La cumbre de poderes, a iniciativa del presidente de la República, Santiago Peña, está prevista prevista para este lunes 17 de febrero a las 8:00 en el Palacio de López.

A la misma fueron invitados los presidentes de ambas Cámaras del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez y Raúl Latorre; el titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), César Diesel; el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández; y el contralor general de la República (CGR), Camilo Benítez.

La senadora Lilian Samaniego destacó la decisión del mandatario Santiago Peña en convocar a una cumbre de poderes para debatir sobre la problemática judicial. La iniciativa del economista surgió tras destaparse un supuesto esquema de corrupción y manipulación de la Justicia dentro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Abogó para que los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), remitan para el próximo mes de marzo la iniciativa de la carrera judicial para su pronta aprobación. “Esto debe ser considerado para dar vuelta esta triste y lamentable página dentro de la justicia”, comentó.

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Samaniego recordó que un proyecto de ley similar fue presentado en la Cámara de Diputados durante el periodo 2020-2021, pero su estudio fue truncado por la clase política. “En base a las informaciones que tengo, en la Corte Suprema de Justicia existe un proyecto sobre la carrera judicial que se está estudiando. Con esto se logrará transparentar los procesos, dar reconocimiento a la meritocracia y la profesionalización de la carrera de abogados y dar estabilidad institucional”, manifestó.

La legisladora acotó: “Todo eso es necesario ante el asombro que estamos viviendo. Esto será una solución a corto y mediano plazo. Todo lo que acontece está destruyendo nuestra democracia. La sociedad se ve afecta con el crimen organizado. La respuesta para esta crisis será justamente esa cumbre de poderes”, indicó.

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El titular del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), Tadeo Rojas, y autoridades del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), comparecieron este miércoles a la convocatoria de la Comisión Permanente del Congreso Nacional para abordar sobre la inclusión de escuelas subvencionadas al programa “Hambre cero en las escuelas”.

Tras la reunión, el ministro Tadeo Rojas, aclaró que la prioridad para el Gobierno es llegar al 100 % de las instituciones públicas y que, a pesar de que las subvencionadas están incorporadas en el programa de alimentación escolar, no se realizará nuevas inclusiones por el momento.

“Aclaramos, siempre lo hemos dicho, la prioridad del Estado es atender las escuelas públicas, eso vamos a cubrir el 100 % hasta el 9.° grado, de hecho, también van a seguir recibiendo aquellas subvencionadas que venían recibiendo el programa de alimentación escolar, no vamos a cortar, pero nuevas inclusiones de subvencionadas por ahora no tenemos previsto”, explicó Rojas en conversación con los medios de comunicación en el Parlamento.

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Indicó que se realizará una revisión de caso por caso la vulnerabilidad de las escuelas subvencionadas, y recordó que el Estado no tiene la obligación de asistir a las dichas instituciones, sin embargo, sí se estaba realizando con rubros y kits escolares.

“Está en nuestro ánimo, hay voluntad de que también se incluyan, de hecho, ya lo hemos demostrado porque el año pasado en Central incluimos 16 instituciones subvencionadas que son colegios técnicos de doble turno que fueron atendidos y de nuevo este año van a ser atendidas. Es el espíritu de ir ampliando la cobertura existe, y lo vamos a ir haciendo gradualmente”, comentó.

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El ministro explicó que la inclusión de estas instituciones depende de la disponibilidad financiera que el Estado pueda tener, y las evaluaciones que se realicen. Actualmente, son 98.000 alumnos que se encuentran en las subvencionadas y se requerirá de un presupuesto de aproximadamente USD 100 millones más.

“Hay que recordar que ahora la cobertura es para un millón de matriculados, el presupuesto que vamos a ejecutar se estima en 380 millones de dólares y nosotros tenemos la obligación de asegurar la sostenibilidad y además la continuidad del programa Hambre cero en las escuelas”, sentenció.

La Comisión Permanente del Congreso Nacional aprobó, en su sesión ordinaria de este miércoles, la convocatoria a una reunión reservada, al fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, y al juez penal de garantías Osmar Legal, sobre los chats filtrados del extinto diputado Eulalio Gomes. Las autoridades deberán comparecer ante el pleno el próximo miércoles 19 de febrero a las 9:00.

El senador José Oviedo fue el proponente de esta convocatoria, argumentando que los legisladores deben colaborar en buscar soluciones con relación a la corrupción en las instituciones del Estado. “Varios senadores habíamos presentado una nota pidiendo que esta Comisión Permanente convoque al Fiscal General del Estado a una reunión, para que nos informe qué es lo que está haciendo al respecto. Solicitamos que él amablemente venga y que nos explique qué está haciendo y ponernos incluso a disposición de él para contribuir al proceso”, expresó ante el pleno de la Permanente.

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Por su parte, el senador Dionisio Amarilla propuso que también sea convocado el juez Osmar Legal, a quien apuntan de haber filtrado las supuestas conversaciones que habrían sido extraídas del teléfono de Gomes, a partir de un peritaje del proceso judicial. El legislador afirmó que es uno de los principales personajes que debe responder a esta situación mediatizada en los últimos días.

“Leí en los medios que, no sé si mal interpreté, aparentemente la cadena de custodio fue afectada al propalarse estos mensajes, entonces hay un juez estrella que en estos días es protagonista de los chats publicados, que se olvidaron incluir en esa nota, habría que traerlo también”, indicó Amarilla. El pleno debatió ampliamente, tanto la convocatoria a las autoridades como las consecuencias de la filtración y la mediatización de las conversaciones encontradas en el teléfono celular del fallecido diputado Gomes, donde los legisladores expusieron sus posturas sobre este tema.

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La Comisión Permanente del Congreso Nacional aprobó este miércoles, con una amplia mayoría, convocar a una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados con la finalidad de analizar la renuncia de Orlando Arévalo, así como el nombramiento de su suplente. El dirigente político del departamento Central había expresado que su decisión surge para avo­carse en su defensa ante la Justicia y evitar someterse a un proceso de pérdida de investidura.

Quedó a consideración de la mesa directiva del citado órgano definir la fecha y hora. La renuncia de Arévalo como diputado se concretó el pasado 8 de febrero tras ser involucrado en un supuesto esquema de corrupción en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), donde se desempeñaba como vicepresidente primero de la institución que tiene como finalidad enjuiciar a magistrados judiciales, agentes fiscales y defensores públicos por mal desempeño en sus funciones.

El caso también salpica a las agentes fiscales Katya Uemura y Stella Mary Cano, y a la jueza Sadi López. La acusación fue impulsada por el juez penal especializado contra el crimen organizado, Osmar David Legal Troche, y surge tras la filtración de supuestos chats extraídos en el peritaje realizado al teléfono del fallecido diputado Eulalio Gómez Batista.

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De concretarse la aprobación de la renuncia de Arévalo, el suplente número uno asumirá la banca, Saúl González, para continuar con el periodo legislativo 2023-2028 en la Cámara Baja. El mismo fue presidente de la seccional número 188 de Itauguá, actualmente es funcionario de Diputados e ingresó como suplente en las elecciones nacionales del 2023, perteneciente al grupo político de la diputada Jazmín Narváez y Derlis Osorio. También fue funcionario del Ministerio de Obras Públicas.

Por otra parte, se rechazó el proyecto de declaración impulsado por el diputado opositor Raúl Benítez donde se instaba al jefe de Estado, Santiago Peña a separar de sus cargos al ministro de Inteligencia, Marcos Alcaraz; a la titular de Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, y al ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, quienes fueron vinculados a Lalo Gomes mediante los chats filtrados y publicados por determinados medios de prensa.

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