Con presencia del presidente de la República, Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana, el gobernador de Ñeembucú, Víctor Fornerón, la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión y otras autoridades se oficializó el desembolso del anticipo que dará lugar a la orden de inicio para la segunda fase de la defensa costera de Pilar.

“La conclusión de la obra va a transformar esta ciudad para siempre. Pilar nunca más va a ser la misma después de esta obra y tenemos el compromiso de avanzar con la franja costera para que pueda brillar con todo su esplendor; tenemos el compromiso de que este año vamos a licitar la fase 3 de la costanera”, anunció el mandatario.

Para la fase B de esta obra se destinarán un total de USD 50 millones y está estimado que esté concluido en un plazo de 24 meses. Los trabajos en esta etapa están centrados en el drenaje de aguas de lluvia de toda la capital departamental, además de toda la red de agua cloacal lo cual requerirá la instalación de 25 estaciones de bombeo y una planta de tratamiento para aguas servidas que contempla el respeto medioambiental y está a la vanguardia en cuanto a tecnología, detallaron desde el MOPC.

“Además de esto vamos a construir 150 km de red de alcantarillado, si ponemos en línea recta sería un camino hasta pasando Villeta y más de 23 km de drenaje de aguas lluvia, eso es algo sin precedentes para las ciudades de Paraguay. Es una obra de alta complejidad y de mucha generación de mano de obra para montar estos grandes caños, la construcción de las plantas de tratamiento y galerías de drenaje agua fluvial”, explicó Centurión.

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En este mismo acto, la ministra del MOPC anunció que se dispuso la convocatoria a empresas para la construcción de la ruta Pilar-Paso de Patria, lo cual representará una inversión de USD 50 millones para la construcción de 60 km de ruta y que tendrá su paso por el histórico poblado de Humaitá.

“Quiero invitar a todas las empresas del país a visitar el portal de Contrataciones Públicas porque ya está en pleno proceso de licitación el tramo desde Pilar hasta Paso de Patria que va a ser construido con nuestro producto nacional, será nuestra segunda ruta de hormigón de pavimento rígido y será aquí en Ñeembucú para dar conectividad y seguir desarrollando este departamento”, manifestó la jefa de cartera.

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• Brasilia, Brasil. AFP.

La Fiscalía brasileña imputó ayer martes al expresidente Jair Bolsonaro y a 33 colaboradores por un intento de golpe de Estado en 2022 para impedir la asunción de su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva. El organismo presentó cargos “contra 34 personas acusadas de incitar y ejecutar actos contrarios a los Tres Poderes y al Estado Democrático de Derecho”, dijo en un comunicado.

“La organización tenía como líderes al entonces presidente de la República (Jair Bolsonaro) y su candidato a vicepresidente (Walter Braga Netto)”, también imputado, agregó. Bolsonaro, de 69 años, fue acusado principalmente de “golpe de Estado”, “tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho” y “organización criminal armada”, según el mensaje de la Procuraduría General de la República (PGR).

De ser hallado culpable por estos delitos, se enfrentará a entre 12 y 40 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal. “Las investigaciones revelaron la operación de ejecución de un golpe” en el que se contemplaba “incluso la muerte del presidente electo de la República (Luiz Inácio Lula da Silva) y su vicepresidente (Geraldo Alckmin), además de un juez” de la corte suprema, detalla la PGR. Bolsonaro ha negado las acusaciones y se considera un “perseguido” por la justicia.

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Entre los imputados figuran también el exdirector de inteligencia Alexandre Ramagem, el excomandante de la Marina Almir Santos, el exministro de Justicia Anderson Torres y Mauro Cid, ex mano derecha de Bolsonaro, quien tiene un acuerdo de colaboración premiada. La fiscalía sostiene que la trama golpista que pretendía revertir la derrota electoral de Bolsonaro frente a Lula no se consumó por falta de apoyo institucional de los altos mandos del Ejército.

Pero los acusados hicieron “un último intento” el 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes de Bolsonaro atacaron las sedes de los poderes estatales en Brasilia, “incentivados” por el expresidente y sus colaboradores, dijo.

La imputación, basada en una investigación de la policía, queda ahora en manos de la corte suprema, que deberá decidir si juzga al exmandatario por estos hechos. “El intento de golpe de Estado (...) se convirtió en una acusación vacía, que no tiene absolutamente ninguna prueba contra Bolsonaro”, reaccionó en la red social X uno de sus hijos, el senador Flavio Bolsonaro.

La defensa del ultraderechista se mostró “asombrada” e “indignada”. El expresidente “nunca” estuvo relacionado con ningún “movimiento que persiguiera la deconstrucción del Estado democrático de derecho”, dijo en una nota. El diputado teniente coronel Luciano Zucco, líder de la oposición en la cámara baja, cuestionó por su parte la “imparcialidad” de la acusación.

