El diputado Rodrigo Gamarra cuestionó al sector empresarial del transporte público y afirmó que urge el cambio del sistema del transporte público en el país. Argumentó que el Estado destina un millonario monto a este sector, sin embargo, solo se recibe a cambio un pésimo servicio que termina afectando a toda la ciudadanía.

“Cada mes, el Estado paraguayo destina entre 3,3 y 3,9 millones de dólares en subsidios al transporte público del área metropolitana. A lo largo de una década, esto representa más de 432 millones de dólares pagados a empresas que en muchos casos ofrecen un servicio deficiente y, peor aún, amenazan con paralizar el país cada vez que el pago se retrasa”, criticó en conversación para La Nación/Nación Media.

En este sentido, expresó que, con el monto destinado a los transportistas, el Estado podría invertir en reemplazar la flota con mayor operatividad. “Hoy, Paraguay podría utilizar ese mismo dinero para comprar más de 1.700 buses nuevos, preferentemente eléctricos, y reemplazar el 100 % de la flota actual, estimada en unas 1.500 unidades. Hablamos de vehículos sin humo, silenciosos, con menor costo operativo, mejor confort y sostenibilidad ambiental”, apuntó.

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Para el diputado, no se trata solo de cambiar la flota de buses, sino también de cambiar el modelo de transporte público. “Los ómnibus adquiridos con recursos públicos podrían ser concesionados a empresas serias, transparentes y competitivas, que operen bajo reglas claras y estándares de calidad exigentes. Con una inversión ya cubierta por el Estado y un costo operativo mucho más bajo gracias a la tecnología eléctrica, el precio del pasaje al usuario podría incluso reducirse”, refirió.

Este nuevo esquema permitiría “cortar de raíz el chantaje de quienes lucran con el subsidio, establecer contratos con cláusulas de rendimiento y penalidades, garantizar a los ciudadanos un transporte público digno, limpio y confiable, y fortalecer la trazabilidad y el control digital del sistema”, de acuerdo a su sugerencia.

El parlamentario propone que sea el Estado paraguayo el que lidere este proceso de modernización del sistema de transporte. “En ningún momento proponemos abandonar el rol del Estado, por el contrario, proponemos que el Estado lidere el proceso de modernización, posea los activos, y ponga las reglas de juego claras para concesionar su uso a operadores responsables”, sentenció.

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El diputado colorado Rodrigo Gamarra reprochó el anuncio de la medida de fuerza del sector transportista, señalando que este paro es un chantaje descarado contra la ciudadanía, ya que considera que no existen justificativos para esta medida de fuerza.

En comunicación con La Nación/Nación Media, señaló que no observa alguna crisis de costos, tampoco hay deuda atrasada por parte del Gobierno; por tanto, “lo que hay es una presión abusiva sobre la ciudadanía de parte de los empresarios del transporte", dijo.

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De hecho, afirmó que hace unos días el Viceministerio de Transporte confirmó que están al día con el pago de subsidio. El legislador compartió unos datos concretos respecto a la suba de combustible, explicando que sigue manteniendo la tarifa más baja, incluso cuando asumió el gobierno el presidente Santiago Peña.

Al respecto destaca que a pesar del último reajuste, el precio actual sigue siendo G. 1.600 más bajo que en enero de 2023, lo que representa una caída neta del −18 %.

“Nosotros, y menos la ciudadanía, puede seguir siendo rehenes de un grupo que amenaza con paralizar el país cada vez que no se le da un privilegio. El Estado no puede legislar bajo extorsión. Acá es necesario poner orden en el sector del transporte”, reprochó .

El legislador recriminó de este modo las últimas declaraciones del titular de Cetrapam, César Ruíz Díaz, quien bajo tono amenazantes hizo el anuncio del paro de tres días. Indicó que esa no es la base para iniciar una mesa de negociación seria.

“Las bases de negociación deben ser sobre realidades, y éstas son que el combustible bajó entre 4 o 5 veces en este gobierno. En enero del 2023, estaba G. 8.900, que fue el punto más alto registrado el diésel común. De ahí fue bajando, hasta G. 6.920. Recién ayer, 10 de julio, subió de vuela el costo del combustible, subió a G. 7.300; y aún así sigue siendo 1.600 guaraníes más bajo, de cuando inició este gobierno”, explicó.

Por otra parte, indicó que el aumento salarial que se dio en este mes, es aún muy poco, en comparación a lo que los empresarios están exigiendo para ajustar la tarifa.

“No existen argumentos válidos para decir que van a paralizar el país. Estoy de acuerdo, que cualquier sector puede exigir reivindicaciones, que pueda pedir revisiones y pueda asentar criterios o conceptos por los cuales cree que merece un mejor trato, y no generar de la nada una crisis cuando no los hay”, acotó.

Por otra parte, el legislador colorado señaló que considera que ha llegado el momento de analizar alguna legislación, para que cualquier ciudadano, usuario del transporte público, pueda demandar civilmente a los dueños de líneas transporte; cuando éstos suspendan el servicio sin razón válida.

Sostuvo que los empresarios deberían asumir las responsabilidades cuando perjudican económica, o en su salud al usuario de transporte.

“El usuario también necesita contar con garantías cuando utiliza el servicio, porque también está solventando el servicio con el pago de su pasaje. Por que la persona el día del paro, no podrá llegar a su lugar de trabajo, a riesgo que se lo descuenten la jornada, no podrá llegar a su consulta médica. Entonces, se tienen que hacer cargo de la responsabilidad civil o penal que ellos generan”, señaló.

