, porque en Paraguay es galopante”, concluyó el senador.