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El presidente del máximo tribunal, Luis Roberto Barroso, dijo el lunes que Bolsonaro sería juzgado “examinando las pruebas” y sin “una visión politizada”. Bolsonaro también se adelantó al anuncio de la fiscalía más temprano este martes, al declarar a periodistas en Brasilia que no tenía “ninguna preocupación” por la posibilidad de ser inculpado.

Sus declaraciones tuvieron lugar en el Senado, adonde acudió para discutir estrategias para impulsar una ley de Amnistía para los acusados por el asalto a las sedes de los poderes del Estado. La corte suprema ha condenado a casi 400 personas por ese ataque, algunos hasta a 17 años de prisión. Bolsonaro tuvo que declarar ante la policía como presunto instigador de esos disturbios.

Según la indagación previa de la policía, Bolsonaro “planeó, actuó y tuvo dominio de forma directa y efectiva” de una trama golpista, que finalmente no se consumó por “circunstancias ajenas a su voluntad”. Bolsonaro habría discutido la elaboración de un “decreto presidencial” que justificaba la necesidad de un “estado de defensa” para evaluar la validez del proceso electoral de octubre de 2022, en el que resultó electo Lula.

Las discusiones contemplaron la detención del entonces presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes, y el llamado a nuevas elecciones, de acuerdo con el informe policial. La policía ya recomendó inculpar a Bolsonaro en otros dos casos: por obtener un certificado de vacuna anticovid fraudulento y desviar artículos de lujo recibidos como obsequios cuando era presidente.

Además, en junio de 2023 fue condenado por la justicia electoral, que lo inhabilitó para ser candidato en las presidenciales de 2026 por cuestionar sin pruebas las urnas electrónicas de votación. Pese a ello, ha reiterado su intención de concurrir a esa contienda y ha confiado en que el presidente estadounidense, Donald Trump, a quien considera su “amigo”, le ayude a revertir su inhabilitación.

El Jurado de Enjuicia­miento de Magistra­dos (JEM) se plan­teará reglamentar la Iniciativa 8, de la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción, que restringe las comunicaciones de sus miembros con jueces o fiscales procesados. Esta reco­mendación formó parte de la declaración que realizara la Cumbre de Poderes que se realizó el lunes en Palacio de Gobierno, por iniciativa del presidente Santiago Peña.

El senador colorado Derlis Maidana, uno de los repre­sentantes del Senado ante el JEM, explicó a La Nación/ Nación Media que esta reco­mendación fue bien recibida y que incluso podría debatirse ya la próxima semana.

El planteamiento que sugiere el Punto 7 de la Declaración señalabásicamentequeseregla­mente y estipule normas para evitar las comunicaciones pri­vadas entre miembros del JEM con los magistrados encausa­dos, una práctica frecuente y que ha sido criticado abierta­mente tras la divulgación de los chats del caso Lalo Gomes “Tenemos un Código de Ética que se aplica a los directores generales y funcionarios que no pueden hablar con las per­sonas encausadas en el JEM. Yo creo que no habría mayo­res inconvenientes en que la mayoría del Jurado decida adoptar esa medida, tam­bién para los integrantes en el sentido que sean públicas las visitas, el derecho a la defensa garantizado en la Constitu­ción y que se prohíba el con­tacto directo entre el encau­sado y el miembro”, expuso el senador Derlis Maidana.

El legislador, representante de la Cámara Alta ante el JEM, manifestó que no ve obstácu­los en que los miembros apues­ten por reforzar sus normati­vas de modo de permitir una mayor transparencia y que la ciudadanía pueda tener cono­cimiento sobre el descargo de los jueces, fiscales, defensores, síndicos y todo aquel que tenga una causa abierta en el Jurado.

“Nosotros tomamos en cuenta esas recomendaciones y las tenemos que analizar como órgano extrapoder creado por la Constitución. Creo que nadie está ajeno en este momento a luchar para trabajar todos jun­tos y restaurar la credibilidad en el sistema de Justicia en gene­ral y en la institución en par­ticular. Esto lo trataríamos el próximo jueves a las 9:30 en sesión ordinaria”, adelantó.

“El llamado al diálogo entre los poderes es clave en cualquier país. Cuando se convoca a una cumbre hay que darse cuenta que esto refleja un compromiso institucional”, dijo el politólogo y consultor Víctor Genes, tras destacar el interés del gobierno del mandatario Santiago Peña en debatir sobre la problemática judicial. La reunión realizada el día lunes culminó con una declaración de siete ejes para la lucha contra la corrupción.

