La Contraloría General de la República (CGR) resolvió iniciar un sumario administrativo a José Luis Torales, funcionario de la mencionada institución que habría conseguido su traslado de forma irregular para fungir de asesor de la senadora Kattya González. No obstante, el diputado Rodrigo Gamarra advirtió que Torales sigue violando el reglamento del ente contralor, dado que a la par, es presidente del Partido Encuentro Nacional (PEN).

Torales sigue empañando al organismo contralor pues su función de presidente del PEN es a tiempo completo, es decir, una función política, colisiona frontalmente con el Código de Ética de la institución”, explicó el legislador en diálogo con La Nación/Nación Media.

Gamarra celebró la decisión del ente contralor, liderado por Camilo Benítez, de dejar sin efecto la aprobación de comisionamiento de Torales al Senado, el cual fue firmado por el subcontralor Augusto Paiva, para quien no se descarta una solicitud de juicio político por mal desempeño de funciones.

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Se comprobó el tráfico de influencias de la senadora Kattya González, sostienen. Foto: Gentileza

“Según registros, Torales nunca se presentó a trabajar, se ratifica lo que veníamos denunciando, el mal desempeño de funciones del subcontralor y el tráfico de influencias fehacientemente comprobado por la senadora Kattya González”, sostuvo el diputado, quien añadió que además del sumario, deben tomarse otras medidas para garantizar la transparencia en las instituciones del Estado.

De acuerdo a lo explicado por el parlamentario del Partido Colorado, Torales debe renunciar a su condición de presidente del PEN o a la Contraloría, además de devolver todos los haberes que percibió de forma irregular. El asesor de la senadora de Encuentro Nacional, recibió remuneraciones tanto en el ente contralor como en la Cámara de Senadores desde agosto del 2023, según consta en los registros de la Función Pública.

“La propia Contraloría y el presidente del Senado están en la obligación de denunciar en el Ministerio Público para su investigación”, sentenció Gamarra. Es de destacar que el Código de Ética de la CGR no permite a los funcionarios dedicarse a actividades políticas, no obstante, Torales asumió la presidencia del PEN siendo funcionario del ente contralor e iba a ser administrador de los fondos destinados al partido en concepto de subsidio y aporte estatal.

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