Mencionó que también es necesario que se analice alguna legislación que establezca cancelar los itinerarios y volver a licitar los mismos, de aquellos que no cumplen con el servicio.

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El diputado Rodrigo Gamarra habló acerca de la gestión legislativa en el marco del inicio del tercer año de labor parlamentaria, el pasado 1 de julio. Remarcó la importancia de construir consensos por encima de las diferencias para lograr concretar con éxito la sanción y promulgación de leyes que beneficien a la gente.

En conversación con La Nación/Nación Media, el legislador resaltó que el acompañamiento del Congreso Nacional fue fundamental en estos casi dos años de mandato del presidente Santiago Peña, ya que ha permitido llevar adelante prácticamente el 80 % de las propuestas del Poder Ejecutivo.

Resaltó que el propio presidente Peña reconoció este logro durante la presentación de su informe el pasado martes 1 de julio, cuando señaló la lista de leyes que han sido promulgadas desde agosto de 2023.

“En eso se ve que nuestra participación fue de vital importancia. Porque al escucharle a los miembros de la oposición que solo cuestionan y no construyen, ya que un solo proyecto no han presentado, que sea en beneficio de la gente. Porque no han logrado un solo consenso en el Congreso, es ahí donde nos damos cuenta de la vital importancia de nuestra bancada, así como el apoyo de algunos aliados”, remarcó.

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El parlamentario dijo que lo importante en la gestión legislativa es la construcción de consensos y alianzas, e indicó que, si bien cada legislador puede presentar una propuesta de ley, finalmente es el colectivo el que marca la diferencia.

“Al final de cuenta, si no se construyen alianzas, si no se sabe convivir en el ámbito legislativo, donde cada sector de la sociedad está representado; todo lo que se haga será en vano, o simplemente es mediático. Esto es lo que le pasa a algunos opositores, solo están ahí para gritar, ofender, maltratar; pero cuál es su grado de productividad, qué proyectos fueron aprobados en beneficio de la gente”, cuestionó.

Explicó que con ofensas y maltratos a los colegas no se consigue el apoyo para los proyectos que se plantean. Comentó que la gestión parlamentaria principal está en construir consensos, de poder entenderse y encontrar coincidencias dentro de las diferencias, que finalmente es lo que les permite marchar hacia adelante.

“Por nuestra parte, continuaremos trabajando, y acompañando al Ejecutivo en todos los proyectos que sean en beneficio de la gente. Aportando nuestro grano de arena en la discusión de todos los temas que se planteen”, precisó.

Por otra parte, el diputado Gamarra señaló que personalmente está trabajando en varias propuestas que próximamente estará presentando a sus colegas. Entre ellos, adelantoó que está trabajando en una legislación que marque el protocolo de seguridad de la Presidencia de la República.

Relató que a partir de lo que había ocurrido con el presidente Santiago Peña, que había sido vigilado mediante drones, violando su seguridad privada, cuando sobrevolaron sobre su residencia particular, poniendo incluso en riesgo la seguridad de su vida; es que ahora está analizando en una propuesta que establezca ese protocolo de seguridad.

Mencionó que también está trabajando en una propuesta de “Ley Antimotochorro”, que ya en el pasado había planteado una idea similar el actual presidente de Diputados, Raúl Latorre, en el periodo pasado, y que está analizando para ver si hay coincidencias o en todo caso pulirlo un poco más.

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El diputado colorado Rodrigo Gamarra sostuvo que la solución al problema de los horarios durante el invierno no es cambiar y volver al horario pasado; sino que deben plantearse propuestas que ayuden a mejorar en verdad la calidad de vida de los ciudadanos.

En ese sentido, el legislador propone abrir un debate sincero respecto a un horario escalonado inteligente. Lamentó la propuesta de su colega de volver a establecer el horario diferenciado entre verano e invierno.

Señaló que esas ideas provienen de gente “anticuada” y que muestran a las claras que no se busca mejorar las condiciones de vida.

“No tenemos que mantenernos en un status quo, por comodidad. Al final de cuentas, con el horario antiguo y el actual, si no están dadas las condiciones, la gente sigue teniendo mala calidad de vida”, explicó a La Nación.

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El legislador explicó que para lograr que tanto los alumnos como sus padres puedan tener una mejor calidad de vida es necesario establecer un horario escalonado.

“Ingresarán al aula con la luz del día, dormirán una hora más. Al final de la tarde, tendrán vida social, tanto padres como hijos. Eso se logra con horario escalonado, como lo hicieron en otros países”, mencionó.

El legislador señaló que el Ministerio de Educación ya aclaró que las instituciones educativas tienen la potestad de establecer sus horarios como mejor les convenga. El problema es que los padres tienen marcados sus horarios de entrada a las 7 o las 7:30 de la mañana.

“La solución saldrá cuando se estudie y se establezca el horario jornal mínimo, estableciendo que corra a partir de las 8:00 en adelante. Si esto no se establece por ley, las empresas no podrán modificar sus horarios. Al hacer correr los horarios también hay que tener en cuenta el horario nocturno”, explicó.

Insistió que debe apuntarse al debate antes que a volver “a las cavernas, cuando surge un problema” y reiteró que el problema pasa por el horario de los padres, que debe ser posterior al ingreso en las escuelas y los colegios.

“Las empresas privadas, ni públicas, no podrán hacer el cambio si no se adopta el jornal mínimo diurno, distinto al jornal mínimo nocturno, que es el doble. Si cambiamos el inicio del pago del jornal mínimo diurno podremos mejorar. Ahí comenzará a descomprimirse el resto”, explicó.

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