“Si no tenemos una solidez institucional con un respaldo político, no se podrá consolidar el Paraguay, y la corrupción estará desarro­llándose continuamente. Desde la voluntad política se consolidan las instituciones. La consolidación institucional genera buenas prác­ticas y las buenas prácticas se traducen en un ejercicio de buenas costumbres”, manifestó Genes, este martes, al programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM.

Las afirmaciones del analista surgieron ante el intento por parte de políticos opositores y disidentes colorados de desmeritar la iniciativa celebrada en el Palacio de Gobierno, calificándola como una “cumbre de la impunidad y un acto protocolar”, sin plantear propuestas para combatir la corrupción dentro del sistema judicial como consecuencia de la permeación del crimen organizado en las instituciones.

En el marco de la cumbre de poderes que convocó el Poder Ejecutivo el pasado lunes en Palacio de López, el presidente Santiago Peña hizo el anuncio de la próxima instalación del Consejo Nacional Anticorrup­ción, organismo que suplantaría a la Secretaría Nacional Anticorrup­ción (Senac), que quedó desmantelada porque no cumplía con los fines para los cuales había sido creada. La ley que crea este Consejo, que fue sancionado por el Congreso paraguayo en noviembre de 2024, establece que la Contraloría General de la República ejercerá la coordinación general de dicho consejo en conjunto con el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República. Se estipula, además, la creación de unidades de transparencia y anticorrupción en cada orga­nismo público, bajo la supervisión de la Contraloría General.

Camilo Benítez consideró que la declaración se enfoca en una idea común, el combate a la corrupción y el crimen organizado.

El contralor general de la República, Camilo Benítez, calificó la declaración de la Cumbre de Poderes como bastante relevante, seña­lando que aún sabiendo que puede haber diferen­cias entre sus integrantes, hay un aspecto en común: la lucha contra el crimen organizado. Por otra parte, destacó que la implementa­ción de la Iniciativa 28 de la Estrategia Nacional de Com­bate a la Corrupción podría traer más transparencia al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, según señaló a “Arriba hoy”, por GEN/Uni­verso 970.

Benítez recordó que esta reglamentación impone la restricción a los miembros del Jurado de mantener reunio­nes o comunicaciones priva­das con magistrados en gene­ral y que las comunicaciones de los miembros del JEM con cualquier magistrado debe­rán ser oficiales y públicas. Además, plantea sanciones a lo que considera una “falta grave” en el caso de la inob­servancia de esta disposición que ahora el Jurado deberá reglamentar.

“A mí me parece que el comunicado no es vacío, yo creo que contiene elemen­tos sustanciales de muchí­sima relevancia para aque­llos operadores de Justicia, para aquellas personas que pasamos alguna vez por el Poder Judicial, conoce­mos la presión que ejercen los miembros del Jurado de Enjuiciamiento sobre los jueces, fiscales, defen­sores y síndicos, y sabemos la enorme importancia que va a tener la reglamenta­ción”, destacó el funcionario.

La idea que se pretende con esta reglamentación es que no se vuelvan a repe­tir casos como el de Óscar González Daher o última­mente con Eulalio “Lalo” Gomes, en aparente con­nivencia con el ahora exdi­putado Orlando Arévalo, que actuaban como ope­radores o directamente influían sobre las decisio­nes que se tomaran desde este órgano.

El director de la Dirección Nacional de Ingresos Tri­butarios (DNIT), Óscar Orué, informó ayer al pre­sidente Santiago Peña de una mayor recaudación del fisco el pasado año en com­paración al 2023. “Hemos logrado una recaudación de aumento de USD 879 millo­nes, solamente en 2024, si a eso le sumamos los 4 meses del año 2023, desde que se creó la DNIT, el aumento supera los 1.000 millones de dólares más de recaudación. Estamos hablando de que en 2024 se recaudó 21 % más en comparación a todo lo que es el 2023″, indicó Orué.

Manifestó que también informó al Poder Ejecutivo sobre los avances en la geren­cia general de Aduanas, de Impuestos Internos, donde se realizaron muchos cam­bios tecnológicos. “Hablamos además de la lucha al contra­bando donde se hizo muchos cambios, especialmente en la selección del personal. Incluso los funcionarios pasa­ron por el polígrafo de manera de garantizar la integridad y la transparencia de los mismos en ese trabajo tan delicado”, señaló el director de la DNIT.

Luego resaltó que a partir de este año la Conajzar pasa a depender de la DNIT y que ahora están trabajando en el decreto reglamentario para tener finalizado el docu­mento en los próximos días.

“Ahí hay tres aspectos, uno que tiene que ver principal­mente con la evasión en lo que es el juego de azar, donde queremos mejorar la recau­dación y sobre todo luchar contra los juegos clandesti­nos”, dijo.